La fabricación del miedo, el estado de excepción y la desprotección del ser humano en Líbano

Desde el incidente del autobús de Ain al-Rummaneh, en 1975, que constituyó la chispa simbólica de la guerra, los libaneses entraron en un ciclo ininterrumpido de miedo organizado, y no de un miedo circunstancial. Este fenómeno se inscribe en lo que algunos pensadores denominan “economía del miedo” o “políticas del miedo”, donde el miedo se convierte en una materia que se fabrica y administra, y deja de ser únicamente un sentimiento espontáneo.

El miedo cumple aquí tres funciones peligrosas:

En primer lugar, paraliza la acción colectiva. Cuando una sociedad vive bajo la amenaza permanente de la guerra, la discordia, el colapso o un enemigo externo o interno, su principal preocupación pasa a ser la supervivencia individual y no la acción colectiva. De este modo, se desintegra la posibilidad de una resistencia organizada frente a cualquier forma de dominación u ocupación.

En segundo lugar, reproduce las lealtades comunitarias, porque el miedo empuja a las personas a buscar refugio en sus grupos primarios de pertenencia: la comunidad confesional, el líder, el partido. Así, el miedo se convierte en un mecanismo para reproducir el mismo sistema que, supuestamente, es la causa de la crisis.

Por último, bajo el dominio del miedo, todo se vuelve justificable: las armas fuera del control del Estado, la suspensión de la ley, la represión, la corrupción e incluso la dependencia de potencias extranjeras, porque “las circunstancias son excepcionales”. Entramos así en un estado de excepción que nunca termina.

Nuestra historia demuestra la recurrencia de estas distintas etapas en la fabricación del miedo:

La guerra civil: el miedo al otro confesional.

Las sucesivas ocupaciones: el miedo al enemigo externo.

El periodo posterior a 2005: el miedo a los asesinatos y al caos.

Desde 2019: el miedo al colapso económico.

Las guerras regionales y las guerras de apoyo: un miedo y una ansiedad permanentes ante la propia existencia.

Por lo tanto, el problema no reside en la existencia de peligros reales, pues estos existen, sino en transformar esos peligros en una estructura permanente para administrar la sociedad. Tampoco reside en el hecho de que la población haya sucumbido al miedo, sino en que ese miedo haya sido, en muchas ocasiones, fabricado, amplificado o instrumentalizado de manera que impida cualquier verdadero momento de emancipación.

El resultado final es lo que podría denominarse una sociedad que vive en un estado permanente de emergencia psicológica.

Si el miedo se produce como un instrumento para controlar el espacio político, su efecto más profundo se manifiesta en la redefinición del propio ser humano dentro de ese espacio, algo que las tesis de Giorgio Agamben sobre la “vida desnuda” (bare life) ponen de relieve con particular precisión. En el contexto libanés, no se trata únicamente de generalizar un clima de miedo, sino de transformar al ciudadano en un ser biológico despojado de protección, que vive en una zona gris entre el derecho y el no derecho, donde los derechos quedan suspendidos en nombre de imperativos de seguridad o de carácter confesional.

En este sentido, la “economía del miedo” converge con lo que Michel Foucault denomina “biopoder”, que no se limita a controlar los cuerpos, sino que los reproduce dentro de dispositivos de disciplina y vigilancia: la prisión, el hospital, la escuela, el cuartel… Sin embargo, el caso libanés revela un desplazamiento adicional: en lugar de administrar la vida con miras a mejorarla, como ocurre en los modelos clásicos del biopoder, se administra el miedo para mantener la vida en su nivel mínimo, es decir, en el nivel de la “supervivencia” y no del “vivir”.

El individuo libanés se aproxima así a la condición de “vida desnuda”, en el sentido agambeniano, constantemente expuesto a decisiones soberanas de excepción y privado de cualquier perspectiva de estabilidad jurídica y política. Esta convergencia entre la producción del miedo y la privación del ser humano de su condición política desemboca en una estructura invisible de gobierno, en la que el contrato social es sustituido por la lógica de la emergencia permanente y donde, en lugar del ejercicio del poder, prevalece una “política del abandono”. Más aún, se trata de una gestión del deterioro: de la economía, la salud, la educación, la emigración y hasta la explosión del puerto de Beirut…

Si el “estado de excepción” constituye el punto de partida teórico para comprender la transformación de la soberanía en el contexto libanés, no representa un simple paréntesis jurídico excepcional, sino que ha establecido una estructura permanente de gobierno en la cual se reformula continuamente la relación entre el poder y la sociedad. En este sentido, la “fabricación del miedo” puede considerarse una prolongación práctica del estado de excepción, ya que la suspensión de las normas jurídicas e institucionales solo puede mantenerse mediante la producción permanente de un clima de amenaza.

En este contexto, el ciudadano deja de ser un actor político para convertirse en objeto de las políticas de emergencia, sometido a la lógica de la supervivencia individual y separado de cualquier horizonte contractual común. Por consiguiente, desmantelar este sistema no pasa únicamente por restablecer el derecho, sino por recuperar el sentido político de la vida misma, es decir, por reintegrar al individuo en el espacio de la ciudadanía, más allá de la lógica de la excepción y del miedo.

El miedo se convierte así en un instrumento invisible de gobernanza que remodela las mentalidades colectivas y arraiga lo que podría denominarse una “emergencia psicológica permanente”, en la que la ansiedad se reproduce continuamente como condición estructural de una estabilidad precaria. Este proceso no se limita a la existencia de peligros objetivos, sino que se alimenta también de una vulnerabilidad social basada en profundas divisiones y en la ausencia de una narrativa nacional común. Desmantelar la economía del miedo, por tanto, no consiste únicamente en revelar sus mecanismos, sino que exige reconstruir la confianza y las instituciones y producir un sentido colectivo alternativo.

