El Estado y las armas ilícitas en el Líbano

El debate sobre el monopolio de las armas por parte del Estado en el Líbano ha dejado de ser una simple cuestión de soberanía o legalidad para convertirse en una verdadera prueba de la capacidad del Estado de cumplir sus funciones esenciales. La problemática ha superado así el plano del principio, que cuenta con un consenso teórico casi unánime: lo que falta son los mecanismos internos y una visión estratégica nacional que permitan hacerlo efectivo, en un contexto de profundas interdependencias regionales y de una fragilidad económica e institucional sin precedentes. La ausencia de una hoja de ruta clara, la persistencia de una política de dilación y el desgaste del factor tiempo podrían, por sí solos, constituir la mayor amenaza para la estabilidad del Líbano y el futuro de su Estado.

El debate sobre el monopolio de las armas por parte del Estado en el Líbano ha dejado de ser una discusión soberanista clásica sobre la aplicación de la Constitución o la ejecución de la resolución 1701. Se ha convertido en una prueba existencial de la capacidad del Estado para ejercer sus funciones esenciales. La cuestión central hoy radica en la enorme brecha entre la decisión soberana y la capacidad real de llevarla a la práctica en una visión nacional y en un consenso social amplio, más que en la validez de un principio que cuenta con un consenso teórico casi general.

Este desplazamiento del debate revela la gravedad del momento actual. La voluntad política ya no es suficiente. Lo que está en juego ahora es la capacidad estructural. El Estado libanés se encuentra en una situación inédita de carencia de herramientas: no dispone de un mecanismo interno decisivo frente a Hezbolá, ni de un respaldo regional favorable, ni de una solidaridad internacional suficiente, ya sea política, de seguridad, económica o financiera. Más allá de un debilitamiento coyuntural, esta situación muestra que la decisión de monopolizar las armas, por más legítima que sea en principio, está atrapada en un triángulo de impotencia: incapacidad para imponerla, para negociar desde una posición de fuerza y para asumir el costo de su fracaso.

Restaurar la primacía del Estado

La persistencia de armas fuera del control estatal es solo la cara visible del problema. Más preocupante aún es que la brecha entre la decisión y la capacidad se ha convertido en un factor de inestabilidad. Un gobierno, incluida la presidencia, que proclama un objetivo soberano y estratégico sin contar con las herramientas reales para alcanzarlo se adentra en un terreno riesgoso, poniendo en juego su propia credibilidad, como si fuera un actor secundario y no plenamente soberano. El verdadero desafío va más allá de la cuestión de las armas: radica en la capacidad de alinear la ambición soberana con la realidad, garantizando al mismo tiempo la estabilidad social interna.

Para entender este momento, es necesario remontarse al contexto en el que la cuestión del monopolio de las armas adquirió su forma actual. Este expediente es el resultado de un proceso acumulativo que se remonta a los Acuerdos de Taif, pero que permaneció en suspenso durante décadas debido a los equilibrios heredados de la guerra civil. Lo nuevo hoy es que este proceso ha pasado del discurso político al ámbito de las decisiones ejecutivas, especialmente tras la guerra de apoyo a Gaza de 2024 y los acuerdos de seguridad restrictivos que la acompañaron. Hezbolá aceptó estos acuerdos y contribuyó a su diseño como actor principal, a través de su aliado, el líder del movimiento Amal y del Parlamento libanés, en lugar del Estado o del gobierno, en el marco de la declaración de cese de hostilidades entre el Líbano e Israel del 26 y 27 de noviembre de 2024 y la reactivación de la aplicación de la resolución 1701.

