Taif, la Constitución y las malas costumbres de la República (2/2)

Habrá quienes objeten que la distribución del poder sobre bases confesionales, por excesiva que sea, resulta indispensable en un país integrado por diversas comunidades religiosas. Pero ¿hasta dónde puede llegar esta lógica sin vaciar de contenido al régimen parlamentario? Y, sobre todo, ¿quién decidió que el respeto al Pacto Nacional debía traducirse en la obligación de obtener el consentimiento de los representantes de las tres principales comunidades para las decisiones más importantes y también para los asuntos más ordinarios?

El apartado «j» del preámbulo de la Constitución establece que «No se reconoce legitimidad alguna a ninguna autoridad que contradiga el pacto de convivencia». ¿Cómo se llegó a interpretar esta disposición como la consagración de una «mithaqiyya», o principio de consenso comunitario, que otorga a ciertos dirigentes un derecho de veto sobre el funcionamiento de las instituciones?

Sin embargo, Hussein Husseini definía la convivencia a partir de cuatro principios: la libertad, la igualdad, una vida digna, así como la ayuda mutua y la solidaridad. Estos valores recuerdan el lema de la República Francesa: «Libertad, Igualdad, Fraternidad». No encontramos en ellos ninguna referencia a esa «mithaqiyya» que invocamos constantemente y para la cual ni siquiera resulta fácil encontrar una traducción satisfactoria al francés.

También conviene volver al origen de varias disposiciones del preámbulo de la Constitución surgida de Taif, que muchos consideran el nuevo Pacto Nacional. ¿Se sabe que estas disposiciones fueron tomadas casi en su totalidad, y en ocasiones casi literalmente, de las «constantes islámicas» proclamadas por el imán Mohammad Mahdi Chamseddine en Dar al-Fatwa el 21 de septiembre de 1983, seis años antes de Taif? Esta filiación merece, cuando menos, ser conocida y examinada antes de atribuirle al texto constitucional significados que no contiene.

La igualdad proclamada, los privilegios preservados

Las consecuencias de estas interpretaciones van mucho más allá de las disputas entre las presidencias. Afectan el principio mismo de igualdad entre los ciudadanos y la calidad de su representación política.

El artículo 7 de la Constitución de 1926 establece que los libaneses son iguales en derechos civiles y políticos. ¿Puede afirmarse que este principio se ha respetado plenamente alguna vez, incluso entre los miembros de una misma comunidad religiosa o de una misma confesión? ¿Cómo exigirles a los ciudadanos una lealtad sin reservas a la patria cuando la vida política sigue apoyándose en gran medida en privilegios, pertenencias comunitarias y lealtades particulares?

Nos proclamamos defensores de la democracia parlamentaria. Pero ¿puede esta funcionar normalmente con una ley electoral profundamente deficiente, concebida a menudo para favorecer los intereses de un bando o de una coalición política? ¿Puede el Parlamento cumplir su función cuando la propia representación se encuentra distorsionada por las reglas que determinan su composición? ¿Acaso las propuestas del fallecido patriarca Sfeir, que contemplaban distritos electorales pequeños y un sistema de votación mayoritario, no resultarían hoy convenientes para todos los libaneses, y particularmente para los cristianos?!

Hay otro punto que conviene recordar. ¿No preveía el Acuerdo de Taif 108 diputados y no 128? ¿No fue el aumento a 128 escaños impuesto bajo la tutela siria para incrementar el número de parlamentarios sometidos a sus instrucciones? Si hoy se exige aplicar Taif «como un todo», ¿por qué quienes se muestran tan exigentes respecto de algunas de sus disposiciones no reclaman el regreso al número de diputados previsto originalmente?

Lo mismo ocurre con las reformas que periódicamente presentamos como remedios para todos nuestros males. ¿Es oportuno, en las circunstancias actuales, abolir el confesionalismo político? ¿Y bastaría con crear una Cámara de Diputados elegida sin cuotas confesionales para hacer desaparecer las divisiones comunitarias y los reflejos confesionales que siguen dominando el discurso político y el comportamiento electoral? ¿Puede una reforma de los textos producir los resultados esperados si las mentalidades y las prácticas permanecen intactas?

La descentralización administrativa ampliada, también prevista en Taif, plantea una interrogante semejante. ¿Cómo podría tener éxito sin un Estado central fuerte, capaz de supervisar las decisiones adoptadas en las regiones y garantizar la aplicación uniforme de las leyes? En las circunstancias actuales, ¿pondría fin una reforma de este tipo a la corrupción, el clientelismo y el dominio de los dirigentes locales, o correría el riesgo de fortalecerlos al otorgarles nuevas atribuciones y recursos?

No se construye un Estado multiplicando los poderes que escapan a su control. Antes de transferir competencias a las regiones, ¿no habría que asegurarse de que la autoridad central sea realmente capaz de ejercer las suyas?

La soberanía libanesa y sus contradicciones

Estas interrogantes institucionales no pueden separarse, sin embargo, de un problema más antiguo: las relaciones de nuestros dirigentes con las potencias extranjeras. Se habla mucho de la neutralidad del Líbano. Pero ¿es posible esa neutralidad cuando, desde antes de la independencia, nuestros responsables políticos se acostumbraron a establecer contactos con consulados y embajadas, solicitar intervenciones extranjeras y buscar entre las potencias regionales o internacionales el apoyo que no consiguen obtener de sus propios conciudadanos?

¿Cómo podría ser neutral un país si sus propios dirigentes no lo son?

