Cuando la sociología blanquea la imagen de Hezbolá

Hay una lógica que reaparece cada vez que se plantea la cuestión de las armas de Hezbolá. Intenta presentar al partido no como una autoridad armada que ha confiscado la decisión de una comunidad y de un país, sino como la prolongación natural de la comunidad chiita libanesa, como si cuestionar a Hezbolá equivaliera a cuestionar a los chiitas mismos, y como si desarmarlo significara desarraigar a toda una comunidad de su historia, de su memoria y de sus medios de protección.

Esa lógica no solo es errónea. Es insultante.

Reduce a los chiitas a su miedo. Convierte su larga historia en el simple preludio de un fusil. Trata a toda una comunidad como si solo pudiera existir dentro de la red de un partido armado, como si Jabal Amel, Nayaf, la jurisprudencia islámica, el reformismo, los ulemas, los intelectuales, los campesinos, los estudiantes, los comerciantes y toda la experiencia nacional de los chiitas libaneses no hubieran sido más que una preparación para la Wilayat al-Faqih.

La verdad es sencilla: los chiitas no comenzaron con Hezbolá, ni terminarán con él.

Antes del partido ya existía toda una historia de conocimiento, de vida política, de organización social, de moderación, de representación y de reivindicación de la justicia. Estaban el sayyed Mohsen al Amin, el imán Musa al Sadr, el sayyed Mohammad Mahdi Shamseddine y el sayyed Hani Fahs. Existía un discurso chiita libanés que comprendía el significado del Estado, el sentido de la convivencia nacional y el valor de la dignidad, una dignidad que no puede reducirse a unas armas al margen de las instituciones, que no se mide por el número de cohetes y que no se vende en el mercado de los ejes regionales.

Hezbolá se benefició del miedo, de la ocupación israelí, de la ausencia del Estado, de una marginación histórica y de las heridas muy reales infligidas al sur del Líbano, a la Becá y a los suburbios del sur de Beirut. Pero beneficiarse de una herida no le da a nadie el derecho de adueñarse del cuerpo que la lleva.

Lo que en determinado momento pudo haber comenzado como una respuesta al miedo terminó convirtiéndose, poco a poco, en un sistema permanente de fabricación del miedo. El partido le dice a la gente: yo los protejo del peligro. Después convierte su propia existencia en una razón permanente para convocar ese peligro. Dice que protege al sur del Líbano y termina transformándolo en un campo de batalla abierto. Dice que protege a los chiitas y acaba haciéndolos pagar el precio de sus guerras, de sus sanciones, de sus alianzas y de decisiones sobre las que ellos no tienen voz alguna.

En cuanto al discurso sobre los hospitales, las escuelas, los préstamos, los salarios y los servicios, no demuestra la legitimidad de las armas. Lo que revela es la magnitud de la catástrofe.

Cuando un ciudadano necesita de un partido para nacer, estudiar, recibir atención médica, obtener un préstamo, trabajar y enterrar a su mártir, ya no estamos ante un simple entorno de apoyo, sino ante una estructura de cautiverio social. Los servicios no otorgan el derecho de declarar la guerra. La asistencia no justifica la confiscación de las decisiones. Un salario mensual no convierte a una familia en falso testigo de la legitimidad de las armas.

Las mafias también ofrecen protección. Los regímenes totalitarios también reparten pan. Las bandas criminales también saben hacer que la gente dependa de ellas.

Pero la cuestión no es qué otorga ese poder. La cuestión es qué se necesita para obtenerlo.

Y Hezbolá ha quitado mucho más de lo que ha dado. Se apropió de la decisión sobre la guerra y la paz. Se apropió del derecho a disentir en la comunidad chiita. Se apropió de la imagen de los chiitas en el Líbano y en el mundo árabe. Se apropió de la religión para convertirla en una máquina de movilización. Se apropió del martirio para transformarlo en capital político. Se apropió del miedo para convertirlo en un contrato de sometimiento de largo plazo.

Lo más peligroso que ha hecho Hezbolá ha sido atar el destino de los chiitas a su propio destino. Ha logrado que cualquier presión sobre el partido parezca una presión sobre ellos, que cualquier crítica al partido se perciba como una ofensa contra ellos y que cualquier intento de desarmarlo aparezca como una amenaza contra su propia existencia.

Eso no es una muestra de genialidad social. Es un chantaje político cuidadosamente calculado.

Cuando un partido coloca en una misma cadena un hospital, una escuela, un préstamo, un salario, un mártir y un cohete, no está construyendo una sociedad normal. Está construyendo una gran jaula, una jaula con muchas puertas de servicio, pero de la que no existe una salida política libre.

Los chiitas tienen todo el derecho de preguntarse: ¿quién nos protegerá?

Es una pregunta legítima. No debe ser desestimada, porque el Estado libanés les ha fallado, como también les ha fallado a otros, y porque el sur del Líbano ha pagado un precio muy alto en ocupaciones, guerras y destrucción.