Sin embargo, la transición hacia la implementación de esta decisión reveló rápidamente los límites de la capacidad del Estado. El relativo éxito logrado mediante el despliegue del ejército libanés al sur del río Litani no fue tanto el resultado de un acuerdo político interno, sino de las condiciones impuestas por la guerra y las presiones derivadas de ella. En cambio, el paso hacia el restablecimiento del monopolio de la fuerza en el resto del territorio puso de manifiesto las complejidades estructurales del sistema libanés, donde las consideraciones de soberanía se entrelazan con los imperativos de estabilidad y los cálculos internos se cruzan con los regionales, exponiendo al Estado a críticas por su falta de credibilidad en el cumplimiento de los compromisos.

La obsolescencia de la noción de “Resistencia”

El expediente del monopolio de las armas parece haber entrado en una fase de dilación estratégica, comparable a la de otros asuntos sensibles como el déficit financiero o el caso del puerto de Beirut. Se trata de una situación en la que ni el Estado puede avanzar de forma decisiva, ni Hezbolá está dispuesto a retroceder, ni la comunidad internacional puede imponer una solución, ni el entorno regional permite una resolución rápida, ni el sistema interno logra consensuar una opción. Esto revela que el problema ya no es técnico ni de seguridad, sino una disfunción más profunda en la relación entre el Estado y la sociedad libanesa.

En este contexto, no se puede ignorar el cambio más significativo en el entorno político: el desgaste progresivo de la amplia legitimidad nacional de la noción de “Resistencia”. Antes del año 2000, este concepto se sustentaba en tres pilares —la liberación del territorio, la disuasión frente a Israel y la acción dentro de un proyecto nacional unificador— que se han ido erosionando. Hezbolá ha concentrado progresivamente su base en su propio entorno social, en detrimento del Estado, utilizando recursos de una economía rentista y consolidando su control político y social mediante mecanismos internos que garantizan su permanencia.

Además, las armas nunca se integraron en una estrategia nacional de defensa consensuada, sino que permanecieron fuera del marco institucional, constituyendo una estructura militar con proyección regional más que un actor estrictamente libanés. La participación en conflictos regionales, especialmente en Siria, transformó su imagen: de instrumento de resistencia a herramienta de influencia regional.

Por último, el colapso económico y las guerras recurrentes han añadido un nuevo factor: el elevado costo social que amplios sectores de la población deben asumir por decisiones en las que no participaron.

Asignar un rol soberano al ejército

Esta evolución no ha provocado el colapso total del concepto de “Resistencia”. Pero sí ha provocado su transformación en una legitimidad parcial, ligada a un entorno político y social específico. El desafío actual es claro: si ese modelo ha perdido legitimidad, ¿puede el Estado llenar ese vacío?

Esta pregunta remite a un problema más profundo: la ausencia de una estrategia de defensa nacional alternativa que genere confianza. El Estado libanés, pese a su legitimidad jurídica, no dispone de capacidades militares ni de una doctrina de disuasión suficientes para enfrentar a Israel, especialmente en un contexto de armisticio frágil y violaciones recurrentes. Esto se explica tanto por la escasez de recursos como por la doctrina heredada de Taif, que priorizó la estabilidad interna sobre la preparación militar externa, y por un apoyo internacional orientado más al mantenimiento del orden que al fortalecimiento de una fuerza de combate.

Por ello, el debate sobre el monopolio de las armas está incompleto si no se vincula a la construcción de una estrategia de defensa viable.

En este marco, el debate libanés se articula en torno a tres enfoques. El primero, soberanista, identifica la dualidad del poder como el problema central y apuesta por imponer el monopolio estatal de las armas conforme a los acuerdos de Taif y las resoluciones internacionales. Es sólido en principios, pero tiende a ignorar las condiciones materiales de su aplicación.

El segundo, realista, plantea una solución progresiva basada en acuerdos políticos y evita la confrontación directa, considerando la fragilidad del contexto libanés. Sin embargo, suele derivar en una gestión de la crisis más que en su resolución.

Reconquistar el monopolio de las armas

El tercer enfoque, crítico, sostiene que el calendario de este asunto depende más de presiones externas —especialmente del equilibrio posterior a la guerra y de presiones estadounidenses e israelíes— que de un consenso interno. Advierte sobre los riesgos de imponer una solución sin condiciones políticas adecuadas, aunque no ofrece una alternativa clara.

