Opinión

La marcha hacia el suplicio había sido filmada: no todos los días se masacra a 288 civiles, entre ellos 12 niños. La escena ocurrió en 2013, en el barrio de Tadamon, en la periferia sur de Damasco, y “siguiendo las reglas”. Más de 24 videos captaron espectáculos escalofriantes, entre ellos el siguiente: milicianos progubernamentales conducen a civiles con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda hasta el borde de una zanja; allí los empujan antes de abrir fuego indiscriminadamente para ejecutarlos. Según los reportes, los cuerpos fueron luego quemados y enterrados con ayuda de una excavadora para no dejar rastros. Como colmo de la abominación, estas “hazañas” de la dinastía Assad fueron filmadas minuciosamente por los propios verdugos. Sin embargo, por una serie de circunstancias, este video incriminatorio comenzó a circular en redes sociales a partir de 2022 y se convirtió en símbolo de la ferocidad del régimen. Una prueba contundente que muestra al llamado Amjad Youssef, protagonista principal de esta película de horror, repartiendo muerte con absoluta tranquilidad. ¡La justicia selectiva no es justicia para todos! Este subordinado sirio, un simple ejecutor sin rango, fue arrestado a fines de abril pasado por las autoridades sirias, y es fácil imaginar la alegría que sintieron los familiares de las víctimas y la población en general al enterarse de su captura. Pero ocurrió algo inesperado: al reaparecer en pantalla durante un programa difundido por el Ministerio sirio del Interior, hizo confesiones cuanto menos sorprendentes. Asumió toda la responsabilidad y afirmó haber actuado solo, cuando todos esperaban que incriminara a sus superiores jerárquicos para intentar salvarse. Quedó entonces claro, a ojos de todos, que se trataba de una confesión forzada destinada a proteger y exculpar a ciertos jerarcas del régimen derrocado que habrían cambiado de bando. Y la opinión pública comenzó a preguntarse si el gobierno actual no había alcanzado acuerdos inconfesables con esos renegados, cuyos nombres ya circulan discretamente. Se insinuó que esto habría ocurrido probablemente por razones de seguridad y para garantizar la estabilidad y la calma en ciertas regiones del país. Pero eso no fue todo. Lenguas maliciosas llegaron incluso a afirmar que se habrían pagado sobornos a responsables del aparato de seguridad (1). Esto llevó a un investigador del “Centro de Estudios sobre Conflictos” de la Universidad de Utrecht a declarar: “Hemos pasado de una justicia transicional a una justicia selectiva y de fachada” (2). En efecto, concentrar la justicia en ciertos culpables y no en otros no contribuye precisamente a garantizar su transparencia. ¿Por iniciativa propia? A comienzos de mayo, otro personaje siniestro —esta vez un general— fue arrestado: Khardal Dayoub, implicado en el ataque con armas químicas contra Ghouta Oriental en agosto de 2013. El saldo de la operación fue de unas 1.500 víctimas, entre ellas más de 400 niños. ¿Quién no recuerda aquellas imágenes de cadáveres con espuma saliendo de sus bocas? Hoy más que nunca, la rendición de cuentas es indispensable: el pueblo sirio tiene derecho a la verdad. Y que nadie venga a decirnos, desde la televisión nacional, que este general, mal aconsejado, actuó por cuenta propia. 1- Michael Safi & Melvyn Ingleby, “Syria arrests suspected leader of Tadamon massacre”, The Guardian , 24 de abril de 2026. 2- Melvyn Ingleby & William Christou, “Security or justice? Syria faces post-Assad reckoning after string of arrests”, The Guardian , 4 de mayo de 2026.

El caso de los libaneses exiliados en Israel figura entre los más complejos y sensibles de toda la problemática libanesa, precisamente porque se sitúa en la intersección de tres dimensiones estrechamente entrelazadas: las secuelas de las ocupaciones siria e israelí, los legados de la guerra civil y la profunda fractura que atraviesa las propias concepciones del Estado, la soberanía y la justicia. El Estado estuvo ausente del sur del Líbano durante décadas, dejando a la población atrapada entre la ocupación y las armas de las milicias. Cuando regresó tras la liberación, lo hizo bajo una lógica estrictamente securitaria y judicial, ajena a cualquier verdadero espíritu de reconciliación nacional. Por eso este expediente sigue siendo una herida abierta: Líbano nunca vivió una auténtica experiencia de justicia transicional a la altura del periodo de posguerra y de las múltiples ocupaciones que lo marcaron. En el plano humano, sería impensable negar la tragedia que atravesaron miles de personas y sus familias, una tragedia que se manifiesta en: · El desarraigo forzado de su entorno natural. · La dolorosa separación de sus seres queridos y de sus pueblos. · Una crisis de identidad y pertenencia que los condenó a vivir suspendidos entre dos países. En cuanto a los niños nacidos o criados allí, atraviesan una crisis aún más profunda: nunca llegaron a integrarse plenamente en la sociedad de acogida, mientras que algunos, en su propio país, Líbano, los miran con desconfianza y hostilidad. Aquí surge la cuestión moral fundamental: ¿es legítimo extender la responsabilidad jurídica y política a las esposas, los hijos y los nietos? Familias enteras pagan hoy el precio de decisiones impuestas por circunstancias aplastantes a algunos de sus miembros, aunque la gran mayoría jamás tomó las armas ni participó en ninguna actividad de seguridad. Para comprender mejor el panorama, es importante establecer algunas verdades incuestionables. La autenticidad de la identidad: estas personas son libanesas de origen, no extranjeras ni recién llegadas a esta tierra. La elección de sobrevivir: no partieron hacia Israel por voluntad propia, sino bajo la presión de un exilio forzado. Frente a dos opciones igualmente amargas, enfrentar amenazas de eliminación física lanzadas por sus adversarios de entonces (el sayyed Hassan Nasrallah declaró: “Los degollaremos en sus camas”) o vivir un duro exilio lejos de la patria y de sus seres queridos, eligieron seguir con vida. La ausencia del Estado: no conspiraron contra el Estado; fue el Estado el que los abandonó, dejándolos a merced de las ocupaciones y las tutelas extranjeras. El