¿Alguna vez la República Libanesa quiso realmente al Gran Líbano?

El centenario de la Constitución libanesa y de la República suscita actualmente una serie de coloquios y debates.

Muy bien.

Quizá convenga interpretar esta iniciativa como un reflejo saludable, el deseo de hacer un examen de conciencia desde el fondo mismo del abismo, en lugar de verla como un síndrome patológico que consiste en rematar un edificio que ya se tambalea.

Sea, pues.

Cien años después, ¿qué balance puede hacerse de la experiencia libanesa? ¿Qué ha sido del proyecto institucional que debía dar cuerpo a este país? ¿Y por qué sus élites parecen haber dedicado más energías a disputarse su posesión que a hacerlo viable?

Los debates que se multiplican actualmente, sobre todo en los círculos cristianos, toman otro rumbo.

El Gran Líbano vuelve a verse obligado a justificar su propia existencia.

El federalismo reaparece como una respuesta casi obligada a las angustias comunitarias.

Como si cuestionar la fórmula libanesa se hubiera convertido en la única manera posible de interpretar una crisis que se prolonga desde hace tanto tiempo.

Resulta sorprendente el contraste entre la mirada despectiva con la que el microcosmos libanés se contempla a sí mismo y los intentos, al menos los bienintencionados, provenientes de distintos sectores, de mostrarle que los defectos que cree ver podrían ser, en realidad, virtudes.

El Vaticano, por ejemplo, acaba de beatificar al patriarca Elías Howayek, uno de los artífices del Gran Líbano.

En el momento mismo en que la Iglesia honra a quien defendió la ampliación del Líbano más allá de su montaña, algunos de sus herederos políticos parecen más preocupados por redibujar sus fronteras interiores, e incluso por acabar con su experiencia de convivencia.

¡Cualquiera diría que el gesto de la Santa Sede, y el mensaje que lleva consigo, resultaba casi embarazoso para sus destinatarios!

Estas inquietudes merecen ser escuchadas.

Los cristianos cargan, en efecto, con el recuerdo de las violencias sufridas desde la época otomana y de la erosión progresiva de su influencia.

Las heridas de esa memoria nunca han sanado del todo, ni siquiera después de la creación del Gran Líbano, donde ejercieron una clara preponderancia hasta 1990.

La inestabilidad regional alimenta ahora una persistente angustia minoritaria, agravada por el control que una organización armada, Hezbolá, ha ejercido sobre las decisiones de guerra y paz. Y en Siria, el regreso de un islam sunita autoritario, que además lleva consigo ciertos resabios expansionistas neo-otomanistas, no ayuda en nada.

A este temor se suman la pérdida de estatus, la emigración y la persistente sensación de haber perdido toda capacidad de decidir sobre su futuro. Una sensación que, por lo demás, algunos de sus dirigentes políticos alimentan hábilmente para reforzar el espíritu de cuerpo identitario y partidista.

Es evidente que la comunidad chiita, enfrentada hoy a la destrucción de su tierra ancestral y al derrumbe de su propia supremacía político-militar, también se encuentra contra la pared, pese a su superioridad numérica respecto de los cristianos, con toda la rabia, la frustración y el sentimiento de exclusión que ello implica. Esta situación remite inevitablemente a una historia de persecución y exclusión que no es tan lejana, aunque esta vez la comunidad solo pueda culpar, en lo esencial, a las decisiones de sus representantes políticos.

La propia comunidad sunita, pese a su indiscutible superioridad numérica en el mundo árabe-musulmán, tampoco escapa a la crisis. El Golfo, su referente político y financiero, se ve expuesto por primera vez a ataques militares. Años de expansión iraní en el Levante han dejado profundas secuelas en la psique colectiva de la comunidad. Y, en el ámbito libanés, desde el asesinato de Rafic Hariri en 2005 hasta el debilitamiento del liderazgo sunita a partir de 2019, se ha instalado profundamente un amargo sentimiento de humillación.

