Cuando negarse a negociar se convierte en ignorancia o traición

En la coyuntura que atraviesa el Líbano, el debate ya no gira en torno a cuestiones técnicas, como si la negociación con Israel fuera directa o indirecta, o si tendría lugar antes o después de una tregua. Esas interrogantes son secundarias frente a la cuestión central, que se impone con fuerza: por qué negociar y qué significa, para un Estado, negarse a hacerlo.

En su definición más básica, la negociación en las relaciones internacionales no es un signo de debilidad ni una capitulación. Es el instrumento natural que utilizan los Estados para gestionar los conflictos cuando el costo de la guerra supera su capacidad de soportarlo. Así funcionan los Estados racionales. Las guerras mismas terminan siempre en negociaciones, después de la sangre, la destrucción y de que los bandos enfrentados comprueban que la fuerza por sí sola no resuelve los problemas ni garantiza una estabilidad duradera.

Por eso, incluso Estados que han librado guerras devastadoras han negociado. Estados Unidos negoció con Vietnam tras un largo conflicto; Egipto lo hizo con Israel después de dos guerras mayores; y las potencias europeas, tras siglos de enfrentamientos, terminaron por construir un nuevo orden político en su continente. La negociación no es la excepción en la historia política: es la regla.

Precisamente por ello, negarse a negociar en un país devastado, donde cientos de miles de ciudadanos han sido desplazados, constituye una postura moralmente inaceptable y difícil de justificar. En momentos como estos, rechazar la negociación no es un gesto heroico. Es uno de los siguientes síntomas: ignorancia sobre la naturaleza de las relaciones internacionales, evasión de responsabilidades, desprecio por la vida humana y por el destino del país; o bien indica que quien bloquea la negociación no puede aceptarla sin la aprobación de su tutor, en este caso Irán, y que es él quien encarna el verdadero gobierno sometido, y no el gobierno libanés, revirtiendo así la acusación que Mahmoud Komaty, diputado del Parlamento, había dirigido contra el Estado.

El Líbano atraviesa hoy uno de los momentos más peligrosos desde el fin de la guerra civil. Más de 800 mil libaneses han huido de sus hogares en el sur y en otras regiones, y nada indica con claridad si o cuándo podrán regresar. Pueblos enteros se han convertido en localidades fantasma. Una economía que apenas sobrevivía antes de la guerra está ahora al borde del colapso total. Y, sin embargo, el debate interno continúa como si se tratara de una discusión teórica sobre la forma de negociar.

Pero la verdad, simple, amarga e implacable, es que esta guerra no fue decidida por la República libanesa. No fue declarada por el Consejo de Ministros, ni ratificada por el Parlamento, ni solicitada por el pueblo. Quien decidió abrir este frente fue Hezbolá, es decir, una fuerza militar que desde hace años actúa al margen del Estado, lo domina desde dentro, está estratégicamente vinculada a Irán y se integra en sus conflictos regionales.

Ahí reside el nudo central. Para el Partido, la guerra no es un enfrentamiento contra Israel ni una defensa del Líbano, sino un fragmento de la batalla regional de Irán. Por eso sus dirigentes la califican de “batalla existencial”. En realidad, es existencial para el propio Partido y para su papel regional, no para el pueblo libanés ni para el Estado, que paga el precio de la destrucción, el desplazamiento y el colapso económico.

Frente a esta lógica, Israel aborda la guerra desde una perspectiva radicalmente distinta. Para el Estado israelí, lo que ocurre podría representar una oportunidad única para eliminar la amenaza militar que Hezbolá supone en la frontera norte. Por ello, no es realista pensar que Israel terminará sus operaciones con facilidad, ni que se conformará con un alto el fuego provisional que restablezca la situación anterior. La lógica militar y política israelí sugiere que esta podría ser la última oportunidad para modificar la ecuación en el Líbano.

Entre estas dos lógicas, el Líbano, como Estado, se encuentra en una situación de casi total impotencia: no decidió la guerra, pero paga sus consecuencias; se le exige negociar, aunque la decisión de combatir no le pertenece.

Por eso, el jefe de Estado plantea la posibilidad de negociar. No porque sea una alternativa cómoda ni porque las condiciones sean ideales, sino porque prolongar la guerra equivale a empujar al país hacia la ruina total. En este contexto, negociar no es un lujo político, sino una necesidad nacional para preservar lo que aún queda de la sociedad y del Estado.

El problema, sin embargo, no radica en el principio de la negociación, sino en el contexto político que la rodea. En un país donde el Estado no tiene el monopolio de las armas ni de las decisiones en materia militar, negociar se convierte en una tarea casi imposible. ¿Cómo puede un Estado negociar el fin de una guerra cuando un actor interno la continua, tiene la capacidad de reactivarla a voluntad y responde a cálculos regionales ajenos al interés nacional?

Ahí se perfila el mayor riesgo. El Líbano podría enfrentarse al peor de los escenarios: una guerra prolongada que no puede resolver y un acuerdo humillante impuesto desde el exterior tras una destrucción aún mayor. No es una hipótesis abstracta. La historia contemporánea del país está marcada por situaciones que ha tenido que aceptar sin poder decidirlas.

El verdadero debate que deben afrontar hoy los libaneses no es la forma de la negociación, sino la recuperación por parte del Estado de su capacidad de decidir sobre la guerra y la paz. Un Estado que no controla esa decisión no puede proteger a su población ni negociar en su nombre.

En última instancia, ningún Estado puede vivir indefinidamente en guerra abierta y ninguna sociedad puede soportar el desplazamiento de cientos de miles de sus ciudadanos sin un horizonte de retorno. Por eso, negociar no es una opción moral o ideológica, sino un deber político y ético hacia la población.

Convertir la negativa a negociar en una bandera heroica, mientras la población paga la guerra con sus vidas, sus hogares, sus medios de subsistencia y el futuro de sus hijos, no es heroísmo. En el mejor de los casos, es una peligrosa ilusión política; en el peor, un desprecio por el destino de todo un país y una traición a quienes confiaron en sus dirigentes para protegerlos.

La pregunta que definirá el futuro del Líbano ya no es si negociar o no.

La verdadera pregunta es más simple y urgente:

¿Cuál es el destino del Líbano?