historial pacífico: no estuvieron implicados en el asesinato de ningún primer ministro, en la eliminación de diputados soberanistas, ni hicieron explotar mezquitas o infraestructuras públicas. Entre justicia y venganza La diferencia esencial radica en distinguir entre una justicia basada en la responsabilidad individual y una venganza colectiva acompañada de un ostracismo permanente. La justicia implica establecer responsabilidades precisas caso por caso, garantizar juicios en condiciones equitativas y rechazar el principio según el cual la culpabilidad se transmite de generación en generación. Conclusión política y humanitaria Este expediente no se resolverá a través de consignas acusatorias; exige el enfoque de un “Estado verdadero”, basado en el reconocimiento de la especificidad del periodo de ocupación y de las circunstancias opresivas que lo acompañaron, en la clara distinción entre quienes cometieron crímenes comprobados y quienes fueron víctimas de los acontecimientos, en el respeto a un poder judicial libanés independiente y a la primacía del derecho, y finalmente en atender la dimensión humana de las familias y los niños, lejos de toda lógica de represalia y odio. El caso de los expulsados hacia Israel no puede, ni debe, mezclarse con ningún otro expediente, porque el verdadero adversario en este caso es el propio Estado libanés y no otra parte. Por ello, la responsabilidad nacional y moral recae ante todo en el Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y principal garante de la seguridad y la integridad del país, así como del destino de todos sus ciudadanos sin excepción. Quien en otro tiempo eligió enfrentar a Israel en nombre de la dignidad y la soberanía no puede mostrarse hoy incapaz de encontrar el camino para traer de regreso a sus hijos de los exilios forzados y devolverlos a su patria bajo el amparo de la ley, la justicia y la reconciliación nacional. En definitiva, el desafío fundamental que enfrenta Líbano sigue siendo el mismo: realizar la transición desde la memoria de la guerra y la división hacia un Estado capaz de articular justicia y reconciliación, sin sacrificar jamás ni la soberanía ni la dignidad humana de sus ciudadanos.

En un momento regional de extrema complejidad, el Líbano se enfrenta a una cuestión existencial que va mucho más allá de los cálculos políticos cotidianos y de las divisiones tradicionales: ¿qué quiere obtener de unas posibles negociaciones con Israel?, ¿qué puede ofrecer?, ¿y tiene realmente la capacidad interna para cumplir los compromisos que puedan derivarse de ellas? Estas preguntas han dejado de ser teóricas. Ahora están directamente vinculadas al destino del Estado libanés, a la posibilidad de que cientos de miles de ciudadanos regresen a sus pueblos y a la capacidad del país para salir de su condición de “escenario de confrontación abierta” y convertirse, por fin, en un Estado normal, dueño de sus fronteras y de sus decisiones. El problema fundamental del Líbano hoy no radica únicamente en la guerra o en la amenaza de una guerra, sino en la ausencia de un Estado capaz de imponer una visión nacional coherente. Desde hace muchos años, el país vive bajo el peso de una dualidad letal: por un lado, un Estado formal con instituciones, Constitución y legitimidad internacional; por el otro, una realidad militar y de seguridad con capacidad autónoma para tomar decisiones soberanas relacionadas con la guerra y la paz. Precisamente esta dualidad es la que vuelve tan compleja cualquier negociación futura, porque la comunidad internacional no solo pregunta qué quiere el Líbano, sino también: ¿quién representa realmente el poder de decisión libanés? En el marco de negociaciones serias, no se le exigirían al Líbano “concesiones gratuitas”, como algunos intentan presentarlo, sino una visión clara de un Estado que busca recuperar su soberanía y su equilibrio. Esto comienza con la afirmación de un principio fundamental: el monopolio de la decisión sobre la guerra y la paz debe estar exclusivamente en manos del Estado libanés. Un Estado no puede negociar de manera válida cuando sus decisiones de seguridad están divididas entre instituciones oficiales y fuerzas militares paralelas. En ese sentido, cualquier proceso auténtico de negociación estará inevitablemente ligado a la cuestión de las armas fuera del marco estatal, no solo porque Israel o la comunidad internacional planteen el tema, sino porque el surgimiento de un Estado normal en el Líbano se ha vuelto imposible sin resolver esta disfunción estructural. Ahí aparece el gran dilema. ¿Puede el Ejército libanés resolver por sí solo esta ecuación? La respuesta realista es que la cuestión lo supera ampliamente. El tema de las armas en el Líbano no es un simple asunto de seguridad que pueda resolverse mediante una decisión operativa o una confrontación interna; está profundamente entrelazado con los equilibrios confesionales, los conflictos regionales, la relación entre Hezbolá e Irán y el conflicto abierto con Israel. Cualquier intento de imponer una solución por la fuerza interna podría empujar al país hacia una explosión generalizada que amenazaría incluso la unidad del propio Ejército y reviviría escenas de una guerra civil cuyas cicatrices siguen presentes entre los libaneses. Eso no significa, en absoluto, que el Ejército libanés no tenga un papel. Al contrario. La institución militar sigue siendo la única entidad nacional capaz de actuar como garante de la estabilidad, siempre que reciba el respaldo político y las capacidades necesarias. Pero no puede transformarse en un instrumento de confrontación interna sin una decisión política integradora y un apoyo interno suficientemente amplio. Por ello, cualquier enfoque serio sobre el tema de las armas requiere una estrategia nacional gradual: una estrategia que comience fortaleciendo al propio Estado, consolidando al Ejército y subordinando cualquier transición en materia de seguridad a un amplio consenso interno y a un acuerdo regional más amplio. Porque la realidad obliga a reconocer que el poder de Hezbolá no proviene únicamente del interior del Líbano, sino también de su pertenencia a un eje regional liderado por Irán. Por lo