Opinión

Antes que nada, Jeque Naïm debe comprender que todo el pueblo libanés está pagando hoy el precio de sus inconsistencias políticas, su sumisión ciega a Irán y sus decisiones unilaterales que han arrastrado al Líbano a guerras que no había elegido ni decidido. Porque quienes llevaron al país a esta dramática situación y permitieron el regreso de la ocupación israelí en ciertas partes del sur del Líbano no son quienes hoy se esfuerzan por salvar al Líbano. Son quienes se sometieron a las órdenes de Irán y decidieron declarar la guerra de manera unilateral, al margen de las instituciones del Estado y de su autoridad soberana. Quienes arrojaron el sur del Líbano a una confrontación abierta y expusieron a los libaneses a la destrucción y al desplazamiento fueron quienes arrastraron al país a una guerra al servicio del proyecto iraní, no quienes hoy trabajan para sacar al país de su crisis y restablecer sus instituciones. Quienes hoy intentan salvar lo que queda de la patria son el presidente de la República, el general Joseph Aoun, y el primer ministro, quienes trabajan para devolver al Estado el pleno control de las decisiones soberanas y sacar al Líbano del ciclo de las guerras. Un ejemplo claro de ello es la propuesta del presidente de la República de poner la instalación de Tallat Ali al-Taher bajo el control del Ejército libanés, una propuesta que ustedes rechazaron, a pesar de haber sido aceptada por la parte israelí. La cuestión que se plantea hoy no es la de la importancia estratégica de esta colina, porque de ello no hay duda, sino la de las razones que le empujan a negarse a entregar el control a la institución militar libanesa. ¿Es porque constituye el punto de observación más elevado sobre amplias zonas del sur del Líbano, de modo que quien la controle dispone de una ventaja decisiva para la vigilancia y el control del fuego? ¿O porque las infraestructuras militares, las fortificaciones y la red de túneles que alberga representan una inversión militar construida durante muchos años, de tal manera que entregarla al Ejército libanés supondría perder uno de sus principales elementos de fuerza sobre el terreno? ¿O la verdadera razón es que entregarla al Ejército libanés significaría, en la práctica, reconocer el principio del monopolio de las armas por parte del Estado y transferir la decisión militar a las autoridades legítimas? Sea cual sea la respuesta, la paradoja sigue siendo impactante. Si la única alternativa es entregar esa posición al Ejército libanés o verla destruida por Israel, ¿cómo puede considerarse preferible la alternativa israelí? ¿Y cómo puede preferirse que un emplazamiento libanés sea destruido por el enemigo antes de que pase a estar bajo la autoridad del Ejército libanés? No debe perder de vista, jeque Naim, que usted encabeza una milicia armada al margen de la legalidad libanesa. Ni los discursos ni las campañas de descalificación y de acusaciones de traición cambiarán esa realidad. El monopolio de las armas por parte del Estado no es un simple eslogan político, sino un principio de soberanía y un imperativo constitucional del que no habrá marcha atrás. Tarde o temprano, será aplicado. Por último, las negociaciones directas decididas por el Estado libanés, en ejercicio de su soberanía y de acuerdo con su interés nacional, no constituyen una concesión. Son una herramienta para recuperar los derechos y el camino menos costoso para liberar el territorio, obtener la liberación de los prisioneros y reconstruir lo que destruyeron las guerras impuestas al Líbano al servicio de proyectos ajenos al interés nacional.

La guerra de Ucrania sigue siendo el centro de un amplio debate alimentado, entre otros factores, por bombardeos casi diarios que apuntan a centros neurálgicos de ambos bandos y, más concretamente, a las capitales rusa y ucraniana. Para comprender mejor las distintas dimensiones de este viejo conflicto, es necesario remontarse a los prolegómenos y la génesis de lo que desembocó en esta guerra (¿fratricida?), exponiendo las motivaciones y aspiraciones de las diferentes partes implicadas —en particular Occidente (Estados Unidos y Europa, extendida a todos los países de la OTAN, con excepción de Turquía)— y recordando también los inicios de la ofensiva rusa y los fracasos de los intentos por alcanzar la paz, o al menos abrir negociaciones, teniendo en cuenta que las responsabilidades en este contexto son múltiples. Para comprender bien los entresijos de los distintos aspectos de la guerra en Ucrania, conviene plantear desde el principio algunas preguntas fundamentales. ¿Qué representan Rusia y Ucrania para Occidente? ¿Cuáles podrían ser las repercusiones concretas de una eventual victoria clara de uno de los dos protagonistas? Y, en consecuencia, ¿cuáles serían las consecuencias para Occidente y el Oriente Próximo? En una serie de cinco artículos, Jean-Patrick Dayras , contralmirante de la marina francesa, expone su visión y su análisis de la cuestión. Las consecuencias de la guerra de Ucrania en el Oriente Próximo dependen en gran medida del desenlace del conflicto, y más concretamente de la forma en que este concluya (acuerdo negociado, alto el fuego o victoria militar contundente). Si Ucrania gana Para Irán Irán, que ha suministrado drones a Rusia y ha reforzado su cooperación militar con Moscú desde 2022, vería debilitado a su socio regional. Esto podría limitar algunas cooperaciones tecnológicas o militares, aunque Irán mantendría otros socios y sus propias capacidades. Para Israel Israel podría considerar que un debilitamiento de Rusia reduciría la influencia rusa en Siria, aunque ello podría generar nuevas incertidumbres si otros actores buscan llenar ese vacío. Para Siria Una Rusia con menor capacidad de proyección de fuerzas podría reducir su implicación militar o financiera en Siria, lo que podría alterar los equilibrios entre el gobierno sirio, Irán y Turquía. Para los países del Golfo Estados como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos buscarían probablemente mantener relaciones con todas las grandes potencias. Sin embargo, una Rusia debilitada podría tener menos influencia en ciertos asuntos energéticos o diplomáticos. Si Rusia gana Fortalecimiento del eje Moscú-Teherán Una victoria rusa reforzaría la cooperación entre Rusia e Irán en los ámbitos militar, energético y diplomático. Siria Rusia podría estar en condiciones de mantener e incluso reforzar su papel de apoyo al gobierno sirio, en función de los recursos de que disponga tras el conflicto. Israel Israel tendría que seguir conviviendo con la presencia militar rusa en Siria. Buscará preservar sus mecanismos de coordinación con Moscú, al tiempo que mantiene su asociación estratégica con Estados Unidos. Turquía Turquía seguirá previsiblemente su política de equilibrio entre Rusia y los países occidentales. En los últimos años ha demostrado su capacidad para cooperar con Moscú en determinados asuntos sin dejar de ser miembro de la OTAN. Otras consecuencias Energía Sea quien sea el vencedor, las consecuencias en los mercados del petróleo y el gas dependerán principalmente de: La evolución de las sanciones o de los costes y la responsabilidad en materia de reparaciones. Las capacidades de producción y exportación. Las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+), en la que Rusia