Cuando los “traidores” logran una hazaña

Las últimas elecciones israelíes no pusieron fin a la lucha por el poder. Simplemente la trasladaron de las urnas a las negociaciones para formar gobierno. Los resultados no otorgaron ni a Benjamín Netanyahu ni a sus principales adversarios la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar. Israel se encuentra así ante un panorama político abierto a distintas posibilidades, entre las cuales una de las más significativas podría ser la llegada de Gadi Eisenkot al cargo de primer ministro. Un cambio semejante no se limitaría a sustituir al jefe de gobierno: también podría provocar una reconfiguración de las alianzas políticas que han gobernado Israel durante los últimos años.

Según los resultados definitivos anunciados por la Comisión Electoral Central el 30 de octubre de 2026, el bloque de Netanyahu obtuvo 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor articulado en torno a Gadi Eisenkot. Por su parte, las dos listas árabes consiguieron 19 escaños, distribuidos entre la Lista Conjunta (11) y la Lista Árabe Unida (8). Ninguno de los dos bloques cuenta, por tanto, con los 61 diputados necesarios para obtener la confianza de la Knéset y formar gobierno.

Estas cifras colocan a los partidos árabes en una posición excepcional y otorgan a los votos de sus diputados un papel decisivo en los cálculos para la formación del próximo gobierno. Sin embargo, transformar ese peso numérico en una verdadera asociación política tropieza con las diferencias ideológicas y las restricciones propias de las alianzas que condicionan al mismo bloque opositor.

De la acusación de traición a la capacidad de influir en el futuro del Estado

En su libro Del campamento de Tall el-Zaatar a los pasillos de las Naciones Unidas, Nabil Maarouf, exembajador palestino en España, Turquía y Canadá, relata el éxodo de su familia desde su pueblo natal, Deir al-Qassi, en el distrito de Acre, situado a apenas cinco kilómetros de la localidad libanesa de Rmeich.

Según su testimonio, el pueblo no había sido atacado por las milicias sionistas. Su evacuación y el desplazamiento de sus habitantes hacia Rmeich se llevaron a cabo, más bien, a petición del Ejército Árabe de Liberación, comandado por Fawzi al-Qawuqji. Este había llamado a los pobladores a abandonar sus aldeas y refugiarse en Líbano mientras esperaban la entrada de los ejércitos árabes en Palestina y su victoria sobre las fuerzas sionistas.

Maarouf añade que los habitantes de las aldeas drusas y cristianas vecinas intentaron convencer a su padre y a su tío de permanecer en sus hogares y no marcharse. Pero el temor a ser acusados de traición, y a que su negativa a obedecer las instrucciones del Ejército Árabe de Liberación fuera interpretada como una ruptura del consenso nacional, terminó por llevarlos a abandonar Deir al-Qassi y dejar atrás su pueblo.

En aquella época, cualquiera que dudara de la capacidad del Ejército Árabe de Liberación para unirse a los ejércitos árabes en Palestina y derrotar a las fuerzas sionistas corría el riesgo de ser catalogado como traidor. Así, según el relato de Maarouf, su padre y sus tíos abandonaron su aldea por miedo a ser considerados cobardes o colaboradores del enemigo.

En cambio, quienes permanecieron en sus casas y aldeas, sin abandonar los territorios que posteriormente pasarían a formar parte del Estado de Israel, sumaban alrededor de 160 000 personas, según las estimaciones históricas generalmente aceptadas. Sus descendientes serían conocidos más adelante como los árabes de Israel o los palestinos del interior. De esta comunidad surgieron destacadas figuras literarias, culturales y políticas, entre ellas Mahmoud Darwish, Samih al-Qassem, Emile Habibi, Azmi Bishara, Ahmad Tibi, Youssef Jabareen y muchas otras.

El relato de Nabil Maarouf atribuye a Yitzhak Rabin, durante las negociaciones que desembocaron en los Acuerdos de Oslo, el reconocimiento de que haber permitido a esta población palestina permanecer dentro del Estado judío constituyó un error estratégico cometido por el movimiento sionista en 1948. Sin embargo, su significado político, tal como lo presenta Maarouf, reside en la paradoja surgida de aquel periodo.