tanto, cualquier cambio radical en este tema dependerá del futuro de las relaciones entre Irán e Israel y de la naturaleza de los acuerdos internacionales en la región. Por eso, reducir el debate al eslogan del “desarme por la fuerza” carece de realismo, del mismo modo que mantener el statu quo ya no es viable para el Estado libanés. Existe además otro asunto de urgencia equivalente, quizá el más apremiante hoy para los libaneses: el sur del Líbano, los desplazados y los pueblos devastados. Miles de familias libanesas viven un desarraigo continuo como consecuencia de la guerra y de las tensiones fronterizas. La pregunta que se impone con fuerza es la siguiente: ¿puede el Líbano obtener, en el marco de eventuales negociaciones, garantías de retiro israelí y del regreso de los desplazados? En teoría, sí. Es legítimo que el Líbano exija el cese de las operaciones militares, la retirada israelí de cualquier punto ocupado y garantías para el retorno seguro de los habitantes a sus pueblos. Pero la experiencia histórica de la región ha demostrado ampliamente que las “promesas” por sí solas no bastan. Medio Oriente está lleno de acuerdos frágiles y entendimientos que colapsaron ante el primer cambio de escenario político o militar. Las garantías reales exigen mucho más que simples declaraciones políticas o acuerdos verbales. Si el Líbano entra en un proceso de negociación, necesitará un acuerdo explícito y por escrito, acompañado de calendarios precisos y mecanismos de supervisión y ejecución. También requerirá patrocinio y garantías internacionales efectivas de actores capaces de ejercer presión real, como Estados Unidos, Francia y las Naciones Unidas. Asimismo, será necesario reforzar el papel de la FINUL, o de cualquier otro mecanismo internacional de supervisión, para garantizar el respeto mutuo al alto el fuego y evitar el rápido colapso de cualquier acuerdo. Pero incluso si las garantías de seguridad llegaran a concretarse, surgiría otra batalla igual de decisiva: la reconstrucción. Regresar no significa únicamente reabrir el camino hacia el pueblo; significa reconstruir viviendas, infraestructura, escuelas y hospitales, y garantizar las condiciones mínimas para una vida normal. Por eso, cualquier negociación deberá vincular obligatoriamente la dimensión de seguridad con un plan de apoyo económico y reconstrucción para el sur del Líbano. De lo contrario, el retorno seguiría siendo frágil y superficial. La dificultad en el Líbano radica, en gran medida, en que el debate interno se desarrolla bajo una lógica de consignas absolutas. Algunos consideran que cualquier negociación es una capitulación; otros creen que la solución llegará mediante una rápida confrontación interna que resolverá todo de una vez. La realidad es infinitamente más compleja. Hoy el Líbano no está en condiciones de permitirse grandes aventuras, ni militares ni políticas. El país atraviesa un colapso económico, sus instituciones están exhaustas y la propia sociedad libanesa está dividida, atemorizada y agotada tras largos años de crisis acumuladas. Por ello, cualquier enfoque realista debe partir de un objetivo fundamental: reconstruir el propio Estado libanés. El verdadero problema no es solamente la existencia de una amenaza israelí o de una influencia iraní, sino la debilidad del Estado, que permitió que el Líbano se transformara en un espacio abierto a los conflictos regionales. Cuando el Estado fracasa, todos los acuerdos externos son temporales y todas las treguas están condenadas a desmoronarse. El desafío más importante que enfrenta el Líbano no es simplemente cómo negociar con Israel, sino primero cómo recuperar su decisión nacional. Porque la verdadera negociación no comienza alrededor de una mesa, sino cuando el Estado ejerce una autoridad real sobre su territorio, sus fronteras y sus instituciones. Solo entonces un acuerdo podrá transformarse de una tregua frágil en una estabilidad duradera. El Líbano no necesita consignas de victorias ilusorias, ni discursos de rendición. Lo que realmente necesita es un proyecto de Estado: un Estado que proteja sus fronteras mediante su Ejército, que impida que su territorio sea convertido en una plataforma para las guerras ajenas y que garantice a su pueblo el derecho natural a la seguridad, la estabilidad y la vida. Toda negociación futura deberá medirse con un único criterio: ¿acerca al Líbano al Estado o lo devuelve a la lógica de los escenarios de confrontación, los ejes regionales y las guerras interminables?

Desde el surgimiento del conflicto árabe-israelí, el Líbano ha procurado tenazmente preservarse de una caída total en el brasero de las guerras abiertas, adoptando una política articulada en torno a dos pilares: ser el último Estado árabe en firmar un acuerdo de paz con Israel, y permanecer como «Estado de apoyo» a la causa palestina en lugar de convertirse en un «Estado de confrontación» que cargara solo con el peso de la guerra. Este enfoque emanaba de la naturaleza singular del Líbano, de sus frágiles equilibrios y de su composición política y social, que no podía absorver conflictos prolongados que superaran sus capacidades y sus recursos. Sin embargo, este equilibrio comenzó a erosionarse gradualmente con el auge de la acción armada de los fedayin palestinos, cuando vastas regiones del Sur se transformaron en lo que se conocería como «Fatahland», bajo el amparo de fuerzas islámica y de izquierda. El Líbano entró entonces en una nueva fase de división, especialmente cuando el régimen de Asad supo explotar esta realidad y ponerla al servicio de sus proyectos regionales, convirtiendo al país en un escenario abierto para las guerras y los arreglos exteriores. Con el paso de los años, los nombres y los rostros fueron cambiando sin que el cuadro de fondo se transformara; las organizaciones palestinas cedieron su lugar a la influencia iraní ejercida a través de Hezbolá, y el papel sirio fue eclipseándose en beneficio de Teherán, que tomó las riendas de la decisión política y militar. La diferencia fundamental, no obstante, reside en la naturaleza del vínculo entre Irán y el Partido: ya no se trataba de una mera alianza de intereses, sino que había devenido una unión