Explosivos de Dahr el-Baïdar: acciones judiciales contra 13 miembros de Hezbolá

El caso de los explosivos de Dahr el-Baïdar registró el viernes un importante giro judicial que podría reavivar la polémica sobre las armas y las actividades paramilitares de Hezbolá.

El fiscal del Gobierno ante el tribunal militar, el juez Claude Ghanem, ha presentado cargos contra trece miembros de la formación proiraní, implicados en distintos grados en el transporte de un importante cargamento de explosivos, TNT y C4. Las fuerzas del orden lo habían interceptado en Dahr el-Baydar, en la carretera que une la Bekaa con Beirut, antes de que se descubriera otro cargamento similar procedente de Siria en la zona de Hermel.

El escrito de acusación identifica a ocho personas, seis de las cuales están prófugas. Se trata de Haitham Amhaz y Ali el-Kurdi, detenidos a bordo de la furgoneta cargada de explosivos; Ibrahim Habib, apodado «Sajed»; Bilal Sabouri, alias «Zoulfikar»; Mohammad Ayoub; Mohammad Zeaiter, que viajaba en el vehículo que acompañaba al de los dos transportistas; Mohammad Hazimeh, propietario del vehículo; e Iryna Krichinova, esposa de Amhaz. Otras cinco personas, identificadas únicamente por sus apodos, también han sido imputadas.

Los trece están acusados de atentar contra la seguridad del Estado, constituir asociaciones delictivas destinadas a menoscabar la autoridad y el prestigio del Estado, poseer armas y explosivos e infringir las leyes vigentes y las decisiones gubernamentales. Todos estos delitos están tipificados en el Código Penal, cuyos artículos correspondientes enumeró el juez Ghanem en su escrito de acusación. El magistrado ha solicitado penas de hasta diez años de prisión para los trece.

Lo más importante es que los artículos en cuestión, en particular el 335, abren la vía para remitir el caso a la Corte de Justicia, el órgano competente para juzgar delitos graves contra la seguridad del Estado, cuyas sentencias son inapelables. Sin embargo, el tándem Amal-Hezbolá sigue oponiéndose tajantemente a esa posibilidad.

Queda por ver qué rumbo tomará este caso, que deberá seguir su curso judicial, pero que no por ello deja de tener un marcado carácter político, como demuestra la reacción «indignada» de Hezbolá.

Uno de los diputados de esta formación, Hussein Hajj Hassan, tuvo la desfachatez de invocar los «derechos humanos» (!) para arremeter contra la decisión del juez Ghanem. Según él, el escrito de acusación «ni siquiera respeta los principios más elementales del Pacto Nacional, de la Declaración Universal de Derechos Humanos (!), de la Carta de las Naciones Unidas ni de numerosas leyes libanesas que garantizan los derechos legítimos de toda resistencia frente a la ocupación». Difícilmente podría haber dicho más disparates. Sin embargo, sus palabras, especialmente la alusión al Pacto Nacional, entrañan un peligro: el de una instrumentalización extrema de este caso para intentar movilizar a las bases de Hezbolá contra el Gobierno.

Quienes transportaban los explosivos y quienes les dieron las órdenes «cumplían con un deber nacional al defender a su país y proteger al pueblo libanés», sostuvo el diputado, que se permitió acusar al magistrado de haberse «plegado a órdenes políticas al redactar su escrito de acusación».

Más allá de su vertiente judicial, este caso supondrá, por tanto, una nueva prueba para el Gobierno, cuya próxima reunión está prevista para el 5 de noviembre. El ministro de Justicia, Adel Nassar, y sus colegas de las Fuerzas Libanesas tienen intención de volver a exigir que el caso se remita a la Corte de Justicia, basándose en las conclusiones de la investigación del tribunal militar.

Su insistencia en este punto había provocado un intenso debate en el seno del Gobierno durante su reunión del 22 de octubre. En particular, el señor Nassar, respaldado por los ministros de las Fuerzas Libanesas (FL), había defendido con firmeza la remisión inmediata del caso a esa jurisdicción, al considerar que se reunían todos los elementos necesarios para determinar que se había producido una grave amenaza contra la seguridad del Estado. En su exposición había detallado esos elementos y explicado las dos posibles formas de utilizar los explosivos: en operaciones militares o en acciones de seguridad internas, en alusión a posibles atentados. El ministro de Justicia había insistido en que, en ambos casos, su uso era delictivo y justificaba la remisión directa del expediente a la Corte de Justicia.

Sin embargo, el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam habían preferido, a instancias del presidente del Parlamento, Nabih Berry, aplazar la decisión hasta conocer las conclusiones de la investigación preliminar. El objetivo era evitar una crisis de gran envergadura en el seno del Gobierno, que, no obstante, no podrá eludir un nuevo debate sobre el asunto el jueves.

De hecho, el ministro de Justicia había logrado que el caso, dada su gravedad, quedara incluido de facto en el orden del día del Consejo de Ministros, según indicaron fuentes ministeriales a Levant Time. En otras palabras, podrá plantearse en cada reunión del Consejo de Ministros, algo que Nawaf Salam aceptó. Y es que la responsabilidad del Gobierno está directamente en juego: si se llevara a cabo una operación desestabilizadora en el país sin que el Ejecutivo hubiera tomado las decisiones necesarias para gestionar el asunto de los explosivos, sería el propio Gobierno el que tendría que responder por ello, precisaron las mismas fuentes ministeriales a Levant Time.

Una etapa decisiva

La reunión del 5 de noviembre constituirá, por tanto, una etapa decisiva dentro de un proceso más amplio destinado a restablecer la autoridad del Estado y hacer cumplir sus decisiones en este ámbito. La principal sigue siendo la prohibición de las actividades de seguridad de Hezbolá, adoptada en marzo de 2026, que ha propiciado medidas judiciales impensables hace unos años.

La remisión del expediente a la Corte de Justicia se enmarca en ese mismo proceso, ya que el caso de los explosivos abrirá el debate sobre toda la cuestión de Hezbolá y el daño que sus armas causan al país. Algo que no ocurría desde hacía treinta años, según se subraya.

El viernes, Nawaf Salam reafirmó la determinación del Estado de ejercer su soberanía sobre todo el territorio. Durante el inicio de las consultas sobre el plan nacional de gestión de los campos de refugiados palestinos, recordó que estos se encuentran bajo soberanía libanesa y deben someterse a las leyes nacionales.

También se refirió a las disposiciones del Acuerdo de Taif relativas a la extensión de la autoridad del Estado y al desmantelamiento de las milicias, tanto libanesas como extranjeras. Una postura que remite directamente a la cuestión de las armas de Hezbolá.

Según las mismas fuentes ministeriales, el proceso de restablecimiento de la autoridad del Estado es irreversible y avanza en la dirección correcta, aunque lo haga al ritmo de una política de pequeños pasos.