Explosivos de Dahr el-Baydar: ¿hacia el fin de la complacencia?

Los libaneses no necesitan una nueva explosión para recordar los peligros que implica transportar explosivos entre las distintas regiones del país. Basta con que se intercepte un cargamento en el puesto de control de Dahr el-Baidar para que vuelvan a la memoria las imágenes de automóviles calcinados, fachadas destruidas, víctimas y preguntas que quedaron sin respuesta.

En un país que ha sido escenario de asesinatos e intentos de asesinato con implicaciones políticas, el transporte de cientos de kilogramos de materiales explosivos no puede tratarse como una infracción común. Estamos ante una amenaza directa a la seguridad nacional y una prueba de la capacidad del Estado para proteger a la población antes de que se cometa un crimen, en lugar de limitarse a documentar sus consecuencias después de ocurrido.

Según información difundida por la Agencia France-Presse, que cita a una fuente judicial, dos personas sospechosas de pertenecer a Hezbolá fueron detenidas mientras transportaban cerca de media tonelada de explosivos, entre los que presuntamente había TNT y C-4. Sin embargo, los datos publicados no permiten determinar de manera concluyente la naturaleza de sus vínculos con la organización, el contenido de sus declaraciones ante los investigadores, el destino del cargamento ni el propósito de su traslado. Por ello, resulta urgente que se den a conocer los hechos comprobados por la justicia, para evitar que el caso se convierta en una sucesión de filtraciones, desmentidos cruzados y maniobras de protección política.

Pero el hecho de que la investigación aún no haya concluido no justifica que se entierren las preguntas fundamentales. ¿De dónde procedían los materiales? ¿A quién pertenecían? ¿Quién ordenó trasladarlos? ¿Quién facilitó su paso? ¿Quién debía recibirlos? ¿El cargamento tenía como destino algún lugar del Líbano? ¿Estaba relacionado con otras operaciones que ya se habían preparado o ejecutado?

No se deben sacar conclusiones definitivas antes de reunir todas las pruebas, pero tampoco se puede ignorar la posibilidad de que el cargamento formara parte de operaciones dirigidas contra objetivos dentro del territorio libanés. Guardar silencio ante indicios de esta magnitud no protege la estabilidad. Por el contrario, puede dejar al país expuesto a nuevas operaciones.

La detención de quienes transportaban los explosivos representa el comienzo de la investigación, no su conclusión. Si las pruebas revelan la existencia de una red o la participación de otras partes, las autoridades deberán identificarlas y procesar a todos los implicados, respetando los procedimientos legales y la presunción de inocencia. En cambio, limitarse a detener a los posibles ejecutores mientras quienes tomaron las decisiones permanecen en la sombra no constituiría una investigación completa, sino una reproducción de la lógica de la impunidad.

Una memoria respaldada por decisiones judiciales

Evocar el asesinato de Rafic Hariri no significa formular una nueva acusación en el caso de Dahr el-Baidar ni prejuzgar la culpabilidad de los detenidos. Sin embargo, permite recordar un proceso judicial que concluyó con condenas contra individuos y reafirmar que los crímenes políticos no deben quedar sepultados en el olvido ni convertirse en asuntos que la justicia tenga prohibido investigar.

El Tribunal Especial para el Líbano declaró culpable a Salim Jamil Ayyash en 2020 por su participación en el atentado del 14 de febrero de 2005. Posteriormente, la Sala de Apelaciones declaró culpables a Hassan Habib Merhi y Hussein Hassan Oneissi en 2022, y los tres fueron condenados a cadena perpetua. Por otra parte, la sentencia no estableció la responsabilidad de la dirigencia de Hezbolá ni de la organización en su conjunto por el asesinato de Hariri. La condena de individuos no implica automáticamente la condena de la organización a la que se les vincula. Del mismo modo, la negativa de Hezbolá a cooperar con el Tribunal no modifica el contenido de las sentencias ni justifica conclusiones que vayan más allá de lo establecido en ellas.

También existe una acusación formal contra Ayyash por los atentados contra Marwan Hamadeh, George Hawi y Elias Murr. Sin embargo, ese procedimiento no desembocó en sentencias definitivas, ya que las actuaciones se suspendieron por falta de financiamiento. Por lo tanto, es necesario distinguir entre acusación y condena, sin pasar por alto estos expedientes dentro del historial judicial del Tribunal.