El papel de Hezbolá

En este contexto, no es posible comprender los mecanismos de dominación sin abordar el papel de Hezbolá y la política que ha impuesto en Líbano, conjuntamente con el sistema gobernante y con el respaldo del régimen sirio e Irán, en particular durante el periodo en que este eje ejercía un dominio absoluto, un dominio que hoy experimenta un retroceso notable, especialmente desde la caída de Assad.

Aquí se impone una distinción filosófica y jurídica fundamental. Es necesario diferenciar rigurosamente entre un “estado de emergencia”, que emana del derecho y que las constituciones regulan mediante límites y condiciones claramente definidos, y un “estado de excepción prejurídico”, impuesto por este eje como un hecho consumado, sin límites ni salvaguardas. En este segundo caso, las leyes y los límites fueron abolidos y los derechos, conculcados, transformando por completo el papel de la Constitución y de las instituciones libanesas. En lugar de constituir un escudo destinado a proteger a la sociedad, estas quedaron reducidas, bajo el peso de esta dominación, a una mera cobertura oficial y legal para el abuso de poder y la consolidación del autoritarismo.

La soberanía paralela ejercida por Hezbolá no se detuvo en los límites del control jurídico de los individuos. Penetró, de manera insidiosa, hasta la propia “vida desnuda”, privándola de todo valor y exponiéndola a la violencia de decisiones soberanas arbitrarias. En consecuencia, esta “vida desnuda”, contemplada a través del prisma de la “excepción”, se convirtió en el combustible vital que alimenta el ejercicio del poder soberano de Hezbolá, que asegura su perpetuación mediante la producción continua de un “cuerpo biopolítico” reprimido y domesticado, sometido a un control absoluto bajo la cobertura de la ley y de una soberanía ficticia, con el fin de impedir cualquier forma de oposición.

Esta lógica se ha manifestado concretamente en el asesinato del intelectual y activista político Lokman Slim en una zona bajo control de Hezbolá; en los acontecimientos del 7 de mayo de 2008, cuando las armas fueron utilizadas dentro del país para imponer ecuaciones políticas mediante la fuerza de los hechos consumados; así como en la obstrucción de la investigación judicial sobre la explosión del puerto de Beirut y las amenazas proferidas abiertamente contra los jueces. Estas prácticas consagraron el principio de una impunidad total y anularon de hecho la soberanía del poder judicial libanés.

A través de este miedo metódicamente construido, el ser humano en Líbano ha quedado reducido a la condición de “vida desnuda”. El opositor político queda expuesto a la eliminación física, a acusaciones de traición o, simbólicamente, a una condena que lo despoja de toda protección. Por su parte, el ciudadano perteneciente a la propia base social de Hezbolá también queda expuesto al ser arrastrado a guerras regionales transfronterizas, ya sea mediante la intervención militar en Siria o la apertura unilateral de frentes de desgaste, sin autorización ni cobertura de su Estado, hasta quedar reducido a mero combustible biológico al servicio de un proyecto transnacional.

Esta desprotección no se ha limitado a los individuos. También ha alcanzado la propia estructura del Estado libanés y a los Estados vecinos, cuya soberanía ha sido vulnerada mediante la legitimación de rutas ilícitas de contrabando, la confiscación de la decisión sobre la guerra y la paz, y la transformación de las fronteras, así como de la propia decisión soberana confiscada, en espacios abiertos para ejecutar agendas militares y de seguridad situadas enteramente fuera de los marcos del derecho internacional y del contrato político. El Estado y la población han quedado así, conjuntamente, a merced de una soberanía de excepción que se alimenta de la ausencia del derecho y de la perpetuación del terror.

En definitiva, el retroceso manifiesto y continuo de este eje, tanto regional como local, abre una brecha en el muro del “estado de excepción” permanente y ofrece una oportunidad histórica sin precedentes para liberar al ser humano en Líbano de su condición de estar indefenso frente al poder arbitrario y devolverlo al amparo de la ley. Sin embargo, el retroceso militar y político de la milicia y del proyecto iraní no implica automáticamente la restauración inmediata de la soberanía del Estado. Esta restauración se enfrenta a otro muro formidable dentro del propio sistema político: la estructura del “Estado profundo” en Líbano.

Este “Estado profundo”, que se nutre de redes de intereses confesionales, del reparto del poder según lógicas faccionales y de una corrupción institucional sistémica, constituye la prolongación burocrática y financiera oculta que permitió originalmente el surgimiento de la dominación miliciana y su perpetuación. Es esta estructura la que hoy se niega a renunciar a sus privilegios y obstaculiza activamente la aplicación efectiva de los mecanismos de rendición de cuentas ante la justicia, las reformas estructurales y la construcción de auténticas instituciones legítimas.

Por consiguiente, el futuro del Estado libanés y la restauración de su plena soberanía no podrán alcanzarse únicamente mediante el retroceso de las armas paralelas o el debilitamiento de sus patrocinadores regionales, sino que dependen de una batalla más profunda y compleja: el desmantelamiento del sistema clientelar del Estado profundo.

Poner fin a la desprotección del ser humano y de la patria exige pasar del terreno del “terror y la salvación militar” al de “la ciudadanía, el derecho y el saneamiento de la administración pública”. Sin desmantelar esta infraestructura del autoritarismo encubierto, la soberanía seguirá siendo una promesa aplazada, mientras el futuro de Líbano permanecerá atrapado entre un poder armado que se debilita y un Estado profundo que se niega a nacer de nuevo.