Análisis

En el Líbano, la educación está llamada a liberar las mentes. Los proxies de Irán la han convertido en un arma. El Líbano lleva mucho tiempo enorgulleciéndose de algo escaso en esta región: la convicción de que la educación no es un privilegio, sino un camino. Un país donde, a pesar de las guerras, los sucesivos derrumbes y la corrupción política, los padres siguen reuniendo lo poco que tienen para mandar a sus hijos a la escuela. Un país cuyas aulas han producido históricamente médicos, ingenieros, escritores y pensadores, no mártires para los Guardianes de la Revolución iraní. Las cifras cuentan parte de esa historia. El Líbano ostenta uno de los índices de alfabetización más altos de la región, cercano al 98 %. Durante años, figuró entre los primeros países del mundo en la calidad percibida de la enseñanza. Las matemáticas y las ciencias no se imparten como lujos, sino como necesidades, a menudo en inglés o en francés desde temprana edad. La educación aquí no es solo una cuestión de adquirir conocimientos; es una cuestión de movilidad, de dignidad, de emancipación frente al sectarismo, a la violencia y a los límites asfixiantes que impone la geografía. Y sin embargo, hoy, esa misma idea está siendo atacada. Las amenazas y acciones recientes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán contra instituciones estadounidenses en el Líbano y en toda la región no constituyen un episodio más en un largo ciclo de escalada. Revelan algo más profundo e inquietante: un intento deliberado de redefinir lo que significa la educación en países como el Líbano. Porque para Hezbolá, el brazo más arraigado de los Guardianes de la Revolución en el país, la educación no es una herramienta de emancipación. Es una herramienta de control. Donde las familias libanesas ven en las escuelas puentes hacia el mundo, Hezbolá ve fábricas de lealtad. Donde los padres confían en que sus hijos aprenderán álgebra para construirse un futuro, el partido concibe la geometría como un medio para calcular trayectorias. La física ya no sirve para entender el mundo natural; se convierte en una forma de afinar la trayectoria de un cohete o la estabilidad de un dron. A la química se la despoja de toda curiosidad y se la reconvierte en instrumento letal. Esto no es una metáfora. Es una doctrina. El ecosistema educativo de Hezbolá — sus escuelas, sus movimientos de scouts, sus programas de juventud y sus instituciones culturales — funciona desde hace mucho tiempo como un sistema paralelo que reproduce las formas del Estado a la vez que subvierte su finalidad. Los niños no aprenden solo a leer y escribir; se les enseña a obedecer, a venerar y, en última instancia, a combatir. El lenguaje de la resistencia se introduce pronto, envuelto en los símbolos del martirio y el sacrificio, hasta volverse indistinguible de la identidad misma. En ese sentido, el reciente blanco de las instituciones estadounidenses, ya sea retórico o operacional, responde a una lógica perfectamente coherente. Universidades como la Universidad Americana de Beirut no son simples edificios. Encarnan una idea que se opone de frente a lo que Hezbolá y los Guardianes de la Revolución buscan imponer. Encarnan la duda frente al dogma. El cuestionamiento frente al adoctrinamiento. Un espacio donde un estudiante puede interrogar la autoridad en lugar de rendirse ante ella. Y es precisamente por eso por lo que se las percibe como amenazas. Quizás la consecuencia más devastadora no es siquiera la militarización de la educación en sí, sino la destrucción silenciosa del ecosistema que hacía excepcional a la enseñanza libanesa. Hezbolá, junto con una clase política que eligió normalizar, acomodar y, finalmente, legitimar su orden paralelo, ha ido erosionando progresivamente la propia diversidad que sostenía la vida intelectual del país. El modelo educativo libanés nunca fue solo una cuestión de programas o clasificaciones; era una cuestión de pluralidad. Aulas donde las lenguas se cruzaban, donde las historias se disputaban, donde las identidades convivían sin disolverse las unas en las otras. Ese ecosistema frágil pero vital era el motor de una creatividad que producía generaciones capaces de pensar más allá de los confines de la secta, la ideología y el miedo. Hoy, ese espacio se estrecha. No por decreto formal, sino bajo el efecto de la presión, la intimidación y la lenta asfixia de la disidencia. Lo que se pierde no es solo la autonomía institucional, sino la condición misma que hacía que aprender en el Líbano tuviera sentido: la libertad de ser diferente. No es casualidad que los regímenes y las milicias fundados sobre la rigidez ideológica teman los campus más que a los ejércitos. A los ejércitos se los puede disuadir, negociar con ellos o incluso vencerlos. Pero las ideas, una vez liberadas, son mucho más difíciles de contener. Un estudiante formado en el pensamiento crítico es infinitamente más peligroso para un proyecto autoritario que cualquier adversario externo. El Líbano se encuentra hoy en la encrucijada de estas dos visiones. Por un lado, una creencia frágil pero persistente en la educación como medio de supervivencia y de trascendencia. Por el otro, un esfuerzo disciplinado y bien financiado para vaciar esa creencia de su sustancia, para sustituirla por una visión del mundo militarizada donde el saber no sirve más que al campo de batalla. La tragedia no radica solo en que estos dos sistemas coexistan. Radica en que uno avanza inexorablemente sobre el otro. Cuando un niño aprende matemáticas para resolver ecuaciones, se lo está preparando para construir algo: una economía, una carrera, una vida. Cuando ese mismo saber se reorienta hacia la calibración de un cañón o la programación de un dron, se convierte en algo completamente distinto: un arma disfrazada de educación. Y en el Líbano, esa transformación ocurre a plena luz del día. El ataque contra las instituciones educativas, ya sea mediante amenazas, intimidaciones o algo peor, no es, por tanto, incidental. Es estratégico. Es un intento de cortar al Líbano de uno de los pocos pilares que aún lo conectan con el mundo y consigo mismo. Porque un Líbano que sigue educando libremente es un Líbano que no puede ser controlado del todo. Y de eso, en definitiva, se trata. No de misiles. No de drones. Ni siquiera de geopolítica en su acepción más estrecha. Sino de la batalla mucho más decisiva que se libra en torno a lo que aprenderá la próxima generación de libaneses y a lo que llegará a ser.

