Amnistía general: ¡declive de la justicia, la política y la ética!
En lugar de convertirse en una oportunidad para abrir un debate serio sobre los fundamentos del sistema judicial, de la justicia y del castigo en Líbano, el debate político y jurídico en torno al proyecto de ley de amnistía general se transformó en una disputa confesional y sectaria, completamente ajena a los principios fundacionales de la ley esperada: garantizar la justicia, reparar el daño causado a detenidos privados durante años de su derecho natural a ser juzgados dentro de plazos razonables y, por supuesto, abordar la cuestión del hacinamiento carcelario, que vulnera el mínimo de los derechos humanos incluso respecto a un preso o un acusado, contradiciendo así la esencia misma de la idea reformadora de la prisión y convirtiendo las cárceles en espacios de consolidación del crimen y las desviaciones.
Como ocurre en cada ocasión política o legislativa, los grupos confesionales y sectarios se apresuraron a disputar las demandas puestas sobre la mesa, buscando sacar ventaja para consolidar su control confesional y garantizar su permanencia, hasta el punto de volver la sola idea de liberarse de ello un asunto de extrema complejidad y dificultad, profundizando así las divisiones confesionales en el país y obstaculizando cualquier proceso reformista que, por lo demás, rara vez prospera.
Desde el momento en que el debate sobre una ley de amnistía general se confesionaliza en el tratamiento de los expedientes, una comunidad reclamando la liberación de detenidos islamistas, otra queriendo resolver el expediente del narcotráfico cuya producción prospera en la gobernación de la Becá, y otras más exigiendo el regreso de las personas expulsadas hacia Israel en el año 2000. Aquello revela el profundo estado patológico en el que se encuentra la sociedad política libanesa y la ausencia de toda voluntad real de impulsar cualquier cambio capaz de agrietar la estructura existente.
Sin embargo, el simple hecho de contemplar la adopción de una ley de amnistía general, que no llega al término de una guerra civil o de un conflicto sangriento como ocurrió en 1991, debería suscitar una multitud de interrogantes relacionados fundamentalmente con la naturaleza del sistema judicial libanés y sus múltiples problemáticas, vinculadas a los modos de funcionamiento y a los mecanismos de control y rendición de cuentas, debido a los retrasos crónicos en el tratamiento de los casos judiciales que, en cientos de expedientes, superan incluso la duración máxima de las penas previstas, constituyendo así una injusticia grave y sin precedentes contra los detenidos. ¿Quién les devolverá los años perdidos y desperdiciados?
Ahora bien, si los mecanismos del trabajo judicial están prácticamente paralizados, ya sea en la emisión de sentencias, su apelación ante la Corte de Casación, el tratamiento de los recursos pendientes o incluso la inspección y sanción de jueces negligentes, corruptos o ausentes de sus obligaciones, entonces surge una pregunta urgente para el presidente de la República y el gobierno: cómo poner en marcha la dinámica de la reforma judicial, comenzando por convertir al poder judicial en una verdadera autoridad independiente, protegida en sus traslados, ascensos y nombramientos de las interferencias y presiones políticas que lo transforman en un escenario de lucha y reparto de influencias, en detrimento de la esencia misma de la idea de justicia y de su independencia.
Entre las numerosas prioridades fundamentales que expuso en su discurso de investidura y en sus declaraciones posteriores, el presidente de la República, el general Joseph Aoun, incluyó la reforma judicial entre sus compromisos, expresando en repetidas ocasiones su convicción al respecto durante sus intercambios con el cuerpo judicial. Esta posición coincide con visiones similares, e incluso idénticas, del primer ministro Nawaf Salam, quien ocupó uno de los cargos judiciales internacionales más altos antes de llegar a la presidencia del Consejo de Ministros, en calidad de juez internacional cuyos escritos sobre justicia, política y reforma son numerosos.
Es cierto que la guerra israelí trastocó todos los equilibrios y reconfiguró las prioridades de una manera radicalmente distinta a lo esperado. También es cierto que Líbano, y particularmente el sur del país, quedó devastado en todo el sentido de la palabra, siendo la prioridad el fin de la guerra, la retirada militar israelí y la reconstrucción. Pero también es igualmente cierto que el avance de numerosos asuntos internos sigue siendo posible y alcanzable, e incluso sería más correcto decir que quizá nunca vuelva a ser tan viable como bajo la presencia de estos dos presidentes.
Desde esta perspectiva, es imperativo que el debate en torno a la ley de amnistía general se transforme en un debate sobre las formas de revitalizar la inspección judicial y activar los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la magistratura, como antesala del desafío más fundamental relacionado con la naturaleza de las relaciones entre el poder político y el judicial, y las vías para una verdadera “liberación” de la justicia y de los jueces del control político que domestica el sistema judicial y lo vacía de su sustancia, de su papel y de su misión.
En este momento regional incandescente, cargado de transformaciones que habría sido difícil imaginar apenas hace unos años, mientras Líbano pierde una tras otra las cualidades distintivas que lo caracterizaban en beneficio de países emergentes, ya no es posible seguir girando en el mismo círculo vicioso: guerras, divisiones, corrupción y deterioro.