Cuando la calumnia se disfraza de defensa de los depositantes

Por fin hemos descubierto quién hizo desaparecer los depósitos de los libaneses: la impugnación de un artículo de ley.

En cuanto a los años anteriores, las políticas que provocaron el colapso y las protecciones que impidieron exigir responsabilidades, todo ello puede quedar como un simple telón de fondo. El culpable del momento ya está identificado, y la acusación es demasiado grave como para requerir pruebas: una batalla encabezada por la Presidencia de la República en beneficio de los bancos.

Con semejante ligereza, un expediente de las dimensiones de la catástrofe libanesa queda reducido a un relato que presume conocer las intenciones, señala a los beneficiarios y revela quién supervisa las operaciones desde Washington y quién mueve los hilos desde Beirut. Solo le faltan las pruebas que vinculen a esas personas con la decisión en cuestión.

Pero ¿quién necesita pruebas cuando puede sustituirlas por la indignación de los depositantes?

Aquí comienza la calumnia: cuando una interpretación política se presenta como un hecho comprobado, las sospechas se convierten en una relación de trabajo y el ejercicio de una facultad constitucional pasa a ser prueba de pertenencia al “Estado profundo”.

No porque la Presidencia sea inmune a las críticas. Sino porque la crítica pierde su valor cuando sustituye el examen de una decisión por un juicio sobre las intenciones de quien la tomó.

Una disposición legal fue impugnada. El Consejo Constitucional examinó el recurso y lo acogió. Según los fundamentos citados, la anulación de la modificación obedeció a que la disposición no había sido aprobada conforme a los procedimientos exigidos. Este es un hecho fundamental, pero pronto se deja de lado para que no estorbe el relato: los bancos pidieron, la Presidencia ejecutó y el Consejo Constitucional terminó el trabajo.

Así, el Consejo Constitucional queda reducido a una simple etapa dentro de una historia cuyo desenlace ya estaba escrito. Se cita su decisión para demostrar que la anulación ocurrió, pero se ignoran sus fundamentos cuando llega el momento de atribuir responsabilidades.

La pregunta que se pretende eludir es evidente: si el Consejo detectó una irregularidad que justificaba la anulación, ¿habría que ignorarla porque la ley se presenta como una reforma?

¿Quién decidió que las leyes que contienen la palabra “reforma” están exentas de control? ¿Y quién otorgó a un sector político o mediático el derecho de determinar en qué momento el respeto a los procedimientos se convierte en un servicio prestado a los bancos?

Cada día, los libaneses pagamos el precio de esta lógica de la necesidad y de la excepción. Una y otra vez se nos dice que el escrutinio representa un obstáculo, que las objeciones amenazan la estabilidad y que primero hay que sacar adelante el acuerdo para corregir después sus defectos. Luego descubrimos que el acuerdo permanece, mientras que las correcciones nunca llegan.

¿Debemos volver a aplicar la misma regla, esta vez en nombre de la recuperación de los derechos?

En cuanto al argumento de que promulgar una ley y después impugnarla revela la “astucia” de quienes trabajan para los bancos, merece que nos detengamos en él. Según este razonamiento, el problema no es la ausencia de una vía constitucional, sino su utilización eficaz. Habría sido preferible devolver la ley a la Cámara de Diputados, donde la objeción podía superarse, en lugar de someterla a una instancia facultada para emitir una resolución vinculante.

Es decir, ¡recurrir al control constitucional se vuelve motivo de acusación precisamente porque puede producir un control efectivo!

Esta es una concepción extraña del Estado: exigimos que sus instituciones funcionen, siempre que no alteren el resultado que políticamente se había acordado promover.

Después llega el salto mayor: de la anulación de una modificación a un artículo a proclamar que no habrá “ni rendición de cuentas ni devolución de los depósitos”. Un titular que sentencia el destino de todo un país sin explicar suficientemente cómo esa decisión eliminó cualquier posibilidad de exigir responsabilidades y cerró todas las vías para recuperar los derechos.

¿Se anuló toda la ley? ¿Se concedió una amnistía a los propietarios de los bancos? ¿Se le impidió al gobierno preparar una nueva solución? ¿O la exageración resulta indispensable para que la magnitud de la acusación esté a la altura de la rivalidad política?

Es posible advertir sobre las consecuencias de regresar al texto anterior, debatir las atribuciones del gobernador del Banco del Líbano y exigir garantías contra la arbitrariedad. De hecho, es una obligación. Pero afirmar que una facultad podría utilizarse para proteger a un banco no demuestra que se haya utilizado realmente con ese propósito, ni demuestra que quienes solicitaron una revisión de la disposición pretendieran brindar esa protección.

Esa es la diferencia entre el periodismo y la calumnia.

Lo que más claramente deja al descubierto el carácter político de esta campaña es presentar lo ocurrido como un golpe contra el primer ministro, al que se habría privado de un logro. De pronto, la atención se desplaza del destino del dinero de la gente al del capital político del gobierno. Como si el éxito de las instituciones se midiera por quién anota el gol y como si cualquier revisión de un proceso legislativo fuera un intento de arruinarle la celebración a quien se atribuye el mérito.

Pero corregir una irregularidad no debilita al gobierno, ni impedir que se cuestione una reforma la fortalece. Lo que debilita a ambos es mantener las fallas y después exigir que todos guarden silencio para salvar las apariencias.

Lo que se necesita ahora es que cada instancia asuma su responsabilidad: resolver el problema, delimitar las facultades, impedir las demoras y traducir las promesas en decisiones que puedan ejecutarse. Quien obstaculice este proceso deberá responder por actos concretos, y quien proteja los intereses de los bancos deberá ser confrontado con las pruebas de esa protección.

Las acusaciones indiscriminadas no devolverán un solo depósito ni abrirán un solo proceso para exigir responsabilidades.

Los depositantes son titulares de derechos, no testigos falsos convocados para respaldar un relato político. Su indignación es demasiado digna para servir de pantalla a una disputa con uno u otro funcionario.

Quien quiera defenderlos, que les explique el camino para recuperar sus derechos y que identifique los obstáculos con pruebas.

En cuanto a quien conoce los nombres de los conspiradores antes siquiera de leer los fundamentos de la decisión, ya había elegido su batalla y después colocó a los depositantes en el titular.