En consecuencia, cualquier posible vínculo entre el cargamento de Dahr el-Baidar y casos anteriores debe permanecer en el terreno de las preguntas y el análisis, no de las conclusiones categóricas. Esto no reduce la gravedad del asunto. Por el contrario, hace que la investigación sea todavía más urgente, especialmente si existe la posibilidad de que se pretendiera atacar a personalidades, regiones o instituciones libanesas.

Materiales explosivos similares… ¿Qué demuestra eso?

La sentencia del caso Hariri concluyó que se habían utilizado explosivos a base de RDX, sustancia que constituye el principal componente explosivo del C-4, mencionado entre los materiales incautados en Dahr el-Baidar, según los informes publicados.

Lo que esta similitud permite establecer es que el caso merece el máximo rigor en su investigación. Se debe determinar el destino del cargamento, las partes que supuestamente iban a recibirlo, los posibles objetivos y cualquier operación de vigilancia o preparación realizada antes de su incautación. La población tiene derecho a conocer, dentro de los límites que permiten la ley y el buen desarrollo de la investigación, la naturaleza de los materiales incautados, su procedencia y su destino. Pero ese derecho no anula la presunción de inocencia, así como tampoco se puede utilizar esta última como pretexto para ocultar información o proteger a personas influyentes.

Ninguna inmunidad en nombre de los equilibrios políticos

El Estado debe aplicar la ley a toda persona cuya responsabilidad quede demostrada, sin distinciones por afiliación política o posición dentro de una organización. No se trata de detener a personas por el simple hecho de pertenecer a un grupo, sino de adoptar las medidas legales correspondientes contra quienes tengan en su contra indicios serios de implicación, respetando el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Pero respetar la ley no significa vacilar, y respetar los equilibrios políticos no significa paralizar la justicia. La afiliación partidista no debe convertirse en un escudo, los cargos de dirección no deben conferir inmunidad y el temor a las reacciones no puede servir de justificación para que un cargamento de explosivos permanezca sin que se identifique a quien ordenó su traslado.

Tampoco se debe permitir que el caso de Dahr el-Baidar se convierta en una confrontación con los libaneses chiíes. Proteger a los ciudadanos de los peligros de las armas y los explosivos es una responsabilidad colectiva, y someter a cualquier grupo al imperio de la ley debe basarse en los hechos y las pruebas, no en la confesión religiosa ni en la identidad colectiva. A las comunidades no se las protege encubriendo a los implicados, sino evitando que sus integrantes se conviertan en rehenes de las armas ilegales o en víctimas de conflictos sobre los que no tienen poder de decisión.

Si Hezbolá niega cualquier relación con el cargamento, esa negativa debe verificarse mediante la investigación judicial y las pruebas, no únicamente a través de declaraciones en los medios. Cooperar con las autoridades competentes, cuando se solicite conforme a los procedimientos legales, no constituye una concesión política, sino una responsabilidad ante un caso que amenaza la seguridad de todos los libaneses.

Esta vez, antes de la explosión

La incautación del cargamento en el puesto de control debe ir seguida de una investigación realizada con profesionalismo y firmeza que determine la naturaleza de los materiales, su procedencia, su destino y las partes relacionadas con ellos. Si las pruebas conducen a responsables de mayor jerarquía, la justicia deberá llegar hasta ellos, independientemente de sus cargos o de las fuerzas que los protejan.

El Líbano ha pagado un precio muy alto por la tardanza o la ausencia de rendición de cuentas. Cada crimen que quedó impune transmitió a los asesinos el mensaje de que el Estado podía doblegarse a su voluntad, y a la población, que sus vidas valían menos que los intereses de los grupos poderosos. Hacer frente a este legado no consiste en dictar juicios anticipados, sino en fortalecer la independencia judicial, proteger las investigaciones, ejecutar las sentencias firmes y respetar los derechos de todas las partes.

El cargamento de Dahr el-Baidar coloca al Estado ante una oportunidad de actuar antes de que ocurra una catástrofe. Se necesita una investigación independiente y transparente que determine la procedencia de los explosivos, su destino y las partes responsables de su traslado; que examine seriamente la posibilidad de que estuvieran vinculados con operaciones dirigidas contra objetivos dentro del país; y que permita exigir responsabilidades a todos aquellos cuya participación quede demostrada, sin excepciones ni concesiones, y sin extender las acusaciones más allá de lo que permitan las pruebas.

Esta vez, no basta con incautar el cargamento. Hay que identificar a su propietario, exigir cuentas a quienes lo transportaron, averiguar adónde se dirigía e impedir que algo semejante vuelva a ocurrir. Porque la complacencia antes de la explosión no es neutralidad, sino una forma de participar en la espera de la catástrofe.