Hassane Rifaï

Habrá quienes objeten que la distribución del poder sobre bases confesionales, por excesiva que sea, resulta indispensable en un país integrado por diversas comunidades religiosas. Pero ¿hasta dónde puede llegar esta lógica sin vaciar de contenido al régimen parlamentario? Y, sobre todo, ¿quién decidió que el respeto al Pacto Nacional debía traducirse en la obligación de obtener el consentimiento de los representantes de las tres principales comunidades para las decisiones más importantes y también para los asuntos más ordinarios? El apartado «j» del preámbulo de la Constitución establece que «No se reconoce legitimidad alguna a ninguna autoridad que contradiga el pacto de convivencia». ¿Cómo se llegó a interpretar esta disposición como la consagración de una «mithaqiyya», o principio de consenso comunitario, que otorga a ciertos dirigentes un derecho de veto sobre el funcionamiento de las instituciones?

En el Líbano no dejamos de invocar la Constitución, el Acuerdo de Taif, la democracia parlamentaria y el respeto a las instituciones. Sin embargo, cada crisis presidencial, cada proceso de formación de gobierno y cada desacuerdo entre los dirigentes políticos nos enfrenta a las mismas disputas sobre las atribuciones de unos y otros, a las mismas interpretaciones contradictorias de los textos constitucionales y a los mismos bloqueos que hemos terminado por considerar inevitables. Cada quien invoca la Constitución cuando le da la razón y se apresura a olvidarla cuando se interpone en el camino de sus ambiciones. En cuanto al Acuerdo de Taif, algunos exigen su aplicación integral mientras defienden prácticas que desvirtúan sus principios, y otros le atribuyen disposiciones o intenciones que nunca tuvo.