Análisis

La batalla de Ali al-Taher no fue simplemente un enfrentamiento militar por una colina estratégica en el sur del Líbano. A pesar de su superficie limitada, el sitio se convirtió en un punto de convergencia de cálculos militares, políticos y regionales, y dejó al descubierto uno de los aspectos centrales del conflicto que persiste en el Líbano: ¿quién controla el territorio, quién posee las armas y quién decide sobre la guerra y la paz? Lo más llamativo no es únicamente la entrada de Israel en el sitio, sino la insistencia de Hezbolá en negarse a entregarlo al Ejército libanés, a pesar de que este es la única institución legítima que debería asumir la responsabilidad sobre el territorio libanés, en particular en las zonas fronterizas directamente vinculadas con la seguridad y la soberanía del país. ¿Por qué se negó Hezbolá? Porque la entrega de Ali al-Taher al Ejército no habría sido entendida como una simple medida sobre el terreno. Habría tenido un significado político que iba mucho más allá de la propia colina. Una decisión de este tipo habría equivalido a un reconocimiento de facto de la autoridad del Estado libanés sobre las decisiones de seguridad y militares en el Sur, así como del principio de que ninguna otra fuerza armada puede actuar como si ejerciera la autoridad efectiva sobre el terreno. El sitio se convirtió así en una prueba de la autoridad del Estado, y no simplemente en una posición militar avanzada. ¿Quién mató a los combatientes? Este sigue siendo el episodio más oscuro del relato de la batalla. La versión israelí habla de combatientes muertos y de otros que huyeron, mientras que la información independiente sobre cuántas personas se encontraban allí, cuál era la naturaleza de su misión y cuál fue finalmente su destino sigue siendo incompleta. Las versiones contradictorias plantean además numerosas preguntas que no pueden resolverse únicamente a partir de comunicados militares. Y no se trata de un simple detalle operativo: ¿Murió la mayoría de los combatientes dentro del sitio? ¿Lograron retirarse a través de túneles y pasadizos? ¿O habían sido evacuados antes del inicio de la operación israelí? Cada uno de estos escenarios tiene un significado diferente. Si los combatientes permanecieron allí hasta el último momento, eso significaría que el sitio fue escenario de un enfrentamiento directo que terminó con una clara superioridad militar israelí. Si, en cambio, fueron evacuados con anterioridad, las preguntas pasarían a ser quién tomó esa decisión, por qué se tomó y si la evacuación formó parte de un entendimiento más amplio o fue simplemente una medida militar preventiva. Y si se llegara a establecer que un número importante de ellos abandonó el lugar antes de la entrada de las fuerzas israelíes, las preguntas centrales serían entonces: ¿cómo salieron, quién facilitó su salida y ocurrió con conocimiento de actores locales o internacionales? Hasta ahora no existen suficientes elementos públicos para determinar cuál de estos escenarios es correcto. Pero la falta de información no resta importancia a estas preguntas. Por el contrario, aumenta las dudas sobre lo ocurrido en las horas que precedieron a la toma del sitio. ¿Qué hay de la visita del embajador estadounidense a Israel? El momento merece atención. La escalada en torno a Ali al-Taher coincidió con movimientos diplomáticos estadounidenses vinculados con Israel, mientras surgían informaciones sobre conversaciones en torno al sitio y sobre la posibilidad de que finalmente fuera entregado al Ejército libanés. Esto no significa necesariamente que la decisión se haya tomado fuera del Líbano, ni que se haya alcanzado un acuerdo plenamente definido entre Washington, Tel Aviv y Beirut. Pero sí sugiere que el sitio ya no es visto como una cuestión militar estrictamente local. No hay base para afirmar que la visita del embajador estadounidense formara parte de un acuerdo secreto sobre Ali al-Taher. Tampoco puede asegurarse que todo lo ocurrido haya sido resultado de un entendimiento previo entre las partes implicadas. Sin embargo, está claro que Washington considera el futuro del sitio dentro de un expediente más amplio relacionado con el alto el fuego, la estabilización de la frontera, la prevención de cualquier presencia militar fuera de la autoridad del Estado libanés y la necesidad de impedir que las zonas fronterizas se conviertan en plataformas permanentes de confrontación. Ali al-Taher pasa así a formar parte de negociaciones que van mucho más allá de su geografía. El sitio puede ser pequeño en el mapa, pero está vinculado con grandes cuestiones relacionadas con los arreglos en el Sur, el papel del Ejército libanés, el futuro de las armas fuera del control del Estado y los límites de la influencia israelí en la región. La paradoja que puso en aprietos a Hezbolá La gran paradoja política es que Hezbolá se negó a entregar la colina al Ejército libanés, pero al final tampoco logró conservarla. Si la operación israelí terminara con la retirada de las fuerzas israelíes y la entrega del sitio al Ejército libanés, el resultado sería muy distinto de la situación que Hezbolá quiso imponer o preservar: Hezbolá se negó a entregar el sitio al Estado, Israel lo desalojó y después el Estado volvió para asumir la responsabilidad. En otras palabras, Hezbolá se negó a consagrar voluntariamente la autoridad del Ejército, pero podría encontrarse ante una realidad que la consagre por otros medios. Eso es lo que vuelve políticamente incómoda la situación, porque el resultado final podría parecer que logró, indirectamente, lo que Hezbolá se negó a hacer directamente. De ahí surge una pregunta evidente: ¿por qué entregar el sitio al Ejército no fue considerado la opción menos costosa para el Líbano? Esa medida podría haberse presentado como un fortalecimiento del papel del Estado, una forma de proteger el Sur y un medio para impedir que Israel utilizara la presencia de Hezbolá como pretexto para permanecer en el terreno o avanzar aún más. La negativa a entregar el sitio al Ejército, por el contrario, lo mantuvo dentro de la zona de confrontación y permitió a Israel presentar su operación como una respuesta a una presencia militar fuera de la autoridad del Estado. Ali al-Taher resume el problema libanés La cuestión va mucho más allá de esta colina. El Líbano no puede recuperar su soberanía mientras coexistan dos autoridades militares: la del Ejército y la de unas armas que escapan al control del Estado. Tampoco puede pedir a la comunidad internacional que respete sus fronteras mientras las decisiones militares dentro de esas fronteras sigan divididas entre las instituciones del Estado y una organización armada que dispone de capacidades independientes. Al mismo tiempo, el Líbano no puede exigir que Israel se retire de su territorio mientras las decisiones de seguridad relativas a ese mismo territorio sigan siendo objeto de una disputa interna. Mientras haya armas fuera del control del Estado, el argumento israelí seguirá existiendo y el Sur continuará expuesto a nuevas rondas de escalada. La soberanía no se comparte. O el Ejército libanés es la única autoridad militar, o el Líbano seguirá siendo un escenario abierto para conflictos regionales en los que se entrecruzan cálculos iraníes, israelíes y estadounidenses, mientras el Estado y la sociedad pagan el precio del enfrentamiento. Por eso, la verdadera pregunta después de Ali al-Taher no es: ¿Quién ganó la colina? Sino: ¿Quién la controlará cuando termine la batalla? Si la respuesta es el Ejército libanés, Ali al-Taher podría marcar el inicio de una transición en el Sur de la lógica de la «resistencia» a la lógica de la responsabilidad del Estado. Esto podría constituir un primer paso hacia una redefinición de la seguridad nacional, de modo que la defensa de las fronteras pase a ser responsabilidad de las instituciones del Estado y no de una parte que actúe de manera autónoma. Si Israel permanece, en cambio, el Líbano habrá vuelto a perder una parte de su soberanía, independientemente del relato que cada parte presente para justificar lo ocurrido. En ambos casos, permanece una verdad esencial: ni Hezbolá puede sustituir al Estado, ni Israel puede ser garante de su soberanía. La soberanía libanesa solo puede ser recuperada por el Estado libanés, protegida por su Ejército y consolidada mediante una decisión política clara que ponga fin a la dualidad de las armas y de las autoridades.