En efecto, quienes habían sido considerados por algunos militantes de entonces como personas que habían abandonado la lucha por la liberación, o sobre quienes recaían sospechas de deserción, pasaron a formar parte de la sociedad israelí. Con el tiempo consolidaron una presencia demográfica, económica, profesional, universitaria y política cada vez más importante.

Hoy, los ciudadanos árabes representan más del 25% de la población de Israel, según las estadísticas oficiales publicadas en septiembre de 2026, y su participación en la vida pública continúa creciendo. Esta presencia ya no constituye solamente una cuestión demográfica o social: se ha convertido en un factor político ineludible para los cálculos del poder y las perspectivas de evolución del sistema político israelí.

Este proceso plantea interrogantes que van mucho más allá de los resultados de las elecciones actuales. Afectan a la naturaleza misma del Estado israelí, a la forma en que se define, al futuro de sus relaciones con sus ciudadanos árabes y también a sus vínculos con los pueblos árabes, tanto cercanos como lejanos.

La paradoja democrática y el Estado judío

La primera paradoja es política y particularmente llamativa: las fuerzas políticas israelíes que durante tanto tiempo buscaron marginar a los ciudadanos árabes y reducir su papel político se ven ahora obligadas a buscar los votos de sus representantes parlamentarios para salir del estancamiento provocado por las elecciones.

La paradoja más profunda, sin embargo, se refiere a la propia definición de Israel como Estado judío y democrático. ¿Cómo conciliar el carácter judío del Estado con una realidad demográfica en la que más de una cuarta parte de la población está formada por árabes no judíos? ¿Cómo puede un sistema político proclamarse democrático cuando fuerzas fundamentales dentro de él consideran ilegítima la participación de los representantes de estos ciudadanos en una alianza de gobierno, o incluso la ven como una carga política que convendría evitar?

La democracia no se mide únicamente por el derecho al voto. También se pone a prueba mediante la igualdad política y civil, así como por la capacidad de los ciudadanos de participar en el gobierno del Estado sin discriminación por motivos religiosos o de pertenencia nacional. Si los partidos judíos insisten en boicotear a los bloques parlamentarios árabes y mantenerlos al margen, ¿cómo pueden afirmar que el sistema político representa al conjunto de los ciudadanos del Estado?

Cuando la identidad nacional y religiosa se convierte en un criterio determinante para distribuir los derechos políticos y acceder a cargos de responsabilidad, se abre el camino hacia un sistema de discriminación institucionalizada. El debate sobre el apartheid vuelve entonces al primer plano, con todas sus implicaciones jurídicas, políticas y de derechos humanos.

Surge otra pregunta igualmente importante: si las fuerzas políticas judías de Israel son incapaces de establecer relaciones normales con partidos árabes que desarrollan sus actividades dentro del propio sistema político israelí, ¿cómo pueden aspirar a una normalización natural y duradera de sus relaciones con los demás pueblos árabes en sus respectivos países?

Eisenkot ante el callejón sin salida de la mayoría judía

La actual correlación de fuerzas demuestra que Netanyahu ha perdido la capacidad de formar un gobierno estable apoyado exclusivamente en su propio bloque. Pero tampoco le ofrece a Eisenkot un camino fácil hacia el cargo de primer ministro.

Eisenkot no dispone de una mayoría parlamentaria propia, y no todos sus aliados están dispuestos a aceptar un gobierno que dependa del apoyo de los partidos árabes, ya sea desde dentro de la coalición o desde fuera de ella.

Su bloque enfrenta un doble dilema: necesita votos adicionales para alcanzar la mayoría, pero no puede cruzar fácilmente las líneas rojas políticas e ideológicas que algunos de sus integrantes han establecido frente a cualquier cooperación con los partidos árabes.

