Mirada posada

Mientras los países de la región buscan mecanismos y alianzas que les permitan reducir su dependencia total de Estados Unidos en materia de seguridad, o incluso desvincularse por completo de su tutela, con la alianza turco-saudí-paquistaní como un claro ejemplo de esta tendencia, el Líbano oficial avanza en la dirección contraria, hacia una dependencia cada vez mayor de Washington en la mayoría de los asuntos de su política exterior. Esto no se limita a la cuestión de las negociaciones directas libanés-israelíes, que comenzaron en Washington y continúan en Roma, y no en París, por ejemplo, algo que no es casual. Naturalmente, el Líbano no puede comparar su posición, su presencia ni su papel con los de las tres grandes potencias regionales, ni adoptar enfoques similares a los suyos, dadas las capacidades políticas, económicas y militares de las que disponen. Tampoco nadie puede afirmar con certeza si el Líbano es siquiera capaz de distanciarse de Washington o si cuenta con otras opciones que se lo permitan. Nada indica, además, que una medida de ese tipo sea necesaria, dado el importante papel que Estados Unidos sigue desempeñando tanto a nivel internacional como regional. Si algunos consideran que fueron, en la práctica, las negociaciones políticas directas las que pusieron fin a la guerra, algo que sin duda contiene una parte de verdad, el Líbano necesita, no obstante, definir una política exterior más activa y eficaz, que le permita movilizar el apoyo internacional a favor de su justa causa y reclamar de manera insistente la retirada militar israelí completa hasta las fronteras internacionales reconocidas. Estas fueron consagradas por el Acuerdo de Armisticio firmado entre el Líbano e Israel en 1949, pero quedaron completamente relegadas en las últimas negociaciones. Es cierto que Washington no aceptará que nadie compita con el papel que ha recuperado en el Líbano y que pretende conservar el monopolio de la escena libanesa para utilizarla como vía de acceso a algún logro político a escala regional, sobre todo a la luz del estancamiento del expediente iraní, atrapado entre los bombardeos y la negociación, sin que ninguna de las dos vías haya logrado imponer un desenlace decisivo. Pero también es cierto que apoyarse exclusivamente en una sola potencia internacional, por fuerte que sea, no necesariamente produce los resultados esperados. Quizás el ejemplo más claro sea la marginación del papel francés, reducido a su mínima expresión, algo poco habitual en el marco de las relaciones «históricas» entre el Líbano y Francia. Aun reconociendo el carácter inevitable del papel estadounidense dadas las circunstancias actuales y la correlación de fuerzas generada por las guerras que han asolado la región durante los últimos dos años, cabe esperar, naturalmente, que Washington ejerza una mayor presión sobre su aliada privilegiada para lograr la retirada y contener el apetito desenfrenado de Israel por el territorio del sur del Líbano, visible, entre otras cosas, en la publicación de mapas sospechosos, la apertura de caminos y el establecimiento de posiciones militares en las zonas ocupadas. Mientras Estados Unidos no se convenza de que la construcción del Estado en el Líbano favorece la estabilidad interna y regional, y mientras esa convicción no se traduzca en posiciones concretas que produzcan resultados tangibles en el sur del Líbano, la situación seguirá girando en el mismo círculo vicioso: ¿las armas antes de la retirada o la retirada antes que las armas? Por cierto, esta opción, la construcción del Estado en el Líbano, no necesariamente favorece los intereses de Israel. Lo más probable es que no sea así, porque la debilidad del Estado le permite descargar su hostilidad histórica contra un Líbano plural, que contradice su identidad unívoca, cada vez más radicalizada. La construcción del Estado en el Líbano, cuyo punto de partida es garantizar al Estado el monopolio de las armas, y no proceder al desarme, constituye la única vía correcta para salir de la realidad en la que vivimos. Esto permitiría a los habitantes del Sur confiar en la existencia de un Estado capaz de protegerlos, acogerlos y garantizarles las condiciones de una vida digna, lejos de los discursos sobre marginación y abandono, reforzados por retóricas sectarias detestables, envueltas en consignas malsanas y cargadas de un odio que podría sentar las bases de conflictos civiles que la mayoría de los libaneses creía definitivamente superados. En una sociedad plural y diversa como la libanesa, el Estado no puede construirse sobre la base del gobierno por la espada, aunque un exceso de debilidad también puede resultar fatal para el proyecto estatal. Debe construirse a partir de espacios de interés común encarnados por el Estado, que ninguna parte, por poderosa que sea, puede sustituir. Eso es precisamente lo que han demostrado los acontecimientos en el Líbano a lo largo de los años, después de que el exceso de poder fuera pasando sucesivamente de una comunidad a otra. Corresponde, por tanto, al Estado libanés dar por sí mismo los pasos necesarios para construirse y no excluir el diálogo con nadie, dentro ni fuera del país, con el objetivo de alcanzar esa meta, incluso si ello exige abrir canales con actores que apoyan a determinadas fuerzas en el Líbano en lugar de apoyar al propio Estado. ¿Por qué el Estado no habría de buscar entendimientos regionales bajo cobertura internacional que le permitan traducir en hechos su proyecto en el Líbano: el proyecto del Estado? ¿Está esto por encima de sus capacidades? Tal vez. Pero hay que intentarlo. Por último, si llamar a un diálogo en el exterior parece necesario para salir del actual cuello de botella, la necesidad de un diálogo interno no es menos urgente. No puede tratarse de un diálogo meramente folclórico, cuyos resultados se limiten a entendimientos verbales que nunca lleguen a aplicarse, sino de un diálogo que busque seriamente establecer los parámetros necesarios en el plano interno: ningún retroceso en el proyecto de construcción del Estado, cuyo punto de partida es garantizar al Estado el monopolio de las armas, y sin alimentar sentimientos de marginación y abandono entre un sector de los libaneses. Entre ambos imperativos, será necesario crear algún espacio común, por grandes que sean las dificultades.