desempeña un papel importante. Los países productores de Oriente Próximo seguirán adaptando su estrategia en función de los precios mundiales y de la demanda. Influencia de Estados Unidos Una victoria ucraniana podría reforzar la credibilidad de Estados Unidos ante ciertos aliados regionales, mientras que una victoria rusa podría alimentar las dudas sobre la capacidad o la voluntad de Washington para apoyar de forma sostenida a sus aliados. Sin embargo, estas percepciones dependerán también de otros factores, en particular de la política estadounidense (post Trump) en la región. Cabe señalar que una victoria rusa acompañada de un acuerdo favorable para Irán redefiniría profundamente los pactos y alianzas en Oriente Próximo y Medio Oriente, especialmente para todos los países del Golfo Arábigo-Pérsico. Es pronto aún para enumerar todas las posibilidades, pero ya se pueden vislumbrar los temores en distintos países del Golfo, que los llevarían a reexaminar sus alianzas y su sensación de estar protegidos. ¡Un gran revolcón se avecina! Una región marcada por sus propias dinámicas Es importante subrayar que Oriente Próximo está influido por numerosos factores que no dependen directamente de la guerra en Ucrania: las relaciones entre Irán y los Estados árabes, el conflicto israelí-palestino, la situación en Siria, las rivalidades entre potencias regionales o los mercados energéticos. Una victoria rusa o ucraniana tendría repercusiones sobre los equilibrios diplomáticos y militares en Oriente Próximo, pero no determinaría por sí sola la evolución de la región. Los efectos más probables afectarían al papel de Rusia en Siria, las relaciones con Irán, los cálculos estratégicos de Turquía y los Estados del Golfo, así como las percepciones sobre el rol de Estados Unidos. Estas consecuencias serían significativas, pero se inscribirían dentro de un conjunto más amplio de dinámicas regionales que ya están en marcha. ¡El revolcón continúa! ¿Y África? ¿Olvidada? Todo el continente africano se verá afectado por uno u otro escenario de victoria. Las influencias de China, India, los Emiratos y Turquía, principalmente, se verán modificadas en mayor o menor medida, pero sobre todo en caso de una derrota rusa. Otro revolcón en perspectiva… El ganador China, que por el momento apoya cada vez más a Rusia. Mientras esta guerra continúa, la mirada occidental se desvía de Asia. Mientras tanto, Estados Unidos ofrece el triste espectáculo de una negociación con Irán que ya fracasó de antemano. Sus armas, que serían las más necesarias frente a China para defender Taiwán, están agotadas y se necesitarán al menos tres años para reconstituir las reservas. El perdedor Si China gana, Estados Unidos no puede sino perder. Temamos que algún día se diga: «Lo que cambió a partir de 2022 fueron los Estados Unidos. Dejaron de contar». Mirando atrás El primer punto de inflexión se situaría en el período post Maidán. Dialogar con Rusia, hacerle ver las posibilidades de que Ucrania —y por qué no ella misma— pudiera convertirse en uno o dos Estados asociados a Europa, manteniéndose la OTAN bien alejada de las negociaciones. Habría llevado tiempo, sin duda, pero tiempo no faltó entre 2014 y 2022. Para ello era necesario debatirlo entre todos los países de la Unión Europea y con los británicos, definir una posición común y adoptar una actitud general creíble. No hay lugar para negociaciones encubiertas con unos Estados Unidos de pasado demasiado turbio y escasa visión de futuro: el abandono de la Fuerza de Interposición en Beirut en 1982 sin lograr solución alguna —seguidos por los italianos, mientras los franceses se quedaban solos—, y la retirada de Afganistán sin previo aviso ni salida negociada. No podemos sino cuestionar la geopolítica estadounidense, plagada de fracasos, errores y hasta de faltas graves. Este país se guía únicamente por sus intereses económicos, hoy más que nunca; a lo largo de toda su historia no han hecho más que equivocarse, salvo en la época de Kissinger, un período verdaderamente excepcional. Es, por supuesto, una ilusión creer que algo así hubiera podido ocurrir. No hay que olvidar que los países de la ex-URSS se adhirieron a la UE primero para entrar en la OTAN, y después para beneficiarse de los subsidios que ofrece Europa (es decir, los contribuyentes europeos). Habría sido necesario que los países de Europa occidental (Francia, el Benelux, Alemania, Italia, España, Portugal) y los británicos hubieran sido capaces de decidirse, de una vez por todas, a no comportarse como vasallos de los EE. UU. (lo cual, evidentemente, afecta menos a Francia). Por tanto, habría hecho falta que Francia fuera fuerte y decidida para ganarse la adhesión de todos esos países. Y ese no fue el caso. Esta ucronía solo habría podido convertirse en realidad con un De Gaulle, quizás un Pompidou, un Mitterrand o un Chirac. No con los demás. Habría exigido una visión estratégica y geopolítica a largo, muy largo plazo por parte de los jefes de Estado de los países mencionados. Por eso no tenía ninguna posibilidad de hacerse realidad. Era buena, incluso excelente, para la paz, para el poderío económico y militar de la Unión Europea, preservando la soberanía de cada uno de sus miembros con una garantía genuina. La segunda ucronía podría haberse producido si los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y los británicos se hubieran impuesto una cooperación y un papel de facilitadores para permitir a Turquía alcanzar la aceptación de una paz que garantizara a los dos países beligerantes sus intereses compartidos. Los europeos no tuvieron ese valor, ni la claridad de visión que exigía la situación, y permitieron que Boris Johnson —probablemente actuando por encargo de los Estados Unidos— hiciera fracasar los primeros atisbos de un acuerdo de paz. Todos esos jefes de Estado y de gobierno comparten la responsabilidad de los millones de muertos, heridos, desaparecidos, familias enlutadas y vidas destrozadas. ¿Quién se lo dirá a los pueblos antes de que voten por un candidato? El futuro de Europa con países soberanos estaba junto a Rusia y, por supuesto, Ucrania, pero desde luego no con Ucrania sin Rusia. Por último, ¿era esta guerra la nuestra? Hay tantas guerras ignoradas. Tantas guerras que no son la nuestra. ¿Esta lo era más que las otras? ¿En nombre de qué? ¿Porque a unos cuantos «pensadores» no les gusta Putin? Hay tantos jefes de Estado que merecen no ser queridos. ¿Habría que entrar en guerra con todos ellos por eso? Esos brillantes «pensadores» deberían recordar nuestra posición sobre Kosovo y lo que ocurrió después. Esa historia no ha terminado. Ni tampoco la del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Da la impresión de que el Líbano ha vivido siempre al compás de las capitales extranjeras: estuvo la etapa egipcia bajo Gamal Abdel Nasser, la etapa palestina bajo la OLP, la etapa siria bajo la dinastía republicana de los Assad y, por supuesto, la etapa iraní, cuando Hezbolá tomó las riendas del país por medio de intermediarios. Lo más característico de la realidad libanesa es que, cada vez que la influencia de un régimen árabe o extranjero comenzaba a diluirse o desaparecer, otra la reemplazaba de inmediato. Como si fuera algo natural: la naturaleza aborrece el vacío y nuestros políticos nunca han querido renunciar a la