Por su parte, las dos listas árabes, con sus 19 escaños, tienen ante sí una oportunidad sin precedentes de influir en la composición del próximo gobierno, siempre que consigan convertir su peso parlamentario en una postura política común o en acuerdos concretos que definan las condiciones de su apoyo y de su eventual participación.

Este escenario no significa necesariamente que los partidos árabes vayan a integrarse a un gobierno de Eisenkot. El apoyo externo, una abstención que permita evitar la caída del gobierno o un acuerdo sobre un programa político específico podrían resultar mucho más viables que una participación ministerial directa.

Escenarios para la reconfiguración del poder

Ante este estancamiento, en el escenario político israelí circulan varias posibilidades para redibujar las alianzas y redistribuir las fuerzas parlamentarias.

El primer escenario consiste en impulsar la formación de un gobierno de unidad nacional. Esta opción ha despertado cierto interés en los círculos estadounidenses cercanos al presidente Donald Trump, que ven en ella una posible salida al bloqueo político y, eventualmente, una forma de alejar a determinadas fuerzas de extrema derecha de los centros de decisión.

Sin embargo, si ese gobierno de unidad estuviera encabezado por Netanyahu, tropezaría con la negativa expresada claramente por Eisenkot a participar en un gobierno dirigido por el actual primer ministro. Así, este escenario podría convertirse en un intento de rescate político de Netanyahu, más que en un verdadero proyecto de cambio de liderazgo.

El segundo escenario se basa en la posibilidad de atraer a los partidos ultraortodoxos asquenazíes, particularmente a la corriente Agudat Israel, y separarlos de su alineamiento automático con el bloque de Netanyahu.

En este contexto, ha surgido el nombre de Yitzhak Goldknopf, dirigente de Agudat Israel, después de que medios israelíes informaran sobre la posibilidad de que se abstuviera de votar contra un gobierno encabezado por Eisenkot, siempre que se cumplieran determinadas condiciones políticas.

A partir de ahí, cabe imaginar una maniobra política más audaz: la Lista Conjunta podría tomar la iniciativa de abrir un canal de negociación con Goldknopf e incluso poner su nombre sobre la mesa dentro de un acuerdo político relativo a su lugar en el poder o al papel de su corriente en el próximo gobierno.

Esto no significa en absoluto que su posible candidatura al cargo de primer ministro o viceprimer ministro se haya convertido en una iniciativa anunciada oficialmente, ni en una perspectiva concreta y asegurada. Se trata, más bien, de un escenario hipotético que muestra hasta dónde podrían estar dispuestos a llegar algunos actores en la reconfiguración de las alianzas si los intereses políticos y parlamentarios terminaran imponiéndose sobre las consideraciones tradicionales.

El dilema ultraortodoxo y las nuevas alianzas

Los partidos ultraortodoxos no constituyen un bloque político completamente homogéneo en sus cálculos, aunque comparten intereses relacionados con la exención del servicio militar, el financiamiento público de las instituciones religiosas y la preservación de la autonomía de su sistema educativo y social.

Sus intereses podrían llevarlos a reconsiderar sus alianzas si llegaran a la conclusión de que Netanyahu ya no es capaz de garantizar sus reivindicaciones ni de proteger sus posiciones dentro del poder.

Sin embargo, atraer a Agudat Israel no significa necesariamente conseguir el respaldo de todos los integrantes de Judaísmo Unido de la Torá, coalición que también incluye a Degel HaTorah, corriente que puede tener sus propios cálculos y referentes políticos y religiosos.

Además, el propio Eisenkot defiende una postura favorable a la extensión del servicio militar obligatorio y a la eliminación de los privilegios excepcionales de los que disfrutan los ultraortodoxos en este ámbito.

Por tanto, cualquier acercamiento entre Eisenkot y las fuerzas ultraortodoxas asquenazíes exigiría un compromiso político y social particularmente difícil, especialmente en lo relativo al futuro del reclutamiento obligatorio y al financiamiento público de las instituciones religiosas.

