La moderación libanesa necesita un proyecto
En el Líbano, se recurre a la moderación cada vez que el país se acerca a la explosión, pero su presencia retrocede en cuanto comienza el reparto del poder. A los moderados se les pide calmar los ánimos, limar asperezas y mantener abiertas las puertas del diálogo, mientras se deja a las fuerzas con mayor capacidad de bloqueo la tarea de fijar las condiciones del acuerdo. En este sentido, se asigna a la moderación un papel en la contención de las crisis, sin que necesariamente disponga de la capacidad para modificar las condiciones que las producen.
Ahí radica su crisis fundamental. Una moderación que se limita a impedir lo peor permanece sometida a la agenda de los demás. Espera a que haya una escalada para llamar a la calma, un bloqueo para buscar una salida y una división para proponer un espacio común. Esas funciones pueden ser necesarias en momentos de peligro, pero no bastan para construir un futuro. El Líbano necesita una moderación que tenga una visión de gobierno, que sea capaz de tomar la iniciativa, afrontar los desafíos y organizarse, y que pueda explicar a la ciudadanía qué cambiará en su vida si decide otorgarle su confianza.
Para que eso sea posible, es necesario liberar a la moderación de la confusión que la identifica con quedarse simplemente a mitad de camino. En los desacuerdos sobre prioridades de gasto, políticas económicas o gestión de los servicios públicos, existen varias opciones legítimas y el compromiso forma parte del funcionamiento democrático. Pero cuando se trata de la primacía del Estado, de que todos estén sometidos a la ley y del derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes sin intimidación, el compromiso debe referirse a las formas de aplicar esas reglas, no al principio mismo de respetarlas. Aquí, la moderación es clara en su objetivo, gradual en sus medios y responsable de las consecuencias de sus decisiones.
Esta distinción es fundamental en lo relativo a las armas de Hezbolá. El monopolio estatal de la fuerza militar y de la decisión sobre la guerra y la paz constituye una condición básica para la existencia de una autoridad nacional responsable ante sus ciudadanos. Defender este principio no exige hostilidad hacia la base social del partido, ni justifica ignorar las agresiones israelíes o los temores que viven los habitantes del sur del Líbano. Por el contrario, obliga a ofrecer una respuesta seria sobre cómo protegerlos, fortalecer al ejército y garantizar las condiciones de estabilidad, regreso y reconstrucción. La firmeza en el principio debe ir acompañada de una acción política, de seguridad y social que haga posible y creíble la transición hacia el Estado.
Sin embargo, la moderación pierde credibilidad si es firme frente a las armas pero tolerante frente a la apropiación de las instituciones. No es coherente pedir una sola autoridad mientras la administración se trata como un reparto de cuotas, la justicia como una herramienta de protección y el dinero público como una fuente de influencia. El Estado en el que se pide a los libaneses que confíen también debe cambiar. El discurso de juramentación del presidente Joseph Aoun vinculó el monopolio de las armas con la reforma de la administración. La tarea política consiste en convertir ese vínculo en un programa de acción, de manera que el ciudadano sienta que recuperar la autoridad del Estado significa también recuperar sus derechos dentro de él.
Aquí aparece la cuestión más profunda. El ciudadano puede desear el Estado y, al mismo tiempo, seguir vinculado al líder o al partido que le resuelve una necesidad inmediata. Cuando el acceso a un tratamiento médico, un empleo o la realización de un trámite depende de una intermediación, la relación política pasa a formar parte de la gestión de la vida cotidiana. No basta con pedir a la gente que se libere del clientelismo sin ofrecerle una alternativa en la que pueda confiar. Quien puede darse el lujo de prescindir de un intermediario puede condenar fácilmente la dependencia. Quien lo necesita para ingresar a un hospital paga su independencia con su seguridad personal y familiar.
Construir la moderación pasa, por lo tanto, por reducir el costo de la independencia del ciudadano. Cada servicio público ofrecido como un derecho claramente establecido, cada empleo accesible con base en la competencia y cada trámite realizado sin intervención amplía el espacio en el que los libaneses pueden elegir políticamente con libertad. En este sentido, la eficacia de las instituciones pasa a formar parte del cambio en la correlación de fuerzas. La lealtad política adquiere otro significado cuando deja de ser una condición para acceder a los derechos más elementales.