servidumbre. ¡Una fatalidad y una maldición! De una etapa a otra, el grado de sometimiento podía variar, pues existe una diferencia no solo de intensidad, sino también de naturaleza, entre una ocupación militar o un sometimiento político, por un lado, y una simple coordinación diplomática, por el otro. La balanza puede inclinarse hacia un extremo u otro según el contexto, los imprevistos y las circunstancias. Sin embargo, más allá de los cambios de escenario, hay un hecho incuestionable: nuestro pequeño país ha tenido que adaptarse, y lamentablemente tendrá que seguir adaptándose, a situaciones incómodas y plegarse a los deseos de Estados más grandes y poderosos. "Finlandizado" por el peso de la historia y la geografía, ¿podía el Líbano aspirar realmente a un destino más ambicioso que el de un Estado cliente o un Estado satélite? Dicho esto, imaginemos por un momento que el tiempo se detuviera y nos liberara, aunque solo fuera por un instante, de esa compenetración extranjera tan poco "fraternal". Supongamos que Abdel Halim Khaddam hubiera perdido interés en nuestro destino y nos hubiera concedido un respiro. ¿Qué habría sido de nosotros, pobres desgraciados? ¿Qué habríamos hecho? Nuestras élites políticas se habrían apresurado, por un reflejo casi atávico, a acudir a otra capital árabe u occidental para mendigar una intervención inmediata, ayuda financiera o incluso apoyo militar. Habrían aceptado cualquier forma de subordinación con tal de ajustar cuentas con sus adversarios locales, e incluso municipales. En ese juego, nadie fue inocente: ni quien solicitó el apoyo ni quien lo otorgó; ni el proveedor ni el beneficiario. Abdel Hamid Ghaleb, un recordatorio La soberanía de un país se reconoce por el valor que tiene para expulsar a un embajador. El 21 de julio de 1958, The New York Times informó que Abdel Hamid Ghaleb, embajador de la República Árabe Unida acreditado en Beirut, había sido declarado persona non grata y obligado a abandonar el Líbano. Se le acusaba de fomentar la insurrección y de proporcionar apoyo armado a la oposición contra el gobierno del presidente Camille Chamoun.(1) En efecto, Ghaleb había incitado a la rebelión y a la desobediencia civil en distintas regiones del país. El orden solo se restableció tras el desembarco de los marines estadounidenses y la elección del general Fouad Chehab el 31 de julio. El controvertido embajador no retomó sus funciones sino hasta principios de noviembre de ese mismo año,(2) cuando las nuevas autoridades inauguraron una política de cooperación sincera con un Nasser en el apogeo de su poder. Abdel Hamid Ghaleb normalizó las relaciones entre Beirut y El Cairo y fortaleció la influencia egipcia en la vida política libanesa, lo que reavivó las acusaciones de injerencia directa en los asuntos internos del país. Aunque Beirut permanecía dentro de la órbita occidental, procuraba al mismo tiempo preservar los intereses regionales de Nasser. Tras la derrota de Nasser en 1967 y su desaparición de la escena política en 1970, el Líbano pasó de mal en peor. Los años siguientes fueron años de dolor y sufrimiento, durante los cuales la resistencia armada palestina, la ocupación siria y posteriormente el dominio iraní vulneraron, una tras otra, la soberanía libanesa de manera cotidiana. Así pues, durante mucho tiempo y en términos absolutos, el Líbano no fue ni libre, ni independiente, ni verdaderamente soberano, aunque siempre fuera preferible vivir en Beirut que en Damasco o Bagdad, donde el Partido Baaz gobernaba con todo su esplendor, o en Teherán e Isfahán, donde los mulás podían disfrutar tranquilamente de la sombra de la Wilayat al-Faqih. ¿Un sirio para reemplazar al iraní? Es un hecho aceptado que un país solo es soberano si es capaz de cerrar la puerta en las narices de un embajador extranjero. Desde esa perspectiva, puede decirse que el binomio Aoun-Salam afirmó su autoridad al "defenestrar" al enviado de la República Islámica, es decir, al retirar la acreditación de Mohammad Reza Shibani, jefe de la misión diplomática iraní. Pero ¿alguien se ha preguntado quién ocupará su lugar? Alejarse de la República Islámica es, sin duda, una decisión loable, pero ¿por quién se pretende sustituirla? El recibimiento ofrecido al ministro sirio de Asuntos Exteriores en la ciudad de Trípoli deja abiertas muchas interrogantes. ¿Habrá encontrado la comunidad sunita, después de tantos años de incertidumbre, un nuevo referente a su medida? Algunos así lo sostienen. Sin embargo, Ahmad al-Sharaa tiene otras prioridades, empezando por consolidar su poder en Damasco y en el resto de una Siria profundamente fragmentada. Sería insensato que cediera a la tentación de abrir un nuevo frente en el Líbano. Incluso con el respaldo de Ankara, no dispone de los medios necesarios para desarrollar una política regional verdaderamente ambiciosa. ¡Busquemos otra alternativa! (1) Sam Pope, "Envoy from Cairo ousted by Beirut; Lebanese say he had been plotting with rebels", The New York Times, 21 de julio de 1958. (2) Le Monde, «El embajador de la República Árabe Unida en el Líbano reanuda sus funciones», 6 de noviembre de 1958.

Por Antoine Menassa * La Cámara de Acusación de Beirut dictó hace unos días un sobreseimiento a favor del ex gobernador del Banco del Líbano, Riad Salamé, en el expediente abierto tras la denuncia interpuesta en junio de 2021 por el empresario Talal Abou-Ghazaleh. Este lo acusaba de haber emitido circulares que alteraban el sistema económico liberal, de haber ocultado la verdadera situación de los bancos y de haber participado, en connivencia con estos, en la apropiación de los fondos de los depositantes. Mediante su resolución del 14 de julio de 2026, la Cámara de Acusación consideró que no concurrían los elementos constitutivos del delito imputado. Aplicando los principios del derecho penal con imparcialidad e independencia, encuadró el expediente en su estricto marco jurídico y puso fin a las diligencias iniciadas contra el ex gobernador. Esta decisión es recibida como una muestra del papel que desempeña la Justicia, que no puede dejarse guiar por las percepciones ni por la presión de la opinión pública, sino únicamente por la ley y las pruebas. También da testimonio de la capacidad de la Justicia libanesa para hacer prevalecer el Estado de derecho y los principios fundamentales de la justicia, pese a las crisis que atraviesa el país. Más allá del caso en cuestión, la decisión elimina el riesgo de crear un precedente jurídico que habría podido llevar a equiparar delitos contra la propiedad, como el robo, el abuso de confianza, la malversación de fondos o la estafa, con atentados contra la Constitución, sin fundamento legal y en contradicción con los principios esenciales del derecho penal. En términos jurídicos, un sobreseimiento no constituye ni una rehabilitación emocional ni un posicionamiento político. Se trata de una resolución judicial que pone fin a las actuaciones cuando las pruebas son insuficientes o cuando no quedan acreditados los elementos legales del delito. Representa una de las garantías fundamentales de una justicia moderna. El tratamiento mediático de este asunto suscita, no obstante, ciertos interrogantes. En 2021, cuando las acusaciones se hicieron públicas, recibieron una cobertura mediática masiva. Televisiones, periódicos y medios digitales difundieron