Sobre la independencia de la justicia en el Líbano

Resulta difícil reconstruir un Estado cuando el ciudadano no tiene la certeza de que la ley es igual para todos. En el Líbano, la cuestión de la independencia judicial no se limita, por tanto, a un debate reservado a los juristas. Afecta a la naturaleza misma del Estado, a la confianza en las instituciones y, en última instancia, a la concepción que tenemos de la igualdad entre los ciudadanos.

La Constitución libanesa estableció este principio hace mucho tiempo. Su artículo 20 consagra la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, existe una brecha considerable entre la proclamación de un principio y su aplicación en los mecanismos cotidianos de la carrera judicial. ¿Quién nombra? ¿Quién traslada? ¿Quién asciende? ¿Quién inspecciona? ¿Quién sanciona? ¿Quién controla la Fiscalía? En estas cuestiones tan concretas es donde se juega la verdadera independencia.

Una reforma esperada… y después anulada

Tras años de debates, el Parlamento aprueba el 31 de julio de 2025 una nueva ley de organización de la justicia ordinaria, conocida habitualmente como la ley de independencia judicial. El texto supone un avance: refuerza la participación de los magistrados en la elección de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura, desarrolla ciertos aspectos del autogobierno judicial e introduce nuevas garantías para los jueces.

Pero el texto sigue suscitando críticas. El 5 de septiembre de 2025, el presidente de la República, Joseph Aoun, lo devuelve al Parlamento. Entre las objeciones destaca la facultad otorgada al fiscal general ante el Tribunal de Casación para ordenar la interrupción de un proceso penal en curso. Esta disposición es especialmente delicada: la justicia puede parecer independiente y, aun así, seguir siendo vulnerable si una autoridad jerárquica puede poner fin a un procedimiento concreto.

El Parlamento retoma entonces el texto y vuelve a aprobarlo el 18 de diciembre de 2025. Se suprime la disposición más controvertida, relativa a la paralización de los procesos penales. El texto se convierte en la Ley n.º 36, de 5 de enero de 2026, publicada en el Diario Oficial el 15 de enero.

Entonces se produce un episodio casi paradójico. El 25 de febrero de 2026, el Consejo Constitucional anula la ley en su totalidad. No porque la independencia judicial sea contraria a la Constitución. Todo lo contrario. El Consejo considera que debería haberse consultado al Consejo Superior de la Magistratura sobre la versión definitiva de la reforma antes de su aprobación. A su juicio, esta consulta constituye un trámite esencial que se deriva precisamente del artículo 20 y de la independencia del poder judicial.

La distinción es fundamental: el Parlamento no está obligado a acatar el dictamen del Consejo Superior de la Magistratura, pero sí debe solicitarlo. En otras palabras, la representación nacional conserva su potestad legislativa, pero no puede reorganizar a fondo el poder judicial sin permitir que la institución afectada se pronuncie.

Tras esta anulación, el proceso se reanudó. Se solicitó oficialmente el dictamen del Consejo Superior de la Magistratura, que terminó de elaborar sus observaciones en el verano de 2026. Por tanto, más que ante el fracaso definitivo de una reforma, estamos ante la oportunidad de retomarla sobre bases más sólidas.

El verdadero problema: ¿quién tiene el poder sobre la carrera del juez?

A menudo se comete el error de reducir la independencia judicial a la prohibición de que un ministro o un diputado llame por teléfono a un juez. La influencia más eficaz rara vez es tan burda. Puede ejercerse antes: en el nombramiento, el ascenso, el traslado, el acceso a un cargo importante o, a la inversa, ante la perspectiva de una carrera estancada. La propia ley, que fue anulada, ilustraba esta ambigüedad. Reforzaba el Consejo Superior de la Magistratura, pero mantenía la intervención del Ejecutivo en la designación de varios de sus miembros natos. Para algunos puestos, el Consejo tenía que proponer tres nombres, entre los cuales el Consejo de Ministros elegiría. El avance respecto al sistema anterior era real, pero el vínculo con el poder político no se había roto por completo.

La cuestión de los traslados es igualmente fundamental. Trasladar a un juez puede ser tan eficaz como darle una orden. Un magistrado que sabe que una decisión delicada podría comprometer su futura asignación no se encuentra en la misma situación que un magistrado que goza de una verdadera inamovilidad.

