Keynes traicionado: cuando el remedio se convirtió en la enfermedad

Se culpa a la deuda. Vemos cómo se acumulan billones en Estados Unidos, en Francia, en Italia y en otros países de Europa, y nos preguntamos hasta dónde puede llegar esto.

Pero la deuda no es la enfermedad. Es el síntoma.

La enfermedad es el déficit presupuestario convertido en permanente.

Hay que volver a Keynes. John Maynard Keynes nunca concibió el déficit como una forma normal y perpetua de gobernar. Su razonamiento partía, ante todo, del ciclo económico. Cuando la economía se desploma, la inversión privada desaparece, el desempleo aumenta y el miedo paraliza a las empresas y a los hogares, el Estado debe tomar el relevo. Gasta, invierte y acepta temporalmente el déficit. Al mismo tiempo, la política monetaria puede volverse expansiva.

Era un medicamento.

Un antibiótico económico administrado cuando un organismo está enfermo.

El problema es que hemos acabado tomando el antibiótico todos los días.

El déficit, que debía servir para afrontar los años malos, se ha instalado también en los buenos. Ya no financia solo las guerras, las recesiones, las grandes inversiones o las catástrofes. También financia el funcionamiento cotidiano del Estado: administraciones, pensiones, prestaciones sociales, defensa, subvenciones, burocracias y, a veces, estructuras cuyo coste ya nadie se atreve realmente a cuestionar.

Y como hay que financiar la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda, se endeuda.

El mecanismo es de una sencillez casi infantil:

déficit, deuda, intereses, nuevo déficit, nueva deuda.

Durante mucho tiempo, esto funciona. Desde el punto de vista político, es incluso maravilloso.

La deuda permite dar hoy sin cobrar de inmediato el precio correspondiente. Permite satisfacer al votante de hoy trasladando parte de la factura al votante del futuro.

Es aquí donde Keynes se encuentra con un problema que no le correspondía resolver: el de los plazos de la democracia.

Cuatro años frente a cuarenta

La deuda se plantea a veinte, treinta o cuarenta años. Un gobierno piensa en las próximas elecciones.

En Estados Unidos, las elecciones presidenciales se celebran cada cuatro años y, a mitad de mandato, las elecciones legislativas ya recuerdan a quienes gobiernan que tendrán que rendir cuentas. En Europa, el mecanismo es distinto, pero el condicionante sigue siendo el mismo: ¿por qué asumir hoy el coste político de una reforma cuyos beneficios quizá no se vean hasta el siguiente gobierno?

Reducir una partida de gasto genera de inmediato un descontento. Suprimir un organismo público provoca de inmediato resistencia. Reformar las pensiones hace que la gente salga de inmediato a la calle.

En cambio, endeudarse apenas hace ruido.

Ese es quizá el verdadero vicio de la deuda pública: separa políticamente el gasto de su pago.

Poco a poco, cada cual pasa a defender su porción del Estado. El ministerio defiende su presupuesto; la administración, su plantilla; el beneficiario, su ventaja; el responsable político, su electorado. Todo ello es humano. Incluso es racional si se considera por separado.

Pero la suma de todos esos comportamientos racionales puede volverse colectivamente irracional.

Nadie quiere sacrificarse. Así que nos endeudamos.

Cuando la deuda financia el presente

Sin embargo, no todas las deudas son iguales.

Un Estado que se endeuda para construir una infraestructura productiva transmite a la siguiente generación una deuda, sí, pero también un activo.

Un Estado que se endeuda para superar una depresión quizá evite el hundimiento de su economía.

Pero cuando un Estado se endeuda año tras año simplemente para sufragar su nivel de gasto, la naturaleza de la deuda cambia.

La siguiente generación recibe la factura sin recibir necesariamente el activo correspondiente.

Esa distinción entre deuda para invertir y deuda para consumir es la que hemos ido perdiendo.

Y las cifras estadounidenses empiezan a ser preocupantes. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estima que el déficit federal de Estados Unidos rondará los 1,9 billones de dólares en 2026, lo que equivale a cerca del 5,8 % del PIB. La deuda en manos del público se sitúa en torno al 101 % del PIB y, según las proyecciones actuales de la CBO, seguiría aumentando considerablemente en las próximas décadas.