ampliamente el caso, multiplicando los titulares y alimentando un debate que con frecuencia derivó en una condena prematura de Riad Salamé. Muchos olvidaron entonces que la presunción de inocencia es un principio fundamental, que solo puede quedar desvirtuado mediante una resolución judicial firme. Hoy, cuando la justicia ha concluido con un sobreseimiento por ausencia de los elementos constitutivos del delito, el eco mediático parece considerablemente más limitado. Como si las decisiones que restablecen los hechos despertaran menos interés que las propias acusaciones. Este contraste interpela sobre el papel de los medios de comunicación. Algunos difundieron ampliamente las acusaciones, pero otorgaron una visibilidad mucho menor a la resolución judicial que las desestimó. Como si una información solo adquiriera valor a través del escándalo, mientras que las decisiones judiciales que restablecen derechos quedaban relegadas a un segundo plano. La justicia, sin embargo, no se mide por la intensidad de las acusaciones, sino por la solidez de las pruebas y el respeto a las normas jurídicas. La decisión de la Cámara de Acusación de Beirut recuerda que la primacía del derecho debe imponerse siempre sobre los rumores, y que la dignidad de una persona no puede ser sacrificada por condenas mediáticas dictadas antes que las de los tribunales. Por último, queda una pregunta en el aire: ¿en qué medida puede una persona recuperar su reputación tras ser declarada inocente, cuando la condena mediática ya ha marcado de forma duradera a la opinión pública? La justicia solo cobra pleno sentido si las resoluciones de sobreseimiento o absolución gozan de una visibilidad comparable a la otorgada a las acusaciones. Porque la verdad merece tanto eco como las sospechas, y la equidad tanta atención como el escándalo. * Presidente fundador de la Asociación de Hombres de Negocios Libaneses de Francia (HALFA)

Cuando se ha retrocedido ante el fuego enemigo, cuando el adversario ha asaltado nuestras ciudades, arrasado tantas poblaciones y expulsado a nuestros compatriotas de sus hogares, cuando ha demostrado ser capaz de avanzar una y otra vez hasta rodear nuestra capital y, sobre todo, cuando los propios belicistas —agotados por la guerra— han suplicado un alto el fuego, es obvio que en la mesa de negociaciones no se puede hacer remilgos y que hay que ceder en ciertos principios como la soberanía nacional y la integridad territorial. La Francia derrotada tuvo que ceder en 1871 Alsacia-Lorena al imperio del Káiser; del mismo modo, Alemania se vio obligada, al firmar el Tratado de Versalles en 1919, a aceptar, entre otras medidas humillantes, la desmilitarización de Renania y la reducción de su ejército a cien mil hombres. ¿Acaso el Hezb logró una victoria contundente sobre Israel? Que yo sepa... De nada sirve pavonearse para ganar tiempo ni sacrificarse en una batalla de retaguardia para mejorar la posición de Irán en sus negociaciones con Washington. Con que más de cuatro mil libaneses hayan dado su vida para brindarle a Teherán un margen de maniobra diplomática, ya es suficiente. En efecto, hay que reconocer que hemos sufrido una grave derrota sobre el terreno, y los libaneses, sea cual sea el bando al que pertenezcan, deben admitirlo y extraer las conclusiones pertinentes. Si nuestras tropas hubieran tomado Metula, Nahariyya o Haifa, si hubieran avanzado hasta amenazar Dimona, estaría dispuesto a creer que podríamos haber impuesto nuestras condiciones a Israel. Lo cual habría sido de lo más lógico: al fin y al cabo, si el enemigo hubiera querido recuperar su integridad territorial, habría tenido que ceder en ciertos atributos de su soberanía. Pero no es así, sino todo lo contrario. Por eso, reprocharle a la delegación libanesa que quiera liberar el territorio libanés a cambio del desarme del Hezbolá pro-iraní* es puro oportunismo. Un oportunismo rentable… pero muy pernicioso. La pasión puede extraviar incluso a las mentes más perspicaces. De ahí las reacciones de ciertos «investigadores asociados» y observadores políticos —esos histriones de la integridad territorial— ante el anuncio del acuerdo marco del pasado 26 de junio en Washington. Estos soberanistas de última hora acusan al Estado libanés de capitulación: se indignan como Caifás en Semana Santa, se rasgan las vestiduras y gritan traición. Pero esta andanada de críticas esconde un juego sucio que no honra a ningún patriota. Si el tándem chií y quienes orbitan a su alrededor quieren torpedear el acuerdo trilateral, es para poner el expediente libanés en manos de Teherán e incorporarlo a una negociación más amplia, la que conducirían los beligerantes del golfo Pérsico en Islamabad o en algún lugar de Suiza. Y, para colmo de cinismo, los detractores del acuerdo del 26 de junio afirman no tener otra preocupación que la soberanía nacional y sus principios intangibles. Tomemos ejemplo de Abu Ammar. Para Hafez el-Assad, ya desde los años setenta, el objetivo a abatir no era el cristiano libanés, rebelde a su ley, sino el palestino. La OLP era el primer enemigo a eliminar, muy por delante del Frente Libanés o las Fuerzas Libanesas. En la gran reconfiguración del espacio levantino, y ante la eventualidad de que se celebrara una conferencia internacional para resolver el conflicto árabe-israelí, el tirano de Damasco se negaba a que la «carta» palestina se le escapara de las manos. A sus ojos, los palestinos no eran más que sirios del sur, y era él quien debía decidir su destino. Yasser Arafat quería seguir siendo el único amo a bordo y se dedicó a jugar al gato y al ratón con el autócrata asentado a orillas del Barada. Zarandeado de un país a otro, de Jordania al Líbano y luego a Túnez, Abu Ammar se negó a abdicar sus prerrogativas. ¡Al final firmó en nombre de los suyos en Oslo! No iba a dejar que un oficial golpista de Qardaha, de legitimidad dudosa, representara a su pueblo de desplazados. ¿Vamos a ceder la «carta libanesa»? Nosotros, los libaneses, nos encontramos en la misma situación. ¿Vamos a entregar la carta libanesa a Irán para reforzar su poder en la mesa de negociaciones con Donald Trump? ¿Qué es más soberano: enfrentarse al adversario israelí en Washington o en Roma, o bien confiar generosamente dicha carta al imperio de los mulás, quienes, según algunos, sabrían defender mejor nuestros intereses nacionales? Recordemos que con la caída del régimen de los Assad, padre e hijo, el destino nos sonrió y el Líbano pudo recuperar subrepticiamente su carta, que había sido confiscada por Damasco. Y ahora resulta que una milicia a las órdenes de Irán quiere, con la mayor desfachatez, asignarnos a Teherán e incluirnos como un punto más en el orden del día de unas negociaciones que se llevarían a cabo exclusivamente entre iraníes y estadounidenses. La carta libanesa no está para ser cedida ni endosada por orden de ningún patrocinador del golfo aqueménida. Y, para decirlo todo, ¡la carta libanesa nunca ha traído buena suerte a los filibusteros! *Recordemos que el acuerdo marco firmado el pasado 26 de junio por el Líbano, Israel y los Estados Unidos tiene como objetivo último liberar el territorio nacional de toda ocupación, ya sea israelí o iraní. ¿Se le reprochará acaso proceder por etapas? Veamos qué resultados arrojan las conversaciones en Roma, donde se reúnen las delegaciones.