doctrinal y orgánica profunda, lo que hizo de la desvinculación entre la decisión libanesa y el proyecto iraní un empeño de una complejidad extraordinaria. La región vive hoy transformaciones de gran envergadura que están redibujando sus equilibrios; con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, las ecuaciones internacionales han cambiado. En el plano interno, la elección del general Joseph Aoun como presidente de la República y la designación del doctor Nawaf Salam para formar gobierno han suscitado la esperanza de recuperar la soberanía estatal tras años de colapso y de hegemonía armada. En este contexto fue donde el proyecto de diálogo con Israel fue puesto sobre la mesa, después de que Teherán cerrara las puertas a toda solución y llevara al país al borde de la implosión total. Se ha vuelto evidente que la perpetuación del statu quo supondía el aislamiento definitivo y devastador del Líbano; por ello, la nueva autoridad considera que la salvación pasa por consolidar el poder del Estado, concentrar la decisión sobre la guerra y la paz en manos de las instituciones legítimas y sustraer al país del juego de los ejes regionales. Esta orientación tropieza, sin embargo, con obstáculos internos; las relaciones entre el presidente del Parlamento, Nabih Berri, y la presidencia de la República atraviesan una tensión creciente, con Ain al-Tineh percibiendo que el proceso negociador sobrepasa los entendimientos tradicionales. La posición de Hezbolá se muestra por su parte aún más compleja desde que su poder de decisión soberana emigró a los Guardianes de la Revolución iraníes, lo que supedita todo diálogo interno a los cálculos de Teherán y a sus negociaciones con Washington. La nueva autoridad libanesa afirma hoy su rechazo a atar el futuro del país al tren de la negociación irano-americana, convencida de que el Líbano no puede seguir sirviendo de «carta de presión» exterior. En lo que podría sentar las bases de una nueva trayectoria política, se espera en Washington un encuentro entre delegaciones libanesa e israelí, en un intento serio de recuperar el estatuto de «Estado normal». El Líbano se encuentra hoy ante una encrucijada histórica: o el regreso a la lógica del Estado, la soberanía y las instituciones, o el mantenimiento como rehén de las armas y de los ejes exteriores que no han legado a los libaneses sino destrucción y colapso. ¿Logrará el Líbano romper las cadenas del «escenario» para entrar en la era del «Estado»?

Manifestantes habían erigido una horca frente al tribunal de Damasco. Era domingo, 27 de abril, en la capital siria: una multitud densa se congregaba para la primera audiencia de los juicios destinados a determinar el destino de los criminales del derrocado régimen de Bashar al-Asad. Los manifestantes clamaban venganza: ¡no habrían dudado en tomar la justicia por su mano! Esto da una idea del ambiente de alta tensión que podría sembrar dudas sobre el rumbo de los acontecimientos futuros. Un tribunal especial para Siria, similar al establecido para la antigua Yugoslavia, habría generado menos inquietud. Todo esto presagia un futuro sombrío para la comunidad alauita, que ostentó el poder durante más de 50 años y es considerada responsable de la represión que devastó a la población. Situación actual Por lo tanto, era de esperar que el actual sistema judicial sirio reflejara la lucha constante del país por sanar las heridas de la guerra civil. La guerra permanece siempre presente en la mente de los supervivientes, y sus secuelas seguirán atormentando a individuos y diversos grupos durante mucho tiempo. Otro factor que dificulta la justicia y la reconciliación es que el sistema judicial sirio, en su conjunto, no ha sido verdaderamente "soberano" desde que el Partido Baaz tomó el poder. De hecho, desde la década de 1960, los jueces han estado subordinados al régimen, ¡y eso lo dice todo! Cinco décadas de sumisión al régimen de Assad, padre e hijo, no iban a producir una clase de jueces honestos, profesionalmente cualificados para juzgar y ferozmente independientes. A esto debemos añadir, como señaló un observador, que el aparato judicial, en este preciso momento, se ha construido en torno a una "constelación heterogénea de mecanismos: procesos nacionales de justicia transicional sin precedentes, iniciativas locales, a menudo informales, de búsqueda de la verdad que son reactivas y frágiles, promesas de futuros juicios y una diversificación sin precedentes de la actividad judicial internacional". Un sistema judicial de dos niveles De hecho, no hay que olvidar que los juicios contra criminales del régimen derrocado habían comenzado en Europa antes de la primera audiencia celebrada en Damasco el mes pasado. Esto se debe a que, en virtud de la "jurisdicción universal", ciertos países europeos pudieron enjuiciar crímenes que no se cometieron en sus territorios. Mientras Francia ha emitido órdenes de arresto contra Bashar al-Asad, su hermano Maher y otros, los tribunales alemanes de Coblenza, Stuttgart y Fráncfort no han dudado en condenar a funcionarios sirios a penas de prisión, incluyendo dos cadenas perpetuas. ¡Qué afortunados fueron estos fugitivos de comparecer ante tribunales europeos! No se enfrentaron a la pena de muerte y sus condiciones carcelarias son mucho más aceptables que las que prevalecen en las prisiones de Damasco. ¿Ojo por ojo? Con mayor razón tememos la aplicación de la ley del talión durante lo que ahora debería llamarse los "juicios de Damasco", juicios que detallarán los horrores del régimen derrocado. La próxima audiencia se celebrará el 10 de mayo: decidirá el destino del general de división Atef Najib, primo del presidente Bashar al-Asad y exjefe de seguridad política en Daraa, cuna del levantamiento de 2011. ¿Cómo se podrá mantener la calma en los tribunales una vez que se hayan revelado por completo los crímenes de este abusador de menores? ¿Y hasta qué punto podrá el régimen de Ahmad al-Sharaa contener la creciente presión popular, desde Alepo hasta Homs y Hama, que exige la construcción inmediata de la horca en la plaza Marjeh?* *Esta misma plaza donde fueron ahorcados nacionalistas árabes en 1916 y donde fue ahorcado el espía Elie Cohen en 1965.

