El nombre que Nawaf Salam no se atrevió a pronunciar

El primer ministro Nawaf Salam acudió a las Naciones Unidas y habló extensamente sobre la soberanía. Exigió la retirada de Israel del territorio libanés, reafirmó el principio de que las armas deben estar exclusivamente en manos del Estado y de que la decisión sobre la guerra y la paz corresponde a sus instituciones constitucionales, e insistió en que nadie tiene derecho a hablar en nombre del Líbano ni a negociar en su representación fuera del Estado libanés. Todos ellos son principios que cualquier primer ministro libanés debería defender.

Pero hubo un nombre cuya ausencia del discurso resultó particularmente llamativa: Hezbolá.

Ni una sola vez Salam nombró a la organización cuyas armas hacen precisamente necesario todo su discurso sobre la exclusividad de las armas en manos del Estado. Habló de “armas fuera de las fuerzas del Estado”, de una guerra que el Líbano no eligió y de la necesidad de recuperar la decisión nacional. Sin embargo, evitó nombrar al actor que posee esas armas, que se ha arrogado en repetidas ocasiones la decisión sobre la guerra y la paz y que ha vinculado la seguridad y el destino del Líbano con la estrategia regional de Irán.

No se trata de una omisión lingüística, sino de una decisión política.

Salam tiene derecho a exigir la retirada completa de Israel del territorio libanés, y es su deber hacerlo. La ocupación israelí y los ataques israelíes contra el Líbano deben terminar. Pero cualquier enfoque serio destinado a restaurar la soberanía libanesa también debe plantear la pregunta que el discurso intentó eludir: ¿cómo llegó el Líbano hasta aquí?

La actual presencia militar israelí no surgió de un vacío histórico. La soberanía del Líbano ya había sido vulnerada antes de que los soldados israelíes entraran en su territorio. Hezbolá poseía armas fuera del control del Estado, una estructura militar independiente de éste y la capacidad de arrastrar al Líbano a la guerra sin el consentimiento de su gobierno ni de sus instituciones constitucionales.

Por eso ya no basta con decir que “las armas deben estar exclusivamente en manos del Estado”. Todo el mundo sabe de qué armas se está hablando.

El problema del discurso de Salam no está, por tanto, en lo que dijo, sino en lo que decidió no decir. Al no nombrar directamente a Hezbolá, convirtió un problema político y de seguridad concreto en un principio constitucional abstracto. El Líbano no padece una misteriosa proliferación de armas de identidad y origen desconocidos. Se enfrenta a una organización armada específica, respaldada por Irán, que se ha arrogado facultades que deberían pertenecer exclusivamente al Ejército y al Estado libaneses.

Hay además otra contradicción en el discurso. Salam afirmó que “nadie habla en nombre del Líbano” y que nadie negocia en su representación salvo el Estado. Y eso es correcto. Pero la misma lógica debe aplicarse a la guerra.

Si nadie tiene derecho a negociar en nombre del Líbano, tampoco debería tener derecho a hacer la guerra en su nombre, disparar en su nombre, determinar sus alianzas militares, construir una estructura militar paralela o decidir cuándo su territorio se convierte en un campo de batalla.

Un Estado no puede exigir a los demás que reconozcan su soberanía en el exterior mientras negocia, dentro de sus propias fronteras, el significado mismo de esa soberanía.

Salam también planteó la retirada israelí y la extensión de la autoridad del Estado como parte de un proceso basado en la reciprocidad y la gradualidad. La fórmula puede parecer diplomáticamente equilibrada, pero conlleva el riesgo de reproducir el círculo vicioso que ha protegido el arsenal de Hezbolá durante décadas: las armas se justifican por la ocupación, y después la ocupación y la escalada militar se convierten, a su vez, en nuevas justificaciones para conservar esas armas.

Ese círculo debe romperse.

El gobierno libanés debe ser capaz de expresar dos verdades al mismo tiempo y sin rodeos: Israel debe retirarse del territorio libanés y Hezbolá debe entregar sus armas al Estado libanés. No existe contradicción alguna entre ambas afirmaciones. Por el contrario, juntas constituyen el significado real de la soberanía.

Nawaf Salam tuvo ante las Naciones Unidas la oportunidad de decirlo con claridad. Prefirió el lenguaje de la insinuación.

Y el Líbano ya no puede darse el lujo de las insinuaciones.

Los libaneses han pagado un precio demasiado alto por décadas de fórmulas ambiguas y términos que postergan la confrontación con el problema: “resistencia”, “estrategia nacional de defensa”, “exclusividad de las armas en manos del Estado”, cuando todo el mundo sabe cuál es la verdadera cuestión y quién es el actor al que se alude.

Restaurar la soberanía comienza por devolverles su significado a las palabras. Una ocupación debe llamarse ocupación. Una violación israelí debe llamarse violación israelí. Y una organización armada que opera fuera de la autoridad de la República Libanesa debe ser llamada por su nombre.

Ese nombre es Hezbolá.