Cientos de imágenes, cada día. El gris como tono dominante, a veces una irrupción de naranja, un cuaderno para colorear, una muñeca. Otras veces, las imágenes nos llegan manchadas de recuerdos, los de desconocidos que no conocemos, que no nos conocen y que, quizás, ya no reconocen a los suyos. Memorias en suspenso. Destellos fugaces en las pantallas de los teléfonos. Fragmentos que desfilan en la televisión, bajo una franja roja redactada a toda prisa, saturada de imprecisiones, donde el nombre de un lugar se lanza como garantía de precisión. O bien secuencias breves, pensadas para sostener la continuidad de un flujo que se reactiva sin cesar. En ese flujo, la imagen deja de acontecer como evento. Se inscribe en un régimen visual continuo, reconfigurando en profundidad nuestra relación con la guerra y con lo que percibimos de ella. Con las mutaciones técnicas, captura instantánea, publicación inmediata, circulación ilimitada, el lugar de la imagen se ha desplazado. El del espectador, también. La imagen se forma en el corazón mismo del acontecimiento y nos alcanza en ese mismo movimiento. Circula mientras el acontecimiento persiste. Y nosotros, destinatarios flotantes en un mar de impactos visuales, nos interrogamos sobre el dolor, sobre lo que nos llega de él, lo que se escapa, lo que se inscribe, lo que elude. Quizás también sobre la legitimidad misma de mirar. En este régimen visual acelerado, la catástrofe se instala como presencia continua, depositando en la memoria una huella incompleta. Si es que deja alguna. Al día siguiente de la guerra de julio de 2006, emprendí un trabajo de investigación centrado en el fotógrafo de prensa como punto nodal. Se trataba de interrogar su posición, las decisiones que implica y aquellas que preceden a la imagen. Muchos de quienes entrevisté insistieron en esto: la imagen nunca es el producto de un instante puro, sino una construcción, una cuestión de ángulo, de temporalidad, de selección. Uno de ellos evocaba el peso de una responsabilidad constante: determinar las condiciones de visibilidad de la guerra, decidir qué entra en el encuadre y qué queda fuera. Hace apenas dos décadas, la imagen se miraba, se conservaba. Tenía un tiempo propio. Una duración. Una huella. Hoy se acumula hasta exceder toda posibilidad de narración. Esa acumulación no construye memoria: produce dispersión. En Ante el dolor de los demás , Susan Sontag examina la relación entre la imagen y el sufrimiento y los límites de lo que puede transmitir. “Las imágenes no explican nada; atestiguan que un acontecimiento ha tenido lugar”. Así, fijan la ocurrencia sin ofrecer su inteligibilidad. A medida que su circulación se acelera, las imágenes pierden su capacidad de sostener un sentido estable y se convierten en unidades de un flujo visual. El embotamiento del que habla Sontag se debe a la densidad de las imágenes, a su velocidad de difusión, pero también a las propias condiciones de la mirada y al lugar asignado al espectador dentro de este dispositivo. Aquí, la cuestión del sentido se escapa. “La conciencia del sufrimiento no es algo dado; se construye”. Ver no basta para comprender la catástrofe. El sentido se configura en un contexto, desde una posición, la de quien mira, la de quien recibe. De ahí esta advertencia: “No hay que suponer la existencia de un ‘nosotros’ homogéneo cuando se trata de mirar el sufrimiento de los demás”. Se ha escrito mucho sobre el “silencio del mundo” frente a la devastación de Gaza. ¿Cómo permanecen en silencio los “otros” ante los cuerpos desnudos de niños? Y nosotros, en el Líbano de hoy, escribimos cosas similares sobre nuestras propias reacciones frente a una localidad destruida. ¿Tenemos la misma relación con ese lugar? ¿Recurremos a la proyección para producir empatía? ¿La indiferencia, en algunos, se constituye como estrategia de defensa? La mirada no es una experiencia común. Está condicionada por la distancia, por la exposición posible, por la relación con el peligro. Las investigaciones contemporáneas sobre las imágenes de violencia, que primero se interrogaban por sus efectos, desplazan ahora la pregunta hacia el acto mismo de mirar: cómo miramos, cuándo y en qué condiciones. En el Líbano, esta reconfiguración visual se ha intensificado en la última década: la imagen se ha desplazado del registro del testimonio al de la experiencia inmediata. Quien filma suele estar ya atrapado en el acontecimiento. El teléfono se ha vuelto una extensión del cuerpo: temblor, saturación sonora, impacto, todo se inscribe ahora en el encuadre. En ese momento, la posición de la mirada se resquebraja. El espectador habita la imagen tanto como la contempla. Nosotros, si es que un “nosotros” sigue siendo posible, ya no somos quienes observan la catástrofe a distancia. Somos quienes son observados. Este desplazamiento excede el propio acontecimiento. Se repite en cada crisis, en cada escalada de tensión, en cada “nueva catástrofe”. Pero desde la guerra de Gaza, y a través de las dos últimas guerras en el Líbano, que aún atravesamos, se ha impuesto una capa adicional a este régimen visual: las imágenes ya no pertenecen solo al testimonio. Incluyen ahora imágenes falsificadas, generadas por inteligencia artificial o arrancadas de otros contextos. Circulan a la misma velocidad, produciendo afectos reales incluso en ausencia del acontecimiento que pretenden documentar. No se trata solo de un fallo de representación, sino de un desplazamiento del estatuto de la imagen como prueba. En muchos casos, su veracidad se vuelve indecidible. “La imagen no es un sustituto de la realidad”, escribe Sontag. De indicio, ha pasado a ser medio, lugar de circulación, de transformación, de reconfiguración de la percepción. En este espacio, la posición de la mirada vuelve a desplazarse: se apoya en una exposición continua, en detrimento de una inteligibilidad coherente. La imagen se convierte en presencia sin punto de fijación. … Para constituirse, la memoria exige umbrales, un comienzo, un final. En el flujo que ahora nos define, lo que subsiste es una huella difusa, sin contornos. Sontag escribe que “la compasión es una emoción inestable, que debe traducirse en acción, so pena de desvanecerse”. En el flujo de imágenes, la empatía se disuelve en la siguiente. Algunas persisten, sin mediación. Otras se borran pese a su intensidad. Lo que permanece no obedece a una lógica de importancia, sino a una lógica de persistencia en el flujo. Frente a esta saturación, la mente recurre a veces a mecanismos de desplazamiento o de borrado parcial. En ambos casos, no se trata de una falta de importancia, sino de un exceso de exposición. La imagen no desaparece. Tampoco se inscribe plenamente. De ahí la emergencia de otra posición: el rechazo a mirar. Algunas imágenes, por su repetición, agotan su propio sentido o reproducen la violencia que contienen. Pero ese rechazo no es una salida: sustraer las imágenes a la mirada no anula ni su existencia ni sus efectos. ¿Qué hacer con esta acumulación de edificios que se derrumban? ¿Con estos animales mutilados? ¿Con estos pueblos, a veces familiares, que ahora aparecen como vestigios de un paisaje posapocalíptico? Para algunos, mirar es un privilegio de clase: quienes miran pueden hacerlo porque están vivos, a salvo. Quienes han sido sepultados se han convertido en imagen. Otros sostienen que ahora vivimos dentro de una imagen, reproducida sin nosotros. Otros más afirman que mirar es un acto político: que nosotros, testigos vivos, participamos en la fabricación de la catástrofe, en su prolongación, en su archivo. Pero no archivamos nada. Ya casi no sentimos. Porque nos hemos acostumbrado a mirar. Tal vez la catástrofe, la única verdadera, esté precisamente ahí: en esa habituación a lo visible.

Hoy existe una “cuestión chiita” que se impone con fuerza en la realidad árabe, una realidad que no está aislada de su entorno regional ni de las políticas de las grandes potencias. Algunos consideran que la “cuestión chiita” revela, en ciertas de sus manifestaciones y circunstancias, un debilitamiento o una erosión de la lealtad de los chiitas árabes hacia sus Estados nacionales, como resultado de un centralismo iraní que busca expandir su influencia en la región árabe, aprovechando las grietas existentes y profundizando otras nuevas en los cimientos mismos de esos Estados. Los chiitas señalados por esta acusación responden de forma unánime y sostienen que su movilización en sus respectivos países responde, ya sea al levantamiento de agravios y a una exigencia de justicia política y social, como lo evidencian Irak y los países del Golfo, o bien a un compromiso, junto a sus compatriotas, con el deber de resistir la agresión israelí, como ocurre en Líbano y Palestina. La “cuestión chiita” se agravó tras la guerra estadounidense contra Irán en marzo de 2026, hasta alcanzar niveles que evocan el resurgimiento de viejos demonios, generando climas de sectarismo comunitario, fanatismo confesional y rechazo absoluto del Otro. Este rechazo se alimenta aún más del comportamiento de algunos grupos, como Hezbolá, de su implicación en las matanzas perpetradas en Líbano, Siria, Irak y otros lugares, sin mencionar los bombardeos iraníes que han tenido como objetivo los capitales árabes del Golfo a lo largo de la guerra en curso. El Líbano, por su diversidad, posee una ventaja singular para contribuir a corregir la distorsión que se ha generalizado en el mundo árabe. Esta diversidad constituye el aporte libanés al enriquecimiento de la civilización humana, un aporte necesario en un momento histórico en el que la humanidad atraviesa un parto doloroso y en el que se impone una cuestión de carácter existencial: ¿cómo es posible vivir juntos en la diferencia y en la igualdad? Porque salir de esta crisis no se reduce a esperar el desenlace de la guerra entre Irán y Estados Unidos, ni a las negociaciones entre Líbano e Israel, ni a apostar por una política de equilibrio de fuerzas. Abordar la “cuestión chiita” requiere una base cultural sustentada en la aceptación del Otro tal como es. A comienzos del siglo XX, existía una “cuestión cristiana”: en lugar de separarse del Otro, los maronitas optaron por el Gran Líbano, construido sobre la convivencia. A inicios del siglo XXI, la “cuestión chiita” reaparece en Líbano. ¿Cuál será la elección de sus élites, sus pensadores y sus líderes?