Sin embargo, lo más importante no es la cifra en sí. Es la trayectoria.

Porque no existe una cifra mágica —el 100 %, el 120 % o el 150 % del PIB— a partir de la cual un país quiebre automáticamente. Basta con mirar a Japón para comprobar lo contrario.

La verdadera pregunta es mucho más sencilla: ¿crece la deuda de forma sostenida más rápido que la capacidad de la economía para atenderla?

Si la respuesta es sí, tarde o temprano aparece el problema.

El Líbano debería habernos enseñado algo

Los libaneses, por desgracia, conocemos el final de esta historia.

Eso no significa, evidentemente, que Estados Unidos o Francia sean el Líbano. Sus estructuras económicas, sus monedas, sus instituciones y su capacidad de financiación no son comparables.

Pero el Líbano nos enseña algo más universal.

Una crisis de deuda no empieza el día del impago.

Empieza mucho antes, cuando todo el mundo sabe que hay que reformar el modelo, pero cada cual prefiere ganar un año más.

Entonces se recurre al endeudamiento para evitar el sacrificio. Y después se vuelve a pedir prestado porque el primer préstamo permitió, precisamente, evitar ese sacrificio.

Y el éxito al conseguir financiación se convierte, paradójicamente, en la prueba de que se puede seguir así.

Hasta que quien presta empieza a dudar.

Es entonces cuando el mercado no dice necesariamente: «Ya no te presto». Empieza por decir: «Te presto, pero más caro».

Y ahí es cuando la dinámica se vuelve peligrosa.

Más deuda implica más intereses. Más intereses agravan el déficit. El déficit exige más deuda.

La deuda empieza a generar su propia deuda.

El sacrificio elegido o el sacrificio impuesto

Por tanto, hay que reestructurar el coste del Estado en Occidente.

La palabra «reestructurar» no significa desmantelar el Estado del bienestar, abandonar a los más vulnerables ni suprimir los servicios públicos esenciales.

Significa elegir.

¿Qué es indispensable? ¿Qué ha dejado de serlo? ¿Qué administraciones pueden fusionarse? ¿Qué privilegios se han vuelto injustificables? ¿Qué gastos nos preparan para el futuro y cuáles solo sirven para mantener el presente? ¿Dónde puede la tecnología sustituir estructuras administrativas que se han vuelto demasiado pesadas?

Y, sobre todo: ¿aceptaríamos ciertos gastos públicos si tuviéramos que pagarlos de inmediato mediante impuestos, en lugar de hacerlo discretamente mediante deuda?

Ha llegado el momento, por retomar una vieja expresión francesa, de adelgazar el mamut del aparato estatal.

No para tener un Estado débil. Al contrario.

Para recuperar un Estado lo bastante sólido como para intervenir de forma masiva cuando llegue la próxima crisis de verdad.

Porque, si gastamos constantemente nuestra munición presupuestaria, ¿qué quedará cuando llegue otro 1929, otro 2008, la próxima pandemia o cualquier otra crisis que nadie haya previsto?

Precisamente en eso se ha traicionado a Keynes.

Hemos conservado su remedio, pero hemos olvidado su diagnóstico.

El déficit debía ser anticíclico. Se ha vuelto estructural.

La excepción se ha convertido en la regla.

Y el instrumento destinado a salvar la economía en los malos tiempos sirve ahora, con demasiada frecuencia, para evitar decisiones difíciles en tiempos normales.

Por tanto, la deuda no es nuestra verdadera enemiga. La deuda es una herramienta.

El peligro comienza cuando una sociedad acaba creyendo que esa herramienta permite eliminar el sacrificio.

Porque se puede posponer un gasto. Se puede refinanciar una deuda. Se puede bajar un tipo de interés. Se puede seguir pidiendo prestado unos años más.

Pero no se puede abolir la aritmética.

Y la historia casi siempre acaba planteando a las naciones la misma disyuntiva:

hacer los sacrificios necesarios mientras aún pueden elegirlos, o sufrirlos más adelante, cuando ya no tengan elección.