Washington y Tel Aviv: ¿una alianza verdaderamente eterna?

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había planteado tiempo atrás la posibilidad de que Israel dejara de depender del apoyo estadounidense. Lo hizo incluso con cierta fanfarronería, al afirmar que su país era perfectamente capaz de prescindir de esa ayuda ilimitada. Sin embargo, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de ese apoyo a finales de 2026 resultaron sorprendentes, tanto por el momento en que fueron formuladas como por el plazo anunciado. Sus palabras suscitan numerosos interrogantes sobre la capacidad real de Israel para “resistir” sin el respaldo político, económico y militar directo de Estados Unidos.

Para comprender mejor la dimensión histórica de ese apoyo, basta recordar que su valor acumulado se estima en unos 175 mil millones de dólares desde la Nakba y la proclamación del Estado de Israel en 1948. Se trata de una cifra astronómica, sin equivalente en la asistencia que Estados Unidos ha concedido a cualquier otro país y, en términos absolutos, sin paralelo en la ayuda proporcionada por un Estado a otro en cualquier parte del mundo. Una cantidad que supera todas las previsiones y rebasa los límites de lo razonable, incluso entre países aliados, sobre todo cuando el respaldo fluye en una sola dirección. De ahí una pregunta fundamental que debería plantearse en Estados Unidos: ¿realmente necesita Washington destinar tantos recursos a un aliado que mancha su reputación en el mundo, particularmente en la región árabe, y lo arrastra a guerras interminables?

La ayuda anual estadounidense a Israel asciende a unos 3 mil 800 millones de dólares. Sin embargo, durante la presidencia de Joe Biden alcanzó aproximadamente los 12 mil 500 millones de dólares, tras la operación “Diluvio de Al Aqsa”, cuando Tel Aviv movilizó el respaldo internacional en el marco de su guerra contra la Franja de Gaza. Una guerra que provocó la muerte de más de 75 mil palestinos y la destrucción total del enclave, incluidas sus instalaciones sanitarias y educativas, así como su infraestructura social, cultural y deportiva. Israel mantiene además su política de asfixia del territorio al impedir la entrada de convoyes humanitarios en cantidades acordes con las necesidades reales de la población. El hambre y la hambruna siguen amenazando a los habitantes de Gaza.

Ningún observador puede ignorar que el apoyo ininterrumpido de Washington a Tel Aviv le ha garantizado a Israel protección internacional durante décadas, permitiéndole eludir las sanciones, la rendición de cuentas e incluso cualquier cuestionamiento, particularmente ante los organismos y tribunales internacionales. Esa impunidad le ha permitido continuar sus políticas agresivas, no solo contra el pueblo palestino, sino también contra todos sus vecinos. Israel prosigue su expansión y sus bombardeos incesantes en Líbano y Siria, intensifica sus ataques contra Cisjordania y continúa trabajando activamente para judaizar Jerusalén y desfigurar su identidad árabe.

Se estima que Washington ha utilizado su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas unas 70 veces desde mediados de la década de 1970 para proteger a Israel. Una y otra vez, esta práctica ha impedido que se le atribuya cualquier responsabilidad política, jurídica o incluso moral por la continuación de la ocupación de los territorios palestinos.

Incluso el estribillo de la “solución de dos Estados”, repetido durante décadas por las sucesivas administraciones estadounidenses, aunque sin ejercer sobre Israel la presión necesaria para conseguir avances concretos hacia su realización, ha desaparecido por completo bajo Trump. El presidente prefiere explorar otros caminos. Unas veces, los Acuerdos de Abraham, que no han producido ningún avance verdadero, más allá de una normalización concedida sin contrapartidas. Otras, la idea de convertir Gaza en una inmensa propiedad inmobiliaria susceptible de explotación e inversión. Y otras más, la afirmación de que el territorio de Israel es demasiado pequeño y que quizá convendría ampliarlo.

Mientras tanto, Israel continúa su política de apropiación gradual del territorio en Cisjordania y los países vecinos. Fragmenta Cisjordania, multiplica los puestos de control, clasifica las zonas bajo distintos regímenes administrativos, lleva a cabo detenciones y ni siquiera respeta las normas más elementales del derecho aplicable a la ocupación. Por supuesto, a ello se suman la llegada de nuevos colonos y la ampliación de los asentamientos existentes, además de la protección abierta y explícita que su ejército brinda a las bandas de colonos que aterrorizan a los habitantes y a la población autóctona, los agreden, destruyen sus viviendas y buscan expulsarlos por la fuerza de sus tierras y privarlos de sus medios de subsistencia. Esos mismos colonos impiden a los palestinos recoger sus aceitunas y cosechar sus productos agrícolas. Todas estas prácticas persiguen transformar la realidad sobre el terreno y hacer imposible cualquier regreso a la situación anterior a 1967.

Sin embargo, todavía tendrá que pasar mucho tiempo antes de que presenciemos una transformación profunda de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, como algunos parecen esperar. Es cierto que el clima de opinión pública estadounidense ha comenzado a cambiar. Pero este factor, por sí solo, no basta para confiar en que Washington revise su política de alineamiento absoluto con Israel. La aparición de figuras políticas como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador electo Abdul El-Sayed podría representar, en cierta medida, el comienzo de los cambios esperados. Pero también podría ofrecer a la extrema derecha una oportunidad para arremeter contra estas experiencias políticas todavía incipientes y volver a lanzar advertencias sobre el islam y los musulmanes, aprovechando la islamofobia extendida en las sociedades occidentales en general, y no únicamente en la estadounidense.

No cabe duda de que la conciencia política de la sociedad estadounidense está creciendo, tanto en extensión como en profundidad. Pero esa toma de conciencia no será suficiente sin un trabajo político y ciudadano organizado, sostenido y continuo, capaz de generar nuevas realidades, imponer nuevas interpretaciones de la situación y modificar el rumbo actual de los acontecimientos o, al menos, corregirlo gradualmente.