Cuando el robo se convierte en un “agujero financiero”

El Líbano no se derrumbó por una falla en las cifras, sino porque se desplomaron los significados y los valores.

De pronto, el dinero expoliado a la gente dejó de llamarse robo y pasó a denominarse “agujero financiero”. Ya no hubo responsables, solo “pérdidas”. Y ya no hubo víctimas, sino “depositantes” a quienes se les pide comprender la situación y participar en la absorción de los costos.

No es solo una cuestión de lenguaje. Es el núcleo mismo de la disputa.

Cuando un crimen se reduce a un término contable, el debate deja de ser ético y jurídico para volverse técnico. La cuestión se extrae del ámbito de la justicia para trasladarse al de la gestión, del “¿quién robó?” al “¿cómo se distribuye la pérdida?”. Ahí comienza el gran desplazamiento: las víctimas se transforman gradualmente en actores de la solución, y no en titulares de derechos.

Lo ocurrido en el Líbano no fue una tormenta financiera pasajera. Fue el resultado de una trama urdida por un sistema completo: un Estado que se endeudó sin límites, un banco central que orquestó las ilusiones y bancos que acumularon beneficios faraónicos antes de cerrar sus puertas en la cara de sus depositantes. Sin embargo, las soluciones que hoy se proponen empiezan por los bolsillos de los ciudadanos y no por los focos del problema.

Se presentan planes bajo títulos “realistas” o “salvadores” que, en esencia, no son más que una redistribución de las pérdidas, no un tratamiento de sus causas. Se les pide a los depositantes que acepten la eliminación de una parte de sus ahorros o su conversión en acciones de entidades cuyo valor sigue siendo incierto. Incluso las propuestas que parecen menos severas, como la idea de un fondo soberano donde se alojen los activos del Estado, no están exentas de riesgos, no por el concepto en sí, sino por quienes lo administrarían. Por eso, esta idea sigue siendo ambigua y peligrosa mientras no se acompañe de una condición básica: quién garantiza la transparencia y quién rinde cuentas.

La contradicción fundamental radica en que quienes exigen transparencia y reforma judicial proponen, al mismo tiempo, confiar los activos del Estado a un sistema que hasta ahora no ha demostrado ninguna capacidad de transparencia ni de rendición de cuentas.

En mi opinión, el problema no está solo en las soluciones, sino en el orden de las prioridades: ¿empezamos por la rendición de cuentas o la saltamos?

¿Cómo se puede hablar de “gobernanza” y de “gestión responsable” de los activos del Estado en un país que aún no ha logrado realizar una sola auditoría seria ni exigir responsabilidades a nadie por el colapso? ¿Cómo creer que lo que no pudo preservarse en los bancos se preservará en un fondo? ¿No implica esto trasladar la pérdida de los balances bancarios al cuerpo mismo del Estado, es decir, a toda la sociedad?

Más grave aún es el hecho de eludir un principio fundamental: ninguna solución duradera puede construirse ignorando las responsabilidades. El debate, por tanto, no es solo económico, sino también jurídico. El Líbano no está fuera del mundo: está comprometido por convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, en particular la CNUCC, que sitúa sin ambigüedades la recuperación de los activos saqueados y la rendición de cuentas en el centro de cualquier proceso de reforma.

Si hubo corrupción, no basta con gestionar sus consecuencias: hay que exponerla, responsabilizar a sus autores y recuperar los fondos desviados. Los Estados están obligados a esforzarse por recuperar los activos robados o transferidos por vías ilícitas, sin que sea posible eludir la determinación de responsabilidades: quién tomó las decisiones, quién se benefició, quién lo encubrió.

Lo que se necesita es transparencia: toda reforma debe pasar por una auditoría efectiva, una justicia independiente y claridad en las cifras.

No soy experta en finanzas, pero sé que hay una diferencia entre tratar las pérdidas y tratar sus causas.

Dicho de otro modo, antes de pedirle a la gente que asuma las pérdidas, debe hacerse un esfuerzo serio por recuperar lo que fue transferido o aprovechado por vías ilegales. Y antes de cualquier reestructuración del sistema bancario, es necesario identificar a quienes abusaron de él.

Pero lo más grave quizá no esté en el contenido de estas propuestas, sino en su timing.

En un momento de guerra, de angustia existencial y de negociaciones cruciales abiertas a largas incertidumbres, se reabre el tema de los depósitos. No porque el momento sea adecuado, sino porque puede serlo para quienes quieren hacer pasar medidas que no resistirían un debate amplio. En momentos de atención dispersa, la capacidad de resistencia se debilita, las discusiones se acortan y lo que antes era inadmisible se vuelve aceptable bajo el pretexto de la “necesidad”.

Las cuestiones existenciales requieren una conciencia colectiva, no un agotamiento colectivo. Necesitan un debate abierto, no la presión del tiempo y el miedo. Porque las soluciones impuestas en momentos de debilidad rara vez son justas.

Esto no significa que este tema pueda postergarse indefinidamente. Pero hay una gran diferencia entre plantear una cuestión fundamental en el marco de un debate nacional abierto e introducirla en medio del caos del miedo y el cansancio, donde los ciudadanos se convierten en receptores pasivos.

Las grandes cuestiones no solo requieren soluciones, sino condiciones equitativas para ser planteadas.

Necesitan una conciencia colectiva, no un agotamiento colectivo.

De lo contrario, cualquier solución, por técnica y equilibrada que parezca, llevará consigo la distorsión del momento en que nació.

El problema no radica en la búsqueda de soluciones, sino en su naturaleza y en el orden de prioridades. Cuando un plan comienza por borrar derechos en lugar de consolidarlos, y por proteger al sistema en lugar de cuestionarlo, no resuelve la crisis: la reproduce bajo otra forma.

Lo que hoy se exige no es un milagro financiero, sino un mínimo de justicia. Que las cosas se llamen por su nombre. Que se determinen las responsabilidades.

Que se haga un intento serio por recuperar los fondos.

De lo contrario, estaremos ante un espectáculo familiar:

Un nuevo lenguaje, nuevos términos, una nueva fórmula… pero el mismo resultado.

No un “agujero financiero”, sino una historia clara: fondos expoliados y un sistema que intenta convencer a sus propietarios de aceptar la pérdida como si fuera un destino.