Salam defiende su política, pero sin un plan claro

La atención se centra en los asuntos socioeconómicos y financieros en el Líbano, donde el Banco del Líbano (BDL) anunció el jueves la apertura de una cuenta especial destinada a recibir fondos procedentes de «malversaciones o transacciones ilegales» que sean recuperados tras «decisiones judiciales, acuerdos amistosos o cualquier otro procedimiento iniciado en el extranjero». El objetivo de esta medida, según el BDL, es devolver a los depositantes los fondos que les corresponden por derecho.

Al mismo tiempo, el primer ministro, Nawaf Salam, anunciaba en un mensaje dirigido a los libaneses una serie de proyectos en curso o previstos en sectores que afectan directamente a su vida cotidiana: electricidad, transporte, vivienda y saneamiento de las finanzas públicas, mediante, entre otras medidas, el cobro de las deudas pendientes con el Estado. Un discurso cuyo objetivo principal es tranquilizar, pero también defender su proyecto de presupuesto para 2027, duramente criticado por las Fuerzas Libanesas.

El momento elegido para esta intervención se explica por dos acontecimientos que han marcado recientemente la actualidad libanesa: el descontento popular, que ha cobrado fuerza en las últimas semanas ante el vertiginoso aumento de las facturas de los generadores privados, y la decisión del ministro de Energía, Joe Saddi, de suspender su participación en las reuniones del Consejo de Ministros, al que reprocha no atender sus solicitudes para mejorar el suministro eléctrico sin aumentar aún más las cargas que recaen sobre los contribuyentes.

Entre sus principales demandas figura el pago de las cantidades adeudadas a Electricité du Liban (EDL) por los ministerios y las instituciones públicas, que ascenderían a cerca de 300 millones de dólares. El desbloqueo de esta suma permitiría a EDL financiar la compra de combustible y aumentar así las horas de suministro eléctrico, lo que inevitablemente repercutiría en las facturas de los generadores privados.

Sin embargo, mientras que la apertura de la cuenta especial en el BDL para la restitución de los depósitos se inscribe en la política aplicada por el nuevo gobernador, Karim Souaid, desde su nombramiento al frente de esta institución, la exposición de Nawaf Salam tiene dificultades para convencer ante la ausencia de un plan detallado de recuperación económica que permita a los libaneses seguir la evolución de su aplicación.

Nadie duda de la voluntad del Gobierno de abordar los problemas que pueden resolverse entre los que conforman la pesada herencia dejada por sus predecesores, especialmente en el sector eléctrico, responsable por sí solo de un déficit de cerca de 40.000 millones de dólares. Dentro de sus posibilidades, el equipo de Nawaf Salam ha puesto en marcha varios proyectos de reforma e intentado atender las urgencias más acuciantes, en un contexto muy difícil marcado por una guerra impuesta al país.

No obstante, el discurso del señor Salam se asemeja a una declaración de intenciones y proyectos futuros, al igual que la declaración ministerial sobre cuya base obtuvo la confianza del Parlamento. Evidentemente, quería disipar los rumores sobre tensiones en el seno del Gobierno.

Preocupado por la cohesión de su equipo, el jefe de Gobierno se esforzó así por transmitir tres mensajes a través de su intervención: al ministro Saddi le aseguró que el Gobierno «trabaja en una solución duradera al problema de la electricidad», sin dar precisiones ni comprometerse, no obstante, a atender sus demandas.

A los contribuyentes les hizo saber que su equipo era consciente de las cargas que los asfixian y que estaba decidido a recuperar los fondos adeudados al Estado. A los donantes internacionales, parecía querer asegurarles que el Estado no contempla asumir nuevos gastos sin contar con los recursos necesarios para financiarlos.

¿Cómo? Ahí reside todo el misterio. Porque la cuestión económica sigue estando estrechamente ligada a la política. Y el Estado ha incumplido hasta ahora sus obligaciones. Hay que recordar que la comunidad internacional, en particular los donantes, ha sido muy clara en un punto: el Líbano solo recibirá una ayuda sustancial para apoyar sus esfuerzos de recuperación si las autoridades retoman seriamente las riendas del país, desarmando a Hezbolá, convertido en un Estado dentro del Estado, y si emprenden reformas de fondo.

En estos dos frentes, el poder ha dado los primeros pasos, pero se ha quedado a mitad de camino. El desarme de Hezbolá, aunque es objeto de una decisión gubernamental y de una promesa en el discurso de investidura del presidente, ha quedado en una mera declaración de intenciones.

En cuanto a las reformas, se han aplicado medidas importantes sobre la base de una agenda que se ha ampliado desde 2025, en particular con la creación de la autoridad reguladora del sector eléctrico.

Pero la tarea sigue siendo enorme y depende, en parte, de una decisión política.

En otras palabras, si bien es cierto que cada ministerio cuenta con una agenda que da continuidad a los compromisos asumidos en el marco de la Declaración Ministerial, el Gobierno aún no ha presentado a los libaneses un verdadero plan nacional de recuperación económica, basado en cifras y acompañado de un calendario preciso. Esto se aplica especialmente al sector eléctrico, donde la sensación general es que el Gobierno sigue avanzando a ciegas.