Líbano: los clanes políticos asfixiaron al Estado y Hezbolá lo devoró

¿Cómo llegó el Líbano a semejante grado de deterioro, hasta el punto del colapso? ¿Qué impide al Estado ejercer sus prerrogativas soberanas, entre ellas el monopolio de la violencia, la facultad de decidir sobre la guerra y la paz y la de definir una política exterior acorde con sus intereses?

Quien examine de manera crítica e imparcial el primer siglo de existencia del Estado libanés encontrará que la clase política gobernante se ha comportado de una forma singular desde la independencia hasta nuestros días. Aunque los primeros fundadores del Gran Líbano pretendían consolidar los conceptos de ciudadanía, lealtad a la patria y derecho a la autodeterminación, las prácticas de los dirigentes políticos terminaron provocando una “confiscación de la ciudadanía” y el debilitamiento de la lealtad nacional, hasta su desaparición entre algunos sectores, en beneficio de los líderes confesionales, las grandes familias y las lealtades extranjeras.

El comportamiento de la élite gobernante, calificada por sus adversarios como una “oligarquía confesional y financiera”, ha girado en torno a una política destinada a mantener al individuo subordinado al dirigente político en todos los aspectos esenciales de su vida: empleo, educación, salud e incluso cuando debe resolver alguna infracción. Tiene que solicitar la intervención del líder para obtener, en forma de favores personales, derechos que deberían estarle garantizados, asegurando así la perpetuación de su dependencia.

Esta política tiene un nombre: “clientelismo”, que con el paso del tiempo se convirtió en un mecanismo habitual del funcionamiento sociopolítico.

Este mecanismo se apoya en otro pilar fundamental, que lo alimenta y actúa junto a él: el fenómeno del liderazgo tradicional. Por medio de intermediarios y aliados, los líderes tradicionales intercambian servicios de toda índole, sociales, económicos, administrativos y sanitarios, a cambio de lealtad política y del respaldo de sus seguidores y militantes.

Puesto que el liderazgo tradicional descansa en la fidelidad de los miembros de una comunidad confesional hacia su dirigente, esa comunidad se ha convertido en la intermediaria obligatoria entre el individuo subordinado y el Estado.

La clase política gobernante ha sometido los recursos públicos a sus propios intereses mediante el “clientelismo parlamentario y ministerial”, es decir, el reparto de cuotas de poder y recursos conocido como muhasasa, en beneficio de fondos y consejos confesionales, así como de las redes de favoritismo.

De este modo, el sistema de “intermediación obligatoria” se institucionalizó, transformando los derechos en concesiones graciosas y actos de caridad e impidiendo que se estableciera una relación jurídica directa entre el individuo y el Estado.

El debilitamiento de las capacidades y la pérdida de derechos

Las autoridades debilitaron deliberadamente la capacidad y la eficacia de las administraciones públicas, los hospitales gubernamentales y las escuelas públicas. El objetivo de este debilitamiento estructural de las instituciones estatales era obligar al ciudadano a recurrir al “líder” o al partido confesional para conseguir una cama de hospital, un empleo en el sector público o una beca de estudios.

Conseguir un empleo público o recibir atención médica dejó de considerarse un derecho que el ciudadano puede exigir al Estado al que paga impuestos. Todo ello se transformó en “servicios” que debe mendigar al dirigente político, convirtiéndose así en un “cliente” dentro de su imperio, sostenido por las lealtades familiares y confesionales. Quien se libera de la tutela de su familia queda fuera de la red de protección que esta garantiza a quienes permanecen fieles tanto a ella como al líder político.

La sumisión a las autoridades religiosas en los asuntos de la vida y la muerte

El apartado (c) del preámbulo de la Constitución, incorporado en 1990 en el marco del Acuerdo de Taif, establece:

“El Líbano es una república democrática parlamentaria basada en el respeto de las libertades públicas, en primer lugar la libertad de opinión y de conciencia, en la justicia social y en la igualdad de derechos y deberes entre todos los ciudadanos, sin discriminación ni preferencia”.

A continuación aparece el artículo 9, que mantiene al individuo sometido a su comunidad confesional y a sus autoridades espirituales y religiosas. Aunque este artículo constitucional garantiza la libertad absoluta de conciencia, también establece que el Estado “garantiza asimismo a las poblaciones, cualquiera que sea su confesión, el respeto de su régimen de estatuto personal y de sus intereses religiosos”.

