Europa al rescate de un Estado que duda en afirmarse

El Consejo de la Unión Europea anunció el lunes una misión de apoyo al Líbano (EUSM Lebanon), con un mandato de tres años.

El objetivo de la misión europea, enmarcada en la «política común de seguridad y defensa (PCSD)», es ayudar al Líbano a «consolidar la paz, la seguridad y la estabilidad del país, reforzar sus instituciones y establecer una paz duradera, de conformidad con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», según el comunicado publicado por la embajada de la UE en el Líbano.

La misión está dirigida especialmente al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad Interior (FSI) y se articulará en torno a dos componentes «complementarios, uno militar y otro civil, bajo un mandato político unificado».

El componente militar contempla «asesoramiento y formación destinados a reforzar las capacidades del Ejército libanés en materia de seguridad fronteriza y marítima». Las actuaciones previstas se centrarán, entre otros ámbitos, en «la vigilancia y el control de las fronteras terrestres, la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, la lucha contra el contrabando y la coordinación operativa».

El componente civil tiene carácter consultivo y está dirigido a las FSI. Se les impartirá formación especializada para «reforzar sus capacidades operativas y establecer estructuras de formación duraderas». Los ámbitos cubiertos incluirán, entre otros, la lucha contra la ciberdelincuencia y el contrabando.

La misión también prevé «contribuir a mejorar la gobernanza de la seguridad portuaria, especialmente en el puerto de Beirut».

Anunciada cuatro días después de la visita oficial a Beirut de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, el jueves 8 de octubre, esta iniciativa pretende permitir que el Estado restablezca su autoridad y su soberanía por sus propios medios. Sin embargo, las recientes incautaciones de explosivos en la Becá ponen de manifiesto las dificultades que afrontan las autoridades, que siguen mostrándose reticentes a actuar en este ámbito.

Incautación de materiales explosivos en Hermel

El lunes, el Ejército se incautó de 200 kilos de materiales explosivos en Hermel, en la frontera entre el Líbano y Siria, sin lograr detener a los infractores, que consiguieron huir hacia Siria.

Hace unos días, se habían incautado 560 kilos de TNT, 200 kilos de C4 —un explosivo muy potente— y material utilizado para fabricar explosivos en un puesto de control en Dahr el-Baïdar. El cargamento se encontraba a bordo de un vehículo que se dirigía a los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá.

Según las primeras pesquisas, tanto el conductor como su acompañante son miembros de esta formación proiraní. De hecho, uno de sus dirigentes, el diputado Ibrahim Moussaoui, lo confirmó implícitamente al reaccionar de forma torpe a las declaraciones del primer ministro, Nawaf Salam, quien se comprometió el lunes a llevar la investigación hasta el final y a castigar severamente a los responsables y a quienes dieron las órdenes.

En el Parlamento, Ibrahim Moussaoui declaró que «si se demuestra que el vehículo incautado pertenece a la Resistencia, todo el mundo debe saber que esta no tiene nada de lo que avergonzarse y que cumple con su deber a la vista de todos, a plena luz del día». Calificó de «inaceptables» las declaraciones que vinculaban estos materiales con la preparación de atentados, reivindicando «el derecho natural de la Resistencia a la legítima defensa, dado que Israel ocupa una parte del Líbano y que el Ejército y el Gobierno no están en condiciones de actuar por falta de armamento adecuado y de voluntad política». No necesitaba decir más para confirmar los temores suscitados por estos hallazgos. Justificar estos materiales enmarcándolos en la lucha contra Israel es un insulto a la inteligencia de los libaneses.

La política del avestruz

El Gobierno, en cambio, sigue practicando la política del avestruz, tratando este asunto como si fuera un delito que quiere mantener en un ámbito estrictamente judicial. Una actitud que contrasta con la gravedad de las implicaciones políticas y de seguridad de este hallazgo.

Las declaraciones de Moussaoui plantean así a las autoridades preguntas ineludibles que, por desgracia, siguen sin respuesta: ¿cómo podrá el Estado hacer valer su monopolio sobre la seguridad y la soberanía cuando los dirigentes de Hezbolá, empezando por su líder, Naím Qassem, reivindican sin ningún pudor el derecho a conservar su autonomía y sus medios de acción, incluido el uso de sustancias altamente explosivas?

¿De qué serviría la misión europea si no va acompañada de decisiones políticas claras, acordes con los objetivos que pretende alcanzar?

Y, sobre todo, ¿hasta cuándo piensa el poder mantener su pasividad ante un grupo que él mismo ha declarado fuera de la ley?

¿No exige la amenaza que estos hallazgos suponen para el orden público medidas rápidas y proporcionales al peligro que entrañan? Porque estas incautaciones suscitan, naturalmente, las siguientes preguntas: ¿cuántos kilos de explosivos han escapado a la vigilancia de las fuerzas del orden y contra quién se pretende utilizarlos?

El propio ministro de Justicia, Adel Nassar, ha subrayado que la cantidad incautada puede hacer saltar por los aires un barrio, al tiempo que ha asegurado que nadie podrá obstaculizar ni retrasar la investigación. ¿Y ahora qué?