Líbano da un paso importante hacia la protección del derecho individual a la vida mediante la abolición de la pena de muerte, en un momento en que la región vive al ritmo de las noticias de guerra, muerte y destrucción, en una realidad que por momentos parece una ejecución colectiva del ser humano. La abolición de la pena de muerte no es una simple modificación jurídica ni una medida legislativa. Es un acto en favor de los derechos humanos que coloca el derecho a la vida por encima del derecho del Estado a castigar y toma partido por el individuo frente al poder de dar muerte. Desde esta perspectiva, la decisión de Líbano de avanzar por este camino adquiere una relevancia que trasciende el propio texto legal al reforzar la protección de la persona. Abolir la pena de muerte equivale así a reconocer que el Estado no debería matar en nombre de la ley, mientras las guerras, los conflictos y los colapsos políticos y sociales convierten la muerte en una práctica cotidiana, tanto dentro como fuera de la legalidad. Ahí radica la importancia de la iniciativa libanesa, después de una moratoria de facto sobre las ejecuciones vigente desde 2004, en una región donde rara vez se respetan los derechos humanos. El ministro libanés de Justicia, Adel Nassar, calificó la abolición de la pena capital como «un mensaje esencial en favor de los derechos fundamentales». Entre los Estados miembros de la Liga Árabe, Yibuti eliminó la pena de muerte de su Código Penal en 1995, aunque el país se encuentra en el Cuerno de África. En Medio Oriente, Israel abolió la pena capital para los delitos comunes en 1954, aunque la mantuvo para una serie de delitos excepcionales, entre ellos la traición en tiempo de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes contra el pueblo judío. En marzo pasado, la Knéset israelí aprobó una ley que impone la pena de muerte para ciertos homicidios clasificados como delitos terroristas cometidos por habitantes de Cisjordania, con exclusión de los ciudadanos israelíes y de los residentes de Israel, y con la posibilidad, en determinadas circunstancias excepcionales definidas por la justicia militar, de sustituirla por cadena perpetua. Impulsada por la extrema derecha, esta orientación recuperó impulso político después de la guerra que siguió al 7 de octubre de 2023. En la práctica, su aplicación está dirigida principalmente a los palestinos sometidos a tribunales militares. Organizaciones israelíes e internacionales de derechos humanos han criticado esta medida, al considerar que consagra un sistema de justicia de dos niveles. No se trata únicamente de una filosofía basada en la defensa de los derechos humanos, sino de afirmar que la vida humana no pierde su valor a causa de un delito, ni por la pertenencia de una persona, ni por su posición política, confesional, geográfica o étnica. En una región donde el ser humano suele quedar reducido a una cifra dentro de balances de víctimas que se cuentan por miles, defender el derecho individual a la vida se convierte en una postura política en el sentido más pleno. La paradoja, sin embargo, consiste en que la abolición de la pena de muerte se produce en un entorno regional donde la muerte se inflige a gran escala. El paso de la ejecución individual llevada a cabo por el Estado en virtud de una sentencia judicial a la ejecución colectiva producida por las guerras y la violencia constituye una de las contradicciones que mejor revelan la crisis de un Medio Oriente violento. Por ello, la abolición de la pena capital no debería considerarse como el final del debate, sino como el punto de partida de una pregunta más amplia: ¿cómo transformar el derecho a la vida, de un principio jurídico que protege al individuo frente al Estado, en un valor político y moral capaz de proteger al ser humano frente a la guerra, la violencia, el autoritarismo y el colapso del Estado? Esta es la ambigüedad geopolítica de la muerte. En Siria se han dictado sentencias de muerte en ausencia contra el expresidente Bashar al-Assad por homicidio premeditado, tortura, detención arbitraria y crímenes de lesa humanidad, entre otras acusaciones relacionadas con la guerra que libró contra su propio pueblo durante casi catorce años. Junto con él, también han sido condenadas figuras centrales de su régimen implicadas en asesinatos masivos, desplazamientos forzados y tortura de prisioneros, en el contexto de una transición política profundamente ambigua en la que el concepto de justicia se mezcla con los imperativos de la venganza política y el ajuste de cuentas. En Israel, la muerte adopta otra forma. La violencia se ejerce en contextos descritos como terrorismo, mientras la muerte del ser humano palestino se convierte en un instrumento del conflicto existencial y de seguridad. Todo ello vuelve aún más compleja la cuestión, pues la muerte y la ejecución adoptan formas diferentes cuando la propia muerte se convierte en un instrumento político. Sin embargo, al final, el ser humano sigue siendo el eslabón más débil. Mientras Líbano avanza hacia la abolición de la pena capital, a su alrededor y en su propio territorio siguen produciéndose asesinatos, ejecuciones y atentados fuera de la lógica de la soberanía del Estado y de la ley, o bajo distintas justificaciones políticas y de seguridad. Sin embargo, el principio de civilización supone que nadie puede atribuirse ese derecho de manera absoluta. Pero ¿qué significa la justicia en tiempos de guerra y convulsión? ¿Y qué forma de rendición de cuentas puede realmente alcanzarse mientras continúan los crímenes y los arreglos políticos y financieros? La abolición de la pena abre, pese a todo, nuevos horizontes para la justicia. Líbano puede ahora renovar su solicitud de extradición de Igor Grechushkin, ciudadano ruso-chipriota que operaba el Rhosus , el buque que transportó el nitrato de amonio relacionado con la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020. Un tribunal búlgaro había rechazado su extradición al considerar insuficientes las garantías libanesas de que no sería sometido a la pena de muerte. Con la abolición de la pena capital, desaparece uno de los principales obstáculos jurídicos para presentar una nueva solicitud de extradición. Con la esperanza de convertirse en un ejemplo regional, Líbano también estudia la posibilidad de negarse a extraditar a Siria a antiguos responsables del régimen que serían juzgados ante tribunales que continúan dictando sentencias de muerte, si logra hacerlo frente a la magnitud de las injerencias extranjeras. Desde esta perspectiva, la abolición de la pena de muerte deja de ser una simple cuestión penal. Se convierte en una posición coherente frente a una cultura política que hace de la muerte un medio para reproducir el poder o eliminar a los adversarios. La diferencia entre la ejecución y la violencia política no siempre radica en el resultado, sino en la autoridad que se concede a sí misma la legitimidad para llevarla a cabo. La pena de muerte desaparece de la ley, pero sobrevive dentro de una geopolítica en la que se practica bajo otras formas. En principio, la abolición de la pena capital es un acto democrático y jurídico, y también se inscribe en el principio de misericordia presente en la mayoría de las religiones reveladas. Pero esto, por sí solo, ya no basta para calificarla como un acto democrático. La democracia no se mide únicamente por lo que hace el Estado dentro del Parlamento o del tribunal que sustituye una condena a muerte por cadena perpetua, sino también por su capacidad de proteger la vida fuera de esos espacios. La democracia no consiste únicamente en impedir que el Estado ejecute a una persona en virtud de una sentencia judicial. También exige crear las condiciones políticas, sociales y económicas que permitan proteger efectivamente la vida humana frente a la guerra, la pobreza, la hambruna, las explosiones, el colapso y el desplazamiento. Por lo tanto, el desafío ya no se limita a abolir la pena capital, sino también a eliminar las condiciones que convierten la muerte en algo ordinario, repetitivo y aceptable, como si fuera una parte natural de la vida política. En los conflictos del Cuerno de África, en las guerras de Medio Oriente y Ucrania y en medio de las ejecuciones masivas o cada vez más frecuentes en Irán, se amplía la distancia entre el derecho jurídico a la vida y la realidad del ser humano. Es ahí donde queda expuesta la crisis del propio Estado. ¿De qué sirve reconocer el derecho humano a la vida si la política es incapaz de proteger a las personas frente a todas las formas de muerte política, militar, social y económica? La muerte ya no es una excepción en esta geografía. Está presente en la guerra, el terrorismo, la hambruna, la pobreza, el desplazamiento y el colapso económico, en sociedades expuestas a toda forma de vulneración. Defender la vida se convierte entonces en algo más que defender un derecho jurídico. Significa defender la posibilidad misma de que el ser humano pueda llevar una vida normal, sin guerra, sin miedo, sin hambre y sin esperar constantemente la muerte cuando abandona su país para escapar de ella, solo para encontrarse frente al mar, las fronteras, los centros de detención, las prisiones o los alambres de púas que lo acompañan de una capital a otra. La migración misma se convierte así en parte de la cuestión democrática. Quien abandona su país en busca de la vida debería ingresar en un espacio más seguro, pero puede terminar atrapado en un sistema de fronteras cerradas, detención, deportación y explotación. Su derecho a la vida queda suspendido entre dos Estados: el que lo empujó a marcharse y el que se niega a recibirlo. La muerte ya no es una excepción. Es guerra, ejecución, terrorismo, hambruna, pobreza, colapso, incendios e inundaciones. Incluso quienes huyen de la muerte no necesariamente logran escapar de su geografía. Pueden pasar de la guerra al mar, del mar a una frontera, de una frontera a un centro de detención y de un centro de detención a otra prisión, como en los casos de presos islamistas radicales trasladados por avión desde Alemania a cárceles sirias donde fueron torturados. Es como si las propias prisiones ya no fueran siempre lugares fijos. Se han convertido en trayectorias móviles en las que cambia la geografía, pero no cambia la condición humana. Por ello, la cuestión ya no consiste simplemente en abolir la pena de muerte. Consiste en recuperar la posibilidad misma de una vida normal: permitir que el ser humano viva, se desplace, cruce fronteras, disienta, proteste y se rebele sin que ninguno de esos actos pueda convertirse en un camino potencial hacia la muerte.

Me conmovió profundamente ver la serie Antarctica en Netflix y no pude evitar preguntarme si en Líbano podríamos lograr algo parecido a lo ocurrido en Japón en 1950, o si nuestra situación es sencillamente desesperada. La serie gira en torno al modelo que representó la expedición japonesa a la Antártida en la década de 1950 y muestra cómo un proyecto científico y técnico puede convertirse en una palanca para reconstruir el sentimiento nacional en un contexto posterior a la ocupación, marcado por la derrota. Al salir de la Segunda Guerra Mundial, Japón no se limitó a reconstruir su infraestructura material. También buscó reconstruir su relato colectivo y su imagen en el mundo, trasladando el fundamento de su legitimidad del ámbito militar al científico y civil. La expedición desempeñó un papel simbólico en esa transformación, al ser presentada como prueba de la capacidad de la nación japonesa para levantarse de nuevo y reincorporarse a la comunidad internacional por medios pacíficos. Lo llamativo de esta experiencia es que el lanzamiento de la expedición no fue simplemente una decisión administrativa o científica. Fue, ante todo, un acto profundamente político y simbólico, enmarcado en un discurso público que vinculaba el progreso científico con la recuperación de la dignidad nacional. Las instituciones educativas y los medios de comunicación desempeñaron un papel central en ese proceso mediante campañas de movilización emocional y pedagógica que simplificaban el proyecto y lo presentaban como una aventura humana colectiva, capaz de involucrar a distintos sectores de la sociedad y de reunir los fondos necesarios para la expedición en un momento en que los recursos del Estado eran limitados. Es precisamente aquí donde se hace evidente el notable papel que desempeñó la movilización de los niños. Elementos del entorno polar, como los pingüinos y los perros de trineo, los huskies, se convirtieron en vehículos emocionales y pedagógicos que integraban el proyecto al imaginario cotidiano y creaban un vínculo afectivo entre las personas y la expedición. Este uso simbólico de los animales estuvo lejos de ser un detalle anecdótico. Fue, por el contrario, una manera eficaz de transformar un proyecto complejo en una historia comprensible y con la que las personas podían identificarse, sobre todo las generaciones más jóvenes. En ese sentido, las donaciones populares no fueron solamente una fuente de financiamiento. También se convirtieron en un medio para fomentar el sentido de pertenencia, pues el acto de donar reforzaba la sensación de participar en un logro nacional compartido. Esto nos remite a lo que Benedict Anderson llama “comunidades imaginadas”, en las que la nación se configura a través de relatos compartidos que dan a los individuos la sensación de pertenecer a una entidad que trasciende sus experiencias personales. También se inscribe en lo que Eric Hobsbawm describió como “la invención de la tradición”, mediante la construcción de rituales y prácticas que contribuyen a legitimar una nueva forma de patriotismo. Según Axel Honneth, el Estado-nación no se construye únicamente mediante leyes y constituciones que, en Líbano, pierden su función y eficacia a causa de la corrupción. También se construye a través de lo que él llama una “vida ética compartida”. Esta solo puede materializarse cuando los ciudadanos comparten “prácticas, tradiciones vivas y proyectos comunes” que fomentan un sentimiento de solidaridad y reconocimiento mutuo, haciéndoles comprender que su libertad individual está ligada a la de los demás y al éxito de toda la comunidad. Esto es precisamente lo que falta hoy en Líbano, ante la ausencia de un proyecto compartido capaz de reformular la identidad nacional más allá de las divisiones sectarias y la corrupción. El éxito del experimento japonés, sin embargo, no fue únicamente producto de la retórica. Se fundamentó en condiciones estructurales muy específicas. La primera fue la existencia de un Estado cohesionado y capaz, pese a la derrota, de planificar, ejecutar sus políticas y administrar sus recursos. La segunda fue la presencia de élites políticas y administrativas conscientes de la necesidad de pasar de un nacionalismo de carácter militar a una forma de legitimidad civil y científica, y dispuestas a consolidar esa transformación mediante proyectos concretos. La tercera condición, y quizá la más importante, fue el nivel de confianza pública en las instituciones, que permitía a los ciudadanos creer que sus contribuciones, materiales o simbólicas, serían realmente utilizadas en beneficio del interés general. Sin esa confianza, cualquier intento de movilización popular pierde sentido y se reduce a una mera formalidad. Cuando pensé en lanzar una campaña comparable en el Líbano para recaudar donaciones con el fin de ayudar a los habitantes del sur, contribuir a la reconstrucción e impedir que el tándem chiita aproveche esta oportunidad, se me impuso una realidad radicalmente distinta de la de Japón. La realidad libanesa actual se presenta, en términos estructurales, como lo opuesto a la experiencia japonesa. En lugar de constituir un marco unificador, el Estado se transforma en un escenario donde chocan fuerzas confesionales y redes clientelistas, lo que compromete cualquier capacidad de lanzar un proyecto nacional común. El colapso de la confianza entre ciudadanos e instituciones también condena de antemano cualquier posibilidad de movilización financiera popular, y se percibe que los recursos públicos están expuestos al saqueo o a su uso en beneficio de intereses particulares. A esto se suma la coexistencia de narrativas contradictorias sobre el significado mismo de la entidad libanesa, entre la lógica de la “resistencia” y la de la “soberanía”, así como entre alianzas regionales e internacionales divergentes. Esta situación impide el surgimiento de una “narrativa común” como base para la movilización colectiva. En este contexto, los mecanismos de reconstrucción y ayuda se convierten en instrumentos para reproducir redes de lealtad política. Así lo demuestra el dominio que ejercen sobre la distribución de recursos las instituciones clientelistas, que refuerzan la dependencia en lugar de contribuir a la construcción de una ciudadanía igualitaria. El objetivo de esta comparación, por lo tanto, no es reproducir el modelo japonés. Más bien, permite mostrar lo que falta en el caso libanés: un marco simbólico e institucional capaz de transformar un acto económico en un acto de pertenencia. El problema no reside únicamente en la escasez de recursos, sino también en la incapacidad de crear un propósito colectivo suficientemente fuerte como para llevar a los individuos a contribuir voluntariamente a un proyecto que trascienda sus divisiones. Por consiguiente, cualquier iniciativa destinada a financiar la reconstrucción en Líbano tendrá un alcance limitado mientras no vaya acompañada de la reconstrucción de la confianza, de la formulación de un relato nacional común y del establecimiento de mecanismos transparentes capaces de romper el vínculo entre la asignación de recursos y las prácticas clientelares. En pocas palabras: liberar al Estado de sus ocupantes. Sin ello, el contraste entre ambas experiencias seguirá siendo la expresión de profundas diferencias en la estructura del Estado, la naturaleza de sus élites y las condiciones en las que puede surgir un propósito nacional compartido.