En cuanto a los drusos, entre los cantos de sirena israelíes en el Haurán, el martillo del Estado unitario de Damasco, la penetración chiita y el repliegue cristiano en el Monte Líbano, su situación se asemeja cada vez más a un nudo gordiano.

Ante este panorama surge una pregunta insistente: ¿desde cuándo basta la angustia para fundar un proyecto político?

El poder antes que el Estado

Quizá convendría, aun a riesgo de herir ciertas susceptibilidades, partir de una premisa que los debates actuales parecen esquivar porque puede provocar remordimientos de conciencia. Y con razón: se refiere a una noción que no despierta demasiado entusiasmo en la esfera política, ¡y mucho menos en los sectores populares!

La responsabilidad.

Desde 1920, las élites libanesas, salvo contadas excepciones, han seguido funcionando, en términos generales, como tribus. Rara vez han pensado en desarrollar institucionalmente el proyecto del Gran Líbano, salvo cuando ello favorecía su preponderancia comunitaria o sus intereses particulares. Peor aún, con frecuencia han subordinado el interés del país a los cálculos de sus referentes políticos regionales o internacionales.

El nacimiento del Gran Líbano, fruto de auténticas voluntades libanesas en el contexto del Mandato francés, no tenía nada de inevitable. Abundaban los proyectos rivales y la adhesión al nuevo Estado distaba mucho de ser unánime. La independencia de 1943 abrió la posibilidad de superar esas divergencias mediante la construcción paciente de las instituciones de una República. Sin embargo, los dirigentes que reivindicaban aquel compromiso lo trataron demasiadas veces como un arreglo circunstancial entre jefes, revocable según las relaciones de fuerza.

De otro modo, ¿cómo explicar esa frenética obstinación con la que cada uno, por turnos, se ha empeñado desde 1943 en escupir sobre la fórmula libanesa, denigrarla y apuñalarla?

La guerra de 1975 constituye una prueba flagrante.

Varios de quienes habían ocupado los cargos más altos de la República, y luego sus herederos e hijos espirituales vestidos con uniformes de combate, a menudo todavía más nihilistas, participaron así en la devastación del Estado del que pretendían ser defensores.

Ciertamente, los factores regionales y la cuestión palestina tuvieron un peso considerable en aquella guerra.

Pero no eximen a ninguno de los responsables libaneses de las consecuencias de sus decisiones.

Hubo excepciones. El chehabismo se esforzó por dotar al Estado de una administración más sólida, con las limitaciones conocidas, particularmente en materia de libertades públicas. Algunas corrientes políticas intentaron superar el reflejo comunitario. Posteriormente, el Acuerdo de Taif contempló reformas institucionales que, en buena medida, siguen esperando su aplicación.

En cada etapa ha reaparecido el mismo obstáculo, y es necesario decirlo: el poder comunitario y los jefes que viven de él difícilmente toleran instituciones capaces de sobrevivirles y de resistirse a ellos.

La tentación de dominar y después marcharse

Desde hace un siglo, el Líbano parece funcionar conforme a un modelo tribal que se perpetúa bajo distintos ropajes. Cada grupo político acaricia el sueño de dominar a los demás, política o culturalmente. Busca apoderarse del Estado, imponer sus condiciones y convertir una ventaja provisional en una preponderancia duradera.

Y, para colmo, pese a sus amenazas de ruptura, sus dirigentes nunca terminan de marcharse.

¿Cómo abandonar un país cuyo control todavía esperan conquistar?

Ese mecanismo arcaico puede funcionar, desde luego, durante algún tiempo.

Después cambia la relación de fuerzas.

La preponderancia de unos despierta las ambiciones de los otros, y todos terminan por estrellarse en un juego concebido como de suma cero; al final, la suma es negativa para todos.

Las instituciones se debilitan y la sociedad paga la factura de las victorias efímeras de sus dirigentes.

A menudo, cuando fracasa ese impulso de dominación, surge el ihbat, ese sentimiento de frustración y desaliento, con su cortejo de angustias, y la voluntad de repliegue comienza a adquirir la apariencia de un programa político.