Oriente Medio atraviesa transformaciones sin precedentes que están redefiniendo el equilibrio regional de poder y seguridad. Tras años de guerras abiertas y conflictos por intermediación, la región avanza gradualmente hacia un nuevo enfoque basado en el fortalecimiento del Estado nacional, la reducción de la influencia de las organizaciones armadas no estatales y la reconstrucción de las instituciones militares y de seguridad como la única garantía de estabilidad. En este contexto, el Líbano tiene una oportunidad excepcional para replantear su arquitectura de defensa de manera acorde con los cambios regionales y, al mismo tiempo, preservar sus intereses nacionales. A lo largo de las últimas décadas, Hezbolá ha acumulado capacidades militares y tecnológicas avanzadas en materia de mando y control, inteligencia, drones, guerra electrónica, comunicaciones y logística. Ese conjunto de conocimientos constituye un valioso capital humano que no debería desperdiciarse. Por el contrario, dentro del marco de la autoridad legítima del Estado, debería integrarse al Ejército libanés y a las instituciones de seguridad del país, fortaleciendo así la soberanía estatal en lugar de perpetuar la dualidad de la autoridad en materia de seguridad. La experiencia internacional, desde Sudáfrica hasta Colombia, demuestra que poner fin a los conflictos no pasa por excluir a los combatientes ni por desaprovechar la experiencia que han adquirido, sino por reincorporarlos a las instituciones del Estado conforme a criterios profesionales y jurídicos claramente establecidos. El éxito de cualquier proceso de transición depende, en última instancia, de la capacidad del Estado para integrar esas competencias, al tiempo que afirma su monopolio absoluto sobre el uso de la fuerza y sobre la decisión de ir a la guerra o hacer la paz. Las transformaciones que hoy atraviesa la región, junto con las nuevas prioridades económicas y de seguridad que imponen, hacen indispensable que el Líbano inicie un diálogo nacional sobre una estrategia integral de defensa. Ese proceso debería ir acompañado de un plan para modernizar al Ejército libanés, crear un Centro Nacional de Innovación para la Defensa y la Ciberseguridad, y aprovechar la experiencia libanesa en tecnologías e industrias de defensa de vanguardia. La nueva ecuación ya no se basa en la existencia de múltiples centros de poder, sino en un Estado fortalecido por sus instituciones, capaz de proteger sus fronteras, ganarse la confianza de la comunidad internacional y atraer inversiones. El momento actual no es para ajustar cuentas, sino para construir un nuevo pacto nacional que ponga todas las capacidades y todos los conocimientos al servicio de la República. Los Estados no se recuperan porque un bando se imponga sobre otro, sino cuando el propio Estado se convierte en el único vencedor y cuando las armas, la decisión soberana y la soberanía misma quedan plenamente bajo la autoridad de las instituciones constitucionales. Solo así el Líbano podrá abrir el camino hacia la estabilidad y la prosperidad en un Oriente Medio que cambia con rapidez.

Hay una lógica que reaparece cada vez que se plantea la cuestión de las armas de Hezbolá. Intenta presentar al partido no como una autoridad armada que ha confiscado la decisión de una comunidad y de un país, sino como la prolongación natural de la comunidad chiita libanesa, como si cuestionar a Hezbolá equivaliera a cuestionar a los chiitas mismos, y como si desarmarlo significara desarraigar a toda una comunidad de su historia, de su memoria y de sus medios de protección. Esa lógica no solo es errónea. Es insultante. Reduce a los chiitas a su miedo. Convierte su larga historia en el simple preludio de un fusil. Trata a toda una comunidad como si solo pudiera existir dentro de la red de un partido armado, como si Jabal Amel, Nayaf, la jurisprudencia islámica, el reformismo, los ulemas, los intelectuales, los campesinos, los estudiantes, los comerciantes y toda la experiencia nacional de los chiitas libaneses no hubieran sido más que una preparación para la Wilayat al-Faqih. La verdad es sencilla: los chiitas no comenzaron con Hezbolá, ni terminarán con él. Antes del partido ya existía toda una historia de conocimiento, de vida política, de organización social, de moderación, de representación y de reivindicación de la justicia. Estaban el sayyed Mohsen al Amin, el imán Musa al Sadr, el sayyed Mohammad Mahdi Shamseddine y el sayyed Hani Fahs. Existía un discurso chiita libanés que comprendía el significado del Estado, el sentido de la convivencia nacional y el valor de la dignidad, una dignidad que no puede reducirse a unas armas al margen de las instituciones, que no se mide por el número de cohetes y que no se vende en el mercado de los ejes regionales. Hezbolá se benefició del miedo, de la ocupación israelí, de la ausencia del Estado, de una marginación histórica y de las heridas muy reales infligidas al sur del Líbano, a la Becá y a los suburbios del sur de Beirut. Pero beneficiarse de una herida no le da a nadie el derecho de adueñarse del cuerpo que la lleva. Lo que en determinado momento pudo haber comenzado como una respuesta al miedo terminó convirtiéndose, poco a poco, en un sistema permanente de fabricación del miedo. El partido le dice a la gente: yo los protejo del peligro. Después convierte su propia existencia en una razón permanente para convocar ese peligro. Dice que protege al sur del Líbano y termina transformándolo en un campo de batalla abierto. Dice que protege a los chiitas y acaba haciéndolos pagar el precio de sus guerras, de sus sanciones, de sus alianzas y de decisiones sobre las que ellos no tienen voz alguna. En cuanto al discurso sobre los hospitales, las escuelas, los préstamos, los salarios y los servicios, no demuestra la legitimidad de las armas. Lo que revela es la magnitud de la catástrofe. Cuando un ciudadano necesita de un partido para nacer, estudiar, recibir atención médica, obtener un préstamo, trabajar y enterrar a su mártir, ya no estamos ante un simple entorno de apoyo, sino ante una estructura de cautiverio social. Los servicios no otorgan el derecho de declarar la guerra. La asistencia no justifica la confiscación de las decisiones. Un salario mensual no convierte a una familia en falso testigo de la legitimidad de las armas. Las mafias también ofrecen protección. Los regímenes totalitarios también reparten pan. Las bandas criminales también saben hacer que la gente dependa de ellas. Pero la cuestión no es qué otorga ese poder. La