La enfermedad que padece el país no es únicamente la milicia de Hezbolá, aunque representa el desafío más importante, ni las demás milicias, ni los grupos armados en los campamentos palestinos, ni la ausencia de soberanía, ni la corrupción persistente desde la época de la Mutasarrifía (1862-1915). Esta enfermedad, que consiste en el desarraigo de la cultura del Estado y del Estado soberano, ha infectado las mentalidades y se ha propagado en ellas desde la ocupación baazista siria. Posteriormente, se agravó y terminó por convertirse en cancerosa bajo la hegemonía de Hezbolá. Desde hace 21 años, este último, en todos los niveles de su jerarquía y allí donde se encuentra dentro de las instituciones, se empeña en moldear las mentalidades y someterlas, y utiliza estas instituciones como un escudo sociopolítico y de seguridad en su propio beneficio. El Estado y sus instituciones se ven así desfigurados, y todo funcionario que no adopte el discurso de la “resistencia” es calificado de “traidor” y de “agente sionista”. Del mismo modo, los países amigos donde viven cientos de miles de libaneses, naturalizados o no, deben ser considerados enemigos, y sus representantes evitados o boicoteados bajo amenaza de ser acusados de connivencia con el imperialismo. Según esta cultura extendida, el Líbano debería aislarse tanto del mundo árabe como del mundo occidental. Entre quienes no admiran a Hezbolá, el síndrome de Estocolmo se instala y se normaliza. Frente a ello, los defensores del hecho consumado no encuentran mejor salida que refugiarse en un “pragmatismo” insípido. En contrapartida, la corriente que se opone de manera frontal al partido armado responsabiliza al “Estado profundo” de nuestra situación. Este, por definición, responde clásicamente a intereses económicos, cuando en realidad lo que padecemos es un “Estado caparazón” o un “Estado máscara de Hezbolá”. Atribuir lo que ocurre al “Estado profundo” resulta, por tanto, simplista. Además, eximir de responsabilidad a la cúpula del Estado, así como a los niveles intermedios entre esa cúpula y las profundidades del sistema, es un error. La cultura del Estado que promovieron los padres fundadores del Líbano moderno desde hace un siglo se fue instaurando poco a poco, primero bajo el mandato francés y luego bajo los sucesivos presidentes y gobiernos hasta 1975. Esto puede comprobarse al releer los periódicos de la época y reconstruir cómo era la vida cotidiana antes de la guerra. Sin duda existía entonces un Estado y unas instituciones que funcionaban, pese a sus carencias, debilidades y defectos. Estas alcanzaron su verdadera dimensión durante los cuatro primeros mandatos presidenciales tras la independencia, pero ese período fue insuficiente para lograr la madurez sociopolítica requerida entre todos los ciudadanos, especialmente después de cuatro siglos de cultura sectaria bajo el régimen de los “millet” del Imperio otomano. Desde 1975, los libaneses anhelan un Estado de derecho soberano y siguen buscándolo, pero una gran mayoría ya no sabe realmente en qué consiste. Las instituciones del Estado, en lugar de estar al servicio de los ciudadanos, se han convertido en instrumentos de poder, hegemonía y enriquecimiento. Muchos consideran esto algo rutinario y viven “con normalidad” en medio de ello. Además, la convivencia del Estado con la milicia proiraní se ha vuelto una obligación a los ojos de los simpatizantes de Hezbolá y algo banal para los demás. Para revertir esta situación y poner las cosas en su lugar, hacen falta hombres de Estado, verdaderos, y no simples representantes confesionales, que a menudo surgen del populismo. La diversidad confesional es una realidad, pero su gestión no puede quedar en manos de mediocres. Las élites dentro de cada confesión o de cada partido son una necesidad en estas circunstancias. El presidente del Parlamento no lo es en el sentido clásico del término. Ejerce un veto sobre el poder ejecutivo y una hegemonía sobre la administración del Estado para facilitar los intereses de sus allegados y partidarios. Maneja el Parlamento más como una “Loya Jirga” o consejo tribal que como un órgano que legisla y debate visiones y planes de acción frente a los desafíos estratégicos. Prueba de ello es la estruendosa ausencia del Parlamento respecto a la guerra entre Hezbolá e Israel desde 2023. El primer ministro, por su parte, permanece casi al margen de las decisiones de seguridad y militares. Nuestro gobierno, aunque sus ministros están calificados, se asemeja poco a un equipo de trabajo que plantea los problemas de forma colectiva y elabora soluciones. No se percibe una política exterior clara, ni una estrategia de negociación con el Estado hebreo, rechazada por una parte del poder ejecutivo y legislativo. El presidente de la República multiplica sus declaraciones, pero no logra desempeñar el papel de director de orquesta constitucional. Los ataques y difamaciones que sufre no son contrarrestados con medidas institucionales de peso. Además, políticos, jefes de clanes y milicias, así como sus amplificadores mediáticos, se disputan pantallas y columnas para afirmar si están a favor o en contra de negociar con Israel, sin pasar de ese nivel declarativo. Las denuncias contra el “Estado caparazón” están justificadas, pero son insuficientes. Lo que falta son acciones por parte de verdaderos hombres de Estado. Los países de la región, ya sean amigos, enemigos o adversarios, redoblan esfuerzos para proteger los intereses de sus pueblos y salir con el menor daño posible de la crisis regional. En nuestro caso, si los asuntos continúan gestionándose de esta manera, las soluciones serán impuestas desde el exterior, o nos veremos condenados a limitarnos a administrar la inercia cotidiana. Para concluir, lo dicho sobre el Estado de derecho y el Estado soberano puede parecer utópico, pero si no se aspira a lo más alto, no solo se corre el riesgo de quedarse estancado, sino de caer muy bajo.

