¿Pero dónde está esa prudencia chií de la que tanto se presume?

«Los chiíes quieren un Estado» (1), no dejaba de repetir el añorado presidente Hussein el-Husseini. Ese era su lema y su respuesta a aquellos libaneses que no ocultaban su recelo ante el ascenso de una comunidad durante mucho tiempo desfavorecida o, al menos, que no cesaba de presentarse como marginada.

Como veterano de la política, no quería decir con ello que los chiíes duodecimanos debieran hacerse con el poder para excluir a los demás componentes de la nación. Nada más lejos de su intención: su única aspiración para los suyos era que se les permitiera, al igual que a las demás comunidades confesionales, participar en la gestión del país, disfrutar de sus frutos y ser reconocidos, ya no como los parientes pobres de la nación, sino como ciudadanos de pleno derecho.

¿Y quién podía negarles esa aspiración o cuestionar esas expectativas?

¿Y qué tenemos hoy?

Pero lo cierto es que se ha desvirtuado la tan acertada fórmula del presidente Husseini. El movimiento Amal y el Partido de Dios, combinando su arraigo institucional, su representación política y una fuerza militar autónoma, han tomado al país como rehén. Tras copar la Administración en todos sus niveles, utilizan su poder para bloquear su funcionamiento y vetar cualquier intento de reforma.

Los dos polos del Ejecutivo, incapaces de hacer frente al pacto de acero sellado por el tándem chií, ¡encajan los golpes cuando no consiguen esquivarlos!

A modo de ejemplo, recordemos el reciente caso de los explosivos de Hezbolá incautados en Dahr el-Baïdar.

Dada su gravedad, el caso debía haberse remitido al Tribunal de Justicia. Sin embargo, por temor a que Hezbolá cumpliera sus amenazas, las autoridades han renunciado a ello, aunque solo por el momento, según nos dicen.

Y eso no es todo, pues, por complacencia hacia dicho tándem, se pisotean sin cesar las normas del Estado de derecho: hace muy poco, Bassam Badran, cercano a Nabih Berri, fue ratificado al frente de la Universidad Libanesa, pese a que el Consejo Constitucional había anulado una ley que permitía al rector de la institución optar a un segundo mandato.

¡Hay para dar y tomar! Los ejemplos abundan en este terreno y, ante semejante muestra de impotencia y cobardía, cabe preguntarse cómo pueden Estados Unidos, y más concretamente Tom Harb, seguir exigiendo que el Ejército libanés desarme a Hezbolá.

De cara al futuro, tengamos muy presente que el Estado unitario seguirá aplicando una política indecisa, ¡tal es su temor a un enfrentamiento civil con una milicia armada!

¿De dónde vendrá la liberación?

Los libaneses viven a diario maniobras destinadas a apoderarse del Estado mediante una labor de zapa.

Y la toma de control de lo que queda del aparato estatal no se debe a la sobrerrepresentación de los chiíes en el Ejército, Exteriores, Justicia o Educación, sino al clientelismo, a los nombramientos partidistas y a las prácticas de patronazgo que coartan la capacidad de actuación del Ejecutivo y lo anulan.

Al anular la capacidad de decisión del Ejecutivo, el dúo chií impone «sus decisiones al margen de los mecanismos ordinarios de rendición de cuentas», destinados a garantizar una buena gestión de los asuntos públicos.

La legitimidad republicana ha quedado desamparada: círculos clandestinos ostentan la autoridad y al país solo le queda un pluralismo de fachada.

De ello se desprende que nuestro sistema político, tan específicamente libanés, concebido para garantizar la coexistencia de las comunidades confesionales y apaciguar sus temores atávicos, se ha «transformado en un mecanismo que paraliza las instituciones y limita la soberanía nacional».

En suma, mientras el bloqueo y la coacción ejercidos abiertamente por el dúo chií marcan la situación actual, las demás comunidades libanesas sobreviven entre la adversidad y el recelo, y solo ansían liberarse.

¡Por un caimacamato chií como zona piloto!

Quizá convenga releer a Kamal Salibi, quien publicó en los años sesenta del siglo pasado una obra fundamental sobre la historia del Líbano: «Entre los chiíes, una larga historia de persecución y represión se ha reflejado en la timidez política característica de la comunidad y en su organización aparentemente poco estructurada» (2).

Esta observación del eminente historiador ya no es válida hoy. Desde el estallido de la guerra civil libanesa en 1975, y quizá desde mucho antes, la comunidad chií ha experimentado profundas transformaciones que necesariamente iban a desembocar en una reconfiguración del sistema político libanés.

Pero, en lugar de hacerse un lugar junto a las demás comunidades, los partidos chiíes han querido ocupar todo el espacio. Impulsado por una corriente de fondo y llevado por su desmesura, Hezbolá se ha arrogado el derecho soberano de declarar la guerra, arrastrando así a la comunidad duodecimana a aventuras insensatas por cuenta de Irán.

En pocas palabras, la túnica libanesa no ha dejado de desgarrarse desde 1975.

El Acuerdo de Taif, aun aplicado hasta en sus más mínimos detalles, no habría podido remendarla en ese estado.

Entonces, ¿por qué no plantearse la creación de un caimacamato chií que reuniera a los partidarios de Hezbolá, cualquiera que fuese su comunidad religiosa, y donde el Partido de Dios impusiera su ley?

Sería una «zona piloto», ya que esta fórmula está de moda, donde los más intransigentes podrían ejercer su autogobierno con total tranquilidad, sin causar daños colaterales a sus socios y compatriotas.

¡Cristianos y drusos ya habían atravesado el duro período del doble caimacamato entre 1842 y 1858, para después vivir más de cincuenta años de paz civil bajo la Mutasarrifía!

1- «Los chiíes quieren el Estado»

2- Kamal Salibi, Historia del Líbano, del siglo XVII a nuestros días, Naufal, 1988, p. 29.