cuestión es qué se necesita para obtenerlo. Y Hezbolá ha quitado mucho más de lo que ha dado. Se apropió de la decisión sobre la guerra y la paz. Se apropió del derecho a disentir en la comunidad chiita. Se apropió de la imagen de los chiitas en el Líbano y en el mundo árabe. Se apropió de la religión para convertirla en una máquina de movilización. Se apropió del martirio para transformarlo en capital político. Se apropió del miedo para convertirlo en un contrato de sometimiento de largo plazo. Lo más peligroso que ha hecho Hezbolá ha sido atar el destino de los chiitas a su propio destino. Ha logrado que cualquier presión sobre el partido parezca una presión sobre ellos, que cualquier crítica al partido se perciba como una ofensa contra ellos y que cualquier intento de desarmarlo aparezca como una amenaza contra su propia existencia. Eso no es una muestra de genialidad social. Es un chantaje político cuidadosamente calculado. Cuando un partido coloca en una misma cadena un hospital, una escuela, un préstamo, un salario, un mártir y un cohete, no está construyendo una sociedad normal. Está construyendo una gran jaula, una jaula con muchas puertas de servicio, pero de la que no existe una salida política libre. Los chiitas tienen todo el derecho de preguntarse: ¿quién nos protegerá? Es una pregunta legítima. No debe ser desestimada, porque el Estado libanés les ha fallado, como también les ha fallado a otros, y porque el sur del Líbano ha pagado un precio muy alto en ocupaciones, guerras y destrucción. Pero una pregunta legítima no debe convertirse en una respuesta eterna a favor de una milicia. “¿Quién nos protegerá?” no significa que las armas deban permanecer para siempre fuera del Estado. No significa que la decisión de una comunidad y de un país deba seguir en manos de una organización vinculada a un proyecto regional. Tampoco significa que la gente deba verse obligada a elegir entre el partido y el exterminio, entre el Estado y la masacre, entre el Líbano e Irán. La protección no se consigue haciendo permanente el miedo. Se consigue mediante un Estado capaz, un solo ejército, una sola autoridad para decidir, unas fronteras que no estén bajo el control de una organización y una política exterior que no se dirija desde los suburbios del sur de Beirut ni desde Teherán. Proteger a los chiitas significa devolverlos al Estado, no convencerlos de que el Estado es imposible y de que el partido constituye su único destino. Quienes sostienen que el fracaso del Estado justifica la permanencia de la milicia se parecen a quienes afirman que el fracaso de un médico justifica entregar al paciente, para siempre, a un charlatán. La memoria utilizada para justificar las armas también es una memoria incompleta. Sí, están 1978, 1982, la ocupación israelí y el abandono oficial. Pero también existe otra memoria: la de las guerras libradas dentro del propio país, la represión de las voces chiitas independientes, las acusaciones de traición lanzadas contra los disidentes, el arrastre del Líbano a la guerra de 2006, el envío de jóvenes a Siria, Irak y Yemen, la transformación del sur del Líbano en una plataforma de un conflicto que sus habitantes no deciden y la obligación impuesta a la gente de llamar victoria a la derrota y firmeza a la devastación. Nadie tiene derecho a hablar en nombre de la memoria chiita mientras borra de esa memoria todo lo que el partido les ha hecho a los propios chiitas. Nadie tiene derecho a invocar las imágenes de la ocupación israelí para impedir que se planteen preguntas sobre la ocupación de la decisión política por parte del partido. Y nadie tiene derecho a convertir un miedo antiguo en una escritura de propiedad sobre el futuro. Los chiitas son más grandes que Hezbolá. El sur del Líbano y sus pueblos no son un depósito para los misiles de Irán. Los suburbios del sur de Beirut no son un cuartel. La Becá no es un corredor militar. El martirio no es un cheque en blanco en manos de un partido. La religión no es una credencial partidista. La marginación no es una licencia perpetua para confiscar el Estado. La memoria no es una prisión. El miedo no es una identidad. Lo que hace falta no es dejar a los chiitas sin protección, sino liberarlos de una falsa ecuación que les dice que su seguridad solo puede provenir de la fuerza que les ha confiscado su capacidad de decidir. Lo que hace falta no es ignorar sus heridas, sino impedir que esas heridas sean objeto de comercio. Lo que hace falta no es negar que el Estado ha fracasado, sino rechazar que ese fracaso se transforme en un mandato permanente para un partido armado. Un Estado se construye cuando se recupera de las manos de las milicias, no cuando se les entrega lo poco que aún queda de él. La peor forma de decir que se defiende a los chiitas es presentarlos como una comunidad atrapada en un único destino, sin otro futuro que las armas, sin otra seguridad que el partido y sin otra dignidad que un proyecto cuyas decisiones no controla. Esa defensa puede parecer, en la superficie, una muestra de simpatía. En realidad, es una forma de borrarlos. No ve al chiita como un ciudadano libre, sino como un ser dependiente, prisionero del miedo, que necesita de un tutor armado para explicarle qué significa sobrevivir. La verdad es mucho más sencilla que toda esa retórica: Hezbolá ya no protege a los chiitas del peligro. Se ha convertido en el peligro del que les pide que teman todo, excepto a él mismo. Y cuando la protección se convierte en cautiverio, cuando la condición de víctima se convierte en un negocio y cuando las armas se convierten en destino, el deber de la palabra ya no consiste en preguntarse cómo preservar ese sistema, sino cómo liberar a las personas de él. Una comunidad que ha dado al mundo sabios, reformadores, figuras de la resistencia, pensadores y ciudadanos no puede reducirse a una organización, especialmente a una que fracasó moralmente antes incluso de fracasar políticamente. A quienes pagaron el precio de la ocupación, de las guerras y del abandono no se les puede exigir que paguen un nuevo precio para que el partido siga situándose por encima del Estado. Quien realmente quiera hacer justicia a los chiitas debería comenzar por reconocer que no pertenecen a nadie: ni a un partido, ni a un eje, ni a un Líder Supremo. Los chiitas son ciudadanos libaneses. Su protección reside en un Estado que los proteja, no en una milicia que instrumentaliza su miedo. Y su futuro está en el Líbano, no en la espera de otra guerra decidida por otros y pagada por ellos.

