Libano: el precio de la guerra y el Estado suspendido
Desde el estallido de la última escalada militar en la frontera sur, el Líbano ha vuelto al primer plano del escenario regional como espacio de confrontación abierta, reavivando viejas preguntas sobre su papel, los límites de su autonomía decisional y su capacidad para asumir el coste de verse implicado en conflictos que lo desbordan. En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿cómo evaluar el bien fundado de esta confrontación desde una perspectiva estrictamente libanesa, a la luz de las consecuencias que ha generado en los planos militar, económico y social?
Los datos sobre el terreno apuntan a un coste considerable. Vastas zonas del Sur sufrieron graves daños en las infraestructuras y en los bienes y propiedades privados, mientras que oleadas de desplazamiento interno afectaron a cientos de miles de habitantes, sobrecargando aún más las regiones de acogida y a un Estado ya sumido en una profunda crisis económica y financiera. Sectores productivos esenciales, el agrícola y el turístico en primer lugar, se vieron también duramente perjudicados, en el momento preciso en que la economía libanesa más necesitaba cualquier margen de recuperación.
Las lecturas divergen, sin embargo, en cuanto a los resultados militares reales. Algunos sostienen que la implicación en la confrontación forma parte de una estrategia de disuasión más amplia, apoyada en equilibrios regionales, y que apunta a imponer nuevas ecuaciones o a consolidar las existentes. Otros consideran que los resultados no produjeron ningún cambio cualitativo en la correlación de fuerzas, y que el techo de los desenlaces políticos sigue próximo a los arreglos previos al cese de hostilidades — o incluso a un retorno a los efectos concretos de esos arreglos tal como se encontraban antes de la última escalada —, lo que suscita interrogantes sobre la relación entre el coste asumido y los resultados obtenidos, máxime cuando esta escalada se inscribió ella misma en interacciones regionales más amplias y en lógicas que desbordan con creces el marco estrictamente libanés.
Esta divergencia de apreciación refleja, en buena medida, un desacuerdo fundamental sobre el lugar del Líbano en el conflicto regional. ¿Es un actor directo con margen de decisión independiente, o un eslabón en una red de alianzas más amplia en la que los cálculos locales y regionales se entrelazan de forma inextricable? La respuesta no es meramente teórica: incide directamente sobre la manera en que se comprende la guerra y se juzga su utilidad.
En el plano interno, la escalada ha revivido el debate sobre el papel del Estado y los límites de su autoridad. La cuestión del monopolio de las armas y de la prerrogativa de decisión en materia de guerra y paz sigue siendo una de las más sensibles de la vida política libanesa. Para un sector del abanico político, concentrar ese poder en las instituciones estatales constituye una condición sine qua non para reforzar la soberanía y construir una estabilidad duradera. Para otro, la realidad de seguridad y los equilibrios existentes imponen fórmulas distintas, y cualquier aproximación seria a este expediente debe tener en cuenta los temores y recelos mutuos entre los distintos componentes libaneses.
Este debate no es nuevo, pero los últimos acontecimientos le confieren una agudeza renovada. La experiencia demuestra que la pluralidad de centros de decisión genera serios desafíos en materia de coordinación interna y gestión de crisis, al tiempo que condiciona la posición del Líbano en sus relaciones exteriores, ya sea en lo relativo a la vía diplomática o a su capacidad para beneficiarse del apoyo internacional.
Esta problemática se vincula con una pregunta más amplia sobre la naturaleza del sistema político. Desde la adopción del Acuerdo de Taëf, se sentaron las bases para la reconstrucción del Estado y el fortalecimiento de sus instituciones, pero la aplicación ha sido muy desigual, bajo el efecto combinado de complejidades internas y equilibrios políticos cambiantes, tanto locales como regionales. Esta aplicación de geometría variable ha contribuido a mantener cuestiones esenciales — la soberanía, la reforma institucional — en el terreno de un debate abierto y perpetuamente irresuelto.
Más allá de la dimensión soberana, emerge la cuestión de la confianza de los ciudadanos en el Estado. Las sucesivas crisis, desde el colapso financiero hasta las secuelas de la guerra, han erosionado esa confianza y llevado a amplios sectores de la población libanesa a apoyarse en redes alternativas para satisfacer sus necesidades. Esta realidad compromete, a su vez, la posibilidad de construir un contrato social efectivo, fundado en una relación de reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos, articulada en torno a derechos y deberes.
Es en este marco donde cabe entender lo que a veces se describe como una cierta «selectividad» en la aplicación de las leyes o en el tratamiento de los asuntos públicos. Tal selectividad es en parte resultado de la desconfianza hacia las instituciones, o del sentimiento de ciertos grupos de que las normas no se aplican de manera equitativa. Pero contribuye al mismo tiempo a debilitar la idea misma del Estado como referencia común y aglutinadora, dificultando cualquier intento de establecer reglas estables de gobernanza.
En el plano regional, lo que ocurre en el Líbano no puede disociarse de un contexto más amplio atravesado por las interacciones entre potencias internacionales y regionales. Las experiencias acumuladas en los últimos años en varios escenarios de la región han demostrado cómo los Estados con fragilidades internas pueden convertirse en arenas donde estos conflictos se cruzan y se superponen. El Líbano aparece, en esta configuración, particularmente expuesto a la influencia de esos equilibrios, dada su composición interna y el entramado de sus relaciones exteriores.
En este mismo marco se inscribe el reciente anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, de quince días de duración y bajo mediación pakistaní, con vistas a abrir un proceso negociador entre ambas partes que tenga por objetivo alcanzar un arreglo a la crisis que las enfrenta. Sin embargo, este proceso suscita una serie de interrogantes para el Líbano, ya que aún no está claro si este acuerdo le concierne de forma directa o indirecta. Plantea asimismo la cuestión del lugar del Líbano en tales arreglos, en un momento en que no dispone de representación oficial en la mesa de negociaciones, cuando el Estado libanés debería ser la única instancia habilitada para negociar en su nombre. Esta situación ilustra una problemática persistente vinculada a los límites de la soberanía nacional: cuestiones que afectan directamente al Líbano son tratadas en marcos negociadores externos sin que el Estado ocupe el papel que de derecho le correspondería en la definición de su posición y sus opciones.
Ante este panorama, las opciones disponibles no son ni simples ni unívocas. Un enfoque realista exige reconocer el entrelazamiento de los factores internos y externos, y admitir que cualquier camino hacia la salida de las crisis requiere un tratamiento equilibrado de esos factores, sobre la base de consolidar el Estado y no de complacerlo ni de socavarlo. Ello implica, por un lado, reforzar las instituciones estatales y su capacidad de gestionar los expedientes soberanos y los servicios públicos, de manera que se garantice un Estado justo, sometido al derecho y garante de la igualdad en los derechos; y, por otro, trabajar para reducir la polarización interna y construir un mínimo de consenso en torno a las cuestiones fundamentales, con el fin de reforzar la legitimidad nacional sin mermar el papel o la soberanía del Estado.
En definitiva, la reciente guerra en el Líbano plantea más preguntas de las que responde. Revela la magnitud del precio que puede acarrear la implicación en conflictos de horizontes indefinidos, y arroja nueva luz sobre interrogantes estructurales relativos al Estado, la soberanía y el contrato social. Mientras las lecturas y valoraciones permanecen divididas, el desafío central sigue siendo el de convertir esta experiencia en una oportunidad para replantearse las opciones — en lugar de que se convierta en un episodio más en la espiral de crisis recurrentes.