La exacerbación de las tensiones en el Líbano, Gaza, el mar Rojo y el estrecho de Ormuz alimenta el temor ante un escenario al que Irán y sus aliados ya han recurrido: el de provocaciones militares que irían escalando para contrarrestar el D-Day económico estadounidense. El ejército israelí afirma, además, estar preparándose para un posible «estallido en varios frentes», en vísperas de una serie de festividades judías que comienzan el 11 de septiembre. Si bien Irán se cuida mucho de provocar a Israel para evitar una represalia que le costaría muy caro, no dudaría, en cambio, en incitar a sus aliados a ejercer de agitadores en caso de que el cerco económico estadounidense se apretara aún más sobre él. Lo que, al parecer, todavía no es el caso, ya que Pakistán hizo saber el jueves, a través del portavoz de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Tahir Andrabi, que Islamabad «no está obligado a cumplir con las sanciones unilaterales estadounidenses contra Irán, a menos que estas sean impuestas por las Naciones Unidas». En términos concretos, esto significa que Pakistán tiene intención de mantener sus intercambios comerciales con Teherán, pese a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de sancionar a los países que mantengan cualquier tipo de relación con la República Islámica. Según el portavoz pakistaní, Islamabad considera que las sanciones estadounidenses «no están conformes al derecho internacional y que las diferencias (entre Estados Unidos e Irán) deben resolverse mediante el diálogo». El portavoz omite señalar, en este sentido, que ese supuesto «diálogo» lleva más de veinte años en curso, concretamente desde 2006, año en que el Consejo de Seguridad de la ONU exigió a la República Islámica que detuviera el enriquecimiento de uranio. Durante tres años consecutivos, a partir de 2006, el Consejo de Seguridad adoptó sanciones cada vez más severas contra Irán debido a su negativa a acatar las exigencias de la ONU… En cualquier caso, la actitud de Islamabad constituye la primera posición oficial de un Estado ante el D-Day económico anunciado el lunes por el presidente Trump contra Irán. Tensión creciente Sobre el terreno, la tensión ha subido un escalón en casi todos los frentes. En Gaza, el asunto de las cometas, los globos y los drones lanzados contra territorio israelí estuvo a punto de desbordarse. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, advirtieron al Hamás de una intensificación de los ataques si estos lanzamientos continuaban. En el mar Rojo, dos enclaves estratégicos que dan acceso al igualmente estratégico estrecho de Bab el Mandeb —el puerto de Mokha y la localidad de Al-Khawkha, en la costa oeste de Yemen— fueron blanco de violentos ataques hutíes y siguen siendo escenario de intensos combates entre el grupo pro-iraní y el ejército regular yemení. En el estrecho de Ormuz, los buques que se aventuran por los corredores asegurados por Estados Unidos continúan siendo objeto de ataques. En el Líbano, una mujer murió y otras seis personas, entre ellas una niña, resultaron heridas en ataques aéreos israelíes que tuvieron como objetivo la localidad de Arabsalim, en el caza de Nabatiyé, pocas horas después de un ataque con drones trampa de Hezbolá contra las fuerzas israelíes desplegadas en el sector de la colina estratégica de Ali Taher, en el mismo caza. Los disparos y los raids se intensificaron este jueves contra numerosos pueblos libaneses del sur del Líbano. La escalada resulta aún más preocupante dado que las operaciones militares israelíes no se limitan a la denominada zona de seguridad. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, anunció además una elevación del nivel de alerta entre sus tropas y mencionó planes operativos «en todos los frentes, desde Irán hasta el Líbano y Gaza», ante el riesgo de un «estallido en múltiples frentes». Intentos de mediación, pero… Esta situación es un indicador del fracaso, hasta ahora, de los intentos de mediación que se han reanudado entre Teherán y Estados Unidos. Tras el jefe del Estado Mayor pakistaní, el mariscal Syed Asim Munir, y el ministro de Asuntos Exteriores omaní, Sayyid Badr Al-Busaidi, recibidos sucesivamente el lunes y el martes en Teherán, le toca ahora a Doha intentar relanzar la diplomacia. El primer ministro catarí, Mohammad bin Abdulrahman Al Thani, viajó el jueves a Irán, donde mantuvo dos encuentros con el presidente Masoud Pezeshkian y con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. ¿Asistimos una vez más a una carrera contra el reloj entre la diplomacia y la opción militar? Hay que decir que esta última sigue siendo el último recurso para Washington, según los responsables estadounidenses, pero para Irán, donde la presión interna empieza a hacerse sentir con fuerza, el cálculo es bastante delicado: soportar las sanciones o aumentar la presión sobre el terreno. Es aquí donde el Líbano se ve especialmente implicado y donde el papel de Hezbolá se vuelve sensible, mientras el Estado sigue aplazando indefinidamente la cuestión del desarme de la milicia proiraní. El presidente Aoun abordó indirectamente el jueves el pulso (verbal) con este grupo, al mencionar un «conflicto interno» entre «quienes buscan fortalecer las instituciones del Estado y quienes se aprovechan de su debilidad», sin mencionar una posible hoja de ruta para resolver precisamente ese conflicto. Beirut sigue apostando por las conversaciones directas con Israel, que deberán reanudarse en septiembre, en Roma, según el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aunque sin precisar una fecha concreta. Para comprender el núcleo del problema en el Líbano, hay que seguir las declaraciones del embajador estadounidense en el Líbano, Michel Issa, quien insistió de nuevo el jueves en la prioridad del desarme del partido proiraní, subrayando al mismo tiempo la dimensión regional de este problema. «Hezbolá, señaló el embajador estadounidense, debe entregar sus armas y el Estado debe ser la única autoridad. En cuanto a las garantías, implican que la soberanía esté exclusivamente en manos del Estado y que la defensa también sea responsabilidad de este. En la medida en que ejerza la autoridad, controle las instituciones y mantenga relaciones con otros Estados, siempre podrá recurrir a ellos para que le presten la ayuda» que pudiera necesitar, declaró el diplomático estadounidense tras una reunión con el jeque Akl druso, Sami Aboul-Mona. Pero para que eso sea posible, es necesario que Hezbolá se desvinculede Irán, algo que no resulta evidente, reconoció el diplomático. «Hasta ahora, Hezbolá no quiere hablar ni con el Estado, ni con nosotros, ni con Israel, porque se limita a recibir órdenes de Irán», subrayó.