La tentación del divorcio aparece entonces como consecuencia de la imposibilidad de conservar el lugar que se creía asegurado, o de obtener aquel al que se consideraba tener derecho.

Desde luego, esta interpretación no puede abarcar todas las motivaciones de los actuales partidarios del federalismo.

Algunas demandas de protección son sinceras.

Otras nacen de experiencias muy reales de coerción.

Queda por examinar qué hacen los dirigentes con esos temores y qué soluciones pretenden derivar de ellos.

Los ropajes del federalismo

Basta mirar a nuestro alrededor, y no solamente al Líbano: la voluntad de divorcio está en el aire.

Las sociedades se fragmentan bajo el efecto de profundas divisiones políticas e identitarias.

La tentación de buscar refugio entre semejantes gana terreno por todas partes.

El populismo, la demagogia, el autoritarismo y el racismo se han extendido sobre las ruinas de la globalización y, a veces, insidiosamente, gracias a ella misma.

Cualquiera diría que el mundo se ha libanizado considerablemente en los últimos años.

El Líbano, con su larga experiencia del miedo al otro, encuentra naturalmente en ello motivos para alimentar sus viejos demonios.

Pero ¿es el divorcio, aunque se disfrace con los ropajes del federalismo, la solución?

Algunos argumentarán que la palabra "divorcio" se emplea de mala fe. Sin embargo, ante el odio sectario hacia el otro que se filtra bajo los discursos melosos y los proyectos políticos, sería de mala fe pretender que incluso "divorcio" es un término demasiado duro, cuando en realidad resulta suave y políticamente correcto para referirse a lo que casi constituye fantasías apenas contenidas de deportación… o algo peor.

La voluntad de supremacía y dominación se resiste a morir.

El federalismo tiene su propia lógica constitucional.

Es un sistema de organización del Estado y del territorio ampliamente utilizado en el mundo.

Supone competencias claramente distribuidas e instituciones comunes, regidas por normas obligatorias para todos.

Desde luego, no tiene nada de vergonzoso defender ese proyecto.

Pero ¿por qué no discutirlo en el Líbano según la lógica misma de la convivencia, como un sistema de organización del poder aceptado por todos?

¿De dónde viene esa obstinación en darle, en ciertos discursos, un carácter identitario y sectario, cuando la cuestión debería ser, ante todo, constitucional y relacionada con la unidad del país?

La partición es un asunto completamente distinto.

Si el divorcio ha de producirse, necesitaría el acuerdo de las partes involucradas, so pena de convertirse en una prueba de fuerza que no beneficiaría a nadie.

¿Y cómo sería en un país donde las poblaciones están tan estrechamente entrelazadas?

¿Quién fijaría sus fronteras?

¿Qué suerte correrían los ciudadanos convertidos en minorías dentro de las nuevas entidades?

¿Cómo se repartirían los recursos y la deuda?

¿Quién asumiría las responsabilidades del Estado?

¿Quién tendría las armas?

Por supuesto, los paladines de los proyectos heredados de la guerra tienen respuestas prefabricadas para todas estas preguntas.

Falta saber si responden a consideraciones realistas o a simples deseos piadosos.

Los partidarios del federalismo saben lo que ya no quieren.

¿Han medido las consecuencias del divorcio que a veces parecen anhelar?

¿Piensan recuperar así una edad de oro desaparecida hace mucho tiempo, aquella en la que los cristianos llevaban las riendas de los asuntos del país (y que, por añadidura, ellos mismos contribuyeron a perder por obra de algunos de quienes hoy los representan)?

No hay que engañarse.

En ciertos círculos persiste un sentimiento de condescendencia y superioridad frente a las demás comunidades. Por lo demás, ese sentimiento no es exclusivamente cristiano; existe dentro de cada agrupación comunitaria. Merece ser examinado con la misma lucidez que las pretensiones hegemónicas de los demás bandos.

Porque, a fin de cuentas, ¿todos los problemas de los cristianos se deberían a la convivencia?

Su comunidad padece los mismos males endémicos que las demás: delirios de grandeza, tentación de aliarse con potencias extranjeras sobre bases sectarias, élites deficientes, corrupción y culto a los jefes.