La historia compartida entre Líbano y Siria es rica, al igual que las oportunidades que ofrece. El pasado entre ambos países pesa enormemente. Desde la independencia bajo el Mandato en 1920 hasta la independencia efectiva en 1943, y pasando por las etapas más recientes, los expedientes se han ido acumulando hasta convertir las relaciones complejas entre ambos países en una situación casi permanente. Pero ha llegado el momento de poner fin a ello y de abrir una nueva página cuyo principio fundamental sea el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. La amarga experiencia de la tutela que sufrieron los libaneses desde la invasión siria de Líbano en 1976 hasta la retirada militar del 26 de abril de 2005 permanece profundamente grabada en su memoria. Esta retirada se produjo en el contexto de las reacciones internacionales al asesinato del presidente Rafik Hariri el 14 de febrero de ese mismo año. Si bien el análisis de las razones de la entrada siria en Líbano requeriría varios artículos por sí solo, la etapa que marcó el apogeo de la tutela se inició tras la participación de Siria en la operación de liberación de Kuwait en 1990, cuando su control sobre Líbano le fue concedido, en la práctica, como una especie de “recompensa”. Los libaneses recuerdan, naturalmente, cómo la administración siria de Líbano se transformó en una forma de gestión directa, ejercida a través del centro de los servicios de inteligencia sirios en Anjar, el Beau Rivage y otros lugares, donde figuras del antiguo régimen se empeñaban en humillar a los responsables libaneses y les impartían órdenes con gran condescendencia y sin el menor respeto por las exigencias más elementales de la dignidad nacional. Tampoco hace falta recordar que los libaneses no han olvidado los asesinatos políticos perpetrados en Líbano contra líderes de opinión, intelectuales y políticos, desde Kamal Joumblatt hasta Rafik Hariri, ni la intimidación, las detenciones y la represión de la libertad de expresión y de las libertades fundamentales. La tutela estuvo a punto de transformar al Líbano en un régimen calcado del sistema sirio, con elecciones de fachada sin verdadera incidencia, cuyo único objetivo era completar la escenografía política. Lo importante es que esa página ya haya quedado atrás. Pero aún más importante es reflexionar seriamente sobre cómo construir, de cara al futuro, relaciones sólidas basadas en la confianza, el respeto y los intereses comunes, y sobre cómo evitar que cualquiera de los dos países vuelva a verse arrastrado a perjudicar al otro o a intentar tomar el control sobre él, como ocurrió en la etapa anterior. También es necesario que ciertos círculos libaneses, tanto oficiales como extraoficiales, superen su reticencia o indiferencia respecto al desarrollo de estas relaciones en la dirección correcta, en beneficio de ambos países. La abolición del Consejo Superior Libanés-Sirio constituyó un paso en la dirección correcta para devolver las relaciones a su marco natural: relaciones entre dos Estados plenamente independientes, unidos por numerosos intereses comunes y cuyas relaciones deben organizarse por las vías diplomáticas habituales, es decir, a través de las embajadas. También pueden elevarse al nivel de comisiones mixtas o ministeriales encargadas de abordar cuestiones sectoriales específicas. Sin embargo, pese a todo lo anterior sobre la necesidad de restablecer la “normalidad” de las relaciones entre Líbano y Siria, es indispensable superar algunos de los obstáculos que frenan el avance en numerosos ámbitos, sin que ello implique volver a las antiguas fórmulas, en particular en materia de política exterior. Si bien es absolutamente inaceptable regresar a la fórmula de la “unidad de los frentes y los destinos”, que dominó la política exterior libanesa durante la década de 1990 y que, en la práctica, privó a Líbano de la capacidad de formular una política independiente fuera de la órbita siria, ello no significa que la coordinación deba interrumpirse, especialmente en los asuntos regionales y en el contexto del conflicto con Israel. Líbano y Siria sufren ambos la expansión militar israelí. El primero ha padecido su cuota de destrucción y ocupación a lo largo de dos guerras sucesivas, mientras que la segunda también ha visto ocupadas nuevas porciones de su territorio. Ambos países enfrentan violaciones cotidianas de su soberanía nacional. Y si bien la idea de una confrontación militar directa con Israel no está planteada ni en Líbano ni en Siria, la coordinación de las posiciones políticas y diplomáticas resulta sumamente útil para ambos países. En el ámbito de la seguridad, la coordinación es más que necesaria para desmantelar lo que queda de las redes de narcotráfico, tráfico de Captagon, trata de personas y contrabando. Esta tarea debe llevarse a cabo con firmeza por ambas partes, ya que dichas actividades causan graves perjuicios a ambos países. En cuanto a las posibilidades de cooperación económica, eléctrica y comercial, son numerosas, muy numerosas incluso, y requieren una atención particular por parte de las autoridades oficiales de ambos países. Por lo tanto, no basta con dejar atrás el pasado. Lo que se necesita es pensar seriamente en el futuro, sobre todo porque la región atraviesa transformaciones sin precedentes en distintos niveles y las amenazas israelíes también han alcanzado una etapa avanzada. Esto convierte incluso un mínimo de “armonía” libanesa-siria en una necesidad urgente.

Es cierto que traducir la visita del presidente de la República Libanesa, Joseph Aoun, a la Casa Blanca en resultados políticos concretos requerirá tiempo y un esfuerzo sostenido, por múltiples razones. Pero también es cierto que las formas importan en las relaciones entre los Estados, especialmente cuando se trata de un presidente tan impredecible como Donald Trump, conocido por conceder, en ocasiones, mayor peso a la relación personal que a las consideraciones institucionales en su trato con jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. La escena ocurrida en la Oficina Oval, donde el presidente ucraniano Volodímir Zelenski fue reprendido públicamente ante las cámaras de todo el mundo, permanece viva en la memoria colectiva. Por ello, no puede subestimarse la dimensión simbólica de las cumbres presidenciales, especialmente para un país pequeño como el Líbano, cuyo mayor activo sigue siendo la reputación de sus ciudadanos, capaces de integrarse en las sociedades que los reciben y de alcanzar en ellas las más altas responsabilidades políticas, económicas y sociales. Todo indica que el viejo lema según el cual “la fuerza del Líbano reside en su debilidad” ha vuelto a abrirse paso en el escenario político libanés, sobre todo después del derrumbe de todos los eslóganes relacionados con el llamado “equilibrio de la disuasión” y otros conceptos que perdieron todo significado tras las guerras de 2024 y 2026. En cualquier caso, siempre ha sido una idea profundamente equivocada, y volver a ella sería un grave error. Si bien es cierto que el Líbano no puede aspirar a construir un arsenal militar comparable al de otros Estados para defender su territorio y sus fronteras, confiar exclusivamente en los “amigos del Líbano”, como ha sugerido un dirigente político, tampoco constituye una solución. La diplomacia y la política exterior de un Estado no pueden edificarse únicamente sobre amistades. En política no existen amistades permanentes. Lo que hoy coincide con los intereses de un país puede dejar de hacerlo mañana, sin explicación ni justificación. No menos importantes que la cumbre entre el Líbano y Estados Unidos fueron las declaraciones políticas pronunciadas por el presidente Aoun durante la recepción organizada por la Embajada del Líbano en Washington. Sus palabras reflejaron una comprensión profunda de los dilemas que enfrenta hoy el país y de la manera de superarlos, conciliando el interés nacional supremo, la soberanía y el monopolio de las armas en manos del Estado con la necesidad igualmente esencial de evitar que estalle un conflicto interno o que las confrontaciones regionales se trasladen al escenario libanés, poniendo en riesgo la estabilidad y la paz civil. La afirmación del presidente de que Hezbolá no es una fuerza mercenaria reviste, en ese sentido, una importancia particular. Sus integrantes son los hijos del sur del Líbano, por profundas que sean las discrepancias que muchos libaneses mantienen con ellos, y por más que su doctrina religiosa haya pasado a formar parte de un proyecto político cuyos fundamentos rebasan las fronteras y las capacidades del Líbano. La