Superman es conocido como el Hombre de Acero, vestido con un traje ajustado y una capa roja y azul, una figura que se toma las cosas en serio y que carga sobre sus hombros, como un policía, con la responsabilidad de salvar al mundo. Este es el hombre al que da vida David Corenswet en su versión moderna de Hollywood: detiene a los villanos e interviene para salvar vidas amenazadas por guerras, incendios o ahogamientos. Esta película estadounidense también da lugar a otra figura de Superman: un personaje que interviene constantemente en los asuntos del mundo sin detenerse a considerar las consecuencias de intervenir en los conflictos de otros países. Este enfoque geopolítico puede parecer poco compatible con los valores de los superhéroes. Sin embargo, esto es lo que parece sugerir el presidente estadounidense Donald Trump mediante sus espectaculares movimientos para remodelar el mundo, en una evocación metafórica de la figura del villano a la que alude el director de la película en el “MAGA”, sin nombrarla, a través del personaje del empresario u otras figuras como Lex Luthor. Es, en otras palabras, una nueva versión de Estados Unidos en un mundo perverso regido por un capitalismo depredador, una imagen de empresarios arrogantes que recuerda a Gordon Gekko en la película “Wall Street”. El personaje de Superman fue creado hace 87 años para combatir a los empleadores independientes y a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, en la década de 1950, para situarse al lado de los estadounidenses durante la Guerra Fría. Cada versión reflejaba las amenazas y preocupaciones que dominaban a la sociedad estadounidense de su tiempo. Hoy, Superman salta en auxilio de todo aquello que Trump detesta, con Superman presentado a sí mismo como un inmigrante de origen humilde, mientras quienes se oponen a esta imagen son considerados racistas cuando hablan de los migrantes y de “su deseo de destruir a Estados Unidos”. Cada Superman ha sido un símbolo de cambio en un mundo que necesita a alguien que lo salve en sus momentos más convulsos, que reflejan una era de capitalismo de Estado en un contexto de dimensiones gigantescas. Una versión todavía más estadounidense le recuerda al mundo en qué puede convertirse en sus peores momentos, a través de uno de los héroes más emblemáticos de Estados Unidos, al tiempo que refleja las tentaciones y contradicciones de una época inmersa en una búsqueda excesiva, por parte de Estados Unidos, del sentido de ser una gran potencia. En realidad, Trump se presenta como una versión que dialoga con el texto original, pero hace surgir formas de acción política muy alejadas del molde clásico, devolviendo al escenario internacional el modelo de una época dominada por el capitalismo de Estado, la explotación de los recursos mundiales y la política de poder en los conflictos geopolíticos. Son reflejos contemporáneos de una escena política representada por el pacto que Fausto hizo con el diablo. Al mismo tiempo, Trump no renuncia ni al lujo ni a la dimensión espectacular del uso de las artes visuales y simbólicas para introducir una dimensión de cambio en su acción política. Aparece así como una mezcla de aspiraciones de control y hegemonía, junto con todas las desviaciones políticas y sociales que de ello se derivan, cuando exacerba la cuestión migratoria a escala mundial y revive conflictos sociales, nacionalistas y racistas. Juega con todo: las reglas internacionales y las convenciones diplomáticas. No reconoce límites a sus acuerdos ni a su influencia cuando impone y manipula aranceles. Tampoco contiene su audacia al negarse a reconocer la crisis energética mundial en la guerra por el Estrecho de Ormuz o los peligros del cambio climático, pese a los enormes incendios, huracanes e inundaciones que azotan al mundo. Y, tal como podría imaginarlo un escritor de terror, el régimen de Teherán era más débil que en cualquier otro momento de sus 47 años de existencia antes del estallido de la guerra estadounidense-israelí del 28 de febrero de 2026. Estaba a punto de caer sin necesidad de una guerra, mediante una apuesta por las dinámicas de descomposición de los equilibrios internos y por hacer aflorar conflictos entre distintos grupos y fuerzas locales. La suerte sonrió entonces a Donald Trump, especialmente en Venezuela, pese a que se había burlado de las visiones neoconservadoras favorables al cambio de régimen y a la construcción de sociedades democráticas, particularmente cuando afirmó: “Todo lo que quiero es libertad para el pueblo iraní”. Declara la guerra para eliminar la amenaza nuclear y prevalecer sobre el caos regional provocado por los sectores más duros, prometiendo a los iraníes que finalmente serán liberados del régimen teocrático. Pero la experiencia de un Superman global dista mucho de ser convencional en medio de la ambición desmesurada de nuevos admiradores entre las audiencias digitales, deseosos de ejercer influencia sin temor a caer en el caos político y financiero a escala mundial. Busca redistribuir la riqueza de una manera carente de una perspectiva de justicia e igualdad, dentro de un sistema económico internacional dominado por los gigantes del GAFAM, sin prestar suficiente atención a otras dimensiones geopolíticas: la pobreza, el desempleo y el hambre que afectan a millones de niños en todo el mundo como consecuencia de sus guerras. Sabe imponer aranceles, obligar a dirigentes y presidentes de todo el mundo a apoyar su agenda y bailar con él, imponer sanciones y retroceder cuando lo considera necesario después de entrar en escenarios de conflicto. Luego se proclama como el hombre que merece el Premio Nobel de la Paz, atribuyéndose el poder de apagar incendios y guerras sin comprobar si existen señales reales de que estén terminando, mientras se presenta como plenamente conocedor de los asuntos de la guerra y de la imposición de la paz por la fuerza. El resultado es una crisis que está remodelando Medio Oriente de formas que probablemente tendrán consecuencias de largo plazo para Washington, mientras los líderes regionales se adaptan a una nueva realidad en lugar de someterse simplemente a ella. Consideran que lo que existe ahora es mejor que nada, en medio de dudas sobre la confiabilidad de Estados Unidos y de la sospecha de que Israel es una fuerza desestabilizadora, mientras este Superman imaginario pide a los estadounidenses y al mundo que lo recompensen mientras aspira a otro mandato presidencial. A su vez, esta acumulación de ansiedad y división genera dinámicas inestables en todo el mundo que profundizan las crisis existentes. No se puede depositar semejante confianza en un solo hombre que dirige el mundo cuando actúa mediante un acuerdo de gran alcance que no representa realmente a dos tercios del planeta, mientras nunca deja de hablar ni de entretener, y tampoco deja de enfrentarse con los demás. Ataca los esfuerzos internacionales emprendidos en las Naciones Unidas y se expresa de manera despectiva sobre los responsables de sus instituciones jurídicas. Sobresale al formular los términos de las negociaciones, sus discursos, encuentros y viajes con el fin de contener a los demás, con excepción de los leales digitales que practican la “postironía” hacia otras sociedades. El Superman estadounidense se concede así toda esta confianza antes incluso de haberla merecido. Porque la situación del mundo sigue vinculada a las dificultades que enfrentan los sistemas políticos y a un fenómeno no democrático de carácter preventivo que aplica sus conceptos al capitalismo y a la tecnología, debilitando y paralizando las instituciones del Estado. Todo lo que hacen los defensores del realismo político es someterse, en detrimento del mundo real, particularmente en lo que respecta a la propia política internacional y a los tratados internacionales vigentes. El mundo cae en la trampa de creer que los resultados pueden alcanzarse mediante acuerdos personales e improvisados, en lugar de hacerlo a través de un orden multilateral basado en reglas compartidas y estables. Ahí reside precisamente el peligro: que la humanidad pierda su orientación política, mientras los Estados quedan atrapados en sus políticas internas en beneficio de un nuevo sistema feudal que gobierna el mundo según una filosofía reaccionaria y hostil a la democracia, bajo la influencia de las opiniones políticas de inversionistas del sector tecnológico, entre ellos Peter Thiel y Elon Musk. Esto contribuye a moldear la cultura actual de Silicon Valley y de la Casa Blanca, en lugar de defender el pluralismo y la democracia. Y si la gente llega a creer que los gobiernos deben ser administrados por empresas tecnocapitalistas o por la inteligencia artificial, o que la sociedad humana funciona de acuerdo con una lógica de singularidad, entonces estas ideas se vuelven reales a través de las consecuencias del fracaso de las estrategias declaradas. Ya ni siquiera necesitan que los adversarios de Estados Unidos actúen en su contra. Todo esto podría ocurrir si este nuevo Superman tiene éxito, un Superman distinto del que alguna vez conocimos, con las tendencias de Trump hacia el lado más oscuro de las guerras y todo lo que ello implica: sumir al mundo y a sus economías en lo desconocido. Sin embargo, todavía hay tiempo para el entretenimiento cinematográfico a fin de evitar lo peor, antes de que la gente siga a sus favoritos y los promocione en un intento por devolverlos al centro de la atención pública. Entonces llega Spider-Man, en forma de un enjambre de 1500 drones que cruza el cielo sobre el puente Gwangan, mientras su película mantiene su fuerte desempeño en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, superando a Superman bajo el resplandor de los reflectores. En resumen, Trump abrió él mismo la caja de Pandora. Es una nueva catástrofe en una guerra librada en nombre de una paz mundial impuesta por la fuerza, sin una estrategia verdadera, donde cada película conduce a otra película estadounidense. Para todos los públicos.

Durante una de mis visitas a Canadá, pasé, como suelo hacer, por la librería Volume, que conserva valiosas obras de pensamiento que ya no circulan en el mercado editorial. Allí encontré un pequeño libro de un autor canadiense, Michel Poulin: Vivre et laisser vivre . Lo tomé de inmediato porque aborda la manera de vivir juntos, eso que en el Líbano llamamos “convivencia”. La idea central del libro parece sencilla: mi libertad termina donde empieza la de otra persona. Pero la pregunta clave es: ¿quién pone esos límites? El libro rechaza dos ideas extremas: la libertad absoluta, que conduce al caos, y el control total, que lleva a la represión. En lugar de ambas, propone otra forma de libertad: la “libertad responsable”. Estas ideas coinciden en parte con el pensamiento de John Stuart Mill y con su “principio del daño”, según el cual la sociedad o el Estado pueden recurrir legítimamente a la coerción contra un individuo, contra su voluntad, con un solo propósito: impedir que cause daño a los demás. También encuentran eco en Jean-Jacques Rousseau y en su planteamiento del contrato social, es decir, en el intento de conciliar la libertad individual absoluta del ser humano en el estado de naturaleza con la sujeción a una autoridad política y jurídica en la sociedad civil, sin perder por ello su libertad ni convertirse en dependiente de otros. Sin embargo, lo que resulta especialmente atractivo de este libro es que no ofrece un discurso teórico. Parte, por el contrario, de ejemplos vividos y tomados de la vida cotidiana, desde la familia hasta el trabajo y, de ahí, al espacio público. Recurre a situaciones concretas para mostrar cómo el principio de libertad se transforma en una lucha cotidiana por la influencia y el poder y, por consiguiente, en un desacuerdo sobre la definición misma del “derecho”. ¿Cómo se manifiesta esto en el Líbano? Partamos de una pregunta: ¿tenemos una sola definición de la libertad? ¿O cada grupo define la libertad a la medida de sus propios intereses? Un grupo considera que solo sus armas protegen su libertad. Otro estima que esas mismas armas amenazan no solo su libertad, sino también su existencia y la del propio Líbano. Un tercero considera que su influencia es la que protege su libertad. Estas concepciones enfrentadas hacen que las libertades entren en colisión. En lugar de complementarse para permitir una convivencia pacífica, desembocan en una convivencia impuesta o en un equilibrio forzado. Las comunidades confesionales que se enfrentan en el Líbano no lo hacen porque sus religiones o culturas sean diferentes, sino porque están impulsadas por el mismo “deseo mimético”, siguiendo a René Girard: el deseo de dominación, de monopolizar el poder y de recurrir al exterior para fortalecerse. Todas las comunidades han atravesado, en algún momento de la historia libanesa, una etapa en la que ejercieron una forma de hegemonía política: la hegemonía maronita, luego la sunita y ahora la chiita. En cada una de esas etapas, las demás comunidades sintieron el deseo de imitar la dominación del grupo prevaleciente, al que veían, al mismo tiempo, como “modelo y rival”. Así, cuando una comunidad posee armas o dispone de influencia regional, las demás no exigen necesariamente su desarme desde una perspectiva estrictamente cívica. También las mueve una forma de “envidia mimética” y el deseo de disponer de un margen de poder propio, tanto para protegerse como para reforzar su posición recurriendo a una potencia externa. Las comunidades libanesas son “gemelos rivales” que sacrifican los intereses nacionales en favor de impulsos similares: la dominación y el monopolio del poder. Pero esta rivalidad mimética ha alcanzado hoy su punto culminante. El orden social atraviesa una crisis mientras las instituciones del Estado, único denominador común entre todos los adversarios, se derrumban. Esto es lo que lleva a algunos a reclamar seguridad autónoma y cantones. La paradoja es que la reivindicación de la seguridad autónoma y de cantones no surge de una visión política coherente. Constituye, por el contrario, una de las expresiones más claras de la “rivalidad mimética”, una reacción en espejo frente a una relación de fuerzas desigual. Desde hace décadas, Hezbolá ha logrado construir su propio “cantón”, con su aparato militar, sus instituciones financieras, sus