El Líbano no es Gaza

Cuando funcionarios israelíes amenazan con tratar el sur del Líbano como a Gaza, la declaración no es únicamente imprudente sino políticamente reveladora, pues pone de manifiesto hasta qué punto la escalada regional se ha entrelazado con los cálculos de política interior en Israel, al tiempo que refleja la propia parálisis estructural del Líbano. Semejante retórica merece ser desestimada por lo que es, a saber, una pose electoral disfrazada de doctrina estratégica, aunque tampoco puede separarse de una realidad bastante más cargada de consecuencias: el Líbano ha sido arrastrado, una vez más, a una guerra que no eligió, por un actor que no rinde cuentas ante el Estado y que no carga de manera responsable con el coste de sus decisiones.

No existe comparación válida entre Gaza y el sur del Líbano, no porque la escala de la destrucción difiera, sino porque la arquitectura política que subyace a cada caso es fundamentalmente distinta. Gaza está gobernada por una autoridad que reivindica abiertamente la titularidad de su postura militar, mientras el Líbano permanece atrapado en una peligrosa inversión en la que el Estado soporta el peso de la guerra sin ejercer control soberano sobre los instrumentos que la generan. El enfrentamiento en curso a lo largo de la frontera sur no es, por tanto, un simple conflicto bilateral entre Israel y Hezbolá, sino la manifestación de una crisis más profunda en la gobernanza libanesa, donde la ausencia de una autoridad decisoria unificada ha convertido al país en una arena en lugar de en un actor.

La conducta militar de Israel en el sur, en particular el objetivo sistemático de infraestructuras y redes de túneles, se presenta a menudo como una necesidad de seguridad, aunque en la práctica se asemeja a la aplicación forzosa, mediante un poder de fuego abrumador, de resoluciones internacionales que el Estado libanés no ha logrado o se ha negado a implementar. La referencia persistente a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es casual; subraya hasta qué punto Israel pretende ahora hacer cumplir, por vías unilaterales, obligaciones de las que el Líbano se ha sustraído. Esta dinámica no solo erosiona la ya frágil soberanía libanesa, sino que también coloca al Estado en la posición insostenible de ser simultáneamente juzgado y soslayado por actores externos que ya no distinguen entre las instituciones estatales y el grupo armado que opera junto a ellas.

Lo que hace que este momento sea particularmente peligroso es la creciente brecha entre los discursos oficiales y las realidades vividas sobre el terreno. El ejército libanés ha señalado reiteradamente su conformidad con el marco destinado a desmilitarizar la zona al sur del río Litani; sin embargo, los desarrollos en curso sugieren bien un fallo de ejecución, bien una falta de voluntad política para hacer frente a las violaciones. Esta ambigüedad ha creado un vacío en el que proliferan las reivindicaciones contrapuestas, ofreciendo a Israel los argumentos para justificar la continuación de sus operaciones, al tiempo que deja a Hezbolá el margen necesario para sostener su propio discurso de disuasión y resistencia. En semejante entorno, la verdad se vuelve secundaria respecto a la utilidad, y los hechos se movilizan de forma selectiva para servir a agendas preestablecidas más que para orientar la política.

Las consecuencias de esta disonancia no se limitan al campo de batalla; se extienden al tejido social y político del propio Líbano. El desplazamiento de las poblaciones del sur ha puesto al descubierto la magnitud del colapso infraestructural y la imposibilidad de sostener la vida civil en las condiciones actuales, mientras que las repetidas evacuaciones de habitantes, a menudo instadas por los propios actores que afirman defenderlos, revelan un patrón inquietante en el que las poblaciones son tratadas como variables prescindibles en un cálculo estratégico más amplio. La dimensión humanitaria de este conflicto, aunque invocada con frecuencia, permanece subordinada a los imperativos de mantener un teatro de confrontación que sirve a intereses más allá de las fronteras del Líbano.

En el corazón de esta crisis yace una verdad más incómoda, que los responsables libaneses han sido reacios a articular con claridad: la erosión de la soberanía no es ya una preocupación abstracta sino una condición vivida, moldeada por el arraigo de un poder militar no estatal y su integración en un eje regional liderado por Irán. La presencia de actores de decisión que operan fuera del marco de los mecanismos de rendición de cuentas libaneses, y cuyas prioridades se alinean con objetivos estratégicos externos, ha transformado de hecho partes del país en prolongaciones de una contienda geopolítica más amplia. Esta realidad complica cualquier intento de negociar un alto el fuego o una distensión, pues plantea la pregunta fundamental de quién, exactamente, tiene la autoridad para comprometer al Líbano con la paz.

Es en este contexto donde debe entenderse el debate sobre las negociaciones. La insistencia de algunos en que entablar conversaciones constituye una traición refleja una cultura política que ha confundido durante mucho tiempo la diplomacia con la debilidad y ha valorado el enfrentamiento perpetuo como emblema de la dignidad nacional. Sin embargo, la alternativa —continuar una guerra sin objetivo claro, sin el consentimiento del Estado y sin una vía viable hacia la resolución— apenas ofrece más que la promesa de una destrucción creciente. Las negociaciones, en este sentido, no son una concesión sino una necesidad, siempre que estén ancladas en una visión coherente de la autoridad estatal y respaldadas por la voluntad de abordar la causa profunda del actual callejón sin salida: la existencia de una entidad armada que opera con independencia del mando nacional.

Los actores internacionales y regionales, en particular los del Golfo árabe, han hecho su posición cada vez más explícita. La ayuda financiera y el apoyo a la reconstrucción no fluirán hacia un sistema percibido como subordinado al control de las milicias, ni se extenderá el respaldo político a un Estado que no puede afirmar su propia primacía en los asuntos de guerra y paz. Esta condicionalidad, a menudo criticada como presión externa, es en realidad el reflejo de un consenso más amplio según el cual la estabilidad no puede construirse sobre la ambigüedad y la soberanía no puede aplicarse de forma selectiva.

El Líbano se encuentra hoy en una encrucijada que ha bordeado en muchas ocasiones sin llegar a atravesarla plenamente. La elección no es entre la guerra y la paz en el sentido convencional, sino entre seguir existiendo como una arena fragmentada para potencias rivales o reconstituirse como un Estado capaz de tomar sus propias decisiones y de hacerlas cumplir. Mientras el monopolio de la violencia permanezca en disputa, cada alto el fuego será temporal, cada esfuerzo de reconstrucción provisional y cada reivindicación de soberanía incompleta. El camino a seguir no es ni fácil ni inmediato, pero comienza por un reconocimiento simple, a menudo esquivado: un país que no controla sus armas no controla su futuro.