respuesta no reside en la confrontación, sino en la integración, y esta solo podrá alcanzarse mediante una visión nacional integral capaz de reconstruir la confianza entre el Estado y los distintos componentes de la sociedad libanesa. La brecha entre esos distintos componentes de la sociedad libanesa y el Estado no deja de ampliarse por múltiples razones. Algunas están arraigadas en convicciones profundamente interiorizadas por determinados sectores de la población, convicciones que no resulta fácil abandonar ni cuestionar mediante planteamientos políticos, sociales o, con mayor razón, religiosos. Otras responden a un largo legado histórico marcado por la incapacidad del Estado, y en ocasiones por su falta de interés, para proteger al sur del Líbano y a sus habitantes, dejándolos expuestos a las agresiones israelíes incluso antes del surgimiento de Hezbolá. A ello se suman la debilidad estructural del Estado, la concentración de la actividad económica en la capital y las grandes ciudades, así como el abandono, deliberado o no, de las zonas rurales, la agricultura, la artesanía y las pequeñas industrias locales, elementos indispensables para que sus habitantes puedan permanecer en su tierra. En ese contexto, resulta indispensable que las medidas de la próxima etapa avancen de manera simultánea, con el fin de ir cerrando gradualmente esa profunda brecha. El Estado debe ocupar de inmediato el vacío en los ámbitos político, de seguridad y económico, reafirmando su presencia allí donde ha estado ausente durante demasiado tiempo. El gesto simbólico del primer ministro Nawaf Salam, al plantar la bandera libanesa en Zawtar al-Gharbiya tras la retirada israelí, se inscribe plenamente en esa lógica. Ahora debe ir acompañado de iniciativas similares en todos los niveles. Si ese es uno de los imperativos en el plano interno, la prioridad en el ámbito externo consiste en fortalecer a las Fuerzas Armadas Libanesas como principal garante de la paz civil, dotándolas de los medios necesarios para cumplir plenamente sus responsabilidades, tanto en la preservación de la estabilidad interna como en la consolidación del monopolio de las armas en manos del Estado. Ese objetivo debe perseguirse, ante todo, en cumplimiento del Acuerdo de Taif, antes incluso de responder a cualquier exigencia externa, y como una forma de evitar nuevas guerras fuera de todo control, que una y otra vez han sumido al Líbano en la destrucción y el colapso. Fortalecer a las Fuerzas Armadas Libanesas, desarrollar sus capacidades y seguir consolidándolas constituye la piedra angular de la próxima etapa, sin menoscabar su doctrina militar, al menos mientras no se esclarezca plenamente la situación en el sur del Líbano, Israel no complete su retirada y los territorios ocupados no hayan sido plenamente recuperados. Solo el Estado sigue siendo el garante fundamental de todos los libaneses, aunque en las actuales circunstancias políticas todavía no disponga de los medios necesarios para ofrecer una protección plena. Parte de esa capacidad depende también de su aptitud para reunir a los libaneses en torno a su proyecto nacional, porque todos los proyectos paralelos han terminado demostrando un fracaso rotundo.

Si bien las observaciones sobre el acuerdo marco entre el Líbano e Israel, auspiciado por Estados Unidos, son numerosas, profundas, legítimas y plenamente justificadas, dado que el texto no ofrece ningún beneficio sustancial para el Líbano, ello no significa que el país deba sumarse a la vía de Islamabad o al acuerdo de Suiza entre Washington y Teherán, cuyo colapso, lejos de resultar inesperado, fue consecuencia de múltiples factores políticos y extrapolíticos. Este frágil acuerdo de Suiza refleja con claridad el profundo clima de desconfianza existente entre las dos partes enfrentadas. Tel Aviv no ha dejado de alimentar y profundizar esa desconfianza en función de su interés inmediato: reanudar la guerra allí donde se detuvo, seguir debilitando las capacidades iraníes, aun cuando ello no condujera a la caída del régimen, como se esperaba o deseaba en las primeras etapas del conflicto. Al mismo tiempo, esa estrategia permite al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ganar más tiempo, mejorar su imagen de cara a las elecciones legislativas y continuar retrasando, dilatando y ralentizando los procedimientos judiciales abiertos en su contra. Los partidarios de la vía negociadora en el Líbano, independientemente de que sea directa o indirecta, una distinción que los acontecimientos ya han dejado atrás, pueden sostener hoy que esta opción evita que el Líbano quede directamente involucrado en una nueva guerra entre Washington y Teherán. Es cierto que la guerra no ha cesado en el Líbano y que las violaciones israelíes de la soberanía libanesa continúan diariamente. Sin embargo, al menos hasta ahora, la situación no ha desembocado en un colapso total del frente, como ocurrió durante los meses anteriores. Ello podría estar relacionado con las informaciones según las cuales la administración estadounidense habría comunicado a Benjamin Netanyahu que el expediente libanés no estaba supeditado al eventual colapso del acuerdo de Suiza. Sin embargo, esta observación fundamental, vinculada al derecho exclusivo del Líbano a negociar en su propio nombre y a su derecho igualmente legítimo de rechazar que otro Estado negocie en su lugar, en contradicción con los principios más elementales de la soberanía, cuya vulneración debería ser rechazada cualquiera que sea su origen, no priva a las distintas fuerzas políticas libanesas del derecho a criticar el acuerdo marco y señalar sus deficiencias, sin que desde uno u otro lado se lancen acusaciones de traición. Es cierto que el agotamiento colectivo de los libaneses, tras un ciclo interminable de guerras que no dejan de repetirse, ha alcanzado un nivel crítico. Ya no es aceptable que ninguna parte arrastre al país a conflictos que superan con creces su capacidad de resistencia. La magnitud de la destrucción en el sur del Líbano obliga hoy a abandonar los enfoques tradicionales basados en desencadenar guerras estériles. Pero también es cierto que las numerosas deficiencias que contiene el acuerdo marco entre el Líbano e Israel son inaceptables y no responden al interés nacional libanés. El Estado libanés debe reconocerlas como tales y tratarlas como vacíos que justifican una nueva negociación. En la práctica, lo que fortalecerá la posición oficial del Líbano será reconstruir el consenso en torno al proceso de negociación mediante la elaboración de un plan de negociación sólido, sustentado en principios y constantes nacionales irrenunciables. Entre ellos destacan el establecimiento de un calendario para la retirada israelí y la preservación del derecho del Líbano a llevar al agresor ante las instancias internacionales. Fortalecer la posición oficial del Estado no significa negar a las distintas fuerzas políticas libanesas el derecho a criticarla. Mucho menos implica aceptar la incorporación del ocupante israelí a los mecanismos de aplicación de decisiones que, por definición, corresponden a las autoridades libanesas, en particular la cuestión del monopolio estatal de las armas. Se trata ya de una decisión delicada y compleja, de la que no puede darse marcha atrás si el Líbano aspira, por fin, a construir un Estado plenamente funcional tras un retraso que se ha vuelto tan insostenible como inaceptable. Sin embargo, en última instancia, no es posible aceptar la idea de que el Estado libanés deba recurrir a Israel o solicitar su ayuda para completar la tarea de establecer el monopolio estatal de las armas, ni colocar al Ejército libanés en una situación en la que sea sometido al escrutinio del Ejército israelí respecto del cumplimiento de sus misiones nacionales y militares, bajo una tutela de seguridad superior a la suya. Aunque esa nunca haya sido la intención del negociador libanés, ni mucho menos uno de sus objetivos, esa es, en la práctica, una de las consecuencias del acuerdo marco: la ausencia de un calendario claro para la retirada israelí, rebautizada como “redespliegue”, así como la creación de las llamadas “zonas experimentales”, que en la práctica someten al Ejército libanés a una prueba cotidiana. Como mínimo, ello corre el riesgo de situarlo frente a una confrontación interna que Israel podría aprovechar para trasladar el conflicto al interior del Líbano y ampliar así el alcance de la confrontación. Al mismo tiempo, algunos actores libaneses no tienen más alternativa que integrarse en el consenso nacional general que rechaza la guerra y se niega a que el Líbano