¿Por qué rechazar la tutela de Rubio para darle un poder a Irán?

Se puede cuestionar la política estadounidense, dudar de la capacidad de Washington para presionar a Israel y criticar cualquier vía de negociación que no logre proteger al Líbano. Son derechos políticos legítimos, e incluso deberes, cuando están en juego el territorio, la población y la soberanía. Pero afirmar que el Estado se equivocó al elegir la vía de Rubio y que debió sumarse a las negociaciones de Islamabad plantea una pregunta más sencilla que todos los análisis: ¿qué lugar ocuparía el Líbano en la alternativa propuesta? ¿Y quién hablaría en su nombre?

Si lo que se propone es que Irán negocie el expediente libanés en el marco de sus propias conversaciones, estamos ante una propuesta de renunciar a la capacidad nacional de decisión en beneficio de otro Estado. Así, la discrepancia se reduce a determinar quién ejerce la tutela, mientras el Líbano sigue siendo un asunto puesto sobre la mesa, a la espera de que otros decidan su futuro.

Lo llamativo es que algunos de los más fervientes adversarios de las imposiciones estadounidenses no tienen reparos en delegar esa autoridad en Teherán. Le exigen al Estado que no escuche a Rubio y después le proponen que se atenga a los resultados de unas negociaciones en las que no participó. Como si la independencia frente a Washington se consiguiera otorgándole un poder a Irán.

El Líbano necesita un lugar en la mesa de negociaciones. Y ese lugar supone una delegación libanesa investida de un mandato libanés, que presente exigencias claras y rinda cuentas de sus gestiones ante las instituciones constitucionales. En cambio, meter el expediente libanés en el maletín de un negociador iraní significaría subordinar nuestras prioridades a las necesidades de su propia negociación.

La cuestión deja entonces de ser si Irán es amigo o adversario, o si confiamos en sus intenciones. Los Estados negocian para defender sus intereses. Los de Teherán pueden coincidir con los del Líbano en determinados asuntos y entrar en conflicto con ellos en otros. Irán tiene derecho a establecer sus prioridades, pero el Estado libanés tiene el deber de impedir que otro país determine qué prioridad se concede a los derechos de sus ciudadanos.

Si sobre la mesa se encuentran las sanciones, la seguridad regional, las capacidades militares y las relaciones con Estados Unidos, ¿quién garantiza qué lugar ocupará el Líbano entre esos expedientes? ¿Qué impediría que la calma en su frente se convirtiera en moneda de cambio dentro de una negociación más amplia? ¿Y quién tendría derecho a objetar si el negociador iraní considerara que ha obtenido una ventaja que justifica hacer una concesión en un asunto cuyo costo directo no recaerá sobre su propio pueblo?

En estas circunstancias, el mandato incluiría la facultad de establecer un orden de prioridades entre las exigencias, aplazar algunas y aceptar compromisos sobre otras. Ningún actor libanés tiene derecho a delegar semejante facultad en el extranjero, porque afecta los derechos de todos los libaneses.

Se nos dice que la vía respaldada por Washington podría no conducir a ningún resultado. Es una posibilidad que debe tomarse en serio. Pero el fracaso o estancamiento de un proceso de negociación exige revisar sus instrumentos, condiciones y garantías. No convierte la renuncia al derecho de negociar en una decisión más sensata. El Estado puede solicitar mayor respaldo diplomático, garantías más claras o una participación internacional más eficaz. Puede plantear objeciones, rechazar una propuesta injusta y reconsiderar su posición. Todo ello forma parte del ejercicio de la soberanía.

Esperar a ver qué consigue Irán, en cambio, privaría al Líbano incluso del derecho a decidir cuándo decir sí o no.

Del mismo modo, llamar "la vía de Rubio" a cualquier opción libanesa equivale a reducir la voluntad del Estado a la de un secretario de Estado extranjero, dando a entender que sus instituciones carecen de voluntad e intereses propios. Una simplificación semejante requiere pruebas. El criterio para juzgar una negociación debe ser su contenido. ¿Contribuye a poner fin a las agresiones? ¿Exige la retirada y la recuperación del territorio? ¿Garantiza el regreso de los habitantes? ¿Fortalece la autoridad del Estado y su control exclusivo sobre las armas? ¿Qué garantías y mecanismos de implementación contempla?

Si esa vía no cumple estos criterios, debe ser criticada en función de ellos. Si consigue avances, debe ser evaluada por sus resultados. Rechazarla únicamente por la identidad del mediador no constituye una política alternativa.

Lo mismo se aplica a las negociaciones con Israel. Puede haber diferencias sobre su formato, el momento de celebrarlas y el nivel de representación. Pero negociar es un medio para afrontar un conflicto que tiene un elevado costo humano y nacional. Un Estado que negocia reivindica sus derechos, examina las posibilidades de hacerlos valer y asume la responsabilidad de su posición ante su pueblo. Eso no significa absolver a la otra parte ni aceptar de antemano sus condiciones.

Lo paradójico es que se rechace que el Líbano negocie con Israel, pero se acepte que Irán negocie el futuro del Líbano. Según esta lógica, el problema sería que los libaneses quieran hablar por sí mismos. Mientras tanto, el contenido de las negociaciones y las concesiones o acuerdos que puedan surgir de ellas quedarían en manos de quien tenga la facultad de hablar en su nombre.

Los habitantes del sur, especialmente los chiitas que pagan el precio de los enfrentamientos en sus hogares, sus medios de subsistencia y el futuro de sus hijos, tienen un interés directo en poner fin a esta representación. Tienen derecho a saber quién exige su regreso, qué condiciones se están discutiendo y qué se acepta o rechaza en su nombre. Y tienen derecho a exigir cuentas. Ningún ciudadano libanés puede pedirle cuentas a un negociador iraní, modificar sus prioridades ni exigirle que revele lo ocurrido a puerta cerrada.

Por eso, que el Estado recupere el control de las negociaciones forma parte de la recuperación de su responsabilidad hacia estas poblaciones. No se le puede exigir que las proteja y, al mismo tiempo, impedirle disponer de los instrumentos políticos y diplomáticos necesarios para hacerlo. Tampoco es coherente acusarlo de incapacidad mientras se insiste en mantener las decisiones sobre la guerra y las negociaciones fuera de sus instituciones.

Quien quiera cuestionar la decisión del Estado debe presentar una alternativa que precise las exigencias, los medios, las garantías y la autoridad que responderá ante los libaneses. En cuanto a la afirmación de que "debimos haber ido a Islamabad", seguirá siendo incompleta mientras no responda a la pregunta fundamental: ¿iríamos como un Estado que negocia o como un expediente sobre cuyo destino negocian los iraníes?

No se nos pide que confiemos en Rubio ni que le demos un cheque en blanco a ningún mediador. Se trata de reconocer el derecho del Líbano a hacerse cargo de su propia causa y exigirle cuentas a su Estado por la manera en que la defiende. Quien rechaza que los estadounidenses decidan por nosotros debe rechazar con la misma claridad que los iraníes lo hagan.

El Líbano no necesita cambiar de apoderado. Ya es hora de recuperar su firma.