servicios sociales y su sistema de seguridad independiente. Cuando las demás comunidades ven a este grupo, completamente autónomo dentro de su propio “Estado”, dominar al mismo tiempo la decisión política central, no ven en ello una asociación entre iguales. De ahí que su reacción sociológica natural, alimentada por el miedo por su propia existencia, sea: si el Estado central es incapaz de protegernos, tendremos que construir nuestros propios cantones para sobrevivir. Esto es precisamente lo que Girard advierte cuando habla de los “gemelos rivales”. Al tratar de resistirse al modelo de Hezbolá o de protegerse frente a él, las demás comunidades terminan reproduciendo su comportamiento y reclamando, también ellas, territorios aislados. Al hacerlo, sirven al objetivo de Hezbolá: hacer imposible la construcción de un Estado soberano, civil, centralizado y regido por el Estado de derecho. La “crisis mimética” y el colapso: la guerra de todos contra todos Cuando la rivalidad mimética alcanza su punto culminante, el orden social se derrumba y las fronteras y las diferencias comienzan a desdibujarse. Es lo que Girard llama la “crisis mimética”. Parece que estamos en el corazón de esa crisis, porque las instituciones del Estado, nuestro único denominador común, se están derrumbando. Cuando el Estado se derrumba, cada comunidad empieza a verse a sí misma como la víctima absoluta y a la otra como el demonio al que hay que eliminar. Eso fue lo que ocurrió durante la guerra civil que vivimos y cuyo regreso sigue obsesionándonos hoy, a medida que se profundizan las fracturas confesionales y cada libanés sufre una conmoción tras otra. Históricamente, el sistema pluralista libanés ha logrado, después de cada crisis que hemos atravesado, reproducirse a sí mismo. Cada vez, las comunidades, o mejor dicho, sus líderes, fabricaron un “chivo expiatorio” al que atribuyeron toda la responsabilidad, como forma de descargar la violencia colectiva y reanimar la convivencia. Todo comenzó con la expresión “las guerras de los otros” en nuestro territorio, utilizada para explicar la guerra civil. Después vino la cuestión de los refugiados palestinos, seguida de la de los refugiados sirios, esos “extranjeros” a quienes se culpó del colapso económico. Luego le llegó el turno al juez Bitar, convertido en chivo expiatorio del sistema tras el crimen del puerto de Beirut. Incluso la propia clase política fue señalada en 2019, cuando la calle coreaba: “Todos significa todos”. Y cuando el sistema consiguió una vez más salvarse, sacrificó a algunas figuras. El gobernador del Banco del Líbano, Riad Salamé, se convirtió así en el chivo expiatorio encargado de cargar con los pecados de todo el sistema bancario, el 40% de cuyos propietarios pertenece a la propia clase política, así como con los del sistema político en su conjunto. Los demás sobrevivieron. ¿Puede llamarse realmente a esto “convivencia”? ¿O se trata de un ritual que venera el miedo? Esta convivencia, reciclada y reproducida una y otra vez mediante rituales políticos que el sistema ha sabido vender con gran habilidad, mesas de diálogo, reparto confesional de cargos y vetos mutuos, no tiene como objetivo construir realmente un Estado. Su finalidad es impedir que la “rivalidad mimética” estalle. Se trata de una convivencia basada en el temor a un retorno a los enfrentamientos. En otras palabras, lo sagrado en el Líbano es una "paz civil precaria", venerada como un ídolo y en cuyo nombre se sacrifican la justicia, la ley, la rendición de cuentas, los derechos de las víctimas del puerto y de los depositantes, incluso hasta el punto de sacrificar el Estado, el territorio y la patria misma. Pero hoy vivimos la etapa más peligrosa que ha atravesado el Líbano y la más grave de sus crisis, porque el “mecanismo del chivo expiatorio” empieza a perder eficacia. El sistema ya no puede inventar una víctima capaz de convencer a todos los libaneses. La fractura se ha profundizado y ya no existe “la sangre de una víctima común” capaz de reunir a los adversarios. La esperanza es que las nuevas generaciones, llamadas a asumir las responsabilidades del mañana, rechacen esta “falsa convivencia” basada en enterrar las verdades. La esperanza es que la nueva generación exija pasar de una sociedad que negocia con sus víctimas a una sociedad que exige rendición de cuentas y a un Estado de derecho y de justicia, tanto para el puerto como para la patria.

La expresión “Todos los caminos conducen a Roma” es una de las más célebres de la historia política y de la civilización. No fue simplemente una metáfora literaria, sino también una descripción de la realidad del Imperio romano, que construyó una extensa red de caminos que convirtió a Roma en su centro político, militar y económico, de modo que las principales rutas conducían a la capital. A partir de la Edad Media, la expresión se convirtió en un proverbio que significa que la diversidad de medios no necesariamente modifica el resultado final y que caminos distintos pueden conducir al mismo destino. El Líbano ofrece quizá hoy un ejemplo político contemporáneo de esta máxima. Desde el final de la última guerra, los discursos y los lemas se han multiplicado, al igual que las opciones propuestas. Sin embargo, una sola pregunta permanece: ¿dispone realmente el Líbano de varias opciones estratégicas, o todas terminan conduciendo, de una manera u otra, a la mesa de negociaciones? Este artículo no busca defender las negociaciones ni oponerse a ellas, ni tampoco justificar una opción política determinada. Intenta simplemente leer la realidad tal como es, lejos de los lemas y de las pasiones políticas, para plantear una pregunta sencilla: ¿le queda al Líbano alguna opción estratégica que no pase, al final, por las negociaciones? De la guerra a la política En las relaciones internacionales, las guerras no son un fin en sí mismas. A menudo constituyen un medio para modificar el equilibrio de fuerzas con miras a una negociación. Rara vez las guerras terminan con una victoria absoluta. Por lo general, sus resultados terminan traduciéndose en la mesa de negociaciones, ya sea de manera directa o indirecta. En el caso libanés, la última guerra ha dado lugar a una nueva realidad marcada por varios factores: la reocupación por parte de Israel de algunas zonas del territorio libanés; la creciente presión internacional para aplicar la Resolución 1701 y otras resoluciones internacionales pertinentes; la vinculación del proceso de reconstrucción con un nuevo proceso político y de seguridad relacionado con las armas que escapan a la autoridad del Estado; profundas transformaciones regionales que han redibujado el equilibrio de fuerzas y sacudido muchas de las certezas que marcaron a la región durante las últimas dos décadas. Todo ello coloca al Líbano frente a un desafío que ya no puede aplazarse. ¿Qué opciones tiene el Líbano? A primera vista, las opciones parecen numerosas. Pero, al examinarlas de cerca, resultan mucho menos diversas de lo que parecen. Primero: la opción de la resistencia militar Un sector considera que la continuación de la acción militar constituye una alternativa a cualquier vía de negociación. Sin embargo, esta opción se enfrenta a varias realidades: un claro desequilibrio de fuerzas; un costo humano y económico que el Líbano difícilmente puede soportar; la ausencia de apoyo internacional a una confrontación abierta; la necesidad interna de reconstruir el Estado y sus instituciones. Por lo tanto, la continuación del enfrentamiento no elimina las negociaciones. Solo las retrasa o modifica sus condiciones. Segundo: esperar Otros apuestan por cambios regionales o internacionales que podrían ofrecer más adelante condiciones más favorables para el Líbano. Pero esperar no es una política en sí misma. Equivale a suspender la decisión. Mientras tanto, la realidad sigue cambiando, los equilibrios de fuerzas se modifican y nuevos hechos consumados se consolidan, hasta convertirse posteriormente en parte de cualquier futuro arreglo. Tercero: internacionalizar la crisis Algunos proponen trasladar todo el expediente a las Naciones Unidas o a las potencias internacionales. Sin embargo, incluso los conflictos más internacionalizados nunca se han resuelto únicamente mediante resoluciones internacionales. Su aplicación y su traducción en hechos concretos han requerido, en última instancia, negociaciones entre las partes involucradas. Cuarto: negociaciones indirectas Es un modelo que el Líbano ha conocido en varias ocasiones, ya sea a través del acuerdo de armisticio, de las negociaciones sobre la delimitación de la frontera marítima o de las mediaciones estadounidenses e internacionales. Esta opción permite alcanzar entendimientos sin que ninguna de las partes tenga que asumir el costo político de un contacto directo con la otra. Quinto: negociaciones directas Es la opción políticamente más sensible. Sin embargo, sigue siendo una posibilidad si las partes llegan a considerar que las mediaciones ya no son suficientes para alcanzar los objetivos buscados. Las negociaciones que todos se niegan a reconocer Los actores que más categóricamente se niegan a hablar de negociaciones parecen, en realidad, estar entre los más vinculados a sus resultados. Hezbolá, que rechaza cualquier discusión sobre negociaciones directas entre el Líbano e Israel, forma hoy parte de una ecuación regional que supera ampliamente las fronteras libanesas. Muchos de sus cálculos estratégicos parecen estar vinculados actualmente al desenlace de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El futuro de las sanciones, el programa nuclear y el papel regional de Irán son factores que repercuten, directa o indirectamente, en la posición y las opciones de Hezbolá. Esto significa que, aunque Hezbolá no esté sentado en la mesa de negociaciones, espera sus resultados y basa buena parte de sus cálculos en ellos. Rechazar las negociaciones en Beirut no significa rechazarlas en términos absolutos. Simplemente significa que el lugar de negociación se ha trasladado a otra capital y a otro expediente. Israel , por su parte, a pesar de su superioridad militar, enfrenta un dilema similar. La fuerza militar puede destruir o debilitar las capacidades militares del adversario, pero por sí sola no puede generar una estabilidad duradera en la frontera norte. En última instancia, Israel necesita arreglos que garanticen la seguridad de sus asentamientos del norte, permitan el regreso de sus habitantes y eviten que la amenaza resurja. Cualquiera que sea el nombre que se dé a esos arreglos, no podrán lograrse únicamente por la fuerza. Requerirán entendimientos políticos o de seguridad, directos o indirectos, con el Estado libanés o mediante una mediación internacional. En otras palabras, a pesar de sus discursos diferentes, ambas partes se mueven dentro del mismo marco de negociación, aunque no estén sentadas en la misma mesa. Hezbolá espera el resultado de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mientras Israel busca arreglos negociados capaces de asegurar su frente norte. Ambos saben que la guerra, por sí sola, no puede producir una estabilidad duradera. ¿Existe una verdadera alternativa a las negociaciones? Aquí reside la gran paradoja. Después de examinar los distintos escenarios, queda claro que la verdadera división no se da entre negociar y no negociar , sino entre la forma, el momento y el nivel de las negociaciones . La guerra puede ser un medio para mejorar las condiciones de negociación. La disuasión también es un instrumento de negociación. La mediación es una forma de negociación. Las resoluciones internacionales requieren negociaciones para poder aplicarse. Y esperar no es, en el fondo, más que aplazar las negociaciones. Incluso la continuación de la ocupación o de enfrentamientos limitados no puede constituir una solución permanente. Se trata únicamente de fases transitorias que, tarde o temprano, desembocan en alguna forma de arreglo. Por lo tanto, la verdadera pregunta ya no es: ¿habrá negociaciones? Sino: ¿qué tipo de negociaciones? ¿Quién representará al Líbano? ¿Y con qué cartas contará? ¿Qué significa esto para el Líbano? El problema fundamental no radica en el principio mismo de las negociaciones, sino en la preparación del Estado libanés para encararlas. Los Estados no se miden únicamente por su capacidad de entrar en negociaciones, sino también por su capacidad de definir sus objetivos antes de sentarse a la mesa. ¿Qué quiere recuperar el Líbano? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué puede aceptar? ¿Y qué no puede conceder? Las respuestas a estas preguntas son las que determinarán el resultado de cualquier proceso de negociación, y no el simple hecho de que las negociaciones se lleven a cabo. Un Estado que entra en negociaciones unido y capaz de definir una posición nacional se convierte en un actor en la construcción del arreglo. Un Estado dividido, en cambio, se convierte en un escenario donde otros negocian y diseñan los arreglos. Quizá la expresión «Todos los caminos conducen a Roma» ya no sea solamente una descripción de la red de caminos del Imperio romano, sino una descripción particularmente exacta de la situación actual del Líbano. Los caminos difieren, los lemas cambian y los discursos se transforman, pero el resultado parece seguir siendo el mismo. Hezbolá, a pesar de rechazar las negociaciones con Israel, espera los resultados de otras negociaciones que determinarán una parte importante de su futuro. Israel, a pesar de su superioridad militar, también busca arreglos negociados capaces de garantizarle la seguridad que la fuerza por sí sola no ha podido asegurar. Y el Estado libanés, por mucho que intente aplazar esta cuestión, terminará encontrándose frente a la misma pregunta. La pregunta ya no es: ¿negociará el Líbano? Ahora es: cómo negociará? ¿Quién negociará en su nombre? ¿Sobre la base de qué visión nacional? ¿Y entrará en las negociaciones como un Estado dueño de su propia decisión, o como un escenario donde se cruzan las negociaciones de otros?¿ Porque en política, como en la historia, la cuestión no es simplemente que todos los caminos conduzcan a Roma. La cuestión es saber por qué se toma un determinado camino y tener la capacidad y el valor de definir el propio rumbo antes de que otros lo elijan en nuestro lugar.

