Análisis

Casi un año después de su acceso a la sede apostólica del Vaticano, el papa León XIV se reunió con el secretario de Estado americano Marco Rubio en el primer encuentro que lo unía a un alto responsable de la administración del presidente Donald Trump, en una atmósfera de tensiones crecientes alimentadas por declaraciones recíprocas sobre la guerra contra Irán y las políticas migratorias. El primer papa americano de la historia de la Iglesia católica manifestó posiciones firmes y clásicas de la Iglesia en la promoción de los valores de paz y diálogo, y tuvo que hacer frente a las críticas del presidente Trump, quien afirmaba que «exponía a la Iglesia, a los católicos y a las poblaciones al peligro», estimando que las posiciones del papa daban a entender que «no veía inconveniente en que Irán se dotase de armas nucleares». León se apresuró a desmentir estas acusaciones, reafirmando el rechazo de la Iglesia a las armas nucleares y calificando las declaraciones de Trump de «inexactas».

Cuando viajaba a Canadá, me irritaba sobremanera la propaganda israelí que presentaba el falafel, el tabulé y el hummus como parte del patrimonio tradicional judío e israelí. Era una apropiación de tradiciones culinarias que pertenecen al Bilad al-Sham desde hace siglos, y no sólo el robo de un legado : era la confiscación de una identidad y una memoria. Ningún pueblo en la historia ha invertido en la memoria como lo hicieron los judíos tras el Holocausto. Construyeron uno de los sistemas de preservación memorial más poderosos del mundo, convirtiendo la memoria en un dispositivo total : material, pedagógico y jurídico, concebido para ser indeleble. Catalogaron los efectos personales en museos, donde se reunieron miles de objetos que habían pertenecido a las víctimas : los zapatos, las maletas con los nombres de sus dueños inscritos encima, las gafas, los cabellos cortados a los prisioneros, las ropas y los pequeños objetos cotidianos (peines, relojes, anillos) ; todo ello para atestiguar que las víctimas eran individuos reales, y no meros números.

Los análisis tradicionales sobre el Líbano recurren constantemente al “paradigma confesional”, que concibe al Estado como un equilibrio frágil entre facciones religiosas. Sin embargo, esta lectura no logra explicar la actual desintegración sistémica, que trasciende las fronteras comunitarias. Al aplicar el paradigma durkheimiano de la anomia, este texto sostiene que la crisis libanesa no se caracteriza por fricciones confesionales, sino por un profundo estado de “anomia”, es decir, de desregulación de la vida social. Desde esta perspectiva, el confesionalismo no es la causa principal del colapso, sino un mecanismo residual de supervivencia que emerge en el vacío dejado por un contrato social roto.

La ley constitucional promulgada el 21 de septiembre de 1990 enriqueció el preámbulo de la Constitución libanesa con disposiciones fundamentales que establecen que el Líbano es una patria libre e independiente, la patria definitiva de todos sus hijos, unida dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente en su territorio, su pueblo y sus instituciones, y que su identidad y pertenencia son árabes. El inciso (c), por su parte, dispone que el Líbano es una República democrática parlamentaria. A partir de este punto preciso conviene analizar la efectividad del régimen parlamentario instaurado tras el Acuerdo de Taif, un régimen que, sin embargo, ha demostrado su incapacidad para construir el Estado y sus instituciones, y respecto del cual cabe preguntarse si representa fielmente al pueblo que lo ha elegido en repetidas ocasiones. Este ámbito adquiere una importancia creciente y se impone hoy como una tarea vital, intensiva y de largo aliento, en medio de una sucesión de acontecimientos trágicos marcados por guerras y crisis políticas reiteradas. El concepto de parlamentarismo nunca ha sido considerado incompatible con la diplomacia, que por naturaleza es una función soberana destinada a gestionar crisis políticas, económicas y sociales, sin que por ello la situación libanesa haya mejorado.