Mientras algunos habitantes de Beirut continuaban el viernes 10 de abril inspeccionando los sectores duramente golpeados el miércoles por la aviación israelí, en el marco de un ataque sorpresa contra cuadros de Hezbolá implantados en diversos barrios de la capital, los ataques aéreos continuaron en el Sur contra varias aldeas de la zona meridional del país. Uno de estos ataques causó 12 muertos (agentes de la Seguridad del Estado) en Nabatiyeh. Pero ante la ausencia de desarrollos importantes a nivel de las operaciones militares, son las negociaciones directas entre Líbano e Israel, previstas para principios de la próxima semana en Washington, las que centran actualmente la atención de los círculos diplomáticos y políticos locales. De la información disponible el viernes se desprende que el martes se celebrará una reunión preliminar en la oficina del Secretario de Estado, Marco Rubio, entre la embajadora del Líbano en Washington, Nada Hamadé Moawad, y el embajador de Israel, Yechiel Leiter. Esta reunión a tres bandas permitirá con toda probabilidad definir el marco general o las grandes líneas del orden del día de las conversaciones libaneso-israelíes en los ámbitos militar, de seguridad, político y de relaciones bilaterales, con una perspectiva de paz entre ambos países. El Líbano debería formar en breve comisiones ad-hoc que se encargarán de llevar a cabo las conversaciones bilaterales con los negociadores israelíes en los diferentes ámbitos de interés común. Conviene señalar en este marco que Hezbolá se ha declarado opuesto a toda negociación directa entre Líbano e Israel. El viernes por la tarde, varias decenas de partidarios del partido proiraní organizaron en Zokak el-Blatt, en Hamra y en el centro de la ciudad, especialmente en el sector del Gran Serail, concentraciones para denunciar la posición del gobierno con respecto a las conversaciones con Israel, olvidando evidentemente que Hezbolá había negociado, indirectamente, con Israel a mediados de los años 90 (lo que dio lugar a los Acuerdos de Abril), sin contar las conversaciones iniciadas en 2021-2022 por el partido proiraní con Israel, a través del emisario estadounidense Amos Hochstein (por lo demás, antiguo oficial del ejército israelí) con vistas a la delimitación de las fronteras marítimas entre Líbano e Israel. Los partidarios de Hezbolá que salieron a la calle el viernes por la tarde son sin duda demasiado jóvenes para saber, además, que durante la guerra Irán-Irak en los años 80, el régimen de los mulás iraníes había recurrido a... Israel para abastecerse de armas y municiones para hacer frente al ejército de Saddam Hussein, lo que provocó en su momento el famoso escándalo del Irangate. También sería bueno recordar las negociaciones (directas) entabladas entre el Líbano e Israel en 1983, a raíz de la guerra de 1982 («Operación Paz en Galilea»). Los negociadores libaneses e israelíes se reunían entonces, cara a cara, alternativamente en Khaldé y en la ciudad israelí de Netanya. Un desafío estratégico Más allá de las pujas populistas iniciadas por Hezbolá, es importante señalar en el contexto actual que el desafío de las negociaciones directas con Israel tiene para el Líbano un carácter altamente estratégico. Este desafío fue claramente definido el jueves, durante el Consejo de Ministros, por el presidente Joseph Aoun, quien subrayó sin rodeos que «solo Líbano negocia por sí mismo, y nadie puede negociar en nombre del Líbano». La alusión a la República Islámica es evidente, en la medida en que el poder iraní insiste en que Líbano sea incluido en el alto el fuego acordado entre Teherán y Washington. En claro, esto significaría que Irán se habría otorgado, en ese caso, el derecho de monopolizar la carta libanesa en sus conversaciones con la Administración Trump. Al embarcarse así en la vía de las negociaciones directas con Israel, el presidente Aoun y el gobierno Salam reafirman su determinación de desvincular totalmente el caso del Líbano de las maniobras iraníes, lo que equivaldría a arrancar la carta del Líbano de las manos de la República Islámica. Esta desvinculación es vital para el poder libanés a fin de garantizar una resolución de los litigios con el Estado hebreo. A mediados de los años 90, se recuerda al respecto, se llevaban a cabo negociaciones directas en Washington entre el Líbano e Israel, pero no habían logrado los resultados esperados porque Beirut había condicionado su aprobación de un acuerdo con Tel Aviv al éxito de las conversaciones de Israel con el régimen sirio, el cual se había abstenido entonces de firmar con el gobierno israelí, lo que había torpedeado el acuerdo libano-israelí. El gobierno de Salam busca así manifiestamente desvincular el caso del Líbano del expediente iraní para no reiterar el desafortunado precedente de la concomitancia desestabilizadora de las dos vertientes libanesa y siria en aquella época. Esta desvinculación es hoy aún más fundamental para el Líbano, ya que los Guardianes de la Revolución no parecen particularmente entusiastas en concluir un acuerdo con Estados Unidos, como indica su posición sobre el estrecho de Ormuz. «A partir de ahora, seremos nosotros quienes decidiremos qué buques de pasajeros podrán atravesar el estrecho», afirmaron el viernes los Pasdaran. Una pequeña frase que, si se concreta en los hechos, corre el riesgo de torpedear las conversaciones de Islamabad, que debían comenzar el sábado.

Desde el estallido de la última escalada militar en la frontera sur, el Líbano ha vuelto al primer plano del escenario regional como espacio de confrontación abierta, reavivando viejas preguntas sobre su papel, los límites de su autonomía decisional y su capacidad para asumir el coste de verse implicado en conflictos que lo desbordan. En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿cómo evaluar el bien fundado de esta confrontación desde una perspectiva estrictamente libanesa, a la luz de las consecuencias que ha generado en los planos militar, económico y social? Los datos sobre el terreno apuntan a un coste considerable. Vastas zonas del Sur sufrieron graves daños en las infraestructuras y en los bienes y propiedades privados, mientras que oleadas de desplazamiento interno afectaron a cientos de miles de habitantes, sobrecargando aún más las regiones de acogida y a un Estado ya sumido en una profunda crisis económica y financiera. Sectores productivos esenciales, el agrícola y el turístico en primer lugar, se vieron también duramente perjudicados, en el momento preciso en que la economía libanesa más necesitaba cualquier margen de recuperación. Las lecturas divergen, sin embargo, en cuanto a los resultados militares reales. Algunos sostienen que la implicación en la confrontación forma parte de una estrategia de disuasión más amplia, apoyada en equilibrios regionales, y que apunta a imponer nuevas ecuaciones o a consolidar las existentes. Otros consideran que los resultados no produjeron ningún cambio cualitativo en la correlación de fuerzas, y que el techo de los desenlaces políticos sigue próximo a los arreglos previos al cese de hostilidades — o incluso a un retorno a los efectos concretos de esos arreglos tal como se encontraban antes de la última escalada —, lo que suscita interrogantes sobre la relación entre el coste asumido y los resultados obtenidos, máxime cuando esta escalada se inscribió ella misma en interacciones regionales más amplias y en lógicas que desbordan con creces el marco estrictamente libanés. Esta divergencia de apreciación refleja, en buena medida, un desacuerdo fundamental sobre el lugar del Líbano en el conflicto regional. ¿Es un actor directo con margen de decisión independiente, o un eslabón en una red de alianzas más amplia en la que los cálculos locales y regionales se entrelazan de forma inextricable? La respuesta no es meramente teórica: incide directamente sobre la manera en que se comprende la guerra y se juzga su utilidad. En el plano interno, la escalada ha revivido el debate sobre el papel del Estado y los límites de su autoridad. La cuestión del monopolio de las armas y de la prerrogativa de decisión en materia de guerra y paz sigue siendo una de las más sensibles de la vida política libanesa. Para un sector del abanico político, concentrar ese poder en las instituciones estatales constituye una condición sine qua non para reforzar la soberanía y construir una estabilidad duradera. Para otro, la realidad de seguridad y los equilibrios existentes imponen fórmulas distintas, y cualquier aproximación seria a este expediente debe tener en cuenta los temores y recelos mutuos entre los distintos componentes libaneses. Este debate no es nuevo, pero los últimos acontecimientos le confieren una agudeza renovada. La experiencia demuestra que la pluralidad de centros de decisión genera serios desafíos en materia de coordinación interna y gestión de crisis, al tiempo que condiciona la posición del Líbano en sus relaciones exteriores, ya sea en lo relativo a la vía diplomática o a su capacidad para beneficiarse del apoyo internacional. Esta problemática se vincula con una pregunta más amplia sobre la naturaleza del sistema político. Desde la adopción del Acuerdo de Taëf, se sentaron las bases para la reconstrucción del Estado y el fortalecimiento de sus instituciones, pero la aplicación ha sido muy desigual, bajo el efecto combinado de complejidades internas y equilibrios políticos cambiantes, tanto locales como regionales. Esta aplicación de geometría variable ha contribuido a mantener cuestiones esenciales — la soberanía, la reforma