De este modo, obliga al ciudadano a regresar al seno de su comunidad confesional para todos los asuntos relacionados con el estatuto personal: matrimonio, nacimiento, defunción y herencia. Es decir, lo coloca por completo bajo la autoridad de los dirigentes religiosos. Los responsables políticos entregaron así la totalidad del “cuerpo social” a los hombres de religión de las distintas comunidades y confesiones, en lugar de adoptar una legislación civil unificada que garantizara la igualdad entre los libaneses.

¿Dónde quedó entonces la igualdad proclamada en el apartado (c)? ¿Cómo conciliar este artículo, que divide y separa a los libaneses según sus comunidades y confesiones en los aspectos más fundamentales de su vida y su existencia, con el artículo 7, que establece que “todos los libaneses son iguales ante la ley. Gozan por igual de los derechos civiles y políticos y están sujetos por igual a las obligaciones y deberes públicos, sin distinción alguna”?

Así quedó anulado el principio de “igualdad ante la ley”.

La ciudadanía quedó fragmentada. Los derechos de las mujeres y los niños, al igual que los derechos hereditarios, cambian simplemente al pasar de una confesión religiosa a otra. Esto ha arraigado en la conciencia del individuo la idea de que su protección fundamental procede de su comunidad confesional, dotada de una legislación propia, y no del Estado, ausente como autoridad legislativa común.

La política como propiedad privada

Otra dinámica consolidó el poder de los reyes y príncipes de las comunidades confesionales: la sucesión hereditaria dentro de las familias políticas, arraigada en el feudalismo político, que convirtió la política en una profesión transmitida como si fuera una propiedad privada.

Desde el nacimiento del Estado libanés se ha consolidado una clase política integrada por familias gobernantes que se transmiten el poder de generación en generación como si fuera un patrimonio privado. Los mismos apellidos se repiten constantemente en los cargos políticos.

Antes de la guerra civil, los políticos procedían generalmente del feudalismo. Después de la guerra y de la firma del Acuerdo de Taif, el poder pasó a manos de los señores de la guerra. Los cargos políticos en el Líbano se convirtieron así en una especie de “patrimonio familiar hereditario” o quedaron bajo el control de partidos armados.

Las agencias exclusivas y los monopolios

El dominio de las grandes familias se consolida mediante el control de los precios, no gracias a una superioridad comercial. La legislación libanesa protege las llamadas “agencias exclusivas”: monopolios establecidos por ley que prohíben la importación de determinadas marcas comerciales cuando estas cuentan con un representante local registrado ante el Ministerio de Economía.

Del mismo modo, el financiamiento bancario permanece concentrado en manos de ciertas familias, que son a su vez socias o accionistas representadas en los consejos de administración de los bancos.

Estos poderosos cárteles se distribuyen entre un número reducido de familias en sectores fundamentales: petróleo, energía y alimentos; automóviles y maquinaria pesada; productos médicos y farmacéuticos; grandes industrias familiares y materiales de construcción.

Cada uno de estos sectores cuenta con protección confesional y política. Cuando alguien intenta abrir las puertas a la competencia, interviene un veto confesional con el pretexto de defender los derechos de la comunidad. En realidad, los tiburones de las finanzas y los dirigentes políticos se protegen mutuamente.

De ahí la transmisión de los escaños parlamentarios y de las carteras ministeriales de generación en generación. La situación tampoco ha cambiado con el ascenso de ciertos partidos surgidos de las milicias o basados en identidades confesionales, que han reproducido las mismas prácticas con una personalización excesiva del poder.

Por eso se ha extendido entre los libaneses la sensación de que quienes los gobiernan no constituyen un Estado al que se pueda exigir explicaciones y responsabilidades, sino “feudos confesionales y políticos” cerrados a cualquier cambio. De este modo, volvió a imponerse la condición de súbditos: la lealtad del hijo y del nieto garantiza la continuidad de la dominación y del monopolio.

Por consiguiente, cualquier reforma o transformación en el Líbano exige no solo que las armas queden bajo el control exclusivo del Estado y que se combata la corrupción política, sino también que se desmantele la estructura monopolística sobre la que descansa la economía libanesa y se permita la libre competencia económica.

La movilización y la subordinación al extranjero

Para preservar la cohesión de sus bases populares y su fidelidad hacia los dirigentes confesionales, quienes controlan la política libanesa han recurrido a un mecanismo de movilización basado en la “producción permanente del miedo al otro”.

