Libaneses y palestinos: la apuesta por el diálogo

La importancia del plan de gobernanza de los campamentos palestinos en el Líbano no reside únicamente en las medidas administrativas o de seguridad que podría proponer para organizar las relaciones entre el Estado y los campamentos, sino también en la oportunidad política y social que ofrece para redefinir las relaciones libanopalestinas y pasar de una lógica de conflicto, separación y confrontación a una dinámica de diálogo, acercamiento, interacción y construcción de intereses comunes.

El enfoque participativo, que debería constituir la base de este proceso, no consiste tanto en recabar opiniones, dejar constancia de posturas o ampliar el número de participantes en las reuniones como en adoptar una filosofía política y social basada en la creación de espacios comunes y la búsqueda de puntos de encuentro entre partes que mantienen sus identidades, sus convicciones y sus diferencias políticas e ideológicas, pero que pueden cooperar sin que ninguna exija a la otra renunciar a sus particularidades o convicciones.

El principio central de este enfoque consiste en situar el diálogo en un plano que trascienda los enfrentamientos políticos y partidistas inmediatos, haciendo del derecho internacional, de las convenciones sobre los derechos humanos, los derechos del niño y los derechos de las mujeres, de las libertades fundamentales, así como de la Constitución libanesa, las leyes vigentes y los instrumentos internacionales pertinentes, una base común que permita encauzar las diferencias, definir las responsabilidades y buscar las mejores vías para hacer efectivos los derechos y las obligaciones reconocidos.

No se trata de pedir a libaneses y palestinos que compartan una misma interpretación política de la historia o las mismas orientaciones ideológicas, sino de permitirles cooperar en las cuestiones que rigen su convivencia, apoyándose en referentes jurídicos y humanitarios que trasciendan las lealtades partidistas y la pertenencia a las distintas facciones. En este sentido, el enfoque participativo constituye una filosofía destinada a desarrollar la capacidad de alcanzar consensos, y no un medio para imponer acuerdos o borrar las diferencias.

Las posturas actuales: coincidencias y diferencias que abren la vía al diálogo

La puesta en marcha del plan nacional de gobernanza de los campamentos palestinos, el 30 de octubre, volvió a situar las relaciones libanopalestinas en el centro del debate político y mediático. Las posturas expresadas públicamente durante la primera semana mostraron que las discusiones no se limitaban a la cuestión de las armas ni al alcance de la autoridad del Estado en materia de seguridad, sino que también abordaban los derechos civiles y sociales, las condiciones de vida en los campamentos, las responsabilidades de las instituciones libanesas, palestinas e internacionales y la naturaleza de la participación en la elaboración de soluciones.

Por parte libanesa, se hizo hincapié en la responsabilidad del Estado de extender su autoridad y hacer cumplir la ley en todo su territorio, así como en que la organización de la seguridad no puede disociarse de la mejora de las condiciones de vida y de la situación social de los refugiados, ni de la resolución de los problemas acumulados en los campamentos y sus alrededores. También se subrayó la importancia de la coordinación entre las instituciones oficiales y los organismos palestinos e internacionales, así como la necesidad de no reducir el plan a medidas de seguridad desvinculadas de las dimensiones sociales y humanitarias.

Por su parte, las posiciones palestinas expresadas públicamente han mostrado una disposición a reconocer las responsabilidades y la soberanía del Estado libanés, al tiempo que han subrayado que la resolución de la cuestión de la seguridad no debe servir de pretexto para aplazar el reconocimiento de los derechos civiles y humanos, ni para ignorar las particularidades de la sociedad palestina y su derecho a participar en las decisiones que afectan a su vida y a su futuro. También se ha destacado la necesidad de un diálogo entre ambas partes y de basar las relaciones en una definición clara de los derechos, los deberes y las responsabilidades, en lugar de imponer medidas unilaterales.

En los debates en los medios de comunicación y en los círculos de defensa de los derechos se han planteado diversas preocupaciones sobre la cuestión de las armas, las garantías de los derechos, la representación palestina y los límites del papel de las instituciones libanesas e internacionales. También se han formulado reivindicaciones relativas al derecho al trabajo, a la propiedad y a la transmisión de bienes por herencia, así como a la protección social. Asimismo, se ha subrayado la necesidad de tener en cuenta las condiciones de vida, sanitarias y ambientales dentro de los campamentos, sin limitarse a formular medidas normativas que no tengan un efecto concreto en la vida de sus habitantes.

La importancia de estas posiciones no radica en que reflejen un consenso ya establecido, sino en que ponen de relieve puntos de encuentro en los que es posible apoyarse, cuestiones que deben plantearse y preocupaciones a las que conviene dar respuesta. Por tanto, es importante ir más allá de la pregunta de quién tiene razón para plantearse cómo transformar los puntos en común en normas prácticas de cooperación y cómo gestionar las diferencias sin destruir el espacio de entendimiento entre ambas partes.

