

Los libaneses padecen el trauma de los asesinatos. Nuestra historia carga con el peso de cientos de ellos, desde los primeros años de la independencia, con el asesinato del primer ministro Riad al-Solh, hasta el de Lokman Slim, antes de que la temporada volviera a comenzar con el asesinato del diputado iraquí Ahmad al-Alwani, conocido por defender el regreso de Irak al seno árabe y por su oposición declarada a Maliki y a Irán. Había pasado muchos años en prisión y vivía en Erbil, lejos de su tierra natal, hasta que fue atraído a Beirut mediante un engaño.
Lo más grave sería que Beirut volviera a convertirse en un lugar inseguro, escenario de ajustes de cuentas políticos y de seguridad, tanto internos como regionales.
El asesinato estuvo precedido por el descubrimiento de explosivos en Dahr el-Baidar que, según los expertos, estaban destinados a ser utilizados en un atentado. Inmediatamente después, precisamente en ese momento, se produjo la detención de cinco integrantes de Hezbolá en las zonas montañosas de Bsharri. Llevaban consigo listas, mapas, nombres y clasificaciones militares de grupos de intervención.
Así pues, la situación de seguridad en el Líbano ha comenzado a deteriorarse. El cerco se estrecha sobre Hezbolá, que se siente amenazado. Su base social está fragmentada y ya no es la de antes. Irán, por su parte, quiere recuperar su fuerza tras la derrota de Trump, cuyo mérito se atribuye. ¡Y cree que tiene una oportunidad de darle la vuelta a la situación!
Cuando el partido considera que ya no tiene nada que perder, se vuelve contra el frente interno y esgrime sus armas contra él. Una vez más, el Líbano se enfrenta a la fragilidad de su situación interna, en medio de una guerra israelí que nunca se ha detenido.
¿Qué nuevo camino lleno de obstáculos se abrirá ante nosotros?
Las declaraciones del comandante en jefe del Ejército provocaron una ola de debates y reacciones que trascendieron las fronteras del Líbano y llegaron incluso a la administración estadounidense.
En su discurso, el comandante en jefe del Ejército afirmó que "la política del Ejército es la política nacional", y añadió: "Quien habla mal del Ejército de su país no tiene cabida en el Líbano y no tiene derecho a estar en él". Estas palabras recordaron lo que repetía en su momento el general Michel Aoun: "Al que no le guste, que se vaya".
Las declaraciones del comandante en jefe del Ejército fueron consideradas una amenaza contra las libertades públicas y una extralimitación de las funciones de la institución militar. En efecto, se arroga la facultad de determinar quién es patriota y quién debe abandonar el país. Pero las declaraciones del "ministro" de Defensa fueron todavía más graves. Eludió la autoridad civil ejecutiva que está llamado a representar y afirmó que las facultades del Consejo de Ministros se limitan a la "política general", mientras que las órdenes sobre el terreno corresponden exclusivamente al comandante en jefe del Ejército. Insistió en que las facultades del Consejo de Ministros "no incluyen las órdenes ejecutivas que competen al mando del Ejército".
El ministro de Defensa consagra así la autonomía de la institución militar respecto de la autoridad política electa. Esta es la puerta de entrada teórica al Estado securitario, en el que las "valoraciones del comandante militar" sobre el interés nacional y la paz civil prevalecen sobre las decisiones del gobierno constitucional. Su declaración coincidió con la postura del presidente de la República, quien también elogió al mando del Ejército pese a las críticas.
Sin embargo, la sucesión de estos acontecimientos revela una contradicción estructural entre un discurso militar arrogante y una realidad sumamente frágil sobre el terreno, puesta al descubierto por las actividades del grupo de cinco en la región de Batroun. Su detención, apenas unas horas después de las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, demostró hasta qué punto era vulnerable el dispositivo de seguridad.
Tanto el comandante en jefe del Ejército como el ministro de Defensa ejercen una especie de "monopolio del patriotismo impuesto desde arriba". Se apropian del derecho a definir qué significa ser patriota. Esto remite directamente a una lógica securitaria. La institución de seguridad se sitúa por encima del control democrático y transforma la crítica política legítima a su desempeño en "traición a la patria" y "puñalada por la espalda", según la expresión utilizada por el propio ministro.
Basta examinar la detención de los cinco integrantes de Hezbolá en las montañas de Batroun para comprobar lo lejos que estamos del "Estado securitario fuerte" definido por Max Weber.
La presencia de agentes de reconocimiento pertenecientes a un partido, provistos de mapas, documentos y listas de nombres en el interior de zonas geográfica y políticamente sensibles, constituye un desafío flagrante a la seguridad. Demuestra que la milicia que actúa "fuera de la ley", según las decisiones del Poder Ejecutivo, sigue comportándose como una autoridad que traspasa las fronteras internas. El propio secretario general de Hezbolá proclamó su cantón en su discurso del Día del Mártir, cuando dijo: "Que Israel ataque, ¿a ustedes qué les importa?". Es una milicia que no presta atención alguna a la decisión del Estado de establecer el monopolio estatal de las armas.