Esto dio lugar a un segundo pilar para mantener la lealtad de los seguidores de cada comunidad: la instrumentalización del “complejo de asedio confesional”.

Cada dirigente adopta un discurso según el cual la otra comunidad, pese a compartir la misma patria, pretende eliminarnos, reducir nuestra parte de los beneficios del Estado o modificar el rostro civilizatorio del Líbano.

En consecuencia, cada comunidad ha buscado vincularse con potencias y bloques regionales para hacer frente a ese supuesto asedio. Se ha convocado al extranjero contra los socios del interior, convirtiéndolo en un instrumento de presión que cada comunidad esgrime en el juego de los equilibrios internos frente a las demás.

Adiós a la ciudadanía

El “miedo” a las demás comunidades, constantemente sospechosas de querer “quitarnos parte de lo que nos corresponde”, se convirtió así en el motor de las elecciones.

Cuando ese miedo pasa a ser el principal impulso del voto, los candidatos y los partidos ya no necesitan presentar programas políticos, económicos o ambientales. Todos razonan de la misma manera: votamos por este sector porque representa un “escudo protector” frente a las otras comunidades confesionales.

Todo ello ha obstaculizado el surgimiento de un sentimiento nacional integrador, fundado en la lealtad a la patria. El libanés vota de acuerdo con su fidelidad confesional y, detrás de ella, con lealtades regionales que trascienden las fronteras.

La ausencia de un libro común de educación cívica y el desconocimiento de la memoria compartida

A ello se suma la ausencia de un libro común de formación cívica nacional, que las autoridades no han logrado elaborar a lo largo de los años.

De esta manera, se ha mantenido a la población en la ignorancia de su memoria histórica compartida, mientras los responsables políticos han evitado enfrentarse a sus propias actuaciones durante la guerra civil.

Han dejado la enseñanza de la historia a las escuelas privadas, religiosas y confesionales, así como a los establecimientos de las misiones. Cada grupo glorifica a sus propios héroes y condena a los de los demás, lo que vuelve casi imposible construir una memoria nacional compartida, indispensable para una ciudadanía auténtica.

La captura de las funciones del Estado por Hezbolá

En una determinada etapa, después de la retirada israelí del sur del Líbano y del regreso del ejército sirio a su país, un nuevo actor irrumpió en el panorama político libanés: Hezbolá.

Este nuevo actor proporcionó un respaldo estructural al poder político al tejer con él redes de intereses y dependencias mutuas, mediante una serie de pasos graduales que terminaron alcanzando un éxito completo.

¿Cuáles fueron esos pasos?

A partir de 2006 tomó forma un nuevo modelo de gobierno que utilizó a la “oligarquía confesional tradicional” para heredar la hegemonía siria.

Ejerció una “doble hegemonía” que combinaba una superioridad de fuerza, sustentada en las armas y en una violencia calculada, con un pragmatismo clientelar basado en el intercambio de intereses con las élites.

El mecanismo de la violencia decisiva y la disuasión

El partido no adoptó la fórmula de una presencia militar directa, como había hecho Siria. En cambio, recurrió a distintas formas de violencia localizada, desde los asesinatos hasta la ocupación de plazas públicas mediante plantones, pasando por enfrentamientos abiertos entre 2006 y 2008.

Posteriormente intensificó su ofensiva el 7 de mayo, fecha que marcó un giro decisivo en su comportamiento, al dirigir sus armas hacia el interior del país.

Más adelante impuso un veto constitucional dentro del Consejo de Ministros, al obtener el tercio de bloqueo mediante el Acuerdo de Doha.

A partir de entonces bastó con hacer salir a la calle a las “camisas negras”: un mensaje de terror velado se había vuelto suficiente para imponer cambios políticos en el Líbano. Las elecciones ya no determinaban el ejercicio del poder.

La intimidación mediante los asesinatos

Este proceso estuvo acompañado por una serie de asesinatos de figuras políticas y de seguridad opuestas al partido. Después de Rafic Hariri, fue asesinado el comandante del Ejército François al-Hajj, al igual que Mohammad Chatah, Wissam Hassan, Wissam Eid y, finalmente, Lokman Slim.

Tras los intentos de obstaculizar el funcionamiento del tribunal militar, el partido pasó a amenazar directa y públicamente al poder judicial, en particular por medio de Wafiq Safa.