institucional — en el terreno de un debate abierto y perpetuamente irresuelto. Más allá de la dimensión soberana, emerge la cuestión de la confianza de los ciudadanos en el Estado. Las sucesivas crisis, desde el colapso financiero hasta las secuelas de la guerra, han erosionado esa confianza y llevado a amplios sectores de la población libanesa a apoyarse en redes alternativas para satisfacer sus necesidades. Esta realidad compromete, a su vez, la posibilidad de construir un contrato social efectivo, fundado en una relación de reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos, articulada en torno a derechos y deberes. Es en este marco donde cabe entender lo que a veces se describe como una cierta «selectividad» en la aplicación de las leyes o en el tratamiento de los asuntos públicos. Tal selectividad es en parte resultado de la desconfianza hacia las instituciones, o del sentimiento de ciertos grupos de que las normas no se aplican de manera equitativa. Pero contribuye al mismo tiempo a debilitar la idea misma del Estado como referencia común y aglutinadora, dificultando cualquier intento de establecer reglas estables de gobernanza. En el plano regional, lo que ocurre en el Líbano no puede disociarse de un contexto más amplio atravesado por las interacciones entre potencias internacionales y regionales. Las experiencias acumuladas en los últimos años en varios escenarios de la región han demostrado cómo los Estados con fragilidades internas pueden convertirse en arenas donde estos conflictos se cruzan y se superponen. El Líbano aparece, en esta configuración, particularmente expuesto a la influencia de esos equilibrios, dada su composición interna y el entramado de sus relaciones exteriores. En este mismo marco se inscribe el reciente anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, de quince días de duración y bajo mediación pakistaní, con vistas a abrir un proceso negociador entre ambas partes que tenga por objetivo alcanzar un arreglo a la crisis que las enfrenta. Sin embargo, este proceso suscita una serie de interrogantes para el Líbano, ya que aún no está claro si este acuerdo le concierne de forma directa o indirecta. Plantea asimismo la cuestión del lugar del Líbano en tales arreglos, en un momento en que no dispone de representación oficial en la mesa de negociaciones, cuando el Estado libanés debería ser la única instancia habilitada para negociar en su nombre. Esta situación ilustra una problemática persistente vinculada a los límites de la soberanía nacional: cuestiones que afectan directamente al Líbano son tratadas en marcos negociadores externos sin que el Estado ocupe el papel que de derecho le correspondería en la definición de su posición y sus opciones. Ante este panorama, las opciones disponibles no son ni simples ni unívocas. Un enfoque realista exige reconocer el entrelazamiento de los factores internos y externos, y admitir que cualquier camino hacia la salida de las crisis requiere un tratamiento equilibrado de esos factores, sobre la base de consolidar el Estado y no de complacerlo ni de socavarlo. Ello implica, por un lado, reforzar las instituciones estatales y su capacidad de gestionar los expedientes soberanos y los servicios públicos, de manera que se garantice un Estado justo, sometido al derecho y garante de la igualdad en los derechos; y, por otro, trabajar para reducir la polarización interna y construir un mínimo de consenso en torno a las cuestiones fundamentales, con el fin de reforzar la legitimidad nacional sin mermar el papel o la soberanía del Estado. En definitiva, la reciente guerra en el Líbano plantea más preguntas de las que responde. Revela la magnitud del precio que puede acarrear la implicación en conflictos de horizontes indefinidos, y arroja nueva luz sobre interrogantes estructurales relativos al Estado, la soberanía y el contrato social. Mientras las lecturas y valoraciones permanecen divididas, el desafío central sigue siendo el de convertir esta experiencia en una oportunidad para replantearse las opciones — en lugar de que se convierta en un episodio más en la espiral de crisis recurrentes.

Treinta y nueve días después del inicio de la guerra, la pregunta que ahora sobrevuela Medio Oriente ya no es si este conflicto transformará a Irán. Ya lo ha hecho. La verdadera cuestión es si nos estamos acercando al momento en que la guerra pasará de su fase destructiva a su fase política, ese punto en el que los conflictos alcanzan históricamente su clímax y comienzan a emerger las bases del orden de posguerra. Toda guerra sigue una trayectoria brutal pero reconocible. Primero viene el impacto. Luego la escalada. Después de la devastación. Y finalmente, cuando los costos humanos, económicos y políticos se vuelven insostenibles, comienza la búsqueda de un nuevo equilibrio. Tras casi seis semanas de operaciones militares continuas, la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y sus respectivos aliados parece entrar precisamente en esa fase. Las señales son cada vez más difíciles de ignorar. El costo de la guerra El balance del conflicto es enorme. En todo Irán, amplias partes de la infraestructura militar han sido dañadas o destruidas. Instalaciones estratégicas, bases de misiles, centros de mando y elementos del sistema energético han sido atacados en múltiples ocasiones. La infraestructura civil también ha sido duramente golpeada. Redes eléctricas, nodos de transporte y complejos industriales han sufrido interrupciones en varias provincias. El costo económico ya asciende a decenas de miles de millones de dólares, en un país cuya economía ya estaba debilitada por años de sanciones e ineficiencias estructurales. El costo humano es aún más devastador. Miles de personas han muerto. Muchas más han resultado heridas. Un gran número de civiles ha sido desplazado dentro del país a medida que las operaciones militares se intensificaban en torno a zonas estratégicas clave. En el plano financiero, la presión es igual de severa. La moneda iraní se ha desplomado aún más, la inflación se ha acelerado y la ya frágil estructura presupuestaria del país enfrenta tensiones extraordinarias. Guerras de esta intensidad no pueden prolongarse indefinidamente. Tarde o temprano, el cálculo político comienza a cambiar. Negociaciones en la sombra Detrás de la retórica pública de confrontación total, parecen haberse abierto canales diplomáticos más discretos. Según Donald Trump y varias fuentes regionales, habrían tenido lugar conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Pero hay un elemento notable: estas discusiones no parecerían involucrar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Más bien, se estarían llevando a cabo con oficiales de alto rango del ejército regular iraní, el Artesh, con el ejército pakistaní actuando aparentemente como intermediario. De confirmarse, se trataría de un giro estratégico de gran magnitud. Desde hace décadas, la estructura militar iraní ha descansado en un sistema dual. Por un lado está el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, una fuerza ideológica creada tras la revolución de 1979 para proteger la República Islámica y su doctrina revolucionaria. Por otro lado, se encuentra el ejército nacional tradicional, cuya cultura institucional es anterior a la revolución y cuya misión histórica ha sido la defensa del Estado iraní más que la proyección de influencia ideológica. El equilibrio entre estas dos instituciones ha definido durante mucho tiempo la arquitectura interna del régimen iraní. La aparición de negociaciones que eluden al cuerpo de guardianes podría indicar algo mucho más profundo que una simple diplomacia de guerra. Podría señalar que el futuro político de Irán ya se está discutiendo, aunque sea de forma discreta. La fase del ultimátum Las guerras suelen terminar no con un alto al fuego repentino, sino con un ultimátum. El ultimátum cumple una función estratégica precisa. Obliga a los actores internos a tomar partido. Redefine el equilibrio de poder en el bando perdedor. Y crea las condiciones necesarias para una transición política. Las señales provenientes de los canales diplomáticos sugieren que el conflicto podría estar entrando en esta etapa. El ultimátum no se dirige únicamente a los dirigentes iraníes. Apunta a la estructura misma del poder en Irán. En esencia, plantea una pregunta fundamental: ¿Quién controlará el Estado iraní una vez terminada la guerra? ¿Los Guardianes de la Revolución o el ejército nacional? La pugna interna en Irán Esta pugna interna existe desde hace décadas, aunque rara vez ha sido visible desde el exterior. El Cuerpo de Guardianes ha acumulado un poder considerable en los últimos cuarenta años. Controla amplios sectores de la economía iraní. Domina las principales instituciones de seguridad. Supervisa los programas de misiles del país y sus redes regionales con fuerzas aliadas. Pero el ejército regular iraní sigue siendo una institución amplia y profesional, profundamente arraigada en el Estado y con una fuerte cohesión interna. La guerra ha modificado inevitablemente el equilibrio entre estas fuerzas. Cuando los Estados enfrentan crisis existenciales, las estructuras institucionales suelen transformarse con rapidez. La historia ofrece numerosos precedentes. Las instituciones militares a veces emergen de las crisis bélicas como las únicas capaces de restaurar el orden y la estabilidad. La posibilidad de que surja un poder de transición liderado por los militares en Irán ya no es inconcebible. Una posible transformación religiosa Un cambio