Además, el hecho de que miembros del partido retiraran teléfonos y documentos de los lugares donde se alojaban los detenidos, apenas se difundió la noticia de su arresto, para ocultar pruebas, así como el intento de romper papeles y mapas, demuestra las limitaciones de los organismos oficiales frente a Hezbolá.
Un verdadero Estado securitario impone su autoridad sobre todos a sangre y fuego. Lo que vemos aquí, en cambio, es una "intimidación verbal contra los críticos civiles y políticos", acompañada de impotencia y vacilación sobre el terreno frente a la expansión de las actividades de seguridad de Hezbolá, con el pretexto de "preservar la paz civil y evitar la discordia". Pero ¿qué habría ocurrido si el plan del grupo de cinco hubiera tenido éxito? ¿Habríamos protegido entonces al Líbano de esa discordia?
Incapaces de ejecutar las decisiones gubernamentales sobre el desarme o de imponer la soberanía en el sur y el norte, y sometidas a enormes presiones internacionales y estadounidenses que les exigen resultados tangibles, las autoridades militares y políticas recurren a la sacralización de la institución y a la criminalización de la crítica.
El verdadero temor no es la instauración de una dictadura militar absoluta que controle el país, sino el surgimiento de una "dictadura de la impotencia", en la que se prohíba a los ciudadanos criticar los fracasos del Estado en nombre del "carácter sagrado de la institución", mientras el Estado paralelo armado continúa trazando sus mapas por encima de las cabezas de todos.
El sistema gobernante, con sus aparatos políticos y de seguridad, no administra el Estado para reconstruirlo ni para proteger a sus ciudadanos, sino que se dedica a "mantener el statu quo" para preservar una paz civil frágil, aunque el precio de esa paz sea la muerte del propio Estado y la desintegración de su soberanía.
Mientras se exige a los ciudadanos paciencia, austeridad y reverencia hacia las instituciones, existe el temor de que las operaciones de incautación de mapas y de control de los movimientos militares en las zonas montañosas terminen desvirtuándose, y de que expedientes importantes, como el de los explosivos de Dahr el-Baidar, se cierren mediante acuerdos políticos. Después se pedirá a la población que crea que la ley se aplica a todos por igual.
Esta realidad es precisamente la que genera un profundo sentimiento de alienación. El ciudadano no se enfrenta a un régimen represivo claramente definido contra el que pueda rebelarse, ni vive en un Estado de derecho que lo proteja. Está atrapado en una representación teatral absurda en la que los grandes lemas patrióticos se utilizan para encubrir la impotencia absoluta frente a un poder armado desmedido.
Observadores políticos y diplomáticos consideran que la situación del sistema gobernante, dirigido por Nabih Berri y Hezbolá, ha cambiado respecto de lo que había prevalecido hasta ahora.
Hezbolá, que ha acumulado pérdidas tanto entre sus dirigentes como sobre el terreno, ya no dispone de la superioridad de fuerza que antes le permitía imponer su voluntad a los gobiernos, al Poder Judicial y a los organismos de seguridad. Recientemente intentó hacerlo con el juez Hajj, pero fracasó. Teherán, por su parte, está ocupado reorganizando su posición regional, lo que ha debilitado al Estado profundo que le proporcionaba cobertura.
A ello se suma una estricta vigilancia internacional. Tanto el primer ministro como el presidente de la República saben que la comunidad internacional y los actores regionales no están dispuestos a extender cheques en blanco. No habrá ayuda financiera, asistencia para la reconstrucción ni presión sobre Israel sin la aplicación efectiva del monopolio estatal de las armas.
Se ha roto la barrera del miedo que hasta ahora predominaba. En cuanto el Poder Judicial y los organismos de seguridad empiezan a actuar abiertamente, cualquier retroceso político se vuelve costoso ante la opinión pública nacional e internacional. Necesitamos más jueces valientes e íntegros.
Sin embargo, hasta ahora, el ciudadano libanés sigue percibiendo una especie de "complicidad" entre los presidentes, que las personas cercanas al poder describen como un "avance gradual calculado" destinado a desmantelar un sistema profundamente arraigado sin desencadenar discordia ni una guerra civil. Pero existe el riesgo de que ese "avance gradual calculado" se convierta en una cobertura permanente y conceda a Hezbolá tiempo suficiente para reconstruir lo que ha perdido de su aparato militar y de seguridad ante los propios ojos del Estado.
Los políticos soberanistas tienen tanto la voluntad como el interés político de romper la hegemonía de las armas, puesto que ello constituye una condición para su existencia política y la ampliación de su influencia. Sin embargo, su capacidad para tomar una decisión radical sigue limitada por los equilibrios del sistema confesional y por su decisión de evitar la violencia.
Por ello, la calle, los medios de comunicación y la opinión pública seguirán siendo la única verdadera "válvula de seguridad" capaz de impedir que los políticos se retracten de lo que proclaman y acepten acuerdos de último minuto bajo la presión del Estado profundo.



















