De Galerie Semaan a Galeries Lafayette… ¿Qué islam presentamos al mundo?

Entre Galerie Semaan y Galeries Lafayette hay una enorme distancia que la pantalla de un teléfono puede salvar en cuestión de segundos. Aquí, un intento de impedir que las fuerzas de seguridad cumplan con su deber; allá, un intento de irrumpir en una tienda departamental en medio de disturbios y saqueos. Los países, las circunstancias y los protagonistas son distintos, pero la pregunta es la misma: ¿desde cuándo la indignación se convirtió en una autorización para agredir y desde cuándo el grupo pasó a ser más importante que la ley que protege a sus integrantes y a todos los demás?

Sin embargo, colocar la palabra “islam” entre ambas escenas exige otra clase de valentía: la de hacer preguntas y, al mismo tiempo, rechazar las acusaciones prefabricadas. Porque la identidad religiosa no puede determinarse a partir de un rostro que aparece en un video, ni las motivaciones religiosas pueden deducirse de un nombre, un color de piel o un acento. Quien pretenda exigir cuentas a quienes se apropian de la religión debe, antes que nada, evitar apropiársela también para convertirla en una acusación colectiva.

En la zona de Galerie Semaan, las Fuerzas de Seguridad Interna del Líbano anunciaron que varios jóvenes a bordo de motocicletas habían intentado impedir que una unidad del Departamento Central de Investigaciones Criminales allanara una bodega que contenía medicamentos no aptos para su uso. Confirmaron que la unidad logró completar su misión, incautar los medicamentos y colocar sellos de clausura en el establecimiento. Estos son los hechos comunicados oficialmente que deben servir como punto de partida, mientras que determinar las responsabilidades individuales corresponde a la investigación y a la justicia.

En Francia, diversos reportes dieron cuenta de un intento de irrumpir en Galeries Lafayette, en medio de disturbios que acompañaron las protestas contra el aumento del costo de vida y que incluyeron actos de vandalismo y saqueos de comercios. Pero estos hechos no aportan pruebas sobre la pertenencia religiosa de los participantes, ni permiten afirmar que el islam haya sido su motivación. Sus actos pueden condenarse sin reservas, sin necesidad de inventarles una identidad ni ponerle al robo un turbante que nadie ha demostrado que llevara puesto.

El denominador común que sí puede señalarse es, por tanto, el recurso a la fuerza del número para imponerse sobre las reglas compartidas. Una fuerza que imagina que contar con una multitud detrás le otorga el derecho de paralizar una institución o vulnerar la propiedad ajena. El peligro comienza cuando semejante comportamiento encuentra defensores políticos y mediáticos dispuestos a buscar cualquier explicación posible, excepto la más sencilla: se ha cometido un acto que exige rendición de cuentas, cualquiera que sea la bandera bajo la cual se haya perpetrado, los agravios invocados o las consignas de sus responsables.

En el Líbano, el problema toca mucho más de cerca nuestra vida cotidiana. Porque la soberanía del Estado no se pone a prueba únicamente en las fronteras, sino también frente a una bodega de medicamentos, en un puesto de control de seguridad o al dar cumplimiento a una diligencia judicial. Una soberanía que se detiene ante una concentración de motocicletas necesita algo más que discursos solemnes. Necesita una autoridad que comprenda que entrar en cualquier barrio para cumplir con su deber es una obligación y que la seguridad de los ciudadanos no puede depender del consentimiento de quienes ejercen influencia.

Y cuando se trata de medicamentos, la demostración de fuerza resulta todavía más indignante. El paciente no se pregunta por los equilibrios de poder que protegen la bodega, sino por el medicamento que entrará en su organismo. Una madre que espera un tratamiento para su hijo no puede conformarse con las garantías de un partido político. Lo que necesita son análisis, supervisión, responsabilidades claramente establecidas y un procedimiento que permita determinar la realidad de la infracción y quién debe responder por ella, lejos del alarmismo y de los arreglos que terminan por devorar los derechos de la gente.

¿Acaso un agente de seguridad se convierte en agresor por intentar cumplir con su deber? ¿Acaso un operativo se transforma en una ofensa a la dignidad de un barrio por el simple hecho de que una fuerza oficial haya entrado en él? Con semejante lógica, podría cerrarse el país entero: cada calle tiene su dignidad, cada bodega su círculo de protección y cada infractor una comunidad dispuesta a explicarnos por qué su detención sería un asunto tan delicado. Al final, el ciudadano queda solo, sin protección alguna, pagando con su salud, su seguridad y su dinero el precio de las inmunidades de los demás.

Aquí entra en juego la responsabilidad de las fuerzas que construyen su legitimidad sobre un discurso religioso, empezando por Hezbolá en nuestra experiencia libanesa. La responsabilidad política exige una declaración inequívoca de que la afiliación partidista no protege a ningún infractor y de que obstaculizar la acción de la justicia no puede considerarse aceptable bajo ningún pretexto. Pero, del mismo modo, no se puede atribuir la propiedad de una bodega o la comisión de un acto concreto a una persona u organización por el simple hecho de que circulen rumores al respecto. La investigación debe establecer los hechos y la rendición de cuentas debe basarse en las pruebas.