de este tipo también tendría profundas implicaciones ideológicas. Desde 1979, el sistema político iraní se basa en la doctrina del Velayat-e-Faqih, la tutela del jurista islámico, establecida por el ayatolá Jomeini y centrada en el establishment religioso de Qom. Este modelo fusiona la autoridad religiosa con el poder político. Sin embargo, dentro de la propia teología chiita existe otra tradición. El establishment religioso de Najaf, en Irak, ha desarrollado históricamente una doctrina distinta, que enfatiza la separación entre autoridad religiosa y gobierno político. Durante décadas, los eruditos de Najaf han defendido un papel político más limitado para el clero. Por tanto, un Irán de posguerra dominado por los militares podría marcar una ruptura radical del modelo clerical revolucionario de Qom, en favor de una forma de gobierno más cercana a la tradición de Najaf, donde la religión mantiene influencia, pero no gobierna directamente el Estado. Una transformación de este tipo constituiría uno de los cambios políticos más profundos en Medio Oriente desde la revolución iraní. El día después Las guerras suelen parecer caóticas mientras se desarrollan. Pero su desenlace suele revelar las fuerzas políticas profundas que se han ido acumulando bajo la superficie. Treinta y nueve días después del inicio de esta guerra, los contornos de ese desenlace podrían empezar a delinearse. El conflicto ha devastado la infraestructura y la economía iraní. Canales diplomáticos parecen abrirse en segundo plano. La fase del ultimátum ha comenzado. Dentro de Irán, ese ultimátum y las consecuencias de no acatarlo podrían desencadenar un reequilibrio del poder entre el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y el ejército nacional. Si estas dinámicas continúan evolucionando en esa dirección, la guerra podría no terminar simplemente con un alto al fuego. Podría concluir con la reconfiguración del propio Estado iraní. La caída de los regímenes rara vez es producto exclusivo de la presión externa. Ocurre con mayor frecuencia cuando los pilares internos del poder comienzan a reacomodarse. Si las señales actuales se confirman, Irán podría estar acercándose precisamente a un momento así. Y cuando finalmente callen las armas, Medio Oriente podría descubrir que la verdadera transformación apenas comienza. Un nuevo Medio Oriente en el que la destrucción del Estado de Israel sea eliminada de la Constitución iraní, donde la religión esté separada de la conducción del Estado, donde se firmen acuerdos de paz entre Irán y sus vecinos del Golfo y donde existan garantías para la libre circulación en el estrecho de Ormuz.

Quienes han estudiado la guerra, como Gaston Bouthoul o Marvin Harris, nunca limitaron su análisis a la dimensión geopolítica inmediata. No se conformaban con preguntar “¿por qué estalló?”, sino que también planteaban “¿qué produce?” y “¿a quién beneficia?”. Cuando las sociedades se muestran incapaces de resolver sus contradicciones internas, tienden a proyectarlas hacia el exterior, y la guerra se convierte entonces en un medio para reorganizar el espacio interno mediante una violencia dirigida hacia afuera. Este enfoque permite una lectura de las guerras contemporáneas que trasciende su reducción al ámbito militar o geopolítico. El conflicto que hoy involucra al triángulo Irán–Estados Unidos–Israel no puede entenderse simplemente como una disputa de influencia o un juego de disuasión mutua. Más bien, debe analizarse como un proceso complejo, con múltiples funciones: consolidar legitimidades internas en crisis, redibujar equilibrios regionales y producir relatos de movilización que redefinen al enemigo y a la propia identidad. Para Bouthoul, la guerra ha dado origen a la historia, que comienza con el registro de las batallas armadas. Representa una frontera que marca grandes transformaciones y encarna una transición acelerada. En Vacas, cerdos, guerras y brujas , Marvin Harris intenta explicar fenómenos culturales, religiosos y bélicos desde una perspectiva material, económica y ecológica. Su enfoque ayuda a dimensionar el papel de los recursos como factor de conflicto y a mostrar que la economía y la geoestrategia constituyen el trasfondo de los enfrentamientos aparentes. También permite entender por qué ciertas comunidades permanecen en estados de guerra prolongados pese a las pérdidas: la guerra cumple funciones sociales inscritas en la estructura material. Además, Harris vincula la infraestructura, entendida como economía, entorno y tecnología, con la superestructura formada por religión, símbolos y creencias. Sin embargo, este marco resulta insuficiente para explicar el peso de las ideologías religiosas y políticas, ya sean chiitas, sunitas, sionistas o nacionalistas, así como el rol de las emociones, el odio y la memoria histórica. La agresión iraní contra los Estados del Golfo ha demostrado la fuerza de estos factores. Tampoco aborda plenamente las interacciones en tiempo real entre líderes estatales que marcan la agenda internacional. Entonces, conviene entender la guerra actual como un conflicto de múltiples objetivos. Los recursos estratégicos son clave para la participación estadounidense: consolidación de su influencia en el Golfo, control de corredores energéticos y rutas marítimas, y afirmación de su superioridad tecnológica. A esto se suman las dinámicas internas de poder: élites políticas e industriales que capitalizan la inestabilidad, y aparatos militares y económicos que se benefician de la prolongación de las tensiones. El conflicto también sirve para mantener la cohesión interna de ciertos regímenes, en particular el de Benjamin Netanyahu, mientras que la “amenaza externa” opera como mecanismo de control social, como ocurre en Irán. Aquí entra en juego el factor simbólico, psicológico y político. En Medio Oriente, los símbolos, la memoria y las identidades tienen un papel central. También la guerra responde a dinámicas ideológicas, religiosas y nacionalistas que el materialismo cultural no logra abarcar por completo. Se trata de luchas por la identidad, por los relatos históricos y religiosos, por la seguridad existencial y por la legitimidad interna. Descomponer el conflicto entre los tres actores permite identificar los intereses materiales ocultos tras los discursos ideológicos. Desde el punto de vista geográfico y de recursos, Irán aparece como una potencia regional con gran profundidad territorial y vastas reservas energéticas. Israel, con un territorio limitado, basa su supervivencia en la superioridad tecnológica y militar, así como en el respaldo estadounidense. El escenario estratégico incluye el Golfo, los corredores energéticos y las aguas regionales. Israel mantiene una superioridad nuclear no declarada, mientras Irán impulsa su programa nuclear como mecanismo de disuasión. Paralelamente, la carrera en misiles, drones y guerra cibernética intensifica las tensiones. Desde la perspectiva estadounidense, el conflicto impacta la arquitectura misma de la economía global. Las sanciones contra Irán han generado una economía de resistencia interna, mientras las industrias militares estadounidenses e israelíes se benefician del clima de amenaza. Las tensiones también justifican alianzas militares y de seguridad a escala global. El conflicto trasciende así lo doctrinal para convertirse en una disputa por hegemonía, disuasión y distribución del poder en una región rica en recursos estratégicos. La pregunta central es cómo este conflicto beneficia a las estructuras internas de cada actor. En Irán, la “amenaza israelo-estadounidense” ha reforzado la narrativa de asedio, legitimado el endurecimiento del aparato de seguridad y consolidado el papel de los Guardianes de la Revolución. En Israel, la amenaza iraní ha reforzado la centralidad de la seguridad en la política, consolidado las corrientes que perciben un peligro existencial y generado cohesión social pese a profundas divisiones internas. Para Estados Unidos, ha permitido mantener el equilibrio regional, fortalecer alianzas y gestionar su influencia frente a potencias emergentes. En este sentido, la guerra cumple una función social interna basada en la cohesión a partir del miedo compartido. En el plano simbólico, que incluye lenguaje, religión e identidad, emergen fórmulas como la eliminación de Israel, la defensa de la existencia, el apoyo al eje de la resistencia y la amenaza nuclear. Estas no son solo consignas: operan como herramientas de movilización. A esto se suma una dimensión metafísica en el discurso iraní y un trauma histórico en la conciencia israelí que se intensificó tras la guerra del 7 de octubre, reactivando la memoria colectiva y la ansiedad existencial. ¿Es el conflicto entre Irán e Israel estructuralmente resoluble? ¿O se ha convertido en parte de un equilibrio funcional que garantiza la supervivencia de los propios regímenes? ¿Necesita Netanyahu la continuidad del conflicto para sostener su posición? ¿Necesitaba Donald Trump ese equilibrio estratégico para contener a China y su expansión? ¿Necesita Irán mantener la confrontación para sostener su régimen frente a tensiones internas? Sin embargo, el equilibrio funcional que acabamos de describir parece escapar de todo control. Los regímenes que se creen dueños de la escalada permanecen expuestos a cualquier evento imprevisto, ya sea un asesinato, un error de cálculo o un golpe decisivo, y he aquí que nos hallamos sumidos en una guerra cuyo coste pesa sobre todos los actores, mientras la propia supervivencia del régimen iraní se encuentra ya en juego.