vuelva a convertirse en combustible o escenario de los conflictos regionales, precisamente cuando estos parecen entrar en una nueva fase de escalada. También deberán anteponer el interés nacional superior, cerrar la profunda brecha que se ha abierto entre ellos y el resto de la sociedad libanesa, y llevar a cabo una reflexión profunda sobre las transformaciones ocurridas durante los últimos tres años, transformaciones que obligan a adoptar nuevos enfoques para la liberación del territorio y abrir el camino hacia una nueva etapa. Si bien es imposible absolver a Israel de sus proyectos agresivos en el Líbano, Palestina y Siria, también es necesario reconocer que la decisión de entrar en la guerra de apoyo fue precipitada y devastadora. No logró los objetivos que perseguía y provocó enormes pérdidas humanas y materiales, dilapidando así el logro histórico de la liberación alcanzado el 25 de mayo de 2000, cuando Israel se retiró por primera vez de un territorio árabe sin condiciones, sin un acuerdo de paz e incluso sin un acuerdo sobre disposiciones de seguridad, en lo que entonces fue percibido como una retirada precipitada y humillante. Israel ha tratado de borrar esa imagen en las dos últimas guerras y continúa haciéndolo hasta hoy. Para decirlo con toda claridad, el Líbano no está en condiciones de brindar apoyo a Teherán, ni tampoco se espera que lo haga. Se trata de una carga que supera con mucho su capacidad de resistencia. En cuanto a las declaraciones que afirman que Hezbollah no dejará a Irán solo frente a Estados Unidos, reflejan una profunda negación de la nueva realidad y una evidente ausencia de la más mínima visión prospectiva sobre la etapa que comienza. Más aún, atentan directamente contra el interés nacional libanés. Lo peor que podría ocurrirle al Líbano y a los libaneses sería que el país quedara sometido a una doble tutela: una tutela estadounidense-israelí por un lado y una tutela iraní por el otro. Entre ambas, es el pueblo libanés, y solo él, quien termina pagando el precio.

Más allá de la controversia política y mediática generada por el contenido del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el desarrollo de los acontecimientos muestra ahora con claridad que nuevas dinámicas están tomando forma en la región. Su principal denominador común podría ser pasar página del profundo y antiguo conflicto entre Washington y Teherán para establecer una gestión basada en parámetros diferentes a los que prevalecían hasta ahora. Es en esta perspectiva que se explica la insistencia iraní en “poner fin al estado de guerra entre los dos países”. El directorio iraní demostró un gran pragmatismo al aceptar sentarse en la mesa de negociaciones directas apenas unas semanas después del asesinato del Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, cuya autoridad moral, religiosa, política y militar ocupaba un lugar central dentro de la República Islámica. De esta manera rompía con una doctrina que había moldeado su política durante más de cuarenta y cinco años, desde el triunfo de la revolución islámica en 1979, la llegada del imán Jomeini al poder, la definición de los fundamentos ideológicos del régimen y de la exportación de la revolución, así como la designación permanente de Estados Unidos como el “Gran Satán”. A pesar de las graves pérdidas sufridas durante las dos guerras sucesivas, Irán probablemente supo aprovechar el temperamento particular del presidente estadounidense Donald Trump, siempre en busca de grandes acuerdos comerciales y deseoso de parecer el hombre capaz de lograr golpes de efecto sin precedentes. Su prisa por entrar en guerra contra Irán, siguiendo los consejos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, lo llevó a alimentar expectativas elevadas que rápidamente demostraron estar fuera de alcance. El poderío estadounidense, por más considerable que sea, no garantiza resultados inmediatos. En los hechos, Teherán salió de esta guerra con resultados superiores a sus propias expectativas. Las sanciones que afectan al petróleo iraní deberían levantarse después de años de embargo; una parte de sus activos financieros congelados será desbloqueada, mientras el país tiene una necesidad urgente de esos recursos, al mismo tiempo que se plantea la creación de un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares. En cuanto a los asuntos que precisamente habían motivado el conflicto (el programa nuclear, el programa balístico y los grupos aliados de Irán), finalmente fueron devueltos a la mesa de negociación. Ahora bien, ¿quién domina mejor el arte de la paciencia y de la negociación a largo plazo que quienes tejen alfombras? Sin minimizar las consecuencias de la grave crisis económica y social que afecta al país, el régimen iraní aprendió desde hace tiempo a vivir bajo presión política y económica, aunque hoy aspire más que nunca a liberarse de ella. Para Teherán, haber resistido sin colapsar ya representa una victoria en sí misma. A pesar de la eliminación de altos responsables y de las enormes destrucciones que afectaron numerosas instalaciones estratégicas, tanto civiles como militares, el régimen permaneció en pie. También quedó demostrado que las esperanzas estadounidenses, probablemente nunca verdaderamente fundamentadas, de que el pueblo iraní se levantara contra sus dirigentes desde el inicio de la guerra respondían más a una apuesta que a un análisis. Israel había impulsado ampliamente esta hipótesis para convencer a Washington de la conveniencia de la opción militar, sin que estuviera respaldada por informaciones realmente sólidas. Ya sea que la retirada de los iraníes de cualquier movilización de protesta haya sido dictada por un reflejo de unidad nacional frente a una agresión externa, o que haya ofrecido al régimen la oportunidad de recuperar fuerzas en plena guerra, el resultado sigue siendo el mismo. El poder iraní no tambaleó y todos aquellos que vivían en el extranjero, que ya habían preparado sus maletas para regresar, se encuentran hoy frente a una profunda decepción. Las perspectivas de supervivencia del régimen se han fortalecido y, con toda probabilidad, la cuestión de su caída ya no se planteará en un futuro previsible. Por encima de todo, Irán “descubrió” una carta fundamental, quizás incluso decisiva: la del estrecho de Ormuz, cuya amenaza había utilizado durante mucho tiempo. La experiencia le demostró que podía emplearla como una palanca al servicio de sus intereses, incluso sin llegar a imponer un derecho de peaje, como pretendía. Todos conocen la importancia que Donald Trump, al igual que todos los países occidentales, concede a la fluidez de los suministros petroleros y a la libre circulación de los cargamentos, debido a que sus repercusiones sobre la economía mundial siguen siendo considerables. La cuestión ahora supera el simple balance de ganancias y pérdidas. Abre el camino hacia una nueva trayectoria política cuyo concepto central podría ser un statu quo regional, es decir, una forma de coexistencia, aunque carente de cordialidad, entre Washington y Teherán. Los próximos acontecimientos mostrarán qué ocurrirá con los demás asuntos pendientes, entre ellos el Líbano y las armas de Hezbolá. Quienes habían apostado por una desaparición automática del arsenal del partido como consecuencia de un colapso iraní probablemente deberán revisar su análisis con mayor realismo, privilegiando la búsqueda de un compromiso regional bajo patrocinio estadounidense que permita poner fin a este callejón sin salida y garantizar el monopolio de las armas por parte del Estado, único autorizado para decidir sobre la guerra y la paz. Tal evolución supone, sin embargo, que Washington recorte las garras de su turbulento aliado, Israel, cuyas iniciativas suelen liberarse de los límites políticos, morales e incluso geográficos: ocupando aquí, bombardeando allá, realizando asesinatos selectivos en otro lugar. La expresión “recortar las garras” no refleja ninguna hostilidad hacia Israel. Simplemente toma en cuenta la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, su profundidad y las dificultades que hacen que, en esta etapa, cualquier verdadero distanciamiento sea difícilmente imaginable. Si el compromiso mencionado llegara a fracasar, Líbano entraría en una fase aún más delicada, entre la intransigencia israelí, la negativa a retirarse militarmente y la negativa de Hezbolá a entregar sus armas, fortalecida por el balance que Teherán extrae de esta guerra. Lo esencial sigue siendo evitar que este statu quo regional se transforme, en Líbano, en una realidad explosiva y en una larga guerra de desgaste.