De este modo impuso su propia “inmunidad penal y de seguridad absoluta”, situándose por encima del Estado libanés y de sus leyes.

El gran intercambio: las armas a cambio de los cargos y la corrupción

Aquí se produjo el entrelazamiento más amplio y profundo con las élites gobernantes: un acuerdo histórico tácito que terminó resumiéndose en la siguiente fórmula: para ustedes, los cargos y los beneficios; para mí, las armas, la decisión sobre la guerra y la paz y el control de las fronteras, incluida la delimitación de la frontera marítima.

El acuerdo de Mar Mikhael de 2006 y la cobertura cristiana

La alianza con Michel Aoun constituyó un pilar fundamental de la estrategia del partido, pues le proporcionó una cobertura política cristiana para sus armas y sus guerras fuera de las fronteras libanesas.

La superioridad de fuerza que había adquirido le permitió imponer la elección de Michel Aoun después de un vacío presidencial deliberadamente prolongado durante más de dos años.

La protección de la corrupción: piedra angular del control político

El partido aprovechó su participación en el poder ejecutivo para consolidar su control sobre ministerios esenciales encargados de los servicios públicos.

También votó a favor de presupuestos y políticas financieras que condujeron al colapso.

Además, utilizó los expedientes de corrupción que había decidido pasar por alto para chantajear a la clase política, tanto a sus adversarios como a sus aliados.

Los expedientes relativos a la corrupción, el saqueo de los fondos públicos y las políticas que consolidaron el colapso se convirtieron en instrumentos para garantizar su obediencia y sometimiento absolutos.

Estos expedientes, que su diputado Hassan Fadlallah mantenía al alcance de la mano, se transformaron en una auténtica “soga al cuello” de cualquiera que se atreviera a cuestionar las armas del partido.

El último eslabón de la dominación: la ingeniería jurídica y constitucional mediante la ley electoral de 2017

La imposición de una ley electoral basada en la representación proporcional, el voto preferencial y una determinada división de las circunscripciones permitió al partido ejercer un control total sobre el Parlamento.

Soleimani declaró posteriormente que contaba con 74 diputados en el Parlamento libanés.

El Parlamento se transformó entonces en una maquinaria legislativa destinada a conferir legitimidad jurídica a las decisiones del partido y, detrás de él, a las de Irán.

El cantón y las redes paralelas

La penetración del partido en las estructuras del Estado facilitó la construcción de redes de infraestructura paralelas en todo el territorio libanés, vaciando al Estado de su soberanía.

Construyó una red nacional de telecomunicaciones, alámbrica e inalámbrica, fuera del control del Ministerio de Telecomunicaciones.

También impuso un estricto control de seguridad e inteligencia sobre los puntos oficiales de entrada al país: el aeropuerto de Beirut, el puerto y los pasos fronterizos terrestres con Siria.

Este control le permitió ejercer autoridad sobre los movimientos de entrada y salida, además de proporcionarle rutas para el contrabando de dinero y armas sin supervisión.

El clientelismo

Hezbolá consiguió consolidar su control sobre los chiitas mediante un poderoso sistema clientelar que superó al de la clase política tradicional.

Mientras el Estado, ya de por sí frágil, era sometido a un saqueo que lo condujo al colapso y a la parálisis de sus instituciones de servicios públicos, el partido desarrollaba sus propias instituciones paralelas: Al-Qard al-Hassan, Jihad al-Bina, establecimientos sanitarios y educativos e incluso organizaciones recreativas, como los grupos de exploradores y los viajes religiosos, además de redes de asistencia alimentaria y ayuda material financiadas por Irán.

Esto profundizó las fracturas confesionales y transformó a la comunidad chiita en una “sociedad cerrada”, dependiente del partido para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana.

En lugar de recibir los servicios directamente del Estado, los ciudadanos pasaron a recibirlos a través del partido. No hay que olvidar que Hezbolá procuró deliberadamente monopolizar los ministerios encargados de los servicios públicos.

De este modo, obstaculizó la lealtad al Estado al consolidar la fidelidad al partido y, detrás de él, a Irán.

El resultado inevitable fue la transformación de Hezbolá en un Estado dentro del Estado, hasta el punto de que el miniestado terminó devorando al propio Estado.

Y la ciudadanía se convirtió en un sueño para las nuevas generaciones, empujadas a emigrar en busca de seguridad.