Sería injusto, sin embargo, atribuir todas las desgracias del Líbano únicamente a los errores de sus dirigentes. Nuestro país se encuentra en una región cuya historia ha estado profundamente marcada por los conflictos religiosos, las ambiciones territoriales y las rivalidades internacionales. ¿Cómo aspirar a vivir en paz de manera duradera cerca de la cuna de las religiones reveladas, donde las convicciones religiosas suelen anteponerse a cualquier otra consideración? ¿Cómo alcanzar la estabilidad en una región cuyas riquezas petroleras y gasíferas despiertan las ambiciones de las grandes potencias? ¿Y cómo prosperar teniendo en nuestras fronteras a un Estado que consideramos usurpador y racista, cuyas ambiciones sobre nuestras tierras y nuestros recursos hídricos se remontan a la creación del Gran Líbano?

En este sentido, conviene recordar la historia de nuestra frontera meridional. En el primer volumen de su colección Le Mémorial du Liban, el historiador Joseph Chami relata que Francia y sus altos comisionados en el Líbano se opusieron firmemente a las ambiciones sionistas de acceder a las aguas del río Litani y de extenderse por todo el sur del Líbano. También recuerda la intervención del alto comisionado Weygand para impedir ciertas ventas de tierras a los sionistas y el drenaje de los pantanos de Hula. Estas cuestiones territoriales e hídricas no surgieron con las guerras recientes. Ya estaban presentes en los primeros años del Gran Líbano.

Otras contradicciones, más contemporáneas, también exigen explicaciones. ¿Cómo entender que Irán y sus aliados, según las responsabilidades que se les atribuyen, hayan podido atacar la embajada estadounidense en Beirut y posteriormente las instalaciones estadounidenses en Aoukar, sin olvidar el atentado contra los marines, sin provocar una respuesta estadounidense verdaderamente decisiva? ¿Cómo explicar los atentados cometidos en varios países del mundo y la acumulación, año tras año, de un arsenal considerable transportado por tierra y por mar, sin que Washington adoptara una política capaz de detener esta expansión?

Y ahora, después de cuarenta años de dominio iraní sobre el Líbano, ¡Estados Unidos nos pide desarmar a Hezbolá en cuestión de meses! ¿Por qué aquello que se construyó durante décadas, ante los ojos de la primera potencia mundial, tendría que ser desmantelado prácticamente de la noche a la mañana por un Estado libanés al que no se le ha permitido ejercer plenamente su autoridad?

Esto no disminuye en absoluto la responsabilidad de nuestros dirigentes ni la de quienes aceptaron o favorecieron ese dominio. Pero las potencias que permitieron que se desarrollara semejante situación, o que se acomodaron a ella según sus intereses del momento, no pueden comportarse ahora como si acabaran de descubrirla.

Reconstruir el Líbano, pero ¿sobre qué bases?

Llegamos así al problema que domina a todos los demás. ¿Cómo puede reconstruirse el Líbano después de más de cincuenta años de desórdenes, guerras y destrucción, cuando todo Medio Oriente atraviesa un periodo de convulsiones, conflictos, redistribución de influencias y cuestionamiento de los equilibrios que hasta ahora habían organizado la región?

Se pueden reformar las disposiciones constitucionales, modificar una ley electoral, descentralizar la administración, redistribuir competencias o crear nuevos mecanismos de concertación. Pero antes habría que comenzar por respetar las reglas existentes, reconocer que las instituciones tienen funciones distintas y admitir que nadie puede reclamar atribuciones sin asumir las responsabilidades que las acompañan. También habría que reconocer que una democracia parlamentaria supone una mayoría que gobierna, una oposición que fiscaliza y ciudadanos capaces de exigir cuentas a quienes confiaron su representación.

Desde hace años discutimos los derechos del presidente de la República, los derechos del primer ministro, los derechos del presidente de la Cámara y los derechos de las comunidades religiosas. Dedicamos mucho menos tiempo a los deberes que acompañan esos derechos, al respeto de la ley y a la responsabilidad política de quienes ejercen el poder.

El Acuerdo de Taif ciertamente no está exento de defectos. La Constitución puede reformarse y las instituciones pueden mejorarse. Pero ¿de qué servirían nuevas disposiciones si siguiéramos tratando las leyes como simples instrumentos de negociación, elevando prácticas abusivas al rango de normas constitucionales y buscando apoyo en el extranjero para imponer nuestra voluntad a nuestros conciudadanos?

Antes de preguntarnos qué República queremos construir, tal vez haya llegado el momento de preguntarnos por qué nunca hemos conseguido que la que ya tenemos funcione correctamente.

En realidad, el problema del Líbano suele presentarse equivocadamente como un problema esencialmente estructural: de fórmula política, de régimen, de sistema, etcétera.

O bien como un problema de soberanía y autoridad, especialmente por la crisis que las armas de Hezbolá plantean al monopolio estatal del uso de la fuerza y su consecuencia más reciente: la ocupación israelí de una parte importante del territorio nacional.

Pero ¿basta eso para explicar la magnitud de la crisis y su persistencia?

¿No habría que buscar sus causas más profundas en la rivalidad arraigada entre las comunidades libanesas y en el miedo y la desconfianza que gobiernan sus relaciones, y que de uno y otro lado han alcanzado ya su punto máximo?

Un simple ajuste político, constitucional o territorial no resolverá este problema ancestral.

Para romper el círculo vicioso, se necesitan un enfoque y una mentalidad diferentes por parte de los gobernantes, basados en la igualdad y la justicia social como motores del sentimiento de pertenencia nacional.

Sin embargo, todos los regímenes que se han sucedido desde 1943 han fracasado en este aspecto, cada uno por razones distintas.

Sin ese cambio, la injusticia seguirá engendrando miedo; el miedo, un deseo de dominación; y la dominación, una rivalidad interminable que presagia la violencia.

¿Quién tendrá finalmente la audacia de romper este círculo infernal?