Numerosos analistas se han detenido en las críticas poco habituales formuladas por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, contra Israel, interpretándolas como una postura inédita, pese al amplio apoyo político, militar y económico que Washington brinda a Tel Aviv. En efecto, Vance recordó a los críticos israelíes del acuerdo diplomático con Teherán que dos tercios de las armas que han “protegido su patria” son de fabricación estadounidense y están financiadas por los contribuyentes estadounidenses. Señaló que Israel depende excesivamente de la fuerza militar para resolver sus crisis y que debería otorgar mayor consideración a Washington como su único y principal aliado estratégico que le queda en el mundo. En una entrevista concedida a The New York Times , Vance precisó que Donald Trump es el único jefe de Estado en el mundo que actualmente muestra simpatía por Israel, antes de lanzar este mensaje a los israelíes: “Son un país de nueve millones de habitantes y no pueden resolver todos sus problemas de seguridad nacional únicamente mediante el asesinato”. Un cambio de tono inédito No cabe duda de que hay un cambio en el tono y en la forma de dirigirse a Israel. Es poco frecuente escuchar críticas serias de voces oficiales estadounidenses hacia este país, considerado a menudo como “el niño mimado” de las administraciones sucesivas. Estas últimas generalmente competían por mostrar su parcialidad política a favor de Israel, un paso casi obligatorio para continuar una carrera política sin obstáculos, debido a la enorme influencia de los grupos de presión (lobbies) estadounidenses en los pasillos de Washington. Si este cambio repentino de tono es realmente cierto, eso no significa en absoluto que la actual administración estadounidense se haya “liberado” de la influencia sionista ejercida por estos grupos de presión. Tampoco significa que ahora sea capaz de debatir públicamente que existe una diferencia entre el interés nacional estadounidense y el interés israelí, y que asumir que ambos están permanentemente alineados es un error político, incluso estratégico, que ha costado, y continúa costando, a Estados Unidos enormes pérdidas morales, políticas y materiales. Las consecuencias del sesgo histórico estadounidense El histórico y absoluto respaldo estadounidense a Israel, así como el paraguas de protección que se le ha proporcionado en todos los niveles, desde el uso repetido del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante décadas para garantizarle impunidad frente a la ocupación y la represión del pueblo palestino, hasta los niveles más bajos, ha contribuido con el paso de las décadas a alimentar los sentimientos de odio hacia Estados Unidos, especialmente en la región árabe, creando una brecha abismal entre los pueblos de la región y Washington. Sin embargo, estos sentimientos de rechazo nunca se tradujeron en un movimiento concreto de oposición. Esto se debe a varios factores, entre ellos: La ausencia de democracia en los países árabes y la represión de los pueblos, que les impiden expresar sus verdaderos sentimientos. La fragmentación árabe y las divisiones oficiales sobre la manera de gestionar el conflicto israelí-árabe. La firma de acuerdos de paz unilaterales con Israel, especialmente por parte de Egipto y Jordania, rompió la unidad y debilitó la posición árabe. Este proceso continuó años más tarde con los Acuerdos de Abraham, destinados a una normalización prácticamente gratuita. Cabe recordar que la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén, reconoció la ciudad como capital de Israel y reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios ocupados. Estas medidas, impulsadas por administraciones anteriores pero nunca ejecutadas, fueron concretadas por Trump sin esperar reacciones árabes significativas, lo cual efectivamente ocurrió. Hoy, un sentimiento predomina dentro de una parte del equipo de Trump: Israel ha “empantanado” a Estados Unidos en la guerra contra Irán, mientras que el verdadero peligro representado por Teherán, ya sea directamente o a través de sus brazos armados, especialmente Hezbolá en Líbano, estaba dirigido mucho más contra Israel que contra Estados Unidos, pese a la retórica política iraní hostil hacia Washington (al que califican de “Gran Satán”, entre otros términos). El propio Trump parece compartir este sentimiento, lo que explica su insistencia en alcanzar un acuerdo con Teherán, aunque envuelva ese deseo en un tono amenazante, llegando incluso a hablar de “la desaparición de la civilización persa”. Esto también explica por qué el acuerdo es fundamentalmente estadounidense-iraní, mientras que la guerra fue estadounidense-israelí-iraní. Trump y su equipo son conscientes de que Israel no aceptará fácilmente un acuerdo y prefiere la prolongación de una guerra patrocinada y asumida por Washington, que sirve en primer lugar a sus propios intereses. Esto es lo que justifica la frase del vicepresidente estadounidense dirigida a los israelíes: “No pueden resolver todos sus problemas de seguridad nacional únicamente mediante el asesinato”. ¿Una oportunidad para los países del Golfo? Sin duda es prematuro apostar por una ruptura entre Estados Unidos e Israel o esperar un divorcio entre ambos países. Sin embargo, los países árabes del Golfo pueden apoyarse en este cambio para abrir un debate político con Washington. Los principales ejes de esta discusión deberían ser: El rechazo a involucrar a la región en nuevas guerras al servicio de Israel. El rechazo a que las bases estadounidenses se conviertan en objetivos en lugar de ser una fuente de estabilidad. La afirmación de que persistir en eludir la causa palestina solo conduce a más muertes y destrucción, sin una salida. El reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino como paso obligatorio para la estabilidad en Medio Oriente y en la región árabe. El presidente estadounidense es consciente de la importancia de su relación estratégica con los países árabes del Golfo debido a sus riquezas petroleras, que constituyen un pilar fundamental de la política exterior de Trump (Venezuela es un ejemplo evidente). Por lo tanto, Washington ya no puede continuar ignorando las demandas árabes de una solución pacífica a la causa palestina, que comienza con el establecimiento de un Estado independiente y viable, y con el fin de la política de asesinatos y la expansión colonial de Israel en Cisjordania, así como de su expansión hacia el Líbano y el sur de Siria. Solo Estados Unidos tiene el poder de frenar y disciplinar a Israel, siempre que exista voluntad política y siempre que se consolide la convicción de que el interés nacional estadounidense no se alcanza necesariamente mediante una alineación ciega con Tel Aviv, sus proyectos expansionistas y sus guerras interminables.