El Medio Oriente ya no atraviesa únicamente una etapa de reconfiguración de las alianzas. Parece estar entrando en un periodo en el que se redefine el concepto mismo de seguridad regional. Después de décadas en las que el sistema árabe funcionó, aunque de manera frágil, dentro de marcos comunes como la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo, hoy comienzan a surgir nuevos esquemas de seguridad y cooperación económica. Estos trascienden las fronteras del mundo árabe y reúnen a Estados árabes y musulmanes con potencias regionales e internacionales sobre la base de intereses estratégicos, y no únicamente en una identidad común. En este contexto aparece lo que se ha dado en llamar el “Acuerdo de La Meca”, firmado por Arabia Saudita, Türkiye y Pakistán el 7 de agosto de 2026. Se basa en el principio de que cualquier agresión contra uno de los tres Estados será considerada una agresión contra todos. Por su formulación, este principio se acerca al de la defensa colectiva consagrado en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, aunque todavía es demasiado pronto para hablar de una verdadera “OTAN islámica”. La importancia del acuerdo no reside únicamente en los tres países que lo firmaron, sino también en lo que cada uno representa: Arabia Saudita por su peso árabe, islámico y económico; Türkiye por su poder militar y su pertenencia a la OTAN; y Pakistán por su condición de potencia nuclear. Es precisamente esta dimensión nuclear la que otorga al acuerdo, al menos en teoría, un peso estratégico que va más allá de la mera cooperación militar convencional. La relación entre este acuerdo y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sin embargo, no es de integración ni de dependencia. Türkiye sigue siendo miembro de la OTAN, mientras que la propia Alianza reafirmó en su cumbre de Ankara, celebrada en julio pasado, su compromiso con la defensa colectiva en virtud del artículo 5. Al mismo tiempo, la OTAN desarrolla una cooperación de seguridad cada vez más estrecha con varios Estados del Golfo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Kuwait. Aquí es donde el panorama se vuelve más complejo. Del otro lado se perfila una red distinta de relaciones que reúne a Emiratos Árabes Unidos, India e Israel, con vínculos que se extienden hacia Grecia y Chipre. Conviene ser precisos: hasta ahora no existe una alianza militar cuatripartita formal que reúna a Emiratos, India, Israel y Grecia en el sentido tradicional del término. Lo que existe es una red creciente de asociaciones estratégicas, económicas y de seguridad, además de propuestas israelíes planteadas públicamente para construir un eje que se extienda desde India, pase por Emiratos y llegue hasta Grecia y Chipre. La importancia de este eje radica en que no se basa ni en la religión ni en la identidad, sino en los intereses: comercio, tecnología, seguridad, energía, rutas marítimas y conectividad entre India, Medio Oriente y Europa. En este contexto también debe entenderse la competencia en torno al Corredor Económico India–Medio Oriente–Europa, o IMEC, que debía conectar a India con el Golfo, y después con Israel y Europa. Sin embargo, las guerras y las divisiones regionales han vuelto más complejo el futuro del proyecto, mientras Arabia Saudita ha comenzado a explorar rutas que podrían evitar el paso por Israel. ¿Estamos ante una división árabe? Sí, pero no en el sentido tradicional del término. Sería más preciso decir que estamos asistiendo al paso de un sistema árabe único, aunque en ocasiones lo fuera solo formalmente, hacia un conjunto de ejes rivales y entrelazados. Arabia Saudita ya no quiere depender de un solo paraguas de seguridad. Desde hace años, Emiratos Árabes Unidos ha optado por desarrollar amplias relaciones estratégicas con Estados Unidos, India e Israel. Türkiye actúa al mismo tiempo dentro y fuera de la OTAN, mientras busca consolidar un papel regional independiente. Pakistán aporta a la ecuación su peso militar y nuclear. India, por su parte, actúa con la lógica de una gran potencia que busca su lugar en el nuevo orden mundial. Esto significa que los Estados árabes ya no actúan necesariamente como un solo bloque. El mayor peligro, sin embargo, sería que esta pluralidad de alianzas se transformara en una confrontación interárabe entre bloques rivales, hasta convertir a los Estados árabes en componentes de ejes enfrentados en lugar de actores que persiguen un proyecto regional independiente. Y es aquí donde la cuestión libanesa se vuelve más urgente. ¿Dónde está el Líbano? El Líbano no es Arabia Saudita, ni Emiratos, ni Türkiye, ni India. Es un Estado pequeño, situado en una posición geográfica de extrema sensibilidad, con una sociedad multiconfesional y una economía que necesita tanto al mundo árabe como a Occidente. Por ello, la pregunta “¿a qué alianza debería incorporarse el Líbano?” quizá esté mal planteada. La verdadera pregunta es: ¿cómo puede el Líbano preservar su identidad y sus intereses nacionales en un mundo en el que las alianzas se transforman en redes entrelazadas? La Constitución libanesa ofrece una primera respuesta. Su preámbulo afirma claramente que el Líbano es “árabe en su identidad y pertenencia”, que es miembro fundador y activo de la Liga de los Estados Árabes y que respeta sus pactos. También reafirma su pertenencia al mundo árabe y al ámbito internacional. No se trata de una fórmula poética inscrita en el preámbulo de la Constitución. Forma parte de la propia identidad del Estado. Pero la “arabidad del Líbano” no significa que este deba convertirse en parte de cualquier eje árabe, independientemente de sus políticas. Del mismo modo, pertenecer al mundo árabe no implica entrar en confrontación con Türkiye, Irán, Occidente o cualquier otro Estado. La arabidad libanesa debe ser un marco de pertenencia, no una herramienta de alineamiento militar. Precisamente por eso, el Líbano necesita hoy una política diferente: ni una política de ejes ni una política de aislamiento, sino una política de neutralidad positiva y apertura equilibrada. ¿Es demasiado pronto para definir una posición? Sí. Todavía es demasiado pronto para que el Líbano anuncie su adhesión a un nuevo eje de seguridad. De hecho, hacerlo ahora sería un error. Incluso el propio “Acuerdo de La Meca” se encuentra todavía en una fase fundacional. Los detalles de su aplicación, los mecanismos de defensa colectiva y el grado en que podría evolucionar hacia una estructura militar integrada aún no están claros. En cuanto al eje opuesto, todavía no constituye una alianza militar formal, sino más bien una red de asociaciones e intereses estratégicos. Si el Líbano adoptara desde ahora una posición definitiva, podría encontrarse dentro de unos meses o unos años en una configuración que ya no respondiera a sus intereses. Más importante aún, el Líbano no puede darse el lujo de dejarse arrastrar a una competencia entre ejes rivales. Todavía intenta superar sus crisis internas, recuperar la confianza árabe e internacional, reconstruir su economía y fortalecer al ejército y a las instituciones legítimas del Estado. ¿Qué debe hacer el Líbano? Primero, debe afirmar claramente que la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa es prerrogativa exclusiva del Estado libanés. El Líbano no puede ser un Estado soberano si sus opciones de seguridad se determinan fuera de sus instituciones constitucionales. Segundo, debe preservar sus relaciones árabes, en particular con Arabia Saudita y los países del Golfo, sin que ello se transforme en un compromiso con un eje militar. Tercero, debe mantener sus relaciones con Türkiye, Europa, Estados Unidos, India y los países del Golfo, y rechazar que se le encierre en una disyuntiva de “esto o aquello”. Cuarto, debe redefinir la “neutralidad” de manera práctica. La neutralidad no significa que el Líbano deba carecer de una posición sobre las causas árabes, la cuestión palestina o el derecho internacional. Significa que no debe ser ni un campo de batalla ni una plataforma militar al servicio de ningún eje regional. Quinto, el Líbano debe recuperar su lugar en el mundo árabe a través del Estado, y no mediante partidos u organizaciones armadas. Ahí reside la cuestión central. Si el Líbano realmente quiere mantener el principio según el cual es “árabe en su identidad y pertenencia”, debe reconstruir su relación con el mundo árabe a través del Estado libanés, y no a través de una confesión o de un partido. El Líbano no necesita una nueva alianza Quizá el mayor error que el Líbano podría cometer en la próxima etapa sería buscar un “paraguas exterior” que lo protegiera. El Líbano necesita primero un paraguas interno: la Constitución, el ejército, las instituciones, la justicia y la legitimidad. Solo después podrá construir una amplia red de relaciones exteriores. Las alianzas regionales cambian. Arabia Saudita puede acercarse hoy a Türkiye y Pakistán, mientras Emiratos puede profundizar su asociación con India e Israel. Mañana, estos alineamientos podrían volver a cambiar. Pero si el Líbano vincula su futuro a un solo eje, pagará el precio de esas transformaciones. Por ello, un nuevo principio rector de la política libanesa debería ser el siguiente: Somos árabes, pero no formamos parte de un conflicto árabe contra árabe. Estamos abiertos a Oriente y Occidente, pero no estamos subordinados a ningún eje. Estamos a favor de la seguridad regional, pero la seguridad del Líbano debe decidirla el Líbano. El propio mundo árabe está cambiando. Quizá la Liga Árabe, por sí sola, ya no sea capaz de producir una arquitectura regional de seguridad. La próxima etapa podría ser la de múltiples alianzas: árabes, islámicas, económicas, marítimas, tecnológicas y de seguridad. Sin embargo, en medio de estas transformaciones, el Líbano puede desempeñar un papel diferente: ser un puente y no una trinchera, un Estado de diálogo, no de confrontación, y un Estado árabe independiente, no el satélite de ningún eje. Ese es el verdadero sentido de la expresión “el Líbano es árabe en su identidad y pertenencia”. No es un llamado a elegir un eje contra otro, sino una invitación a devolver al Líbano su lugar natural: el de un Estado árabe soberano, abierto a todos, que no permita que nadie decida en su nombre dónde debe situarse, cuándo debe ir a la guerra y por qué. En un momento en que las alianzas se están reconfigurando, quizá la posición más fuerte que pueda adoptar el Líbano sea no apresurarse a elegir una alianza, sino elegir primero al Estado. Después, cuando el nuevo mapa de la región se vuelva más claro, el Líbano podrá definir sus asociaciones en función, primero, de su interés nacional; segundo, de su identidad árabe; y, por encima de cualquier otra consideración, de su soberanía.