El debate sobre el monopolio de las armas por parte del Estado en el Líbano ha dejado de ser una simple cuestión de soberanía o legalidad para convertirse en una verdadera prueba de la capacidad del Estado de cumplir sus funciones esenciales. La problemática ha superado así el plano del principio, que cuenta con un consenso teórico casi unánime: lo que falta son los mecanismos internos y una visión estratégica nacional que permitan hacerlo efectivo, en un contexto de profundas interdependencias regionales y de una fragilidad económica e institucional sin precedentes. La ausencia de una hoja de ruta clara, la persistencia de una política de dilación y el desgaste del factor tiempo podrían, por sí solos, constituir la mayor amenaza para la estabilidad del Líbano y el futuro de su Estado. El debate sobre el monopolio de las armas por parte del Estado en el Líbano ha dejado de ser una discusión soberanista clásica sobre la aplicación de la Constitución o la ejecución de la resolución 1701. Se ha convertido en una prueba existencial de la capacidad del Estado para ejercer sus funciones esenciales. La cuestión central hoy radica en la enorme brecha entre la decisión soberana y la capacidad real de llevarla a la práctica en una visión nacional y en un consenso social amplio, más que en la validez de un principio que cuenta con un consenso teórico casi general. Este desplazamiento del debate revela la gravedad del momento actual. La voluntad política ya no es suficiente. Lo que está en juego ahora es la capacidad estructural. El Estado libanés se encuentra en una situación inédita de carencia de herramientas: no dispone de un mecanismo interno decisivo frente a Hezbolá, ni de un respaldo regional favorable, ni de una solidaridad internacional suficiente, ya sea política, de seguridad, económica o financiera. Más allá de un debilitamiento coyuntural, esta situación muestra que la decisión de monopolizar las armas, por más legítima que sea en principio, está atrapada en un triángulo de impotencia: incapacidad para imponerla, para negociar desde una posición de fuerza y para asumir el costo de su fracaso. Restaurar la primacía del Estado La persistencia de armas fuera del control estatal es solo la cara visible del problema. Más preocupante aún es que la brecha entre la decisión y la capacidad se ha convertido en un factor de inestabilidad. Un gobierno, incluida la presidencia, que proclama un objetivo soberano y estratégico sin contar con las herramientas reales para alcanzarlo se adentra en un terreno riesgoso, poniendo en juego su propia credibilidad, como si fuera un actor secundario y no plenamente soberano. El verdadero desafío va más allá de la cuestión de las armas: radica en la capacidad de alinear la ambición soberana con la realidad, garantizando al mismo tiempo la estabilidad social interna. Para entender este momento, es necesario remontarse al contexto en el que la cuestión del monopolio de las armas adquirió su forma actual. Este expediente es el resultado de un proceso acumulativo que se remonta a los Acuerdos de Taif, pero que permaneció en suspenso durante décadas debido a los equilibrios heredados de la guerra civil. Lo nuevo hoy es que este proceso ha pasado del discurso político al ámbito de las decisiones ejecutivas, especialmente tras la guerra de apoyo a Gaza de 2024 y los acuerdos de seguridad restrictivos que la acompañaron. Hezbolá aceptó estos acuerdos y contribuyó a su diseño como actor principal, a través de su aliado, el líder del movimiento Amal y del Parlamento libanés, en lugar del Estado o del gobierno, en el marco de la declaración de cese de hostilidades entre el Líbano e Israel del 26 y 27 de noviembre de 2024 y la reactivación de la aplicación de la resolución 1701. Sin embargo, la transición hacia la implementación de esta decisión reveló rápidamente los límites de la capacidad del Estado. El relativo éxito logrado mediante el despliegue del ejército libanés al sur del río Litani no fue tanto el resultado de un acuerdo político interno, sino de las condiciones impuestas por la guerra y las presiones derivadas de ella. En cambio, el paso hacia el restablecimiento del monopolio de la fuerza en el resto del territorio puso de manifiesto las complejidades estructurales del sistema libanés, donde las consideraciones de soberanía se entrelazan con los imperativos de estabilidad y los cálculos internos se cruzan con los regionales, exponiendo al Estado a críticas por su falta de credibilidad en el cumplimiento de los compromisos. La obsolescencia de la noción de “Resistencia” El expediente del monopolio de las armas parece haber entrado en una fase de dilación estratégica, comparable a la de otros asuntos sensibles como el déficit financiero o el caso del puerto de Beirut. Se trata de una situación en la que ni el Estado puede avanzar de forma decisiva, ni Hezbolá está dispuesto a retroceder, ni la comunidad internacional puede imponer una solución, ni el entorno regional permite una resolución rápida, ni el sistema interno logra consensuar una opción. Esto revela que el problema ya no es técnico ni de seguridad, sino una disfunción más profunda en la relación entre el Estado y la sociedad libanesa. En este contexto, no se puede ignorar el cambio más significativo en el entorno político: el desgaste progresivo de la amplia legitimidad nacional de la noción de “Resistencia”. Antes del año 2000, este concepto se sustentaba en tres pilares —la liberación del territorio, la disuasión frente a Israel y la acción dentro de un proyecto nacional unificador— que se han ido erosionando. Hezbolá ha concentrado progresivamente su base en su propio entorno social, en detrimento del Estado, utilizando recursos de una economía rentista y consolidando su control político y social mediante mecanismos internos que garantizan su permanencia. Además, las armas nunca se integraron en una estrategia nacional de defensa consensuada, sino que permanecieron fuera del marco institucional, constituyendo una estructura militar con proyección regional más que un actor estrictamente libanés. La participación en conflictos regionales, especialmente en Siria, transformó su imagen: de instrumento de resistencia a herramienta de influencia regional. Por último, el colapso económico y las guerras recurrentes han añadido un nuevo factor: el elevado costo social que amplios sectores de la población deben asumir por decisiones en las que no participaron. Asignar un rol soberano al ejército Esta evolución no ha provocado el colapso total del concepto de “Resistencia”. Pero sí ha provocado su transformación en una legitimidad parcial, ligada a un entorno político y social específico. El desafío actual es claro: si ese modelo ha perdido legitimidad, ¿puede el Estado llenar ese vacío? Esta pregunta remite a un problema más profundo: la ausencia de una estrategia de defensa nacional alternativa que genere confianza. El Estado libanés, pese a su legitimidad jurídica, no dispone de capacidades militares ni de una doctrina de disuasión suficientes para enfrentar a Israel, especialmente en un contexto de armisticio frágil y violaciones recurrentes. Esto se explica tanto por la escasez de recursos como por la doctrina heredada de Taif, que priorizó la estabilidad interna sobre la preparación militar externa, y por un apoyo internacional orientado más al mantenimiento del orden que al fortalecimiento de una fuerza de combate. Por ello, el debate sobre el monopolio de las armas está incompleto si no se vincula a la construcción de una estrategia de defensa viable. En este marco, el debate libanés se articula en torno a tres enfoques. El primero, soberanista, identifica la dualidad del poder como el problema central y apuesta por imponer el monopolio estatal de las armas conforme a los acuerdos de Taif y las resoluciones internacionales. Es sólido en principios, pero tiende a ignorar las condiciones materiales de su aplicación. El segundo, realista, plantea una solución progresiva basada en acuerdos políticos y evita la confrontación directa, considerando la fragilidad del contexto libanés. Sin embargo, suele derivar en una gestión de la crisis más que en su resolución. Reconquistar el monopolio de las armas El tercer enfoque, crítico, sostiene que el calendario de este asunto depende más de presiones externas —especialmente del equilibrio posterior a la guerra y de presiones estadounidenses e israelíes— que de un consenso interno. Advierte sobre los riesgos de imponer una solución sin condiciones políticas adecuadas, aunque no ofrece una alternativa clara. En definitiva, estos enfoques reflejan una divergencia fundamental sobre la naturaleza del Estado: si el Líbano puede recuperar el monopolio de las armas, si debe preservar sus frágiles equilibrios internos o si es un escenario de rivalidades regionales que debe ser neutralizado. La falta de una respuesta común explica por qué el debate sobre las armas se convierte recurrentemente en una discusión sobre la propia naturaleza del Estado. Todo ello conduce a la dimensión más compleja: la regional. La decisión sobre las armas en el Líbano nunca ha sido exclusivamente nacional. Los vínculos entre Hezbolá e Irán, su relación con los acuerdos de alto el fuego con Israel y su papel en la negociación entre Estados Unidos e Irán han colocado esta cuestión fuera del control del Estado libanés, relegado a un rol secundario. Esta contradicción se agrava por la creciente presión internacional sobre el Líbano para adoptar medidas internas, mientras