“La tierra a cambio de la paz”. Así puede resumirse, en una fórmula antigua pero plenamente vigente, el acuerdo israelo-libanés de Washington (23-26 de junio), siempre que se coloque el interés de la población de las aldeas destruidas por encima de cualquier otra consideración. Lo demás son detalles. Sí, la tierra a cambio de la paz, pero no de cualquier paz. Una paz basada en la concentración de las armas en manos del Estado libanés, tal como hoy existe: una democracia parlamentaria, tierra de libertad y pluralismo. También podría expresarse de otro modo: la tierra a cambio de las armas de Hezbolá. Porque, a pesar de lo que muchos creen, el acuerdo de Washington es un acuerdo de paz, no de guerra. Podría aplicarse sin disparar una sola bala. Hezbolá ha hablado de una “guerra civil”. Pero ¿quién quiere una guerra civil? El acuerdo de Washington permitiría reemplazar a las fuerzas de Hezbolá, profundamente debilitadas, por fuerzas estatales legales e integradas por miembros de todas las comunidades, cuya única función sería defensiva y no ofensiva. En efecto, el Líbano no tiene ninguna ambición territorial sobre Israel. Todo lo que quiere y exige es el respeto de sus fronteras, algo que figura claramente en el acuerdo de Washington. Nada más. Porque Irán pudo obtener un alto el fuego, aunque relativo, en Líbano, lanzando una serie de cohetes balísticos sobre Israel. Pero, dadas las fuerzas en juego, es irreal pensar que Irán también podrá obtener, mediante amenazas, una retirada total de Israel del territorio libanés. Lo único que esa dinámica podría producir sería un aumento de las muertes y la destrucción, acompañado del riesgo de una anexión. En otras palabras, una guerra de mil años. ¿Un acuerdo de capitulación? Sí, en el sentido más limitado del término. Porque el acuerdo de paz que impone responde, en esencia, tanto a una demanda libanesa como a una israelí, ya que el episodio bélico al que pone fin ocurrió en contra de la voluntad del Estado libanés, como consecuencia de una decisión iraní a la que Beirut se oponía profundamente. Además, ¿qué restricciones innecesarias impondría realmente al Líbano? ¿La de no tener capacidad nuclear? ¿O la de no contar con una fuerza aérea militar? Porque quienes diseñaron el acuerdo de Washington no solo no querían la guerra, sino que eran profundamente contrarios a la ideología belicista que inspira a Hezbolá. Esa ideología llevó a esa organización a la ilusión de librar una heroica yihad al servicio de Dios. Pero ya se vio cómo esa lucha desembocó en una masacre y en destrucciones que quizá sean irreversibles. Por lo demás, ¿cómo pudo Hezbolá pensar, siquiera por un instante, que su ideología político-religiosa podría obtener el respaldo de los cristianos, por no hablar de las demás comunidades que conforman el Líbano? El Líbano forma parte de la comunidad árabe, no de la comunidad islámica. Si bien la ideología iraní le es ajena, la paz con Israel no lo es para el mundo árabe. Una parte de este ya ha firmado la paz, mientras que otra, encabezada por Arabia Saudita, la condiciona a la creación de un Estado palestino. La comunidad cristiana se siente aún más distante de ese horizonte de pensamiento, ya que ella misma pagó el precio de ese tipo de aventurerismo durante las Cruzadas. Ciertamente, puede afirmarse sin vacilaciones que el derecho a la legítima defensa seguirá siendo sagrado, pero la Iglesia católica ha replanteado la noción de “guerra justa”, que en otros tiempos pudo respaldar, debido a que hoy resulta imposible reunir las condiciones para justificarla en la era de los algoritmos, las máquinas autónomas y la disuasión nuclear. Hoy ya no existen armas “convencionales”. Todos conocemos la célebre frase atribuida a Einstein sobre la guerra atómica. Defensor del desarme nuclear, habría dicho que, si estallara una tercera guerra mundial, “la cuarta se libraría con palos y piedras”. Por el contrario, las comunidades cristianas de Oriente, que han pagado un precio muy alto por el episodio del despojo de Palestina, aspiran hoy a ejercer plenamente su derecho a acceder a sus lugares santos: Jerusalén, Nazaret y Belén, esos lugares donde vivió su Salvador y donde resucitó, vencedor de la muerte y de la violencia. En ese sentido, pueden seguir aferrándose a las palabras que les dejó su Salvador: “Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra”. La tierra no pertenece a los violentos, dice el Señor. Pertenece a hombres que, como Joseph Aoun, aprendieron de la guerra a “odiar la guerra”. Lo escuchamos expresarse en esos términos durante su entrevista con Christiane Amanpour en CNN. El jefe de Estado haría bien en reservar un espacio en televisión para explicar a la población libanesa el acuerdo de Washington.

En cada momento decisivo que atraviesa el Líbano, resurge el mismo discurso: la amenaza de derribar al Gobierno, las advertencias sobre un nuevo colapso y la escalada de la confrontación política. Sin embargo, la pregunta ya no es si Nabih Berri puede hacer caer al Gobierno. La verdadera pregunta es otra: ¿qué ocurrirá después? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué visión propone para el Líbano? ¿Y cómo saldrá el país de su crisis si vuelve a caer en el círculo vicioso del vacío político e institucional? Si la oposición al Acuerdo Marco responde realmente al propósito de defender la soberanía del Líbano, quienes lo rechazan deberían presentar una alternativa clara, realista y viable. Limitarse a exigir la caída del Gobierno sin ofrecer la más mínima hoja de ruta solo condena a los libaneses a una incertidumbre aún mayor. Pero la cuestión de fondo es otra: ¿el problema se reduce realmente al Gobierno? Si, según esta lógica, el Gobierno ha perdido su legitimidad política, ¿qué ocurre entonces con el Parlamento del que emana esa legitimidad? Si la solución consiste en derribar al poder ejecutivo, ¿por qué quienes sostienen esta postura no llevan su razonamiento hasta sus últimas consecuencias y exigen también la disolución del Parlamento y el regreso a las urnas mediante elecciones legislativas anticipadas? La pregunta se vuelve entonces todavía más incómoda. ¿Puede Nabih Berri garantizar que volvería a ser elegido presidente del Parlamento si se celebraran nuevas elecciones? ¿Puede el dúo chiita asegurar que el actual equilibrio de fuerzas dentro del Parlamento permanecería intacto? Si la respuesta dista de ser segura, los libaneses tienen derecho a preguntarse si el verdadero objetivo es salvar al Líbano o simplemente preservar un equilibrio político que lleva años vigente. La democracia no puede practicarse de manera selectiva. Quien exige un cambio de Gobierno también debe estar dispuesto a aceptar una recomposición integral del poder y someterla al veredicto de las urnas, en lugar de decidir qué instituciones deben cambiar y cuáles deben permanecer al margen de toda responsabilidad política. La experiencia ha demostrado que la política del bloqueo nunca ha construido un Estado. Por el contrario, ha contribuido a debilitarlo. Cada vez que el Líbano vislumbra una oportunidad para reconstruir sus instituciones, reaparece el lenguaje de las amenazas y de la escalada, como si el objetivo fuera mantener al país a merced de los equilibrios de poder en lugar de situarlo bajo la autoridad de la Constitución. Lo más preocupante de este discurso es que coloca a los libaneses frente a una sola alternativa: someterse a las condiciones políticas impuestas por el dúo chiita o ver caer al Gobierno y al país hundirse en una nueva crisis. Esto ya no puede interpretarse como una oposición política normal. Se ha convertido en un medio permanente de presión sobre el Estado y sus instituciones, cuyo costo terminan pagando únicamente los libaneses. En los sistemas democráticos, los gobiernos son cuestionados dentro de las instituciones y caen únicamente cuando existe una mayoría constitucional respaldada por un programa alternativo claro. No caen porque el bloqueo se haya convertido en una forma de gobernar, ni porque el vacío institucional se utilice como un instrumento de negociación. Si el presidente del Parlamento, Nabih Berri, rechaza el Acuerdo Marco, está en su derecho político de hacerlo. Si busca hacer caer al Gobierno, también ejerce un derecho que la Constitución le reconoce, siempre que se cumplan las condiciones previstas para ello. Pero los libaneses también tienen derecho a hacerle una pregunta muy sencilla: ¿qué viene después? ¿Quién formará el próximo Gobierno? ¿Con qué mayoría parlamentaria gobernará? ¿Cuál será su programa? ¿Cómo rescatará la economía? ¿Cómo llevará adelante la reconstrucción del sur del país? ¿Y cómo recuperará la confianza del mundo árabe y de la comunidad internacional? Si el verdadero objetivo no es más que conseguir un nuevo instrumento de presión para imponer determinadas condiciones políticas, los libaneses ya no pueden seguir soportando esa lógica. Han pagado un precio exorbitante por la parálisis de las instituciones, el colapso de la economía y el aislamiento del Líbano de su entorno árabe e internacional. Ya no es aceptable que su futuro siga siendo rehén de los cálculos de las fuerzas políticas. Ha llegado la hora de abandonar la lógica del “o se hace lo que queremos o no hay Estado”. El Estado no pertenece a nadie. El Gobierno no es un botín. El Parlamento no es patrimonio exclusivo de ninguna fuerza política. Y la legitimidad solo se renueva mediante la voluntad del pueblo. Si quienes invocan la democracia realmente creen en ella, deben aceptarla en toda su plenitud y no solo cuando les conviene. Deben aceptar que sea el pueblo quien decida quién gobierna, quién preside el Parlamento, quién permanece en el poder y quién debe abandonarlo. En cambio, la amenaza de hacer caer al Gobierno cada vez que cambian las circunstancias, mientras se rechaza siquiera abrir un debate sobre una recomposición integral del poder, ya no convence a los libaneses. Están cansados del chantaje político, de la parálisis del Estado y de que su futuro siga convirtiéndose en una moneda de cambio dentro de un conflicto que parece no tener fin. Hoy el Líbano necesita hombres de Estado que construyan instituciones, no políticos que amenacen con derribarlas cada vez que sus decisiones entren en conflicto con sus propios intereses.