Hezbolá, que durante años hizo temblar a todo el país con sus armas, sus hombres y sus amenazas, ha quedado hoy reducido a ensuciar al Patriarca maronita Bechara Raï a través de ejércitos de cuentas anónimas, valentía impostada e insultos escritos desde detrás de una pantalla. Hasta su manera de caer se ha vuelto pequeña. ¿Por qué esta rabia? Porque el Patriarca simplemente les recordó algo que se ha vuelto insoportable para ellos: el Líbano pertenece a los libaneses. Una frase simple. Una frase normal. Y sin embargo ya no logran acallarla. Entonces golpean el vacío, como quien siente que el suelo se desvanece bajo sus pies. No es una señal de fortaleza. Es exactamente lo contrario. Los movimientos seguros de sí mismos no necesitan enviar anónimos a atacar a un hombre de Iglesia. Cuando se reemplazan los argumentos por el barro, es porque en el fondo ya se sabe que una parte de la batalla está perdida. Existe un momento en la vida de las organizaciones en que comprenden que el miedo que inspiraban empieza a desvanecerse. Y cuando el miedo se va, poco queda. Entonces llegan las reacciones nerviosas, los insultos, los excesos, los golpes inútiles. Como un escorpión acorralado que pica una última vez, no porque aún domine, sino porque ya no sabe morir de otra manera. En la historia del Líbano, cuando un movimiento comienza a atacar con histeria a una autoridad religiosa, suele ser el indicio de que ha agotado sus otros recursos. El argumento político ya no convence. El argumento militar ya no basta. Solo queda el barro. Pero el barro lanzado contra un patriarca no mancha a quien se dirige. Revela, sobre todo, a quien lo lanza. Lo que ocurre hoy va mucho más allá de una polémica contra el Patriarca Raï. Es el espectáculo de un sistema que siente que el tiempo cambia a su alrededor. Y un sistema que presiente su fin se vuelve a menudo agresivo, desordenado y ruidoso. Lo más difícil para ellos es ese momento muy preciso en que el miedo cambia de bando. Un muerto no sabe que está muerto. Pero un moribundo sí lo sabe.

Hubo juicios en Núremberg (1945-46) y en Tokio (1946-48), e incluso en Estambul se levantaron horcas en julio de 1919 para ejecutar a Jóvenes Turcos responsables del genocidio armenio. Dicho esto, era legítimo preguntarse por qué el gobierno de Ahmed al-Chareh tardaba en poner en marcha la maquinaria judicial. ¿Acaso dudaba en sancionar los abusos cometidos contra todo un pueblo por la dinastía de los tiranos Al-Ásad y sus camarillas? La cuestión era aún más acuciante dado que más de una veintena de responsables —figuras de primera y segunda línea, si se me permite la expresión— habían sido apresados y se pudrían en las cárceles a la espera de juicio. Ahora bien, el pasado 26 de abril se abría en Damasco la primera audiencia pública con esta declaración del juez Fakhr al-Din al-Aryane: «Hoy, iniciamos los primeros juicios de la justicia transicional en Siria». Breve comparación ¿Quién no desearía para nuestra vecina Siria la celebración de juicios públicos que, al condenar a los criminales del régimen baazista, no impartieran venganza, sino justicia? Y para ello, ¿no habría que evitar seguir el ejemplo del modelo iraquí o del modelo libanés? Recordemos que en Irak se desarrolló en 2006 un simulacro de juicio, el famoso kangaroo trial de Sadam Huseín. Este último fue ejecutado a toda prisa tras su condena en el caso de Dujail y antes de que concluyera el juicio relativo al caso de Halabja de 1988, donde se utilizaron armas químicas contra la población civil. Por consiguiente, los kurdos, como tantos otros familiares de las víctimas, se vieron privados de una sana administración de la justicia, que ciertamente habría atenuado el sentimiento de absoluta iniquidad que sentían: un juicio en regla solo puede contribuir a la elaboración del duelo. En cuanto al Líbano, país de excepción que había vivido quince años de conflicto civil latente y ocupaciones extranjeras, se demostró ser más expeditivo y mucho más lacónico: la ley de amnistía de 1991 borró de un plumazo los horrores cometidos. A la espera de Bashar y Maher y los demás ¿Cabe creer que las cosas serán diferentes en Siria? En cualquier caso, los tribunales sirios no descansan los domingos, ya que en un día así se celebró en Damasco la primera audiencia de un proceso que sin duda dejará al descubierto los horrores del poder derrocado. Faltaban, sin embargo, a la cita dos invitados de renombre: el presidente derrocado Bashar al-Ásad y su hermano Maher. Se habían esfumado como tantos otros matarifes que se dan la gran vida ya sea en Rusia, en el Líbano, en Irak o en Irán, ¡e incluso en Alemania, Suecia y Bélgica, según nos dicen! Los criminales del régimen que escaparán a la justicia de su país se cuentan por miles. Algunos «chivos expiatorios» pagarán en lugar de quienes habían planificado y ordenado matanzas y torturas sistemáticas, esa marca registrada del sistema penitenciario sirio. ¿Justicia transicional y Estado de derecho? Se necesita un juicio, aunque solo sea por sus efectos catárticos. ¡Pero en absoluto una revancha dictada por la ley del talión! La «justicia transicional», que no dejó de subrayar el juez Al-Aryane, no debe tomar el cariz de un ajuste de cuentas; debe establecer la verdad de los hechos, indemnizar a las víctimas y preparar el camino para una reconciliación nacional. Pero, ¿es esto algo más que un deseo piadoso? De jóvenes, nuestros maestros nos prevenían contra las ilusiones y el idealismo. Porque, al igual que la caridad, la justicia en su aplicación no puede ser sino «parcial y sesgada». *Ciertos crímenes, como los cometidos contra personalidades políticas, religiosas o diplomáticas, no estaban sin embargo cubiertos por la ley de amnistía.