A los antropólogos no les resultó nada grato ver su disciplina presentada como un foco de “pensamiento político gregario”, ni leer que la “neutralidad científica” es, en el mejor de los casos, una ilusión y, en el peor, un dictado político. Reaccionaron con indignación al Report on the State of Scholarship in the Humanities and the Humanistic Social Sciences , encargado por la Universidad Vanderbilt y la Universidad Washington en San Luis y elaborado por un grupo de diez académicos. Publicado recientemente, el informe presenta a la antropología como ejemplo de una disciplina que atraviesa un deterioro generalizado de los estándares científicos, acompañado de un clima intelectual nocivo en el que se reprimen y sancionan las discrepancias razonables sobre temas políticamente controvertidos. ¿Qué queda, entonces, de la ciencia cuando el desacuerdo sobre el propio método queda sometido a presiones políticas, morales e identitarias? La antropología es una disciplina relativamente reciente, pero se encuentra entre los campos que han adquirido una presencia cada vez mayor en la investigación contemporánea, en particular en la confluencia de la historia, la política, la sociedad y la cultura. La antropología política, específicamente, ha ampliado su campo de estudio, pasando del poder y las instituciones al Estado, el nacionalismo, la identidad, la ciudadanía, la violencia, la memoria colectiva, la religión y las prácticas cotidianas del poder. Asimismo, ha establecido un diálogo cada vez mayor con la historia, las ciencias políticas y la filosofía política. Instituciones y programas académicos contemporáneos presentan así la antropología y la política como un campo interdisciplinario que permite comprender las culturas, las políticas y los asuntos internacionales en sus dimensiones históricas, sociales y culturales, mediante la recopilación e interpretación de hechos procedentes de distintas regiones del mundo. En 2023, la American Anthropological Association y la Canadian Anthropology Society cancelaron una mesa titulada Let’s Talk About Sex, Baby: Why Biological Sex Remains a Necessary Analytic Category in Anthropology . Ambas asociaciones justificaron su decisión en nombre de la seguridad y la dignidad de sus miembros, así como de la “integridad científica” del programa. Argumentaron que la mesa partía de supuestos que presentaban el sexo y el género de manera simplista como categorías binarias. Sin embargo, la decisión suscitó objeciones de organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad académica, entre ellas PEN America y FIRE, que consideraron que cancelar una mesa debido al posible “daño” que pudiera causar planteaba serios problemas para la libertad de debate. ¿Puede una institución científica negarse a permitir que se formule una pregunta científica porque considera que algunas de las posibles respuestas podrían resultar perjudiciales? ¿Y puede hacerlo sobre la base de juicios que quizá no tomen en cuenta toda la complejidad física, biológica y antropológica del problema? Esta preocupación por un conocimiento que sigue siendo en gran medida conjetural reavivó en 2026 intensos debates, en el marco de una crisis más amplia relacionada con la politización, los estándares científicos y su reconfiguración, en un contexto marcado por importantes rupturas teóricas respecto de la filosofía del siglo anterior. Estos ataques provienen, en particular, de fuerzas políticas que promueven una lectura biológica del mundo. Otros discursos políticos recurren igualmente a argumentos biológicos y sociales para presentar las diferencias humanas como hechos naturales e inmutables: los multimillonarios serían genios que merecen su fortuna, mientras que los pobres serían personas débiles, nacidas para seguir siendo pobres. Estos discursos cuestionan muchos de los aportes de las ciencias sociales en torno a la raza, el género, la clase y el poder. El problema no es determinar si las ciencias sociales son “de izquierda” o “de derecha”, sino constatar que los límites de aquello que puede ser legítimamente sometido a investigación científica se establecen a veces antes incluso de que comience la investigación. Sin embargo, la antropología surgió precisamente para deconstruir aquello que parece natural y evidente. Hoy corre el riesgo de convertir algunas de sus conclusiones teóricas en postulados que ya no estaría permitido cuestionar. En otras palabras, podría pasar de la crítica de las evidencias establecidas a la producción de nuevas evidencias. Las ciencias sociales perturban el orden establecido de las relaciones y las distinciones sociales, y cuestionan los discursos del poder. ¿Deberían, por ello, ser silenciadas? También pueden contribuir a la justicia social. Pero ¿qué ocurre cuando la propia justicia social se convierte en un criterio para determinar qué conocimiento es aceptable? Un informe declara una crisis en las humanidades y las ciencias sociales, y la antropología se convierte en un caso emblemático del conflicto. La cancelación de la mesa sobre el sexo biológico constituye un ejemplo. La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿estamos ante una politización de la ciencia o ante una rectificación científicamente legítima? La tarea parece difícil. Para un investigador, reivindicar una neutralidad científica puede equivaler a negar su propia relación con el mundo e incluso llegar a constituir una forma de mala fe. Por otro lado, la objetividad sigue siendo un principio fundamental de la ciencia, que debe reforzarse constantemente mediante procedimientos y principios que hagan posible la búsqueda de la verdad. En Estados Unidos, los ataques se dirigieron inicialmente contra las ciencias sociales antes de extenderse a las ciencias del clima, la microbiología e incluso las vacunas. En Europa, los estudios de género llevan mucho tiempo siendo objeto de ataques en países como Hungría. En Francia, una intervención de la ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, en 2021 llevó a solicitar una investigación sobre determinadas corrientes de los estudios críticos. Por ello, resulta esencial poner de relieve los protocolos y principios que rigen el trabajo científico, que no descansa en la neutralidad del investigador, sino en la objetividad de su método, así como las condiciones bajo las cuales la ciencia puede cuestionar aquello que parece evidente y ser, de este modo, verdaderamente crítica. La política no debería determinar qué es científicamente verdadero, del mismo modo que la ciencia tampoco debería pretender existir al margen de la política y de la sociedad. Carolyn Rouse, profesora de antropología en Princeton y presidenta de la American Anthropological Association, criticó en particular a los autores del informe por haber utilizado inteligencia artificial para analizar grandes corpus de textos, pese a que este método es cada vez más común en numerosas ciencias sociales. Asimismo, sostuvo que obligar a los antropólogos biológicos a enseñar que solo existen dos sexos equivaldría “a convertir un departamento de astronomía en uno de astrología”. Esta divergencia de perspectivas se produce en un momento en que el mundo académico enfrenta una ofensiva sin precedentes. Necesita expertos en comunicación capaces de explicar al público el valor de la educación superior. Sin embargo, muchos académicos siguen haciendo y diciendo cosas que resultan en gran medida incomprensibles fuera de sus propios círculos. Lo mismo ocurre con los presidentes de universidades que tropiezan durante sus comparecencias ante el Congreso, con los expertos en salud pública cuyas declaraciones se contradicen entre sí y con los centros de pensamiento que intentan reconstruir la confianza y ordenar las objeciones planteadas contra los fundamentos teóricos de una antropología que se concibe a sí misma en constante evolución. La noción de “neutralidad” en la investigación suele asociarse con Max Weber. Sin embargo, el célebre concepto de “neutralidad axiológica” remite a una cuestión más compleja: la distinción entre la referencia a valores, inevitable en la elección y construcción de un objeto de investigación, y los juicios de valor formulados por el investigador. La traducción francesa de dos conferencias de Weber, reunidas bajo el título Le Savant et le Politique , fue publicada por Plon en 1959, en traducción de Julien Freund y precedida de una introducción de Raymond Aron. La propia traducción de Wertfreiheit como neutralité axiologique , o “neutralidad axiológica”, ha sido objeto de debate desde entonces, y algunos prefieren hablar de “no imposición de valores”. Otra contribución importante a la construcción de la objetividad científica es la teoría de la reflexividad de Pierre Bourdieu (1930-2002), que subraya que el investigador en ciencias sociales también está expuesto a sesgos. La antropología nunca ha sido una ciencia “neutral” en el sentido en que podrían serlo la física o las matemáticas. Los investigadores llegan al trabajo de campo con su propia cultura, su lengua, su posición social y sus interrogantes previos. Una de las razones citadas con mayor frecuencia para explicar la creciente desconfianza hacia el mundo académico es la percepción de que tiene una “agenda política”, seguida de cerca por el costo de la educación superior y la idea de que los títulos universitarios ya no preparan adecuadamente a los egresados para el mercado laboral. Durante años, los académicos han prestado la credibilidad de sus instituciones a diversos proyectos políticos. Ahora se encuentran en bancarrota en términos de reputación. Si no reparan el daño, muchas de sus instituciones podrían terminar también en bancarrota financiera. Después de todo, la ciencia objetiva no puede separarse de una sociedad democrática sometida a las mismas exigencias críticas de objetividad y contextualización. La ciencia es una empresa colectiva y, para definir qué puede considerarse conocimiento, requiere cierta forma de democracia. Una de las críticas que actualmente se dirigen contra las universidades sostiene que la libertad de expresión está siendo atacada. Sin embargo, estas acusaciones buscan a veces cuestionar un liberalismo intelectual que no ha conducido a la censura, sino al establecimiento de límites definidos por la ley, particularmente frente a discursos antidemocráticos, racistas o misóginos que algunos de estos críticos pretenden volver a legitimar. Y, sin embargo, a veces son las mismas personas quienes, sin temor a la contradicción, atacan la libertad académica mediante políticas destinadas a controlar o silenciar a los investigadores, así como a todos aquellos que trabajan en defensa de las libertades y los derechos en los ámbitos de la justicia, el periodismo o una cultura emancipadora, al servicio del interés público y del bien común, con el propósito de hacer posible un mundo habitable para el mayor número de personas. La ciencia no muere cuando se politiza. Muere cuando ya no puede ser corregida.