Mali atraviesa desde 2012 una crisis multidimensional cuyas raíces se hunden, en parte, en el colapso libio, que inundó el Sahel con flujos de armas y combatientes, transformando de forma duradera el equilibrio de seguridad de toda la región. Ese año, rebeldes tuareg proclamaron la independencia del norte del país, antes de ser rápidamente desplazados por sus aliados islamistas vinculados a Al Qaeda en el Magreb Islámico. Francia intervino militarmente en 2013 para contener el avance yihadista, sin lograr erradicarlo. La década siguiente fue, para Mali, una de deterioro continuo. Los acuerdos de paz firmados en Argel en 2015 entre Bamako y los movimientos armados del norte nunca se aplicaron plenamente. El terrorismo se expandió hacia el centro y el sur del país, mientras la violencia intercomunitaria se intensificó. En 2020 y luego en 2021, dos golpes de Estado consecutivos llevaron al poder al coronel Assimi Goïta, cuya junta militar se autodenominó “Transición” en espera de un retorno al orden constitucional… pero, como suele ocurrir con lo provisional que se prolonga, dicha “transición” lleva cinco años sin un horizonte electoral creíble.

La victoria de Péter Magyar y su partido «Tisza» marca un punto de inflexión histórico en el panorama político húngaro, poniendo fin a dieciséis años de gobierno de Viktor Orbán y su partido Fidesz. Las elecciones fueron calificadas como las más importantes en décadas, no solo por la participación popular sin precedentes, sino también porque su resultado otorgó a la oposición una mayoría de dos tercios en el parlamento, lo que le permite modificar la Constitución y revertir las políticas iliberales que Orbán había consolidado durante sus años en el poder. El nuevo presidente Magyar prometió restaurar la libertad de prensa y reformar los medios de comunicación estatales, en un paso orientado a desmantelar el sistema de control informativo en que se había apoyado el régimen anterior. La gran sorpresa fue el reconocimiento inmediato de la derrota por parte de Orbán, sin intentar aferrarse al poder por la fuerza, lo que evitó al país una crisis política o protestas violentas.

La línea amarilla trazada sobre el suelo del sur del Líbano no es una simple demarcación militar. Es una advertencia de la historia. Israel ha establecido una zona militar que se extiende unos diez kilómetros al norte de la frontera, en el sur del Líbano. El primer ministro israelí expresó su posición sin ambigüedades: “Se trata de una franja de seguridad de diez kilómetros de profundidad, mucho más sólida, más intensa, más continua y densa que la que teníamos antes. Aquí estamos y no nos iremos”. [1] El vocabulario resulta familiar. Analistas han descrito lo que ocurre ante nuestros ojos como la “gazificación” del sur del Líbano, luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenara al ejército demoler las aldeas fronterizas libanesas siguiendo los modelos de Beit Hanoun y Rafah. [2] Sabemos cómo lucen esos modelos. No queda nada.

El acceso al Estado en el Líbano ya no recorre el camino directo que debería seguir en cualquier sistema político moderno. La relación que tendría que fundarse sobre derechos claramente definidos y obligaciones mutuamente reconocidas se ha ido transformando en una compleja red de vías informales, en la que el ciudadano ya no trata directamente con el Estado, sino con quien le «abre el acceso» a él. Pero la mutación no se ha detenido ahí, puesto que la intermediación ha dejado de ser un simple puente tendido entre el ciudadano y el Estado para convertirse, en muchos casos, en un sustituto integral de aquel, a través de la construcción de dispositivos paralelos que reproducen el Estado fuera de sus propios límites.

Pronunciado en un momento crítico, tras la entrada en vigor del alto el fuego con Israel, el discurso del presidente de la República libanesa, el general Joseph Aoun, se cuenta sin duda entre los más claros en cuanto al tono empleado y los más ambiciosos en las aspiraciones políticas expresadas. Ni discurso de apaciguamiento ordinario ni comunicado de agradecimiento protocolario, se aproximaba más bien a una declaración de intenciones de gran alcance: redefinir la posición del Líbano, recuperar la decisión del Estado y comprometerse en un proceso de negociación supuestamente diferente de todo lo anterior.

Al frente de Hungría, con una autoridad prácticamente incontestada desde 2010, el primer ministro Viktor Orbán ha sido finalmente derrotado en las urnas, desalojado del poder por el cansancio ciudadano ante la corrupción y lo que muchos perciben como ataques al Estado de derecho. A sus 62 años, se había consolidado en la escena internacional mediante choques recurrentes con Bruselas y sus vínculos abiertos con el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Orbán también generó polémica por su indulgencia hacia el ecosistema de extrema derecha y una red más amplia de liderazgos autoritarios en Europa y el mundo.