Por último, la fiscalía plantea una dificultad particular. Un fiscal no se encuentra exactamente en la misma situación que un juez en funciones: la fiscalía opera necesariamente con determinada jerarquía. Pero esta jerarquía nunca debe convertirse en un medio para proteger a una persona en particular o para hacer desaparecer un asunto inconveniente.

También hay que evitar el exceso contrario

Sin embargo, sería peligroso concluir que basta con poner todos los poderes en manos de los magistrados. Una justicia independiente no debe convertirse en una corporación cerrada que elija por sí sola a sus miembros, gestione por sí sola las carreras, fiscalice por sí sola sus propias faltas y, en definitiva, solo rinda cuentas ante sí misma.

El reto consiste, por tanto, en alcanzar un equilibrio: proteger plenamente al juez cuando juzga y, al mismo tiempo, someter a la institución judicial a normas de transparencia, competencia, responsabilidad y control. La independencia no es impunidad. Y el control democrático no es sumisión política.

Diez artículos para refundar la independencia judicial

Artículo 1 – Independencia jurisdiccional

El juez ejerce sus funciones con plena independencia. Al examinar y resolver un caso concreto, no recibe instrucciones de ninguna autoridad política, administrativa, religiosa, judicial o privada. Todo intento de injerencia en un procedimiento concreto queda prohibido y será sancionado por la ley.

Artículo 2 – Consejo Superior de la Magistratura

El Consejo Superior de la Magistratura está integrado por quince miembros: ocho magistrados elegidos por sus pares; dos abogados elegidos por los colegios de abogados de Beirut y Trípoli; dos profesores de Derecho elegidos mediante un procedimiento organizado entre las facultades de Derecho acreditadas; dos personalidades independientes elegidas por la Cámara de Diputados por mayoría de dos tercios; y el primer presidente del Tribunal de Casación. Los miembros ejercen un mandato de seis años, no renovable. Ningún gobierno puede destituir a un miembro antes de que concluya su mandato, salvo por resolución judicial o disciplinaria firme.

Artículo 3 – Nombramientos y ascensos

Todo puesto judicial que deba cubrirse mediante nombramiento o ascenso estará sujeto a criterios publicados previamente, relativos, en particular, a la competencia, la integridad, la experiencia, la antigüedad, la productividad y la evaluación profesional. El Consejo Superior de la Magistratura deberá motivar su elección. El nombramiento por decreto constituye el acto formal de ejecución de esta decisión y no podrá servir para sustituir por otro al candidato seleccionado conforme al procedimiento legal.

Artículo 4 – Inamovilidad

Ningún juez podrá ser trasladado sin su consentimiento antes de haber cumplido cinco años en su destino, salvo en caso de ascenso aceptado, reorganización judicial objetivamente justificada o sanción disciplinaria firme. Toda excepción deberá motivarse por escrito y podrá ser recurrida.

Artículo 5 – Autonomía del ministerio público

El fiscal general ante el Tribunal de Casación puede dictar directrices generales de política penal. Toda instrucción relativa a un asunto concreto deberá formularse por escrito, estar motivada, incorporarse al expediente y poder someterse a control. Nadie podrá ordenar el archivo, la suspensión o el desistimiento de una acción penal con el fin de proteger a una persona determinada.

Artículo 6 – Inspección judicial independiente

La Inspección Judicial ejerce sus funciones con independencia del ministro de Justicia. Supervisa el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, los plazos, la integridad, los conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones profesionales. No podrá sancionar a un magistrado por la interpretación del derecho o la valoración de los hechos contenidas en una resolución judicial, salvo que exista una infracción disciplinaria distinta y acreditada.

Artículo 7 – Disciplina y recursos

La autoridad encargada de investigar una infracción judicial será distinta de la que deba imponer la sanción. El magistrado tendrá derecho a un procedimiento contradictorio, al acceso a su expediente, a la asistencia letrada y a recurrir ante un órgano jurisdiccional independiente. Las resoluciones disciplinarias firmes deberán estar motivadas y hacerse públicas respetando la vida privada.

