Nabih Berri... ¡Basta de chantaje!
En cada momento decisivo que atraviesa el Líbano, resurge el mismo discurso: la amenaza de derribar al Gobierno, las advertencias sobre un nuevo colapso y la escalada de la confrontación política. Sin embargo, la pregunta ya no es si Nabih Berri puede hacer caer al Gobierno. La verdadera pregunta es otra: ¿qué ocurrirá después?
¿Cuál es la alternativa? ¿Qué visión propone para el Líbano? ¿Y cómo saldrá el país de su crisis si vuelve a caer en el círculo vicioso del vacío político e institucional?
Si la oposición al Acuerdo Marco responde realmente al propósito de defender la soberanía del Líbano, quienes lo rechazan deberían presentar una alternativa clara, realista y viable. Limitarse a exigir la caída del Gobierno sin ofrecer la más mínima hoja de ruta solo condena a los libaneses a una incertidumbre aún mayor.
Pero la cuestión de fondo es otra: ¿el problema se reduce realmente al Gobierno?
Si, según esta lógica, el Gobierno ha perdido su legitimidad política, ¿qué ocurre entonces con el Parlamento del que emana esa legitimidad? Si la solución consiste en derribar al poder ejecutivo, ¿por qué quienes sostienen esta postura no llevan su razonamiento hasta sus últimas consecuencias y exigen también la disolución del Parlamento y el regreso a las urnas mediante elecciones legislativas anticipadas?
La pregunta se vuelve entonces todavía más incómoda. ¿Puede Nabih Berri garantizar que volvería a ser elegido presidente del Parlamento si se celebraran nuevas elecciones? ¿Puede el dúo chiita asegurar que el actual equilibrio de fuerzas dentro del Parlamento permanecería intacto? Si la respuesta dista de ser segura, los libaneses tienen derecho a preguntarse si el verdadero objetivo es salvar al Líbano o simplemente preservar un equilibrio político que lleva años vigente.
La democracia no puede practicarse de manera selectiva. Quien exige un cambio de Gobierno también debe estar dispuesto a aceptar una recomposición integral del poder y someterla al veredicto de las urnas, en lugar de decidir qué instituciones deben cambiar y cuáles deben permanecer al margen de toda responsabilidad política.
La experiencia ha demostrado que la política del bloqueo nunca ha construido un Estado. Por el contrario, ha contribuido a debilitarlo. Cada vez que el Líbano vislumbra una oportunidad para reconstruir sus instituciones, reaparece el lenguaje de las amenazas y de la escalada, como si el objetivo fuera mantener al país a merced de los equilibrios de poder en lugar de situarlo bajo la autoridad de la Constitución.
Lo más preocupante de este discurso es que coloca a los libaneses frente a una sola alternativa: someterse a las condiciones políticas impuestas por el dúo chiita o ver caer al Gobierno y al país hundirse en una nueva crisis. Esto ya no puede interpretarse como una oposición política normal. Se ha convertido en un medio permanente de presión sobre el Estado y sus instituciones, cuyo costo terminan pagando únicamente los libaneses.
En los sistemas democráticos, los gobiernos son cuestionados dentro de las instituciones y caen únicamente cuando existe una mayoría constitucional respaldada por un programa alternativo claro. No caen porque el bloqueo se haya convertido en una forma de gobernar, ni porque el vacío institucional se utilice como un instrumento de negociación.
Si el presidente del Parlamento, Nabih Berri, rechaza el Acuerdo Marco, está en su derecho político de hacerlo. Si busca hacer caer al Gobierno, también ejerce un derecho que la Constitución le reconoce, siempre que se cumplan las condiciones previstas para ello. Pero los libaneses también tienen derecho a hacerle una pregunta muy sencilla: ¿qué viene después? ¿Quién formará el próximo Gobierno? ¿Con qué mayoría parlamentaria gobernará? ¿Cuál será su programa? ¿Cómo rescatará la economía? ¿Cómo llevará adelante la reconstrucción del sur del país? ¿Y cómo recuperará la confianza del mundo árabe y de la comunidad internacional?
Si el verdadero objetivo no es más que conseguir un nuevo instrumento de presión para imponer determinadas condiciones políticas, los libaneses ya no pueden seguir soportando esa lógica. Han pagado un precio exorbitante por la parálisis de las instituciones, el colapso de la economía y el aislamiento del Líbano de su entorno árabe e internacional. Ya no es aceptable que su futuro siga siendo rehén de los cálculos de las fuerzas políticas.
Ha llegado la hora de abandonar la lógica del “o se hace lo que queremos o no hay Estado”. El Estado no pertenece a nadie. El Gobierno no es un botín. El Parlamento no es patrimonio exclusivo de ninguna fuerza política. Y la legitimidad solo se renueva mediante la voluntad del pueblo.
Si quienes invocan la democracia realmente creen en ella, deben aceptarla en toda su plenitud y no solo cuando les conviene. Deben aceptar que sea el pueblo quien decida quién gobierna, quién preside el Parlamento, quién permanece en el poder y quién debe abandonarlo.
En cambio, la amenaza de hacer caer al Gobierno cada vez que cambian las circunstancias, mientras se rechaza siquiera abrir un debate sobre una recomposición integral del poder, ya no convence a los libaneses. Están cansados del chantaje político, de la parálisis del Estado y de que su futuro siga convirtiéndose en una moneda de cambio dentro de un conflicto que parece no tener fin.
Hoy el Líbano necesita hombres de Estado que construyan instituciones, no políticos que amenacen con derribarlas cada vez que sus decisiones entren en conflicto con sus propios intereses.