Si el estado de abatimiento que viven los libaneses en esta etapa es comprensible, dadas las derrotas sucesivas que los han perseguido durante años y que alcanzaron su punto culminante con las dos guerras de apoyo lanzadas por Hezbolá sin consultar a nadie, guerras que condujeron al regreso de la ocupación israelí, al desplazamiento de más de un millón de libaneses y a la destrucción masiva de los pueblos del sur, el entusiasmo desmedido de algunos por la paz con Israel y la carrera precipitada de otros hacia la normalización, ya sea impulsada por los medios de comunicación o por otras vías, no tienen justificación lógica alguna. Lo menos que puede decirse es que son actitudes precipitadas e irresponsables. La razón no es que quienes albergan reservas respecto a la paz apoyen necesariamente la guerra o deseen verla prolongarse, ni que quienes piden moderación frente a esta normalización mediática artificial y prematura, que la ley, al menos por ahora, debería perseguir, se opongan a un alto el fuego y al retorno de la estabilidad. El punto es dejar claro que la paz con Israel no es un paseo tranquilo y que apresurarse a soñar con beber una cerveza en Tel Aviv no es más que una fantasía infantil y prematura. Esta fractura se desarrolla en dos niveles completamente contradictorios. Por un lado, están quienes están dispuestos no solo a hacer la vista gorda ante lo que Israel ha hecho a los libaneses, matándolos y ocupando su tierra, sino incluso a absolverlo de esos actos, atribuyendo toda la responsabilidad exclusivamente a quienes arrastraron al Líbano a la confrontación, sin siquiera mencionar la respuesta desproporcionada que Israel ha infligido y sigue infligiendo: la ocupación y destrucción de pueblos, las órdenes de evacuación impuestas a localidades enteras para vaciar regiones completas y crear una nueva realidad sobre el terreno, los ataques contra hospitales y sitios patrimoniales, entre muchas otras acciones. Por otro lado, están quienes se niegan a leer los cambios que están ocurriendo y persisten en vincular el frente libanés a las guerras de la región, conflictos que ellos mismos encendieron esencialmente al servicio de esas causas y como venganza por sus símbolos, blandiendo amenazas de represalias una vez terminadas las hostilidades, invocando un excedente de poder que en parte ha sido quebrado en el período reciente y rechazando los esfuerzos del Estado libanés por poner fin a la guerra y recuperar una soberanía que le ha sido confiscada durante mucho tiempo. El Líbano no puede enfrentar un nivel de peligro semejante con una división tan profunda, hasta el punto de que los libaneses parecen estar en desacuerdo sobre casi todo. Y en la cima de esa lista de desacuerdos se encuentra la cuestión de quién es amigo y quién es enemigo, precisamente donde reside el mayor peligro. En el mismo momento en que Israel cae sobre el Líbano y mata a sus hijos, civiles, soldados, periodistas, paramédicos y médicos, algunos persisten en absolverlo y concentran todas sus acusaciones en quienes involucraron al país en esta guerra, los mismos actores que ahora buscan un alto el fuego, como siempre han hecho: encender el incendio y luego buscar la manera de apagarlo. Durante el período posterior al Acuerdo de Taif, los libaneses ya estaban divididos sobre cómo enfrentar a Israel y fracasaron repetidamente en alcanzar un plan nacional de defensa debido a la falta de cooperación de Hezbolá y, naturalmente, de sus patrocinadores regionales. El Líbano buscaba extender la autoridad legítima del Estado a todo su territorio, que es, después de todo, la vocación de cualquier gobierno en el mundo. Sin embargo, hay que decir que, pese a la profundidad de aquel desacuerdo, nadie en ese momento se presentó para defender a Israel, nadie abogó por una paz apresurada con él y nadie violó las leyes que siguen vigentes hasta nuevo aviso participando con israelíes o promoviendo intercambios televisivos o periodísticos con ellos. Si la repetida implicación del Líbano en guerras de las que no obtiene ningún beneficio es algo inaceptable, y la inmensa mayoría de los libaneses, agotados por el conflicto, la muerte y el desplazamiento, la rechaza sin ambigüedades, la ilusión de que la paz con Israel sería un paseo agradable, en un vacío total de poder, constituye un error fatal, capaz de profundizar la fractura entre los libaneses y agravar aún más la fragmentación interna del país.

En lugar de convertirse en una oportunidad para abrir un debate serio sobre los fundamentos del sistema judicial, de la justicia y del castigo en Líbano, el debate político y jurídico en torno al proyecto de ley de amnistía general se transformó en una disputa confesional y sectaria, completamente ajena a los principios fundacionales de la ley esperada: garantizar la justicia, reparar el daño causado a detenidos privados durante años de su derecho natural a ser juzgados dentro de plazos razonables y, por supuesto, abordar la cuestión del hacinamiento carcelario, que vulnera el mínimo de los derechos humanos incluso respecto a un preso o un acusado, contradiciendo así la esencia misma de la idea reformadora de la prisión y convirtiendo las cárceles en espacios de consolidación del crimen y las desviaciones. Como ocurre en cada ocasión política o legislativa, los grupos confesionales y sectarios se apresuraron a disputar las demandas puestas sobre la mesa, buscando sacar ventaja para consolidar su control confesional y garantizar su permanencia, hasta el punto de volver la sola idea de liberarse de ello un asunto de extrema complejidad y dificultad, profundizando así las divisiones confesionales en el país y obstaculizando cualquier proceso reformista que, por lo demás, rara vez prospera. Desde el momento en que el debate sobre una ley de amnistía general se confesionaliza en el tratamiento de los expedientes, una comunidad reclamando la liberación de detenidos islamistas, otra queriendo resolver el expediente del narcotráfico cuya producción prospera en la gobernación de la Becá, y otras más exigiendo el regreso de las personas expulsadas hacia Israel en el año 2000. Aquello revela el profundo estado patológico en el que se encuentra la sociedad política libanesa y la ausencia de toda voluntad real de impulsar cualquier cambio capaz de agrietar la estructura existente. Sin embargo, el simple hecho de contemplar la adopción de una ley de amnistía general, que no llega al término de una guerra civil o de un conflicto sangriento como ocurrió en 1991, debería suscitar una multitud de interrogantes relacionados fundamentalmente con la naturaleza del sistema judicial libanés y sus múltiples problemáticas, vinculadas a los modos de funcionamiento y a los mecanismos de control y rendición de cuentas, debido a los retrasos crónicos en el tratamiento de los casos judiciales que, en cientos de expedientes, superan incluso la duración máxima de las penas previstas, constituyendo así una injusticia grave y sin precedentes contra los detenidos. ¿Quién les devolverá los años perdidos y desperdiciados? Ahora bien, si los mecanismos del trabajo judicial están prácticamente paralizados, ya sea en la emisión de sentencias, su apelación ante la Corte de Casación, el tratamiento de los recursos pendientes o incluso la inspección y sanción de jueces negligentes, corruptos o ausentes de sus obligaciones, entonces surge una pregunta urgente para el presidente de la República y el gobierno: cómo poner en marcha la dinámica de la reforma judicial, comenzando por convertir al poder judicial en una verdadera autoridad independiente, protegida en sus traslados, ascensos y nombramientos de las interferencias