Por eso también la moderación necesita un contenido económico y social definido. La palabra “reforma” no basta si no se explica quién asume las cargas, quién recibe protección y cómo se distribuyen las oportunidades. En la crisis financiera, por ejemplo, avanzar hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional constituye un camino con exigencias legislativas y financieras claras. Pero un proyecto político también se mide por su posición respecto de la distribución de las pérdidas, la protección de los pequeños depositantes, la rendición de cuentas y la recuperación del financiamiento de la actividad productiva. Cualquier acuerdo que esconda estas decisiones detrás de un lenguaje técnico deja a la ciudadanía fuera de la decisión que determinará su futuro.
En ocasiones, la moderación se ha asociado en la mente de muchos con la capacidad de entenderse con todos. Sin embargo, toda reforma seria chocará con los intereses de grupos beneficiados por el statu quo, y cualquier eliminación de privilegios, apertura de la competencia o sometimiento de los nombramientos a criterios públicos generará oposición. Por ello, el moderado debe aceptar el costo de su posición. Quien convierte la aprobación de todas las fuerzas en condición para actuar entrega a cada interés establecido la capacidad de impedirle hacerlo. Esta confrontación puede llevarse a cabo dentro de la ley, con argumentos claros y alianzas transparentes, sin movilización sectaria ni acusaciones de traición.
Esto nos lleva al eslabón que suele faltar: la organización. No basta con contar con figuras respetadas, expertos que poseen soluciones o un público cansado de los conflictos. La capacidad política de una corriente moderada requiere instituciones que reúnan a esas personas en torno a prioridades comunes, distribuyan responsabilidades, elijan a sus representantes y les den seguimiento una vez que llegan al poder. También requiere una presencia constante en los municipios, los sindicatos, las universidades y los barrios, donde la confianza se construye mediante la acumulación de trabajo.
Tampoco debe esa presencia reproducir las redes de lealtad bajo una nueva etiqueta. Si el moderado ofrece servicios a cambio de apoyo político, habrá adoptado el mismo mecanismo que critica. Su función consiste en ayudar a las personas a acceder a sus derechos, mostrar las razones que impiden ejercerlos y trabajar para que estén disponibles para todos. También necesita un financiamiento transparente y reglas internas de rendición de cuentas y alternancia en el liderazgo. Un proyecto que exige un Estado de instituciones debe demostrar en su propia estructura que es capaz de superar el dominio de una sola persona.
También es un error suponer que existe una mayoría moderada ya constituida, a la espera de alguien que hable en su nombre. El miedo a la guerra no implica un acuerdo sobre la política de defensa, y el rechazo a la corrupción no produce automáticamente un consenso sobre la reforma económica. Esta base debe construirse mediante el diálogo sobre intereses y opciones, y poniendo a prueba la cooperación en cuestiones concretas. Puede reunir a personas que discrepan sobre muchos asuntos, pero coinciden en la primacía del Estado y en las reglas de competencia política y rendición de cuentas. Ese acuerdo les permite administrar sus diferencias sin convertirlas en amenazas mutuas.
Asimismo, la moderación no puede quedar confinada a una comunidad confesional ni imponer a un solo grupo la obligación permanente de ceder. Necesita socios dentro de los distintos entornos, capaces de reconocer sus temores sin convertirlos en justificación de privilegios permanentes. Necesita un discurso que preserve el derecho de las personas a sus pertenencias e identidades y que, al mismo tiempo, afirme que sus derechos políticos y civiles no pasan exclusivamente por los líderes de esas comunidades.
En este sentido, la moderación se convierte en un proyecto para transformar la manera de ejercer el poder: pasar de la negociación de cuotas a la competencia entre programas, de la protección concedida por una figura influyente a un derecho garantizado por una institución, y de acuerdos que aplazan el conflicto a reglas que permiten resolverlo. Es un proyecto que necesita paciencia, pero también plazos y objetivos declarados, para que la gradualidad no se convierta en un nuevo pretexto para posponer las cosas.
La verdadera prueba de la moderación libanesa comienza con su capacidad para producir esta fuerza organizada y presentar compromisos por los que el ciudadano pueda exigirle cuentas. Entonces, la serenidad del discurso se convierte en expresión de confianza y capacidad, y el diálogo en un medio para alcanzar un objetivo claro. En cambio, una moderación que no posee más que un llamado a la moderación seguirá siendo solicitada cuando se acerque la explosión y marginada cuando llegue el momento de decidir qué vendrá después.