Cada vez que el Líbano se acerca a un intento serio de reorganizar su relación con su entorno y consigo mismo, resurge un discurso prefabricado que reduce cualquier proceso de negociación a una «rendición». Esta calificación ya no es una simple divergencia política: se ha convertido en un instrumento de bloqueo sistemático de todo proceso que pueda rehabilitar la noción misma de Estado. Más grave aún, sirve para privar al Estado de su propia legitimidad cada vez que ejerce su papel natural: negociar y tomar decisiones. El acuerdo marco propuesto no es una rendición. Todo lo contrario: constituye un avanzado intento de reintegrar al Líbano en el círculo de los Estados que toman sus decisiones soberanas exclusivamente a través de sus instituciones, y no mediante centros de poder paralelos o ajenos al Estado. Primero: negociar no es ceder, es ejercer la soberanía Los Estados no se miden por sus eslóganes, sino por su capacidad de gestionar los conflictos mediante las herramientas de la política, en lugar de dejarse arrastrar hacia la explosión. La negociación, en su esencia, no es una señal de debilidad, sino una de las formas más elevadas del ejercicio del poder político cuando se pone al servicio de la estabilidad y de la prevención de la guerra. El acuerdo marco parte de un principio fundamental: poner fin al estado de conflicto mediante un proceso de negociación directa bajo auspicio internacional. No se trata de un «dictado externo», como algunos pretenden hacer creer, sino del reconocimiento de que las crisis complejas no pueden resolverse únicamente desde dentro, especialmente cuando los equilibrios están profundamente desequilibrados. Quienes afirman que el simple hecho de sentarse a una mesa de negociación constituye una rendición rechazan, en realidad, el principio mismo de la política, y reducen el Estado a un eslogan en lugar de a una acción concreta. Segundo: el Estado recupera su papel… no renuncia a él Uno de los ejes principales del acuerdo consiste en reforzar la capacidad del Estado libanés para ejercer plenamente su autoridad en materia de seguridad. No se trata tanto de una exigencia externa como de la esencia misma de cualquier Estado normal. El monopolio de las armas por parte del Estado no es una cláusula negociable: es una norma constitucional. Lo que se requiere en este marco es: unificar la toma de decisiones en materia de seguridad dentro de las instituciones legítimas; poner fin a la dualidad del poder armado; consagrar el principio de que solo el Estado tiene la última palabra en materia de guerra y paz. ¿Cómo pueden quienes reclaman un Estado fuerte considerar el fortalecimiento del Estado como una «rendición»? Se trata de una contradicción política que no resiste ninguna lógica institucional. Tercero: el discurso de la «rendición» esconde el rechazo al Estado, no al acuerdo El discurso que califica el acuerdo de rendición no debate sus cláusulas. Rechaza el principio mismo de la existencia de un Estado capaz de tomar sus propias decisiones soberanas. El problema no radica en el acuerdo, sino en el rechazo a la idea de que: el Estado es la única referencia en materia de armas; el Estado es quien negocia en nombre de todos; el Estado es quien define el marco de seguridad y político. Así, calificar el acuerdo de rendición no es más que un revestimiento retórico destinado a impedir que el Líbano pase de la lógica de las fuerzas paralelas a la del Estado único. Cuarto: la lógica de la «resistencia absoluta» no construye un Estado El Líbano ha pagado el precio de décadas marcadas por una lógica según la cual todo acuerdo es una concesión, toda negociación una derrota y toda apertura una traición. El resultado es evidente: un Estado debilitado, una economía agotada y una sociedad dividida. Los Estados no se construyen sobre el rechazo permanente, sino sobre la capacidad de: gestionar los equilibrios; reducir los riesgos; obtener los logros posibles en lugar de perderlo todo. El acuerdo marco, con toda su complejidad, responde a esta misma lógica: transformar un conflicto abierto en un proceso que pueda gestionarse y encauzarse. Quinto punto: ¿dónde está la rendición? ¿En perpetuar el caos o en ponerle límites? La verdadera pregunta no es si el acuerdo constituye o no una concesión, sino esta: ¿debe el Líbano permanecer en un estado de conflicto permanente e incontrolado, o avanzar hacia un proceso progresivo de organización política y de seguridad? La verdadera rendición no reside en la negociación, sino en: el bloqueo del Estado; la consolidación de una doble cadena de mando; mantener al país rehén de los riesgos de una guerra abierta. El acuerdo, por su parte, representa un intento de romper ese círculo vicioso, no de perpetuarlo. Sexto punto: el argumento del «desequilibrio» no elimina la necesidad del Estado Se afirma que el acuerdo no es equilibrado. Pero incluso ante desequilibrios, la alternativa no es el rechazo, sino la negociación para mejorar las condiciones. El Estado no se construye replegándose, sino comprometiéndose. La soberanía no se recupera abandonando la mesa, sino imponiendo la propia presencia en ella. Lo que importa, en última instancia, no es solo la forma del acuerdo, sino si este fortalece o debilita la capacidad del Estado. Y todas las cláusulas que aluden al monopolio de las armas por parte del Estado, a la unificación de la toma de decisiones en materia de seguridad y a la reconstrucción de las instituciones apuntan en una sola dirección: fortalecer el Estado, no desmantelarlo. En definitiva, el Estado no es una rendición… es todo lo contrario Lo más peligroso del discurso que ataca el acuerdo tildándolo de «rendición» es que invierte los conceptos: convierte al Estado en un adversario y al caos en una postura soberanista. Sin embargo, la verdad es clara y sencilla: la rendición se produce cuando el Estado es incapaz de serlo. Cuando comienza a recuperar sus decisiones, sus instituciones y su autoridad, eso no es una rendición… es el inicio de la salida de la rendición. El Líbano se encuentra hoy ante dos opciones, sin una tercera vía: o un Estado que negocia, decide y construye su futuro, o un estado permanente de negación que solo produce colapso. El acuerdo marco, independientemente de las divergencias en torno a sus detalles, representa un paso hacia el Estado. Y quienes se oponen a él calificándolo de «rendición» no se oponen solo a un acuerdo… se oponen a la idea misma del Estado.