Cuando funcionarios israelíes amenazan con tratar el sur del Líbano como a Gaza, la declaración no es únicamente imprudente sino políticamente reveladora, pues pone de manifiesto hasta qué punto la escalada regional se ha entrelazado con los cálculos de política interior en Israel, al tiempo que refleja la propia parálisis estructural del Líbano. Semejante retórica merece ser desestimada por lo que es, a saber, una pose electoral disfrazada de doctrina estratégica, aunque tampoco puede separarse de una realidad bastante más cargada de consecuencias: el Líbano ha sido arrastrado, una vez más, a una guerra que no eligió, por un actor que no rinde cuentas ante el Estado y que no carga de manera responsable con el coste de sus decisiones. No existe comparación válida entre Gaza y el sur del Líbano, no porque la escala de la destrucción difiera, sino porque la arquitectura política que subyace a cada caso es fundamentalmente distinta. Gaza está gobernada por una autoridad que reivindica abiertamente la titularidad de su postura militar, mientras el Líbano permanece atrapado en una peligrosa inversión en la que el Estado soporta el peso de la guerra sin ejercer control soberano sobre los instrumentos que la generan. El enfrentamiento en curso a lo largo de la frontera sur no es, por tanto, un simple conflicto bilateral entre Israel y Hezbolá, sino la manifestación de una crisis más profunda en la gobernanza libanesa, donde la ausencia de una autoridad decisoria unificada ha convertido al país en una arena en lugar de en un actor. La conducta militar de Israel en el sur, en particular el objetivo sistemático de infraestructuras y redes de túneles, se presenta a menudo como una necesidad de seguridad, aunque en la práctica se asemeja a la aplicación forzosa, mediante un poder de fuego abrumador, de resoluciones internacionales que el Estado libanés no ha logrado o se ha negado a implementar. La referencia persistente a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es casual; subraya hasta qué punto Israel pretende ahora hacer cumplir, por vías unilaterales, obligaciones de las que el Líbano se ha sustraído. Esta dinámica no solo erosiona la ya frágil soberanía libanesa, sino que también coloca al Estado en la posición insostenible de ser simultáneamente juzgado y soslayado por actores externos que ya no distinguen entre las instituciones estatales y el grupo armado que opera junto a ellas. Lo que hace que este momento sea particularmente peligroso es la creciente brecha entre los discursos oficiales y las realidades vividas sobre el terreno. El ejército libanés ha señalado reiteradamente su conformidad con el marco destinado a desmilitarizar la zona al sur del río Litani; sin embargo, los desarrollos en curso sugieren bien un fallo de ejecución, bien una falta de voluntad política para hacer frente a las violaciones. Esta ambigüedad ha creado un vacío en el que proliferan las reivindicaciones contrapuestas, ofreciendo a Israel los argumentos para justificar la continuación de sus operaciones, al tiempo que deja a Hezbolá el margen necesario para sostener su propio discurso de disuasión y resistencia. En semejante entorno, la verdad se vuelve secundaria respecto a la utilidad, y los hechos se movilizan de forma selectiva para servir a agendas preestablecidas más que para orientar la política. Las consecuencias de esta disonancia no se limitan al campo de batalla; se extienden al tejido social y político del propio Líbano. El desplazamiento de las poblaciones del sur ha puesto al descubierto la magnitud del colapso infraestructural y la imposibilidad de sostener la vida civil en las condiciones actuales, mientras que las repetidas evacuaciones de habitantes, a menudo instadas por los propios actores que afirman defenderlos, revelan un patrón inquietante en el que las poblaciones son tratadas como variables prescindibles en un cálculo estratégico más amplio. La dimensión humanitaria de este conflicto, aunque invocada con frecuencia, permanece subordinada a los imperativos de mantener un teatro de confrontación que sirve a intereses más allá de las fronteras del Líbano. En el corazón de esta crisis yace una verdad más incómoda, que los responsables libaneses han sido reacios a articular con claridad: la erosión de la soberanía no es ya una preocupación abstracta sino una condición vivida, moldeada por el arraigo de un poder militar no estatal y su integración en un eje regional liderado por Irán. La presencia de actores de decisión que operan fuera del marco de los mecanismos de rendición de cuentas libaneses, y cuyas prioridades se alinean con objetivos estratégicos externos, ha transformado de hecho partes del país en prolongaciones de una contienda geopolítica más amplia. Esta realidad complica cualquier intento de negociar un alto el fuego o una distensión, pues plantea la pregunta fundamental de quién, exactamente, tiene la autoridad para comprometer al Líbano con la paz. Es en este contexto donde debe entenderse el debate sobre las negociaciones. La insistencia de algunos en que entablar conversaciones constituye una traición refleja una cultura política que ha confundido durante mucho tiempo la diplomacia con la debilidad y ha valorado el enfrentamiento perpetuo como emblema de la dignidad nacional. Sin embargo, la alternativa —continuar una guerra sin objetivo claro, sin el consentimiento del Estado y sin una vía viable hacia la resolución— apenas ofrece más que la promesa de una destrucción creciente. Las negociaciones, en este sentido, no son una concesión sino una necesidad, siempre que estén ancladas en una visión coherente de la autoridad estatal y respaldadas por la voluntad de abordar la causa profunda del actual callejón sin salida: la existencia de una entidad armada que opera con independencia del mando nacional. Los actores internacionales y regionales, en particular los del Golfo árabe, han hecho su posición cada vez más explícita. La ayuda financiera y el apoyo a la reconstrucción no fluirán hacia un sistema percibido como subordinado al control de las milicias, ni se extenderá el respaldo político a un Estado que no puede afirmar su propia primacía en los asuntos de guerra y paz. Esta condicionalidad, a menudo criticada como presión externa, es en realidad el reflejo de un consenso más amplio según el cual la estabilidad no puede construirse sobre la ambigüedad y la soberanía no puede aplicarse de forma selectiva. El Líbano se encuentra hoy en una encrucijada que ha bordeado en muchas ocasiones sin llegar a atravesarla plenamente. La elección no es entre la guerra y la paz en el sentido convencional, sino entre seguir existiendo como una arena fragmentada para potencias rivales o reconstituirse como un Estado capaz de tomar sus propias decisiones y de hacerlas cumplir. Mientras el monopolio de la violencia permanezca en disputa, cada alto el fuego será temporal, cada esfuerzo de reconstrucción provisional y cada reivindicación de soberanía incompleta. El camino a seguir no es ni fácil ni inmediato, pero comienza por un reconocimiento simple, a menudo esquivado: un país que no controla sus armas no controla su futuro.