De ahí la importancia de no confundir la abstención de ciertos diputados ultraortodoxos durante una votación de censura con el apoyo al nuevo gobierno o la participación en él. Existe una diferencia considerable entre permitir que se forme un gobierno y sumarse a su coalición.

¿Podrían diputados del Likud incorporarse al nuevo bloque?

Otra vía podría tener un impacto todavía mayor en los cálculos para la formación del gobierno: la eventual salida de diputados del Likud o de fuerzas pertenecientes al bloque de Netanyahu, si llegaran a considerar que vincular su futuro político al del actual primer ministro se ha convertido en un lastre electoral y personal.

La cuestión no se limita a diferencias sobre determinadas políticas. También se refiere al futuro del liderazgo de la derecha israelí y a la posibilidad de reconstruirla sin Netanyahu.

Esta perspectiva podría resultar más atractiva para algunos diputados si observaran que la permanencia de Netanyahu al frente del Likud conduciría a nuevas elecciones anticipadas o a un debilitamiento adicional de la posición del partido y de su capacidad para gobernar.

Si los intereses de ciertos diputados coincidieran con la voluntad de Eisenkot de formar un nuevo gobierno, un cambio de bloque podría volverse posible. Esa evolución reduciría la dependencia del nuevo gobierno respecto de los votos árabes o ultraortodoxos.

No obstante, esta hipótesis sigue condicionada a posicionamientos concretos y salidas anunciadas oficialmente. No puede presentarse como un hecho consumado.

Israel ante una prueba que va más allá de la identidad del primer ministro

Los resultados de las elecciones de 2026 no revelan solamente una crisis pasajera de coalición. Dejan al descubierto una crisis más profunda en la estructura del sistema político israelí y en su manera de definir las fuentes de legitimidad, representación y participación.

Netanyahu, que durante muchos años logró construir alianzas sólidas entre la derecha y las fuerzas religiosas, se encuentra hoy al frente de un bloque que ha perdido una parte considerable de su fuerza parlamentaria.

Eisenkot, que se presentó como una alternativa política, descubre por su parte que provocar la caída de Netanyahu no basta para garantizar una mayoría de gobierno. Su llegada al cargo de primer ministro requiere necesariamente compromisos con fuerzas cuyos intereses y posiciones difieren en cuestiones fundamentales.

En cuanto a los partidos árabes, han pasado de ocupar una posición de representación política que las fuerzas políticas judías intentaban neutralizar a convertirse en una fuerza parlamentaria indispensable en los cálculos para formar gobierno.

Esta transformación los coloca ante una responsabilidad política histórica: ¿se conformarán con desempeñar el papel de árbitros en las rivalidades entre los partidos judíos, o aprovecharán su nueva posición para colocar las cuestiones de igualdad, ciudadanía y derechos civiles y políticos en el centro de la agenda del Estado?

La paradoja histórica merece una reflexión. Quienes abandonaron sus aldeas en 1948 por temor a ser catalogados como traidores si se negaban a obedecer las órdenes del Ejército Árabe de Liberación, y quienes permanecieron en su tierra para convertirse en ciudadanos del Estado construido sobre las ruinas de su sociedad, ven hoy cómo sus descendientes constituyen una fuerza política de peso para determinar quién gobernará Israel.

Por ello, la pregunta que plantean las elecciones de 2026 no se limita a saber si Gadi Eisenkot conseguirá provocar la caída de Benjamín Netanyahu. Va mucho más allá y plantea un interrogante fundamental: ¿es Israel capaz de redefinir su democracia de manera que reconozca a sus ciudadanos árabes como socios en igualdad de condiciones para decidir su futuro, o seguirá atrapado en la contradicción entre el carácter judío del Estado y las exigencias de la democracia?

Porque sustituir al primer ministro puede hacerse posible mediante un acuerdo parlamentario. Pero transformar la naturaleza del Estado y el sistema de relaciones que mantiene con sus ciudadanos constituye un desafío histórico y político mucho más complejo que la simple tarea de reunir 61 votos en la Knéset.