la comunidad internacional carece de capacidad para garantizar las condiciones regionales necesarias. El panorama regional sigue bloqueado. La posibilidad de separar a Hezbolá de Irán es incierta. En contextos de presión extrema, las alianzas tienden a reforzarse. La política de “máxima presión” puede conducir tanto a un repliegue táctico como a una mayor rigidez, al considerar las armas como garantía de supervivencia política. En este escenario, las armas dejan de ser solo un instrumento militar y se convierten en un mecanismo de supervivencia política, lo que debilita aún más la posición del Estado, que exige su desarme en el momento en que este actor percibe esas armas como esenciales para su existencia. En el centro de este bloqueo está el propio Estado libanés, afectado por una crisis financiera sin precedentes, debilidad institucional, divisiones políticas y fuertes presiones sociales y de seguridad. El desplazamiento masivo desde el sur, que supera las 800 mil personas, añade tensiones sobre los servicios, los recursos y los equilibrios locales. Los fantasmas de las divisiones pasadas El riesgo de tensiones aumenta ante la falta de apoyo suficiente a los desplazados, lo que puede politizar su acogida y alimentar divisiones en un país ya fragmentado. El ejército libanés, encargado de ejecutar esta política, actúa con extrema cautela. Ha logrado establecerse al sur del Litani, pero la extensión hacia el norte revela un escenario mucho más complejo por sus implicaciones internas. Esta prudencia responde no solo a limitaciones militares, sino al temor de un conflicto interno que podría afectar la cohesión de la institución, evocando los recuerdos de la guerra civil. A ello se suma la fragilidad de las instituciones estatales, debilitadas por la crisis económica desde 2019 y con recursos limitados para implementar una política integral de control y desarme. Un margen de maniobra muy reducido El Estado libanés carece de instrumentos de presión, alianzas decisivas y garantías de seguridad, lo que limita su capacidad de negociación. Incluso cuando exige un alto el fuego como condición previa, no dispone de medios para imponerlo. Algunos actores internacionales, como Francia, han reconocido la dificultad de exigir el desarme de Hezbolá en medio de los bombardeos israelíes. Sin embargo, este reconocimiento no se traduce necesariamente en apoyo efectivo. Así, el Líbano enfrenta una ecuación compleja: se le exige tomar decisiones soberanas sin contar con los recursos para implementarlas ni con la capacidad de influir en los actores clave. En definitiva, el país vive una situación inédita de carencia de herramientas, enfrentando simultáneamente presiones externas, crisis interna y un margen de maniobra internacional muy limitado. El verdadero peligro no radica tanto en las armas en sí, sino en la ausencia de una estrategia nacional clara y realista que defina objetivos, plazos, costos y garantías. Persistir en la política de dilación y avanzar sin rumbo puede resultar más peligroso que tomar decisiones.

Lo que ocurre hoy en el Líbano ya no puede comprenderse en el marco de una guerra o un conflicto convencional, sino en lo que René Girard describió como la “espiral de la violencia”: la violencia deja de ser un medio para convertirse en un sistema autónomo que se reproduce a sí mismo a través del discurso antes que en el terreno. En este contexto, el discurso de Hezbolá, al igual que las declaraciones de figuras como Mahmoud Komati, no puede leerse como expresión coyuntural o emocional. Nos encontramos ante una estructura discursiva coherente, que trasciende lo político para reconfigurar la sociedad mediante la fuerza simbólica y material a la vez — el discurso mismo convirtiéndose en instrumento de remodelación de lo real, y no en mero reflejo de él. Es ahí donde se revela la peligrosidad de un discurso político fundado en la acusación de traición y la amenaza: no como desviación coyuntural, sino como componente de una estructura más profunda que busca redefinir las nociones de Estado, sociedad y legitimidad. René Girard ofrece un marco analítico de capital importancia para comprender lo que sucede, a través de sus conceptos de “violencia fundadora” y “mecanismo del chivo expiatorio.” La violencia, según Girard, solo se perpetua si es relegitimada por un discurso moral que le confiere un carácter de necesidad o sacralidad. En el caso libanés, se observa con nitidez: la conversión de la guerra en deber moral, la redefinición de la derrota como “sacrificio,” y la reducción de la oposición al concepto de “traición.” En este sentido, la acusación de traición no se utiliza como herramienta descriptiva, sino como mecanismo de exclusión, que prepara el aislamiento del diferente y lo despoja de su legitimidad. En su teoría del chivo expiatorio, Girard muestra que las sociedades en crisis tienden a desplazar su tensión interna hacia una víctima sustituta a quien se imputa la responsabilidad del caos. Lo que presenciamos hoy es un desplazamiento progresivo: de un enemigo exterior claramente identificado a un enemigo interior de múltiples rostros, que abarca los medios de comunicación, los opositores e incluso los ciudadanos inquietos. Este desplazamiento no es un detalle: es el índice de una crisis profunda en la estructura de la legitimidad, donde el mantenimiento de la cohesión interna queda condicionado a la producción de un “enemigo interior.” La espiral de la violencia como mecanismo autorreproductor Jeanne-Henriette Louis, en su obra L’engrenage de la violence, propone un marco complementario que esclarece cómo la violencia se transforma en un sistema cerrado que se reproduce a sí mismo: la violencia engendra el miedo, el miedo engendra el silencio, y el silencio permite más violencia. En el caso libanés, este bucle se manifiesta con claridad: una guerra que agota sin tregua a la sociedad, un discurso que la justifica e impide todo cuestionamiento, una presión social y mediática para acallar las voces discordantes. El resultado no es solo la perpetuación de la violencia, sino su consolidación como norma. La adaptación a la violencia Algunos leen positivamente la adaptación de la sociedad a esta violencia — lo que contradicen los escritos de Boris Cyrulnik a través de su análisis del fenómeno de la “adaptación al trauma.” Las sociedades sometidas a traumas repetidos pueden desarrollar mecanismos de defensa que las lleven a aceptar lo que anteriormente era considerado inaceptable. En el Líbano, esta adaptación se manifiesta en: la normalización del desplazamiento masivo de cientos de miles de personas, la aceptación de la destrucción como un hecho consumado, el silencio ante el discurso de amenaza interior. Esta adaptación no significa recuperación; indica, por el contrario, una disfunción profunda en la percepción de la realidad, donde el trauma es absorbido en lugar de tratado. La mutación más destacada del discurso actual de Hezbolá sigue siendo su paso de la expresión a la imposición. El discurso ya no busca persuadir; apunta a imponer una definición particular del patriotismo, a monopolizar la designación del enemigo, a intimidar a quienes discrepan. Lo que significa concretamente el surgimiento de un poder paralelo ilegítimo: capaz de tomar decisiones existenciales (como la guerra), sin rendir cuentas a institución alguna. Pero la paradoja reside en el abismo entre el relato y la realidad: frente al discurso de poder y victoria, el Líbano confronta una realidad radicalmente distinta — el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos, la destrucción masiva de infraestructuras, la profundización del colapso económico, la erosión de las instituciones del Estado. Esta brecha entre el relato y la realidad no es una mera contradicción: es un elemento constitutivo de la perpetuación de la crisis, en cuanto impide cualquier revisión seria o verdadera rendición de cuentas. Esto nos conduce a la desintegración del propio contrato social: en cualquier Estado, la decisión de guerra es una de las expresiones más significativas de la soberanía, y está sujeta al principio de responsabilidad. Pero en el caso libanés: la decisión se toma fuera de los marcos oficiales, sus consecuencias se imponen a la sociedad, y todo debate al respecto es silenciado. Esta realidad conduce a la desintegración del contrato social, donde el ciudadano pierde su papel de partícipe en la decisión y se convierte en mero receptor de sus efectos. El Líbano se encuentra hoy en una encrucijada decisiva. La cuestión ya no es solo la de una confrontación exterior, sino la de la naturaleza del sistema interior que se forma bajo la presión de la guerra y del discurso que la acompaña. Si la espiral de la violencia, tal como Girard la describe, continúa sin romperse, no conducirá a la estabilidad, sino a una escalada y una explosión mayores. Y si la adaptación al trauma se prolonga, como nos advierte Cyrulnik, la sociedad perderá progresivamente su capacidad de distinguir lo normal de lo anormal. El verdadero peligro no reside solo en la guerra, sino en su transformación en un estado permanente, que reconfigura la sociedad sobre la base del miedo y no de la ciudadanía. Romper este bucle comienza por retomar las preguntas fundamentales: ¿Quién detenta el poder de decidir la guerra? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Y cuál es el lugar del ciudadano en todo esto? Sin eso, el Líbano no será un Estado, sino una arena abierta a conflictos que superan su capacidad de resistencia.

