Campamentos palestinos: el riesgo de una reversión del plan de gobernanza

No es posible considerar el plan de gobernanza de los campamentos palestinos en el Líbano como un proyecto administrativo o de seguridad tradicional. Este plantea una transformación en la naturaleza de la relación entre el Estado libanés y la sociedad palestina, y busca pasar de una realidad marcada por el desorden, la multiplicidad de autoridades de referencia y la presencia de armas fuera del control del Estado, a otra basada en el Estado de derecho, la seguridad humana y la alianza institucional.

Sin embargo, por importante que sea esta transformación, no puede lograrse simplemente con la puesta en marcha del plan o con el anuncio de un consenso sobre sus objetivos. A lo largo de muchos años se han formado intereses y redes de influencia en un contexto caracterizado por la ausencia de autoridades de referencia unificadas y la debilidad de las instituciones. Estas redes podrían percibir la aplicación del plan como una amenaza directa a sus fuentes de influencia y a sus beneficios, lo que las hace susceptibles de resistirse al cambio o intentar obstaculizarlo.

Líneas rojas fundamentales

El primer riesgo radica en la posibilidad de subvertir la autoridad legítima libanesa mediante el rechazo del principio de extender la autoridad del Estado a los campamentos, o al considerar el monopolio estatal de las armas como una cuestión negociable fuera de las instituciones constitucionales. Los campamentos palestinos no son zonas ajenas a la soberanía libanesa, ni su particularidad histórica y política puede convertirse en una justificación para mantener un orden de seguridad paralelo al del Estado.

El segundo riesgo está relacionado con las posturas palestinas que podrían rechazar la entrega de armas o el fin de la presencia armada, a partir de consideraciones políticas o faccionales, o de cálculos vinculados con las relaciones de fuerza dentro de los campamentos. Aquí es necesario distinguir entre el derecho de los palestinos a preservar su identidad nacional y sus instituciones representativas, y la persistencia de formaciones armadas fuera del marco del Estado libanés. Lo primero constituye un derecho y una necesidad nacional, mientras que lo segundo plantea un problema relacionado con la soberanía del Estado y la seguridad de los habitantes de los campamentos y de las comunidades circundantes.

Sin embargo, más peligroso que las posturas declaradas podría ser lo relacionado con las redes que han acumulado intereses financieros, económicos y sociales gracias a la persistencia de una situación de descontrol. La presencia de armas no solo genera influencia política y en materia de seguridad, sino que también puede dar lugar a redes de suministro de armas, financiamiento de grupos armados, reclutamiento de personas y prestación de servicios y beneficios vinculados con una economía rentista que surge en entornos caracterizados por el desorden y la ausencia de la ley.

Conflictos de intereses

Estos intereses no solo se verían afectados por la entrega de armas, sino también por el establecimiento de instituciones capaces de regular los recursos y las atribuciones, así como por la transferencia del poder de decisión a autoridades legítimas sujetas a rendición de cuentas. Por ello, la resistencia al plan no siempre se manifestaría mediante un rechazo político directo, sino que podría adoptar formas más complejas, desde obstaculizar los acuerdos, avivar los temores y alimentar las divisiones, hasta intentar debilitar la confianza entre las partes libanesa y palestina, o presentar la gobernanza como un ataque a la existencia nacional palestina y a los derechos de los refugiados.

Es indispensable tener presente que el plan no está dirigido contra la sociedad palestina ni contra su identidad nacional, y que tampoco debe convertirse en una vía para menoscabar sus derechos civiles y sociales. Por el contrario, su éxito supone liberar a los habitantes de los campamentos del dominio de las armas y de las redes de intereses, y proporcionarles condiciones de vida más seguras y dignas, en el marco del respeto al derecho al retorno y del rechazo al asentamiento definitivo.

Aquí destaca la responsabilidad de la Organización para la Liberación de Palestina y del liderazgo palestino legítimo en la protección de este proceso, mediante la unificación de la postura palestina, el respaldo político a los entendimientos con el Estado libanés y la decisión de no dejar los campamentos como rehenes de las rivalidades entre facciones o de los cálculos vinculados con los intereses de las fuerzas armadas. Al Estado libanés también le corresponde garantizar que sus medidas sean equilibradas y que la extensión de su autoridad vaya acompañada de mejoras en los derechos, los servicios y las instituciones, para evitar que el tratamiento del problema de seguridad se convierta en una nueva fuente de tensiones.

El periodo de consultas de seis meses no debe considerarse un simple plazo de procedimiento previo a la aprobación del plan, sino una oportunidad política y social para el diálogo y el entendimiento, para ampliar las bases de la cooperación entre libaneses y palestinos y para pasar de una lógica de confrontación a otra de armonía y consenso. Esto exige involucrar a los habitantes de los campamentos, sus instituciones y sus actores sociales, sin reducir la representación palestina únicamente a las fuerzas políticas y las facciones.

Los riesgos que enfrenta el plan son reales, pero no significan que su aplicación sea imposible. El cambio, cuya necesidad es tan apremiante, no estará exento de resistencia, especialmente cuando afecta intereses que surgieron y perduraron en ausencia del Estado y de las instituciones. Sin embargo, estos riesgos no pueden enfrentarse mediante medidas de seguridad aisladas, sino mediante la construcción de un amplio consenso libanés-palestino, la protección de la autoridad legítima, el establecimiento de garantías de derechos y la persecución legal de las redes de intereses ilícitos.

El éxito del plan de gobernanza requiere una voluntad política sostenida y un seguimiento riguroso durante y después del periodo de consultas, hasta alcanzar su aprobación definitiva por parte del gobierno y, posteriormente, pasar a su aplicación efectiva. Porque la cuestión no consiste únicamente en administrar los campamentos, sino en poner fin a una situación excepcional que se ha prolongado demasiado y construir una nueva relación entre el Estado libanés y la sociedad palestina, basada en la soberanía, el Estado de derecho, la cooperación y la dignidad humana.

El verdadero desafío no radica en anunciar el plan, sino en proteger su desarrollo frente a las fuerzas que podrían ver en su éxito el fin de sus intereses y de su influencia, y en convertir los próximos seis meses en una oportunidad para consolidar el consenso, en lugar de un espacio para obstaculizar el cambio.