Del Acuerdo de El Cairo a la necesidad de un nuevo marco de referencia

Es imposible comprender la complejidad de las relaciones libanopalestinas sin remontarse al Acuerdo de El Cairo de 1969, a las circunstancias políticas, de seguridad y del contexto árabe y regional que lo rodearon, así como a la situación particular de las armas y a la regulación de la presencia armada palestina en el Líbano. Posteriormente, la guerra del Líbano, con el colapso de las instituciones del Estado y el entrelazamiento de los conflictos locales y regionales que la acompañaron, convirtió esta cuestión en un componente de una crisis nacional más amplia.

Sin embargo, evocar hoy ese período no debería tener como objetivo reproducir sus divisiones ni convertirlo en una nueva fuente de confrontación. Las circunstancias y los marcos de referencia han cambiado. Se trata ahora de construir una relación regida por las instituciones del Estado y por el derecho, preservando al mismo tiempo los derechos humanos y nacionales de los refugiados palestinos.

La Constitución libanesa, el Acuerdo de Taif y la visión libanesa unificada sobre las cuestiones relativas a los refugiados palestinos de 2017, junto con los instrumentos internacionales pertinentes, constituyen una base desde la que puede examinarse esta relación. Esto no significa que todos estos textos deban situarse en un mismo plano jurídico, sino reconocer que cada uno tiene su propio estatus y función, y que un diálogo serio requiere determinar el marco de referencia adecuado para cada cuestión.

No se trata de elegir entre soberanía y derechos, ni de contraponer las responsabilidades en materia de seguridad a las reivindicaciones sociales y humanitarias. El Estado libanés es responsable de su soberanía y de la aplicación de sus leyes, mientras que los refugiados palestinos son titulares de derechos humanos y civiles que no pueden reducirse a su condición política o de seguridad. Del mismo modo, el derecho al retorno y la identidad nacional palestina no son incompatibles con la necesidad de organizar, conforme a la ley, la vida cotidiana de los refugiados en el Líbano.

Por tanto, la cuestión de las armas y la de los derechos civiles y sociales deben abordarse por vías claramente definidas y complementarias, sin que una se convierta en una condición que permita dejar la otra en suspenso ni en un instrumento de presión recíproca. El objetivo es generar confianza y definir responsabilidades, no crear nuevas dinámicas de conflicto.

El enfoque participativo: una filosofía para construir espacios comunes

Los seis meses dedicados a las consultas revisten especial importancia, pues ofrecen la oportunidad de pasar de un debate sobre el plan a un diálogo más amplio sobre las relaciones entre las sociedades libanesa y palestina. Esta oportunidad no debería limitarse a recabar observaciones sobre un proyecto gubernamental o a dejar constancia de las reservas de las partes interesadas, sino convertirse en un proceso de interacción que permita identificar los intereses comunes y desarrollar la capacidad de cooperación.

La participación no es simplemente un mecanismo administrativo o técnico destinado a mejorar las decisiones, ni constituye una invitación a someter posiciones preestablecidas a una consulta popular. Responde a una filosofía basada en el reconocimiento de las diferencias y en la búsqueda de un marco superior de referencias comunes al que todos puedan acogerse, con independencia de sus afiliaciones partidistas o de sus convicciones políticas e ideológicas.

Esto significa que el diálogo no debería tratar de convencer a los libaneses de que abandonen sus preocupaciones nacionales, ni pedir a los palestinos que renuncien a su identidad y a sus derechos, sino determinar cómo proteger esos derechos y organizar las responsabilidades mediante normas jurídicas comunes. Cada parte puede mantener sus convicciones y sus posiciones y, al mismo tiempo, cooperar con la otra en cuestiones relativas a la vida cotidiana, el trabajo, la educación, la salud, los derechos, las libertades, la seguridad y la estabilidad.

Recurrir al derecho internacional, a las convenciones sobre derechos humanos, los derechos del niño y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como a la Constitución libanesa, a las leyes vigentes y a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, permite trasladar el debate del terreno de los enfrentamientos partidistas al de la búsqueda de una mejor aplicación de los derechos y las obligaciones. Estas referencias no eliminan las diferencias políticas, pero las encauzan mediante reglas que impiden que se traduzcan en una vulneración de los derechos de las personas y los grupos.

No obstante, conviene distinguir la naturaleza de las distintas referencias jurídicas y su grado de obligatoriedad, así como las declaraciones y los principios internacionales que sirven de base para el diálogo. No se trata de situar todos los textos en un mismo plano jurídico, sino de utilizar cada referencia en su ámbito propio, ateniéndose al derecho cuando este constituya el marco aplicable y a los principios humanitarios cuando esté en juego la protección de la dignidad y las libertades.

