Irán: las ejecuciones de jóvenes, instrumento predilecto de la represión

Los ahorcamientos de jóvenes, entre ellos numerosos adolescentes, se suceden en Irán a un ritmo alarmante. Al menos 532 personas fueron ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, según Iran Human Rights (IHRNGO), una ONG de defensa de los derechos humanos con sede en Oslo que documenta, entre otras cosas, las ejecuciones y las violaciones de los derechos humanos en Irán. La organización afirma haber recibido información sobre más de 500 ejecuciones adicionales, entre ellas las de numerosos jóvenes y estudiantes universitarios, que aún no ha podido verificar.

Según esta misma fuente, 270 de las 532 personas ejecutadas habían sido condenadas por «asesinato» y 180 por «delitos relacionados con las drogas». Sin embargo, 71 fueron ejecutadas por cargos relacionados con la «seguridad nacional», entre ellas 27 manifestantes, 13 presos políticos vinculados a grupos de oposición prohibidos y 14 personas acusadas de «espionaje o colaboración con Estados extranjeros».

Una aceleración que trasciende el ámbito judicial

El ritmo se aceleró especialmente el pasado agosto. Iran Human Rights registró 82 ejecuciones durante ese mes: 40 por «asesinato», 34 por «delitos relacionados con las drogas» y ocho por cargos relacionados con la «seguridad nacional». Entre las personas ejecutadas había seis mujeres. También fueron ahorcados tres manifestantes detenidos durante las protestas de enero de 2026.

De las 532 ejecuciones registradas, solo 77, es decir, el 14,5 %, habían sido anunciadas por fuentes oficiales. Las otras 451 fueron verificadas por Iran Human Rights a partir de dos fuentes independientes.

Estas cifras muestran la magnitud de la aplicación de la pena capital, pero por sí solas no bastan para determinar su función política. Por ello, para comprender qué distingue a una parte de las ejecuciones de 2026, es necesario examinar más de cerca los casos relacionados con las manifestaciones y la seguridad nacional.

La horca para los manifestantes

Human Rights Watch y el Centro Abdorrahman Boroumand han documentado al menos 59 ejecuciones entre el 18 de marzo y finales de agosto de 2026 por cargos relacionados con la «seguridad nacional». Entre las personas ejecutadas, al menos 29 habían sido detenidas durante las manifestaciones de diciembre de 2025 y enero de 2026, y otras tres durante el movimiento «Mujer, vida, libertad» de 2022. Varias tenían 18 o 19 años y cinco fueron ejecutadas públicamente.

En 16 de los 29 casos relacionados con las manifestaciones recientes no se había presentado ninguna acusación de asesinato. Las dos organizaciones también denuncian cargos definidos de forma muy amplia, procedimientos rápidos y numerosos casos de tortura y malos tratos destinados a obtener confesiones. En este contexto, numerosos adolescentes fueron condenados, torturados y ahorcados.

El carácter público de algunas ejecuciones refuerza su dimensión disuasoria. HRW considera que buscan, entre otras cosas, infundir miedo más allá de las personas condenadas. En agosto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señalaba que al menos 56 personas habían sido ejecutadas desde el 19 de marzo por cargos relacionados con la «seguridad nacional», 27 de ellas en relación con las manifestaciones, mientras que más de un centenar de personas seguían bajo amenaza de ejecución.

Aunque parte de las ejecuciones registradas en 2026 corresponden a casos de «asesinato» o «drogas», los datos disponibles también muestran un uso considerable de la pena capital en causas relacionadas con la seguridad nacional y las manifestaciones.

Los precedentes históricos

El recurso a la pena capital en un contexto de protestas recuerda algunos episodios históricos de otros países, aunque no permite establecer una relación automática entre la represión y la caída de un régimen. En Rumanía, Nicolae Ceausescu fue derrocado en diciembre de 1989 tras la expansión de una insurrección popular y la adhesión de una parte del ejército a los manifestantes. Fue detenido, juzgado por un tribunal militar y ejecutado junto con su esposa Elena el 25 de diciembre.

Otros ejemplos presentan ciertas similitudes. En Libia, mientras las fuerzas de Muamar el Gadafi perdían el control de Trípoli en agosto de 2011, Human Rights Watch documentó la ejecución de al menos 45 detenidos en un almacén cercano a una base de la brigada Jamis, unos días antes de la caída de la capital. En Irak, bajo el mandato de Sadam Husein, las ejecuciones políticas formaron parte de los métodos represivos durante mucho tiempo; entre marzo y julio de 2002, al menos 58 personas habrían sido ejecutadas, entre ellas 33 presos políticos de Abu Ghraib, menos de un año antes de la invasión estadounidense que provocó la caída del régimen en 2003.

En Irán, tras las ejecuciones masivas de presos políticos de 1988, Amnistía Internacional había registrado en 1989 más de 900 ejecuciones por «delitos penales» entre enero y mayo. Sin embargo, el régimen iraní no cayó.

Estos precedentes muestran, por tanto, una cosa: la intensificación de la represión puede acompañar un período de profunda crisis, pero no constituye, por sí sola, un indicador de la caída de un gobierno. Otros factores —la evolución de las protestas, la cohesión o falta de ella de las instituciones, la postura del aparato de seguridad y la capacidad del poder para conservar sus apoyos— pueden desempeñar un papel determinante en este sentido.

¿Puede el miedo sustituir al consentimiento?

La situación iraní debe analizarse desde esta perspectiva. El poder conserva un importante aparato de seguridad y la capacidad de reprimir las manifestaciones. Las ejecuciones constituyen uno de los principales instrumentos de coerción.

Los datos disponibles muestran una doble realidad: un aumento del número de ejecuciones y un recurso sistemático a la pena capital en causas relacionadas con la seguridad nacional y las manifestaciones.

La pena capital tiene un efecto disuasorio y contribuye a contener temporalmente las protestas. Pero, por sí sola, no permite medir a corto plazo la solidez o la fragilidad de un sistema político. La cuestión sigue siendo, por tanto, cuáles son los límites de esta práctica: ¿hasta qué punto puede un gobierno recurrir al miedo para mantener su autoridad sin que la represión contribuya a profundizar las fracturas en el seno de la sociedad?