Desde el incidente del autobús de Ain al-Rummaneh, en 1975, que constituyó la chispa simbólica de la guerra, los libaneses entraron en un ciclo ininterrumpido de miedo organizado, y no de un miedo circunstancial. Este fenómeno se inscribe en lo que algunos pensadores denominan “economía del miedo” o “políticas del miedo”, donde el miedo se convierte en una materia que se fabrica y administra, y deja de ser únicamente un sentimiento espontáneo. El miedo cumple aquí tres funciones peligrosas: En primer lugar, paraliza la acción colectiva. Cuando una sociedad vive bajo la amenaza permanente de la guerra, la discordia, el colapso o un enemigo externo o interno, su principal preocupación pasa a ser la supervivencia individual y no la acción colectiva. De este modo, se desintegra la posibilidad de una resistencia organizada frente a cualquier forma de dominación u ocupación. En segundo lugar, reproduce las lealtades comunitarias, porque el miedo empuja a las personas a buscar refugio en sus grupos primarios de pertenencia: la comunidad confesional, el líder, el partido. Así, el miedo se convierte en un mecanismo para reproducir el mismo sistema que, supuestamente, es la causa de la crisis. Por último, bajo el dominio del miedo, todo se vuelve justificable: las armas fuera del control del Estado, la suspensión de la ley, la represión, la corrupción e incluso la dependencia de potencias extranjeras, porque “las circunstancias son excepcionales”. Entramos así en un estado de excepción que nunca termina. Nuestra historia demuestra la recurrencia de estas distintas etapas en la fabricación del miedo: La guerra civil: el miedo al otro confesional. Las sucesivas ocupaciones: el miedo al enemigo externo. El periodo posterior a 2005: el miedo a los asesinatos y al caos. Desde 2019: el miedo al colapso económico. Las guerras regionales y las guerras de apoyo: un miedo y una ansiedad permanentes ante la propia existencia. Por lo tanto, el problema no reside en la existencia de peligros reales, pues estos existen, sino en transformar esos peligros en una estructura permanente para administrar la sociedad. Tampoco reside en el hecho de que la población haya sucumbido al miedo, sino en que ese miedo haya sido, en muchas ocasiones, fabricado, amplificado o instrumentalizado de manera que impida cualquier verdadero momento de emancipación. El resultado final es lo que podría denominarse una sociedad que vive en un estado permanente de emergencia psicológica. Si el miedo se produce como un instrumento para controlar el espacio político, su efecto más profundo se manifiesta en la redefinición del propio ser humano dentro de ese espacio, algo que las tesis de Giorgio Agamben sobre la “vida desnuda” ( bare life ) ponen de relieve con particular precisión. En el contexto libanés, no se trata únicamente de generalizar un clima de miedo, sino de transformar al ciudadano en un ser biológico despojado de protección, que vive en una zona gris entre el derecho y el no derecho, donde los derechos quedan suspendidos en nombre de imperativos de seguridad o de carácter confesional. En este sentido, la “economía del miedo” converge con lo que Michel Foucault denomina “biopoder”, que no se limita a controlar los cuerpos, sino que los reproduce dentro de dispositivos de disciplina y vigilancia: la prisión, el hospital, la escuela, el cuartel… Sin embargo, el caso libanés revela un desplazamiento adicional: en lugar de administrar la vida con miras a mejorarla, como ocurre en los modelos clásicos del biopoder, se administra el miedo para mantener la vida en su nivel mínimo, es decir, en el nivel de la “supervivencia” y no del “vivir”. El individuo libanés se aproxima así a la condición de “vida desnuda”, en el sentido agambeniano, constantemente expuesto a decisiones soberanas de excepción y privado de cualquier perspectiva de estabilidad jurídica y política. Esta convergencia entre la producción del miedo y la privación del ser humano de su condición política desemboca en una estructura invisible de gobierno, en la que el contrato social es sustituido por la lógica de la emergencia permanente y donde, en lugar del ejercicio del poder, prevalece una “política del abandono”. Más aún, se trata de una gestión del deterioro: de la economía, la salud, la educación, la emigración y hasta la explosión del puerto de Beirut… Si el “estado de excepción” constituye el punto de partida teórico para comprender la transformación de la soberanía en el contexto libanés, no representa un simple paréntesis jurídico excepcional, sino que ha establecido una estructura permanente de gobierno en la cual se reformula continuamente la relación entre el poder y la sociedad. En este sentido, la “fabricación del miedo” puede considerarse una prolongación práctica del estado de excepción, ya que la suspensión de las normas jurídicas e institucionales solo puede mantenerse mediante la producción permanente de un clima de amenaza. En este contexto, el ciudadano deja de ser un actor político para convertirse en objeto de las políticas de emergencia, sometido a la lógica de la supervivencia individual y separado de cualquier horizonte contractual común. Por consiguiente, desmantelar este sistema no pasa únicamente por restablecer el derecho, sino por recuperar el sentido político de la vida misma, es decir, por reintegrar al individuo en el espacio de la ciudadanía, más allá de la lógica de la excepción y del miedo. El miedo se convierte así en un instrumento invisible de gobernanza que remodela las mentalidades colectivas y arraiga lo que podría denominarse una “emergencia psicológica permanente”, en la que la ansiedad se reproduce continuamente como condición estructural de una estabilidad precaria. Este proceso no se limita a la existencia de peligros objetivos, sino que se alimenta también de una vulnerabilidad social basada en profundas divisiones y en la ausencia de una narrativa nacional común. Desmantelar la economía del miedo, por tanto, no consiste únicamente en revelar sus mecanismos, sino que exige reconstruir la confianza y las instituciones y producir un sentido colectivo alternativo. El papel de Hezbolá En este contexto, no es posible comprender los mecanismos de dominación sin abordar el papel de Hezbolá y la política que ha impuesto en Líbano, conjuntamente con el sistema gobernante y con el respaldo del régimen sirio e Irán, en particular durante el periodo en que este eje ejercía un dominio absoluto, un dominio que hoy experimenta un retroceso notable, especialmente desde la caída de Assad. Aquí se impone una distinción filosófica y jurídica fundamental. Es necesario diferenciar rigurosamente entre un “estado de emergencia”, que emana del derecho y que las constituciones regulan mediante límites y condiciones claramente definidos, y un “estado de excepción prejurídico”, impuesto por este eje como un hecho consumado, sin límites ni salvaguardas. En este segundo caso, las leyes y los límites fueron abolidos y los derechos, conculcados, transformando por completo el papel de la Constitución y de las instituciones libanesas. En lugar de constituir un escudo destinado a proteger a la sociedad, estas quedaron reducidas, bajo el peso de esta dominación, a una mera cobertura oficial y legal para el abuso de poder y la consolidación del autoritarismo. La soberanía paralela ejercida por Hezbolá no se detuvo en los límites del control jurídico de los individuos. Penetró, de manera insidiosa, hasta la propia “vida desnuda”, privándola de todo valor y exponiéndola a la violencia de decisiones soberanas arbitrarias. En consecuencia, esta “vida desnuda”, contemplada a través del prisma de la “excepción”, se convirtió en el combustible vital que alimenta el ejercicio del poder soberano de Hezbolá, que asegura su perpetuación mediante la producción continua de un “cuerpo biopolítico” reprimido y domesticado, sometido a un control absoluto bajo la cobertura de la ley y de una soberanía ficticia, con el fin de impedir cualquier forma de oposición. Esta lógica se ha manifestado concretamente en el asesinato del intelectual y activista político Lokman Slim en una zona bajo control de Hezbolá; en los acontecimientos del 7 de mayo de 2008, cuando las armas fueron utilizadas dentro del país para imponer ecuaciones políticas mediante la fuerza de los hechos consumados; así como en la obstrucción de la investigación judicial sobre la explosión del puerto de Beirut y las amenazas proferidas abiertamente contra los jueces. Estas prácticas consagraron el principio de una impunidad total y anularon de hecho la soberanía del poder judicial libanés. A través de este miedo metódicamente construido, el ser humano en Líbano ha quedado reducido a la condición de “vida desnuda”. El opositor político queda expuesto a la eliminación física, a acusaciones de traición o, simbólicamente, a una condena que lo despoja de toda protección. Por su parte, el ciudadano perteneciente a la propia base social de Hezbolá también queda expuesto al ser arrastrado a guerras regionales transfronterizas, ya sea mediante la intervención militar en Siria o la apertura unilateral de frentes de desgaste, sin autorización ni cobertura de su Estado, hasta quedar reducido a mero combustible biológico al servicio de un proyecto transnacional. Esta desprotección no se ha limitado a los individuos. También ha alcanzado la propia estructura del Estado libanés y a los Estados vecinos, cuya soberanía ha sido vulnerada mediante la legitimación de rutas ilícitas de contrabando, la confiscación de la decisión sobre la guerra y la paz, y la transformación de las fronteras, así como de la propia decisión soberana confiscada, en espacios abiertos para ejecutar agendas militares y de seguridad situadas enteramente fuera de los marcos del derecho internacional y del contrato político. El Estado y la población han quedado así, conjuntamente, a merced de una soberanía de excepción que se alimenta de la ausencia del derecho y de la perpetuación del terror. En definitiva, el retroceso manifiesto y continuo de este eje, tanto regional como local, abre una brecha en el muro del “estado de excepción” permanente y ofrece una oportunidad histórica sin precedentes para liberar al ser humano en Líbano de su condición de estar indefenso frente al poder arbitrario y devolverlo al amparo de la ley. Sin embargo, el retroceso militar y político de la milicia y del proyecto iraní no implica automáticamente la restauración inmediata de la soberanía del Estado. Esta restauración se enfrenta a otro muro formidable dentro del propio sistema político: la estructura del “Estado profundo” en Líbano. Este “Estado profundo”, que se nutre de redes de intereses confesionales, del reparto del poder según lógicas faccionales y de una corrupción institucional sistémica, constituye la prolongación burocrática y financiera oculta que permitió originalmente el surgimiento de la dominación miliciana y su perpetuación. Es esta estructura la que hoy se niega a renunciar a sus privilegios y obstaculiza activamente la aplicación efectiva de los mecanismos de rendición de cuentas ante la justicia, las reformas estructurales y la construcción de auténticas instituciones legítimas. Por consiguiente, el futuro del Estado libanés y la restauración de su plena soberanía no podrán alcanzarse únicamente mediante el retroceso de las armas paralelas o el debilitamiento de sus patrocinadores regionales, sino que dependen de una batalla más profunda y compleja: el desmantelamiento del sistema clientelar del Estado profundo. Poner fin a la desprotección del ser humano y de la patria exige pasar del terreno del “terror y la salvación militar” al de “la ciudadanía, el derecho y el saneamiento de la administración pública”. Sin desmantelar esta infraestructura del autoritarismo encubierto, la soberanía seguirá siendo una promesa aplazada, mientras el futuro de Líbano permanecerá atrapado entre un poder armado que se debilita y un Estado profundo que se niega a nacer de nuevo.