y presiones políticas que lo transforman en un escenario de lucha y reparto de influencias, en detrimento de la esencia misma de la idea de justicia y de su independencia. Entre las numerosas prioridades fundamentales que expuso en su discurso de investidura y en sus declaraciones posteriores, el presidente de la República, el general Joseph Aoun, incluyó la reforma judicial entre sus compromisos, expresando en repetidas ocasiones su convicción al respecto durante sus intercambios con el cuerpo judicial. Esta posición coincide con visiones similares, e incluso idénticas, del primer ministro Nawaf Salam, quien ocupó uno de los cargos judiciales internacionales más altos antes de llegar a la presidencia del Consejo de Ministros, en calidad de juez internacional cuyos escritos sobre justicia, política y reforma son numerosos. Es cierto que la guerra israelí trastocó todos los equilibrios y reconfiguró las prioridades de una manera radicalmente distinta a lo esperado. También es cierto que Líbano, y particularmente el sur del país, quedó devastado en todo el sentido de la palabra, siendo la prioridad el fin de la guerra, la retirada militar israelí y la reconstrucción. Pero también es igualmente cierto que el avance de numerosos asuntos internos sigue siendo posible y alcanzable, e incluso sería más correcto decir que quizá nunca vuelva a ser tan viable como bajo la presencia de estos dos presidentes. Desde esta perspectiva, es imperativo que el debate en torno a la ley de amnistía general se transforme en un debate sobre las formas de revitalizar la inspección judicial y activar los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la magistratura, como antesala del desafío más fundamental relacionado con la naturaleza de las relaciones entre el poder político y el judicial, y las vías para una verdadera “liberación” de la justicia y de los jueces del control político que domestica el sistema judicial y lo vacía de su sustancia, de su papel y de su misión. En este momento regional incandescente, cargado de transformaciones que habría sido difícil imaginar apenas hace unos años, mientras Líbano pierde una tras otra las cualidades distintivas que lo caracterizaban en beneficio de países emergentes, ya no es posible seguir girando en el mismo círculo vicioso: guerras, divisiones, corrupción y deterioro.

Conmemorar la Nakba palestina como un ritual anual en el que se revive la memoria del despojo de esa tierra a sus habitantes originarios y su colonización por parte de la entidad israelí no alcanza a transmitir realmente que la Nakba sigue en curso, cuando en realidad así es. Como si este pueblo no hubiera sufrido ya suficiente desplazamiento, destrucción y derrota, los propios hechos son ahora transformados en preguntas que parecen legítimas ante la opinión pública, aunque, en el fondo, estén completamente alejadas de la realidad. Entre estas preguntas, ampliamente difundidas en los medios occidentales y en las que cualquier invitado que ose defender la causa palestina termina atrapado, aparece la siguiente: “¿Reconoce usted el derecho de Israel a existir?”. La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, fue quizás quien abordó esta cuestión con mayor agudeza cuando respondió: “¡Nadie le pregunta a Italia, a España o a cualquier otro Estado del mundo que justifique su derecho a existir!”. Naturalmente, la pregunta encubre un propósito completamente distinto: desviar la atención de los derechos palestinos, sugerir que Israel ocupa eternamente el lugar del oprimido y, sobre todo, sepultar la historia ligada a la Nakba de 1948 y a las expulsiones forzadas que la precedieron, mediante las cuales cientos de miles de palestinos fueron arrancados de sus hogares, de sus propiedades y de sus medios de vida para que el movimiento sionista pudiera levantar su proyecto de un Estado judío sobre tierra palestina. La misma pregunta persigue además otro objetivo: apartar la mirada de lo que Israel hizo en 1967 al expandir su ocupación hacia nuevos territorios árabes, especialmente Jerusalén Este, Cisjordania, el Golán sirio y el Sinaí egipcio. Aunque Israel se retiró del Sinaí en virtud de los Acuerdos de Camp David firmados con Egipto a finales de los años setenta, anexó formalmente el Golán y no solo se niega a retirarse de Cisjordania, núcleo de lo que quedaría del largamente prometido Estado palestino, sino que continúa implantando asentamientos allí, creando hechos consumados sobre el terreno que vuelven imposible ese proyecto estatal, además de las imposibilidades políticas, militares y legales que ya lo asfixian. Algunos, especialmente entre los Estados simpatizantes de Israel, prestan poca atención al hecho de que no existen fronteras oficiales para un Estado que, pocos minutos después de proclamar su “nacimiento” en 1948, obtuvo reconocimiento internacional de las naciones más poderosas del mundo. Mantener deliberadamente ambigua la cuestión de las fronteras no es, evidentemente, un descuido político, sino una decisión premeditada estrechamente vinculada a proyectos expansionistas sionistas que no parecen dispuestos a detenerse ni en las fronteras de 1948 ni, quizás, siquiera en los territorios anexados tras la guerra de 1967. Es cierto que la “comunidad internacional” ha fracasado durante décadas en obligar a Israel a respetar el proyecto de los dos Estados. Sin embargo, incluso esta fórmula ha desaparecido en gran medida del discurso político internacional, especialmente del estadounidense, dado el peso y la posición global de Estados Unidos y su relación estratégica indisoluble con Israel. Este amplio retroceso político ha permitido a Israel retomar sus empresas belicistas y persistir, de manera deliberada, en rechazar toda propuesta de arreglo, desde Madrid en 1991 hasta la Iniciativa de Paz Árabe adoptada en la Cumbre de Beirut de 2002, que consagraba el principio de tierra por paz. En cuanto a los Acuerdos de Oslo de 1993, la conducta política israelí apunta a vaciarlos completamente de contenido, de modo que el pueblo palestino no obtenga ningún beneficio real. La supremacía de poder israelí, respaldada por un apoyo estadounidense ininterrumpido, ha permitido a Israel escapar de toda rendición de cuentas pese a décadas de asesinatos deliberados, desplazamientos y exterminio, cuyo punto culminante se ha alcanzado en Gaza y Líbano. La orden de arresto emitida contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, por significativa que resulte en términos jurídicos y simbólicos, ha quedado en letra muerta: el dirigente ha viajado al extranjero en múltiples ocasiones desde su emisión, evitando cuidadosamente el reducido número de países que declararon que procederían a arrestarlo si ingresaba en su territorio. En el 78.º aniversario de la Nakba, Palestina parece encontrarse en una encrucijada histórica. La resistencia armada a la ocupación ha sido respondida con genocidio; la negociación política ha sido bloqueada por la intransigencia deliberada de Israel y ha llegado a un callejón sin salida absoluto ante la ausencia de cualquier voluntad israelí de avanzar en esa dirección. La división interna palestina agrava aún más esta situación ya de por sí difícil: una división sobre opciones estratégicas, no sobre cuestiones secundarias o tácticas. Sin embargo, es imposible no reconocer que todos los intentos de esquivar la cuestión palestina mediante acuerdos regionales, ya sea a través de sucesivas olas de normalización de las que Israel es, en primer y último término, el único beneficiario, o mediante el intento de reducir esta cuestión a un simple asunto inmobiliario o económico, han fracasado. Ha quedado claro que la estabilidad regional solo puede alcanzarse mediante una resolución justa y duradera de la cuestión palestina. La Nakba, indudablemente, continúa…