Pero una pregunta legítima no debe convertirse en una respuesta eterna a favor de una milicia. “¿Quién nos protegerá?” no significa que las armas deban permanecer para siempre fuera del Estado. No significa que la decisión de una comunidad y de un país deba seguir en manos de una organización vinculada a un proyecto regional. Tampoco significa que la gente deba verse obligada a elegir entre el partido y el exterminio, entre el Estado y la masacre, entre el Líbano e Irán.

La protección no se consigue haciendo permanente el miedo.

Se consigue mediante un Estado capaz, un solo ejército, una sola autoridad para decidir, unas fronteras que no estén bajo el control de una organización y una política exterior que no se dirija desde los suburbios del sur de Beirut ni desde Teherán. Proteger a los chiitas significa devolverlos al Estado, no convencerlos de que el Estado es imposible y de que el partido constituye su único destino.

Quienes sostienen que el fracaso del Estado justifica la permanencia de la milicia se parecen a quienes afirman que el fracaso de un médico justifica entregar al paciente, para siempre, a un charlatán.

La memoria utilizada para justificar las armas también es una memoria incompleta.

Sí, están 1978, 1982, la ocupación israelí y el abandono oficial. Pero también existe otra memoria: la de las guerras libradas dentro del propio país, la represión de las voces chiitas independientes, las acusaciones de traición lanzadas contra los disidentes, el arrastre del Líbano a la guerra de 2006, el envío de jóvenes a Siria, Irak y Yemen, la transformación del sur del Líbano en una plataforma de un conflicto que sus habitantes no deciden y la obligación impuesta a la gente de llamar victoria a la derrota y firmeza a la devastación.

Nadie tiene derecho a hablar en nombre de la memoria chiita mientras borra de esa memoria todo lo que el partido les ha hecho a los propios chiitas. Nadie tiene derecho a invocar las imágenes de la ocupación israelí para impedir que se planteen preguntas sobre la ocupación de la decisión política por parte del partido. Y nadie tiene derecho a convertir un miedo antiguo en una escritura de propiedad sobre el futuro.

Los chiitas son más grandes que Hezbolá.

El sur del Líbano y sus pueblos no son un depósito para los misiles de Irán. Los suburbios del sur de Beirut no son un cuartel. La Becá no es un corredor militar. El martirio no es un cheque en blanco en manos de un partido. La religión no es una credencial partidista. La marginación no es una licencia perpetua para confiscar el Estado. La memoria no es una prisión. El miedo no es una identidad.

Lo que hace falta no es dejar a los chiitas sin protección, sino liberarlos de una falsa ecuación que les dice que su seguridad solo puede provenir de la fuerza que les ha confiscado su capacidad de decidir.

Lo que hace falta no es ignorar sus heridas, sino impedir que esas heridas sean objeto de comercio.

Lo que hace falta no es negar que el Estado ha fracasado, sino rechazar que ese fracaso se transforme en un mandato permanente para un partido armado. Un Estado se construye cuando se recupera de las manos de las milicias, no cuando se les entrega lo poco que aún queda de él.

La peor forma de decir que se defiende a los chiitas es presentarlos como una comunidad atrapada en un único destino, sin otro futuro que las armas, sin otra seguridad que el partido y sin otra dignidad que un proyecto cuyas decisiones no controla.

Esa defensa puede parecer, en la superficie, una muestra de simpatía. En realidad, es una forma de borrarlos. No ve al chiita como un ciudadano libre, sino como un ser dependiente, prisionero del miedo, que necesita de un tutor armado para explicarle qué significa sobrevivir.

La verdad es mucho más sencilla que toda esa retórica: Hezbolá ya no protege a los chiitas del peligro. Se ha convertido en el peligro del que les pide que teman todo, excepto a él mismo.

Y cuando la protección se convierte en cautiverio, cuando la condición de víctima se convierte en un negocio y cuando las armas se convierten en destino, el deber de la palabra ya no consiste en preguntarse cómo preservar ese sistema, sino cómo liberar a las personas de él.

Una comunidad que ha dado al mundo sabios, reformadores, figuras de la resistencia, pensadores y ciudadanos no puede reducirse a una organización, especialmente a una que fracasó moralmente antes incluso de fracasar políticamente. A quienes pagaron el precio de la ocupación, de las guerras y del abandono no se les puede exigir que paguen un nuevo precio para que el partido siga situándose por encima del Estado.

Quien realmente quiera hacer justicia a los chiitas debería comenzar por reconocer que no pertenecen a nadie: ni a un partido, ni a un eje, ni a un Líder Supremo.

Los chiitas son ciudadanos libaneses. Su protección reside en un Estado que los proteja, no en una milicia que instrumentaliza su miedo.

Y su futuro está en el Líbano, no en la espera de otra guerra decidida por otros y pagada por ellos.