El Líbano no se derrumbó por una falla en las cifras, sino porque se desplomaron los significados y los valores. De pronto, el dinero expoliado a la gente dejó de llamarse robo y pasó a denominarse “agujero financiero”. Ya no hubo responsables, solo “pérdidas”. Y ya no hubo víctimas, sino “depositantes” a quienes se les pide comprender la situación y participar en la absorción de los costos. No es solo una cuestión de lenguaje. Es el núcleo mismo de la disputa. Cuando un crimen se reduce a un término contable, el debate deja de ser ético y jurídico para volverse técnico. La cuestión se extrae del ámbito de la justicia para trasladarse al de la gestión, del “¿quién robó?” al “¿cómo se distribuye la pérdida?”. Ahí comienza el gran desplazamiento: las víctimas se transforman gradualmente en actores de la solución, y no en titulares de derechos. Lo ocurrido en el Líbano no fue una tormenta financiera pasajera. Fue el resultado de una trama urdida por un sistema completo: un Estado que se endeudó sin límites, un banco central que orquestó las ilusiones y bancos que acumularon beneficios faraónicos antes de cerrar sus puertas en la cara de sus depositantes. Sin embargo, las soluciones que hoy se proponen empiezan por los bolsillos de los ciudadanos y no por los focos del problema. Se presentan planes bajo títulos “realistas” o “salvadores” que, en esencia, no son más que una redistribución de las pérdidas, no un tratamiento de sus causas. Se les pide a los depositantes que acepten la eliminación de una parte de sus ahorros o su conversión en acciones de entidades cuyo valor sigue siendo incierto. Incluso las propuestas que parecen menos severas, como la idea de un fondo soberano donde se alojen los activos del Estado, no están exentas de riesgos, no por el concepto en sí, sino por quienes lo administrarían. Por eso, esta idea sigue siendo ambigua y peligrosa mientras no se acompañe de una condición básica: quién garantiza la transparencia y quién rinde cuentas. La contradicción fundamental radica en que quienes exigen transparencia y reforma judicial proponen, al mismo tiempo, confiar los activos del Estado a un sistema que hasta ahora no ha demostrado ninguna capacidad de transparencia ni de rendición de cuentas. En mi opinión, el problema no está solo en las soluciones, sino en el orden de las prioridades: ¿empezamos por la rendición de cuentas o la saltamos? ¿Cómo se puede hablar de “gobernanza” y de “gestión responsable” de los activos del Estado en un país que aún no ha logrado realizar una sola auditoría seria ni exigir responsabilidades a nadie por el colapso? ¿Cómo creer que lo que no pudo preservarse en los bancos se preservará en un fondo? ¿No implica esto trasladar la pérdida de los balances bancarios al cuerpo mismo del Estado, es decir, a toda la sociedad? Más grave aún es el hecho de eludir un principio fundamental: ninguna solución duradera puede construirse ignorando las responsabilidades. El debate, por tanto, no es solo económico, sino también jurídico. El Líbano no está fuera del mundo: está comprometido por convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, en particular la CNUCC, que sitúa sin ambigüedades la recuperación de los activos saqueados y la rendición de cuentas en el centro de cualquier proceso de reforma. Si hubo corrupción, no basta con gestionar sus consecuencias: hay que exponerla, responsabilizar a sus autores y recuperar los fondos desviados. Los Estados están obligados a esforzarse por recuperar los activos robados o transferidos por vías ilícitas, sin que sea posible eludir la determinación de responsabilidades: quién tomó las decisiones, quién se benefició, quién lo encubrió. Lo que se necesita es transparencia: toda reforma debe pasar por una auditoría efectiva, una justicia independiente y claridad en las cifras. No soy experta en finanzas, pero sé que hay una diferencia entre tratar las pérdidas y tratar sus causas. Dicho de otro modo, antes de pedirle a la gente que asuma las pérdidas, debe hacerse un esfuerzo serio por recuperar lo que fue transferido o aprovechado por vías ilegales. Y antes de cualquier reestructuración del sistema bancario, es necesario identificar a quienes abusaron de él. Pero lo más grave quizá no esté en el contenido de estas propuestas, sino en su timing. En un momento de guerra, de angustia existencial y de negociaciones cruciales abiertas a largas incertidumbres, se reabre el tema de los depósitos. No porque el momento sea adecuado, sino porque puede serlo para quienes quieren hacer pasar medidas que no resistirían un debate amplio. En momentos de atención dispersa, la capacidad de resistencia se debilita, las discusiones se acortan y lo que antes era inadmisible se vuelve aceptable bajo el pretexto de la “necesidad”. Las cuestiones existenciales requieren una conciencia colectiva, no un agotamiento colectivo. Necesitan un debate abierto, no la presión del tiempo y el miedo. Porque las soluciones impuestas en momentos de debilidad rara vez son justas. Esto no significa que este tema pueda postergarse indefinidamente. Pero hay una gran diferencia entre plantear una cuestión fundamental en el marco de un debate nacional abierto e introducirla en medio del caos del miedo y el cansancio, donde los ciudadanos se convierten en receptores pasivos. Las grandes cuestiones no solo requieren soluciones, sino condiciones equitativas para ser planteadas. Necesitan una conciencia colectiva, no un agotamiento colectivo. De lo contrario, cualquier solución, por técnica y equilibrada que parezca, llevará consigo la distorsión del momento en que nació. El problema no radica en la búsqueda de soluciones, sino en su naturaleza y en el orden de prioridades. Cuando un plan comienza por borrar derechos en lugar de consolidarlos, y por proteger al sistema en lugar de cuestionarlo, no resuelve la crisis: la reproduce bajo otra forma. Lo que hoy se exige no es un milagro financiero, sino un mínimo de justicia. Que las cosas se llamen por su nombre. Que se determinen las responsabilidades. Que se haga un intento serio por recuperar los fondos. De lo contrario, estaremos ante un espectáculo familiar: Un nuevo lenguaje, nuevos términos, una nueva fórmula… pero el mismo resultado. No un “agujero financiero”, sino una historia clara: fondos expoliados y un sistema que intenta convencer a sus propietarios de aceptar la pérdida como si fuera un destino.