En definitiva, estos enfoques reflejan una divergencia fundamental sobre la naturaleza del Estado: si el Líbano puede recuperar el monopolio de las armas, si debe preservar sus frágiles equilibrios internos o si es un escenario de rivalidades regionales que debe ser neutralizado. La falta de una respuesta común explica por qué el debate sobre las armas se convierte recurrentemente en una discusión sobre la propia naturaleza del Estado.

Todo ello conduce a la dimensión más compleja: la regional. La decisión sobre las armas en el Líbano nunca ha sido exclusivamente nacional. Los vínculos entre Hezbolá e Irán, su relación con los acuerdos de alto el fuego con Israel y su papel en la negociación entre Estados Unidos e Irán han colocado esta cuestión fuera del control del Estado libanés, relegado a un rol secundario.

Esta contradicción se agrava por la creciente presión internacional sobre el Líbano para adoptar medidas internas, mientras la comunidad internacional carece de capacidad para garantizar las condiciones regionales necesarias.

El panorama regional sigue bloqueado. La posibilidad de separar a Hezbolá de Irán es incierta. En contextos de presión extrema, las alianzas tienden a reforzarse. La política de “máxima presión” puede conducir tanto a un repliegue táctico como a una mayor rigidez, al considerar las armas como garantía de supervivencia política.

En este escenario, las armas dejan de ser solo un instrumento militar y se convierten en un mecanismo de supervivencia política, lo que debilita aún más la posición del Estado, que exige su desarme en el momento en que este actor percibe esas armas como esenciales para su existencia.

En el centro de este bloqueo está el propio Estado libanés, afectado por una crisis financiera sin precedentes, debilidad institucional, divisiones políticas y fuertes presiones sociales y de seguridad. El desplazamiento masivo desde el sur, que supera las 800 mil personas, añade tensiones sobre los servicios, los recursos y los equilibrios locales.

Los fantasmas de las divisiones pasadas

El riesgo de tensiones aumenta ante la falta de apoyo suficiente a los desplazados, lo que puede politizar su acogida y alimentar divisiones en un país ya fragmentado.

El ejército libanés, encargado de ejecutar esta política, actúa con extrema cautela. Ha logrado establecerse al sur del Litani, pero la extensión hacia el norte revela un escenario mucho más complejo por sus implicaciones internas. Esta prudencia responde no solo a limitaciones militares, sino al temor de un conflicto interno que podría afectar la cohesión de la institución, evocando los recuerdos de la guerra civil.

A ello se suma la fragilidad de las instituciones estatales, debilitadas por la crisis económica desde 2019 y con recursos limitados para implementar una política integral de control y desarme.

Un margen de maniobra muy reducido

El Estado libanés carece de instrumentos de presión, alianzas decisivas y garantías de seguridad, lo que limita su capacidad de negociación. Incluso cuando exige un alto el fuego como condición previa, no dispone de medios para imponerlo.

Algunos actores internacionales, como Francia, han reconocido la dificultad de exigir el desarme de Hezbolá en medio de los bombardeos israelíes. Sin embargo, este reconocimiento no se traduce necesariamente en apoyo efectivo.

Así, el Líbano enfrenta una ecuación compleja: se le exige tomar decisiones soberanas sin contar con los recursos para implementarlas ni con la capacidad de influir en los actores clave.

En definitiva, el país vive una situación inédita de carencia de herramientas, enfrentando simultáneamente presiones externas, crisis interna y un margen de maniobra internacional muy limitado.

El verdadero peligro no radica tanto en las armas en sí, sino en la ausencia de una estrategia nacional clara y realista que defina objetivos, plazos, costos y garantías. Persistir en la política de dilación y avanzar sin rumbo puede resultar más peligroso que tomar decisiones.