El enfoque participativo, entendido de este modo, no concierne únicamente a las instituciones y a los dirigentes. Las relaciones entre los dos pueblos no las configuran solo los gobiernos, los partidos y las facciones, sino también las comunidades locales, los municipios, los sindicatos, las universidades, las organizaciones culturales y de defensa de los derechos, las asociaciones de mujeres y jóvenes, así como las personas que sufren a diario las consecuencias de las políticas y las decisiones.

La contribución de estos actores no se limita a formular observaciones. Abarca también la construcción de una comprensión común de los problemas, la propuesta de soluciones prácticas y la creación de una confianza que las decisiones oficiales, por sí solas, no pueden garantizar.

Los próximos seis meses: del diálogo sobre el plan al diálogo sobre el futuro

Las partes implicadas en este proceso no se limitan al Estado libanés y a los órganos representativos palestinos. También incluyen al Estado de Palestina, las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como a las instituciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales afectadas.

Cada uno de estos actores tiene su función y sus responsabilidades. Sin embargo, el reto consiste en articular estas distintas contribuciones en un marco claro que respete la soberanía del Líbano, los derechos palestinos y las obligaciones internacionales, sin reducir a ambas sociedades al papel de meras receptoras de decisiones tomadas lejos de ellas.

Es fundamental que estos seis meses se conviertan en un período de diálogo serio, y no en un mero plazo de trámite consumido por reuniones y polémicas. Esto exige moderación al expresar posturas, evitar reavivar las divisiones partidistas e ideológicas cada vez que se plantee una cuestión controvertida y dar cabida a un debate orientado a buscar puntos de encuentro y posibles consensos.

También es necesario que la participación forme parte de un proceso continuo y que las sociedades libanesa y palestina tengan la oportunidad de intervenir en los debates sobre las cuestiones planteadas, en lugar de limitarse a escuchar las decisiones adoptadas por sus dirigentes.

El objetivo es crear espacios de diálogo entre los campamentos y su entorno libanés, así como entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil, y abordar las cuestiones de la convivencia como una responsabilidad compartida, respetando las diferencias de estatuto jurídico y político propias de cada parte.

La pregunta que debería guiar esta etapa no es cómo imponernos en nuestros desacuerdos o demostrar que nuestras posturas partidistas son las correctas, sino cómo lograr una mejor aplicación de las leyes, las constituciones, los derechos y las libertades que constituyen nuestros referentes comunes.

¿Cómo hacer del respeto a la ley una garantía tanto para los libaneses como para los palestinos? ¿Cómo pasar de una lógica de reivindicación, defensa de posiciones y cuestionamiento mutuo a una lógica de colaboración, responsabilidad y cooperación?

De los conflictos a los consensos

Pasar a una lógica de consenso no significa eliminar los desacuerdos ni eludir las cuestiones difíciles. Tampoco significa que las relaciones libano-palestinas deban estar exentas de discrepancias. Las sociedades dinámicas no comparten necesariamente las mismas visiones y los mismos intereses, pero pueden establecer reglas que permitan gestionar sus diferencias e impedir que estas se conviertan en conflictos permanentes que bloqueen toda posibilidad de cooperación.

El futuro de las relaciones entre los dos pueblos no debería seguir siendo rehén del Acuerdo de El Cairo, de las consecuencias de la guerra del Líbano o de las divisiones que marcaron las etapas anteriores.

Asimismo, la puesta en marcha del plan de gobernanza no debería convertirse en una nueva ocasión para reproducir las contraposiciones entre soberanía y derechos, entre el Estado y los campamentos, o entre la identidad nacional palestina y la pertenencia al Líbano.

Se trata de construir un espacio común que preserve las diferencias sin permitir que destruyan las posibilidades de interacción, y que sitúe el derecho, los derechos fundamentales y las libertades por encima de las cambiantes posiciones partidistas e ideológicas.

Un espacio en el que los libaneses puedan defender la soberanía de su Estado y los palestinos mantener su compromiso con sus derechos y su identidad nacional, al tiempo que ambas partes puedan cooperar para lograr una vida más estable, más digna y más justa.

Los próximos seis meses no son simplemente un plazo para ultimar un plan gubernamental, sino una oportunidad para poner a prueba la capacidad de las sociedades libanesa y palestina de construir una nueva relación basada en un diálogo serio, en marcos de referencia jurídicos y humanitarios y en el desarrollo de intereses comunes.

No se trata de que una de las partes renuncie a sus convicciones para poder cooperar con la otra, sino de que ambas adquieran la capacidad de cooperar pese a sus diferencias.

Ahí reside el verdadero valor del enfoque participativo: abandonar los espacios de conflicto, separación y confrontación para dar paso al diálogo y al acercamiento; pasar del apego a posiciones que obstaculizan la comunicación a la búsqueda de puntos de encuentro que permitan alcanzar consensos; y sustituir la gestión de las crisis heredadas del pasado por la construcción de un futuro común que preserve los derechos, la dignidad y la soberanía de todos.