La antigua preponderancia cristiana tampoco impidió los excesos del sistema ni las crisis que terminaron por derrumbarlo.

¿Qué ocurriría con esas prácticas en un marco federal?

¿Quién puede creer seriamente que desaparecerían por la sola virtud de una nueva división territorial?

La obra inconclusa

El centenario de la Constitución habría podido devolver el debate a cuestiones pendientes desde hace décadas.

El desarrollo equilibrado de las regiones y la descentralización prevista en Taif merecerían algo más que quedar relegados a promesas de discurso.

Lo mismo ocurre con las instituciones encargadas de garantizar los derechos de los ciudadanos.

Y también con la soberanía y el monopolio del uso de la fuerza: ninguna fórmula política podrá funcionar de manera duradera mientras una fuerza armada pueda decidir por sí sola el destino del país.

También debería plantearse la cuestión de la renovación de las élites, tras el fracaso del 14 de Marzo en su dimensión ciudadana y de la thawra de 2019.

El modelo tribal de jefaturas sectarias y carismáticas ha dado paso al regreso de los notables tradicionales, mal disimulado bajo la máscara de neorreformistas asépticos y otros manipuladores narcisistas e hipócritas. Las ONG, mucho más presentables, pero vinculadas, a fin de cuentas, a las mismas redes político-financieras regionales e internacionales, van reemplazando progresivamente a los partidos políticos.

Pero la lógica sigue siendo irremediablemente la misma: una mentalidad tribal y mercantil, incluso sectaria, escondida tras una fachada de pseudomodernidad.

Y una voluntad de eludir toda responsabilidad, de esperar que nunca exista igualdad en derechos y deberes y de negarse a delegar nada al Estado.

Salvo si el Estado soy yo: el jefe y, a través de él, el clan y la comunidad.

¿Cómo sorprenderse, ante semejante desastre, de que la República se haya convertido en una federación de calles gobernadas por el dueño del generador eléctrico del barrio, que suministra la luz al precio que él mismo fija, apoyándose en su poder soberano absoluto y, por lo demás, perfectamente nihilista?

Afortunadamente, el panorama no es completamente sombrío: a todos los niveles, personas de bien siguen impulsando, individual o colectivamente, iniciativas para dar cuerpo a esa convivencia que otros se empeñan en destruir.

Para romper por fin el círculo vicioso de las relaciones de dominación entre comunidades, el juego democrático tendría que sustentarse en una competencia auténtica entre nuevos partidos plurales y transversales, capaces de impulsar proyectos políticos para el país en su conjunto. De lo contrario, las mismas prácticas seguirán reproduciéndose bajo otras etiquetas.

Más de cien años después de la proclamación del Gran Líbano, ¿es viable, en medio de semejante acumulación de crisis existenciales, seguir cuestionando indefinidamente su propia existencia?

La Constitución puede evolucionar y la República y sus instituciones deben poder discutirse, eso se sobreentiende.

Sin embargo, cabe esperar que cualquier nuevo proyecto no sirva, en realidad, para evadir la responsabilidad por aquello que no se supo preservar y desarrollar, refugiándose tras la ilusión de un nuevo comienzo que pondría los contadores, y la culpa, en cero, mientras oculta el problema de fondo: la mediocridad de los dirigentes, cooptados por la mediocridad de los electores.

Porque es más fácil culpar a los demás y a la fórmula libanesa de los fracasos de los propios líderes históricos, supuestamente infalibles, y de los fracasos de uno mismo.

Pero antes habría que saber qué país se pretende hacer funcionar, en beneficio de qué intereses y para quién.

En lugar de gastar tanta energía persiguiendo una supremacía ilusoria y, cuando esta se desvanece, soñando con el divorcio, ¿no sería mucho más realista y sensato comenzar por fin a trabajar juntos para hacer de este Gran Líbano un país viable, como algunos hombres sabios, entre ellos el patriarca Howayek y Michel Chiha, uno de los principales artífices de la Constitución de 1926, habían esperado que llegara a ser algún día…?