Artículo 8 – Autonomía presupuestaria

El poder judicial dispondrá de un capítulo presupuestario propio. El proyecto de presupuesto de la justicia será elaborado por el Consejo Superior de la Magistratura, integrado en el proyecto de presupuestos generales del Estado y aprobado por la Cámara de Diputados. La ejecución presupuestaria no podrá utilizarse para influir en la tramitación de un asunto ni en la carrera de un magistrado.

Artículo 9 – Transparencia y patrimonio

Los magistrados que ocupen cargos superiores declararán periódicamente su patrimonio y sus intereses conforme a la ley. Toda variación patrimonial manifiestamente incompatible con los ingresos declarados podrá dar lugar a una investigación por parte de la autoridad competente, con respeto a la presunción de inocencia y a los derechos de la defensa.

Artículo 10 – La competencia por encima de la afiliación

Ningún nombramiento, asignación de destino, ascenso o traslado judicial podrá condicionarse, directa o indirectamente, a la afiliación religiosa o política del magistrado, salvo que así lo exija expresamente la Constitución. Los cargos judiciales se asignarán conforme a los criterios de competencia, integridad y experiencia previstos en la ley.

Qué cambiaría con esta estructura

El sistema propuesto no priva al Parlamento de sus atribuciones. El Parlamento sigue aprobando las leyes y el presupuesto. El Gobierno sigue gobernando. El presidente de la República sigue ejerciendo las competencias que le atribuye la Constitución. Pero ninguno de estos poderes podrá convertir la carrera judicial en un instrumento de recompensa, castigo o negociación.

Por su parte, el Consejo Superior de la Magistratura adquiere una verdadera autonomía, pero no se abandona a una lógica exclusivamente corporativista: en su composición participan abogados, académicos y personalidades independientes. Un órgano se encarga de la investigación; otro, de la función disciplinaria; y sigue existiendo la posibilidad de interponer recursos. De este modo, el poder se fragmenta para evitar que una sola institución controle simultáneamente la trayectoria profesional, la investigación y el castigo.

Por último, la reforma debería romper progresivamente con una costumbre profundamente arraigada en el Líbano: la de considerar ciertas funciones del Estado como propiedad de una comunidad o de una facción política. La justicia no puede llegar a ser realmente independiente si, detrás de cada puesto importante, la primera pregunta sigue siendo: ¿a qué comunidad o a qué bando le corresponde? El juez debe recuperar una identidad institucional sencilla: no es el representante de una comunidad. Es el juez de todos.

Una cuestión de cimientos

Al Líbano no le faltan leyes. A menudo le faltan mecanismos capaces de proteger la ley frente a quienes ostentan el poder en un momento dado. Esa es precisamente la función de una justicia independiente.

En este sentido, lo ocurrido en 2025-2026 puede interpretarse como algo más que un fracaso. El Consejo Constitucional recordó al Parlamento que la independencia judicial no se construye descuidando las garantías institucionales de la propia justicia. Ahora corresponde al legislador ir más allá y corregir no solo el vicio de procedimiento, sino también las dependencias estructurales que persisten.

La justicia debe ser independiente del poder, sin convertirse ella misma en un poder sin control.

Solo así el artículo 20 de la Constitución dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad institucional. Y quizá sea ese uno de los cimientos más indispensables para la reconstrucción del Estado libanés.

Referencias documentales

– Consejo Constitucional libanés, decisión n.º 1/2026, de 25 de febrero de 2026, relativa a la Ley n.º 36, de 5 de enero de 2026, sobre la organización de la justicia ordinaria.

– Ley n.º 36, de 5 de enero de 2026, sobre la organización de la justicia ordinaria, Diario Oficial n.º 3, de 15 de enero de 2026.

– Comisión Nacional de Derechos Humanos del Líbano, Informe anual 2025, sección “Independencia judicial”.

– Human Rights Watch, Informe mundial 2026 – Líbano, sección “Independencia judicial”.

– L’Orient Today, 25 de febrero de 2026, “El Consejo Constitucional anula la ley sobre la independencia judicial”; 3 de julio de 2026, “Proyecto de ley sobre la independencia judicial: el Consejo Superior de la Magistratura ultima sus observaciones”.

Bernard Raymond Jabre es analista financiero y especialista en ciclos.

bjabre@aleph.bz