En la coyuntura que atraviesa el Líbano, el debate ya no gira en torno a cuestiones técnicas, como si la negociación con Israel fuera directa o indirecta, o si tendría lugar antes o después de una tregua. Esas interrogantes son secundarias frente a la cuestión central, que se impone con fuerza: por qué negociar y qué significa, para un Estado, negarse a hacerlo. En su definición más básica, la negociación en las relaciones internacionales no es un signo de debilidad ni una capitulación. Es el instrumento natural que utilizan los Estados para gestionar los conflictos cuando el costo de la guerra supera su capacidad de soportarlo. Así funcionan los Estados racionales. Las guerras mismas terminan siempre en negociaciones, después de la sangre, la destrucción y de que los bandos enfrentados comprueban que la fuerza por sí sola no resuelve los problemas ni garantiza una estabilidad duradera. Por eso, incluso Estados que han librado guerras devastadoras han negociado. Estados Unidos negoció con Vietnam tras un largo conflicto; Egipto lo hizo con Israel después de dos guerras mayores; y las potencias europeas, tras siglos de enfrentamientos, terminaron por construir un nuevo orden político en su continente. La negociación no es la excepción en la historia política: es la regla. Precisamente por ello, negarse a negociar en un país devastado, donde cientos de miles de ciudadanos han sido desplazados, constituye una postura moralmente inaceptable y difícil de justificar. En momentos como estos, rechazar la negociación no es un gesto heroico. Es uno de los siguientes síntomas: ignorancia sobre la naturaleza de las relaciones internacionales, evasión de responsabilidades, desprecio por la vida humana y por el destino del país; o bien indica que quien bloquea la negociación no puede aceptarla sin la aprobación de su tutor, en este caso Irán, y que es él quien encarna el verdadero gobierno sometido, y no el gobierno libanés, revirtiendo así la acusación que Mahmoud Komaty, diputado del Parlamento, había dirigido contra el Estado. El Líbano atraviesa hoy uno de los momentos más peligrosos desde el fin de la guerra civil. Más de 800 mil libaneses han huido de sus hogares en el sur y en otras regiones, y nada indica con claridad si o cuándo podrán regresar. Pueblos enteros se han convertido en localidades fantasma. Una economía que apenas sobrevivía antes de la guerra está ahora al borde del colapso total. Y, sin embargo, el debate interno continúa como si se tratara de una discusión teórica sobre la forma de negociar. Pero la verdad, simple, amarga e implacable, es que esta guerra no fue decidida por la República libanesa. No fue declarada por el Consejo de Ministros, ni ratificada por el Parlamento, ni solicitada por el pueblo. Quien decidió abrir este frente fue Hezbolá, es decir, una fuerza militar que desde hace años actúa al margen del Estado, lo domina desde dentro, está estratégicamente vinculada a Irán y se integra en sus conflictos regionales. Ahí reside el nudo central. Para el Partido, la guerra no es un enfrentamiento contra Israel ni una defensa del Líbano, sino un fragmento de la batalla regional de Irán. Por eso sus dirigentes la califican de “batalla existencial”. En realidad, es existencial para el propio Partido y para su papel regional, no para el pueblo libanés ni para el Estado, que paga el precio de la destrucción, el desplazamiento y el colapso económico. Frente a esta lógica, Israel aborda la guerra desde una perspectiva radicalmente distinta. Para el Estado israelí, lo que ocurre podría representar una oportunidad única para eliminar la amenaza militar que Hezbolá supone en la frontera norte. Por ello, no es realista pensar que Israel terminará sus operaciones con facilidad, ni que se conformará con un alto el fuego provisional que restablezca la situación anterior. La lógica militar y política israelí sugiere que esta podría ser la última oportunidad para modificar la ecuación en el Líbano. Entre estas dos lógicas, el Líbano, como Estado, se encuentra en una situación de casi total impotencia: no decidió la guerra, pero paga sus consecuencias; se le exige negociar, aunque la decisión de combatir no le pertenece. Por eso, el jefe de Estado plantea la posibilidad de negociar. No porque sea una alternativa cómoda ni porque las condiciones sean ideales, sino porque prolongar la guerra equivale a empujar al país hacia la ruina total. En este contexto, negociar no es un lujo político, sino una necesidad nacional para preservar lo que aún queda de la sociedad y del Estado. El problema, sin embargo, no radica en el principio de la negociación, sino en el contexto político que la rodea. En un país donde el Estado no tiene el monopolio de las armas ni de las decisiones en materia militar, negociar se convierte en una tarea casi imposible. ¿Cómo puede un Estado negociar el fin de una guerra cuando un actor interno la continua, tiene la capacidad de reactivarla a voluntad y responde a cálculos regionales ajenos al interés nacional? Ahí se perfila el mayor riesgo. El Líbano podría enfrentarse al peor de los escenarios: una guerra prolongada que no puede resolver y un acuerdo humillante impuesto desde el exterior tras una destrucción aún mayor. No es una hipótesis abstracta. La historia contemporánea del país está marcada por situaciones que ha tenido que aceptar sin poder decidirlas. El verdadero debate que deben afrontar hoy los libaneses no es la forma de la negociación, sino la recuperación por parte del Estado de su capacidad de decidir sobre la guerra y la paz. Un Estado que no controla esa decisión no puede proteger a su población ni negociar en su nombre. En última instancia, ningún Estado puede vivir indefinidamente en guerra abierta y ninguna sociedad puede soportar el desplazamiento de cientos de miles de sus ciudadanos sin un horizonte de retorno. Por eso, negociar no es una opción moral o ideológica, sino un deber político y ético hacia la población. Convertir la negativa a negociar en una bandera heroica, mientras la población paga la guerra con sus vidas, sus hogares, sus medios de subsistencia y el futuro de sus hijos, no es heroísmo. En el mejor de los casos, es una peligrosa ilusión política; en el peor, un desprecio por el destino de todo un país y una traición a quienes confiaron en sus dirigentes para protegerlos. La pregunta que definirá el futuro del Líbano ya no es si negociar o no. La verdadera pregunta es más simple y urgente: ¿Cuál es el destino del Líbano?