El FMI concluye su misión: ¿quién financiará la devolución de los depósitos?
Tras la conclusión de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Beirut, y mientras el Líbano se prepara para tomar decisiones determinantes sobre la reestructuración del sector bancario y el futuro de los depósitos, el país se encuentra hoy en un punto de inflexión decisivo.
En abril de 2025, califiqué el acuerdo que el Líbano buscaba con el FMI como «el visado más caro del mundo». Hoy, tras la última visita del FMI a Beirut, esa expresión cobra un sentido todavía más evidente.
El acuerdo alcanzado a nivel de los servicios técnicos del FMI en abril de 2022 contemplaba una financiación de unos tres mil millones de dólares, sujeta al cumplimiento de las medidas previas requeridas y a la aprobación de las instancias competentes del Fondo. Este acuerdo debía servir, sobre todo, como certificado de confianza y credibilidad que permitiera al Líbano atraer, posteriormente, financiamientos árabes e internacionales mucho mayores.
El objetivo es legítimo. Pero queda una pregunta pendiente: ¿cuál será el precio real de ese visado y, sobre todo, quién deberá pagarlo?
Si tres mil millones de dólares deben abrirle al Líbano las puertas del financiamiento internacional, pero al precio de la desaparición de decenas de miles de millones de dólares pertenecientes a los depositantes, el Líbano habrá obtenido efectivamente el visado más caro de su historia.
Las conclusiones publicadas por el FMI tras su misión en el Líbano, realizada del 15 al 18 de septiembre de 2026, aportan hoy un elemento esencial a este debate.
El Fondo insistió en la necesidad de respetar la jerarquía de los acreedores y en el principio según el cual los depositantes no deben sufrir ninguna pérdida antes que los accionistas y los acreedores subordinados.
Se trata de un principio fundamental.
Pero la pregunta esencial sigue sin respuesta:
¿Dónde está el financiamiento?
Porque ninguna ley de reestructuración bancaria, por precisa y sofisticada que sea, puede por sí sola crear las decenas de miles de millones de dólares necesarios para restituir los depósitos.
Se pueden reestructurar los bancos, distribuir las responsabilidades, determinar cuáles son viables y organizar, cuando sea necesario, la resolución o liquidación ordenada de las entidades en dificultades. Pero antes de cualquier liquidación, la situación de cada banco debe examinarse conforme a los procedimientos previstos por la ley y respetando los derechos de las distintas partes involucradas.
Queda entonces la pregunta que se posterga desde hace años:
¿Quién financiará la restitución de los depósitos?
¿El Estado?
¿El Banco del Líbano?
¿Los bancos y sus accionistas?
¿Los ingresos futuros del Estado o algunos de sus activos?
¿O una combinación equitativa y bien pensada de estos distintos recursos?
Ahí radica el verdadero núcleo del problema.
El propio FMI exige que cualquier mecanismo de recuperación de los depósitos sea compatible tanto con la viabilidad futura del sector bancario como con la sostenibilidad de la deuda pública.
En otras palabras, ya no basta con repartir las pérdidas sobre el papel: hay que establecer un mecanismo de financiamiento real, creíble y aplicable.
El Estado libanés no puede estar ausente de esta ecuación. Sus responsabilidades y las del Banco del Líbano deben examinarse conforme a las disposiciones del Código de la Moneda y del Crédito, en particular su artículo 113, cuyas disposiciones deben aplicarse e interpretarse dentro del marco jurídico e institucional competente.
Durante décadas, las decisiones relativas al gasto público fueron tomadas por gobiernos sucesivos, adoptadas o supervisadas por las instituciones del Estado y ejecutadas a través de los mecanismos públicos. Hoy no se puede buscar una solución duradera a la crisis haciendo abstracción de esta historia.
Otro elemento merece destacarse especialmente: la misión de septiembre concluyó sin el anuncio de un nuevo acuerdo de financiamiento con el FMI.
Las conversaciones continúan.
Esto significa que el Líbano todavía tiene la posibilidad de defender una solución equilibrada: reestructurar su sector bancario, responsabilizar a los accionistas cuando la ley lo exija, restablecer la confianza, preservar las capacidades futuras del Estado y, sobre todo, proteger en la medida de lo posible los derechos legítimos de los depositantes.
El FMI puede ofrecerle al Líbano un visado que le permita recuperar su lugar dentro de la comunidad financiera internacional.
Pero el precio de ese visado no puede ser la desaparición de los depósitos de los libaneses.
Antes de pedirles a los depositantes que paguen ese precio, es necesario determinar las responsabilidades, identificar los recursos disponibles y presentarles por fin a los libaneses un plan serio y creíble para la restitución de sus depósitos.
Porque ningún país puede reconstruir su sistema bancario a costa de sacrificar la confianza de quienes le confiaron sus ahorros.