Las relaciones libano-sirias atraviesan nuevos puntos de inflexión a raíz de la importante visita que realizó el primer ministro libanés Nawaf Salam a Damasco al frente de una delegación ministerial, con el fin de fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países e impulsarlos hacia una nueva era capaz de disipar los sedimentos de un período pasado en el que los problemas mutuos se habían ido acumulando y la confianza se había desvanecido, como consecuencia del papel perjudicial ejercido por la tutela siria sobre el Líbano durante más de treinta años. Parece que el tránsito desde las dificultades de la fraternidad hacia los espacios de la cooperación ha comenzado verdaderamente, aunque exige perseverancia, determinación y firmeza por parte de ambas direcciones, pues el camino hacia la reconstrucción de las relaciones libano-sirias es largo aunque no imposible, sino perfectamente factible, siempre que se asiente sobre las constantes de ambos países, alejándose tanto de la ruptura total (la experiencia de 1950) como de la tutela absoluta (1976-2005). Una cosa es cierta: ambas partes tienen un interés genuino en recorrer esta vía inevitable. Estas relaciones no pueden prosperar si se encaminan hacia una ruptura completa, como ocurrió en 1950. Si bien una de las causas de aquel quiebre radicaba en la contradicción fundamental entre las opciones estratégicas y económicas de ambos países, el cierre de las fronteras causó un perjuicio considerable a la economía libanesa, habida cuenta de que el corredor terrestre sirio constituye un punto de tránsito obligado para las mercancías libanesas con destino al interior del mundo árabe, afectando inevitablemente a la economía siria también. Hoy, cuando Siria se adentra en una nueva fase política tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024, y comienza a atraer importantes capitales e inversiones gracias al levantamiento de las sanciones estadounidenses y la suspensión de la ley César, el Líbano está en condiciones de posicionarse como socio beneficiario de este movimiento económico, no desde una lógica de subordinación, sino de complementariedad. Los proyectos de interconexión eléctrica emprendidos también con Jordania son uno de los ejemplos más elocuentes de ello. Más allá del plano económico, por considerable que sea, existen expedientes que deben ser abordados, máxime ante los grandes cambios producidos en la región, tanto en Siria como en el Líbano, que permiten por fin abrir un debate serio y profundo, quizá el primero de tal naturaleza, entre ambos países, libre de los climas de dependencia y tutela que marcaron sus relaciones mutuas durante más de tres décadas. He aquí las prioridades ineludibles que deben examinarse con la cabeza fría y con plena calma, lejos de cualquier estrépito político o interferencia mediática que busque, aquí o allá, hacer retroceder las agujas del reloj. — Control y delimitación de fronteras: los contenciosos fronterizos entre Estados constituyen un hecho ordinario de las relaciones internacionales, y los expedientes vinculados a las fronteras suelen enredarse cuando las relaciones políticas se tensan. Existe una necesidad apremiante, que sirve a los intereses de ambos países, de controlar las fronteras, combatir el contrabando en ambos lados y adoptar las medidas de seguridad y militares necesarias para lograrlo. Pero lo más importante tiene que ver con la delimitación definitiva de las fronteras terrestres y marítimas entre ambos países, lo que implica dirimir el debate en torno a la identidad de las Granjas de Shebaa, utilizadas durante largo tiempo como pretexto para mantener el armamento de Hezbolá bajo el argumento de que están ocupadas por Israel, sobre todo a la luz de la negativa persistente del régimen derrocado de Bashar al-Assad a proporcionar a las Naciones Unidas o al gobierno libanés los documentos que acrediten su libanidad. — El expediente de los desplazados: si bien un gran número de desplazados sirios regresó a su país durante la guerra israelí contra el Líbano, resulta ineludible continuar abordando este importante expediente de modo que se garantice un retorno digno y decoroso de estos desplazados a sus hogares. Asimismo, es preciso regularizar el expediente de la mano de obra siria en el Líbano, que sigue siendo necesaria para la actividad económica libanesa, pero que debe desenvolverse en todo momento dentro del marco de las reglas jurídicas y los procedimientos legales vigentes. — El expediente de los detenidos y presos: mientras el Parlamento examina la ley de amnistía general susceptible de reparar la injusticia que pesa sobre centenares de presos no condenados y de aliviar el hacinamiento que sufren unos centros de reclusión ya de por sí deteriorados, el expediente de los detenidos sirios en las cárceles libanesas ha registrado avances notables, un expediente que puede contribuir a distender el ambiente entre ambos países, dada la importancia que las autoridades sirias conceden a esta cuestión. — El expediente de los depósitos sirios en los bancos libaneses: no se dispone de cifras precisas sobre el volumen de los depósitos sirios en los bancos libaneses; dichos depósitos han corrido la misma suerte que los de los ciudadanos libaneses en la banca comercial, un asunto que lleva cerca de seis años sin solución seria y que debería reactivarse sobre la base de la protección de los derechos de los depositantes, con independencia de su identidad o nacionalidad, pues se trata de un derecho adquirido del depositante, sin excepción alguna. — El expediente de los desaparecidos libaneses en Siria: no puede aceptarse que este expediente continúe envuelto en tal oscuridad. Ignorarlo constituiría una falta grave, pues las familias de estas personas tienen pleno derecho a conocer el paradero de sus seres queridos tras largos años de ausencia. Si el régimen anterior se empeñaba en ocultar su suerte, la nueva era en las relaciones entre ambos países debe arrojar plena luz sobre todas las circunstancias de este expediente. — El plano económico: es quizá uno de los expedientes más relevantes, que merece la atención sostenida de ambos países en virtud de los beneficios mutuos que pueden obtenerse: desde la agricultura, la industria y el comercio hasta la energía, la electricidad y otros ámbitos de importancia. En el plano político, si bien la supresión del Consejo Superior Líbano-Sirio — herencia de la era de la tutela — y su sustitución por relaciones diplomáticas normales entre Estados es un paso positivo, resulta no obstante imprescindible aprovechar la revisión de los acuerdos bilaterales efectuada en 2010 y actualizarlos en consonancia con las nuevas circunstancias políticas y con la nueva dinámica de las relaciones entre ambos países, fundada en el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Queda una ingente labor por realizar entre el Líbano y Siria en los planos político, económico y de seguridad, máxime cuando Israel sigue mordisqueando territorios sirios adicionales desde la caída del régimen de Assad, al tiempo que ocupa tierras libanesas que ha clasificado dentro de lo que denomina la "línea amarilla" en la guerra en curso. Sin que sea necesario volver a vincular ambas pistas como se hizo en tiempos de la tutela, la concertación y la coordinación no pueden sino beneficiar a ambos países, preparándolos para afrontar la próxima etapa con todas sus dificultades y complejidades, lo que resulta infinitamente preferible a persistir en un divorcio silencioso.