También es necesario dejar de convertir cualquier exigencia de rendición de cuentas en una agresión contra los chiitas. El chiita que quiere medicamentos seguros y un Estado capaz de actuar no necesita el permiso de nadie para reclamar sus derechos. No está menos vinculado a su comunidad por negarse a que una motocicleta se imponga sobre una patrulla de seguridad. Proteger a la población comienza por someter a los poderosos a las mismas reglas que deben cumplir quienes no tienen contactos influyentes ni armas.

En Francia, el aumento del costo de vida no justifica el saqueo de una tienda, del mismo modo que el saqueo no anula el derecho de los manifestantes pacíficos a protestar. Quien rompe un escaparate y roba su contenido agrede a los propietarios, a los empleados y a los clientes, además de perjudicar la causa en cuyo nombre dice expresar su indignación. La justicia social no necesita una bolsa robada para avanzar, ni el ataque al sustento de otras personas se vuelve legítimo por producirse en medio de consignas coreadas por una multitud.

Por otra parte, un video no puede convertirse en un referéndum sobre la capacidad de los musulmanes para vivir en sociedad. Ese salto alimenta los prejuicios e impide un análisis serio del delito. La responsabilidad es individual y demostrarla requiere hechos. El musulmán que trabaja, paga sus impuestos, cría a sus hijos y respeta a sus vecinos no debe ser considerado automáticamente sospechoso cada vez que estallan disturbios en una ciudad europea.

Y aquí llego a la pregunta que verdaderamente me importa: ¿qué imagen queremos presentar de nuestro islam, nosotros que rechazamos la tutela sobre nuestra fe del mismo modo que rechazamos la tutela sobre nuestra patria? ¿La de un ciudadano que respeta los derechos de los demás y exige los suyos, o la de una identidad invocada para justificar cualquier abuso? Esta pregunta va dirigida a quienes hablan en nombre de la religión y exigen obediencia política a la gente como si se tratara de una prueba de fe.

No basta con que estas personas proclamen que el islam es inocente de los abusos cometidos en su nombre para después guardar silencio cuando sus símbolos se utilizan como instrumentos de intimidación. Defender la religión exige retirar toda protección a quienes la utilizan como escudo contra la rendición de cuentas. La práctica religiosa que merece respeto se manifiesta en la honestidad, la protección de los derechos y la disposición a rendir cuentas, no en la capacidad de alzar la voz por encima de la de un policía, un juez o un ciudadano indefenso.

En el Líbano, particularmente, las pertenencias políticas y comunitarias se han convertido en sistemas de protección recíproca. Cada dirigente denuncia la inmunidad de su adversario mientras negocia discretamente la de sus propios seguidores. Después, todos se reúnen para lamentar la debilidad del Estado, como si esa debilidad hubiera caído del cielo. El Estado se debilita cuando obstaculizan su acción y recupera su fuerza cuando logra cumplir una misión legal y la justicia continúa su trabajo hasta el final.

Por eso, la conclusión del operativo en la zona de Galerie Semaan merece ser el comienzo de un proceso, no una noticia que celebramos para después olvidarla. Es necesario conocer el destino de los medicamentos incautados, los resultados de los análisis, las responsabilidades establecidas por la investigación y las medidas que impedirán que la infracción vuelva a cometerse. También es necesario exigir cuentas, con base en las pruebas, a quienes obstaculizaron la operación. La autoridad de una institución se construye mediante una actuación coherente y sostenida, no con una fotografía frente a una puerta sellada con lacre rojo.

Y, sobre todo, no debemos redefinir a poblaciones enteras a partir de los peores comportamientos de algunos de sus integrantes. Los suburbios del sur de Beirut no se reducen a un grupo que obstaculiza una patrulla, como tampoco Francia se reduce a sus alborotadores ni los musulmanes a quienes invocan la religión o a quienes sus adversarios atribuyen esa identidad. Esta precisión da fuerza a la crítica, porque impide que el verdadero responsable se esconda detrás de una acusación tan amplia que alcanza a los inocentes y desvía la atención del problema.

La misma regla se aplica a los abusos de las autoridades: quien exige un Estado fuerte también debe exigir mecanismos de control sobre su actuación. El policía debe rendir cuentas, el juez debe apoyarse en las pruebas y el acusado debe contar con el derecho a la defensa. Bajo estas condiciones, el Estado se convierte en una autoridad de referencia aceptada por los ciudadanos y la protección partidista pierde su justificación. Sustituir el desorden de la multitud por la arbitrariedad del poder solo deja a la población prisionera del mismo miedo, aunque cambie quien lo provoca.

En cuanto a mi islam, no necesito una motocicleta que lo proteja ni un escaparate destrozado en su nombre. Lo llevo en la responsabilidad que asumo por mis actos, en mi respeto por la vida y los derechos de los demás y en mi disposición a rendir cuentas como cualquier otro ciudadano. Quien quiera servir a la religión debe impedir que se convierta en un pretexto para eludir la ley. Lo sagrado pertenece a la fe; los actos, las personas y los partidos, en cambio, deben estar sujetos al cuestionamiento y a la rendición de cuentas.