Política

Con cada aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la misma pregunta se cierne sobre Beirut: ¿estamos ante una guerra aplazada o una confrontación inevitable? ¿Será Líbano el campo de batalla o simplemente un espectador preocupado, testigo de los acontecimientos? La realidad es que la región vive desde hace años en un estado de «ni guerra ni paz». Escaladas calculadas, ataques localizados, declaraciones incendiarias y movimientos de medios militares en el mar y en el aire suscitan respuestas a través de negociaciones indirectas y mediaciones regionales e internacionales. Se trata de una delicada estrategia de gestión de las relaciones, que consiste en avanzar un paso y retroceder dos, pero la situación aún no ha degenerado en una guerra abierta. ¿Por qué Washington no quiere la guerra ahora? Estados Unidos entiende que cualquier confrontación a gran escala con Irán no será una simple operación quirúrgica. Irán no es un país aislado y sin medios de presión. Irán cuenta con una red de influencia regional, capacidades de misiles y drones, y ejerce una influencia considerable en numerosos frentes. Una guerra directa implicaría: • Ataques a instalaciones estratégicas en Irán. • Represalias con misiles contra las bases e intereses estadounidenses. • El estallido simultáneo de varios frentes. Además, las prioridades globales de Estados Unidos son múltiples: una lucha de influencia con China, una guerra en Ucrania y crisis energéticas y económicas. Una nueva guerra en Oriente Medio significaría un mayor debilitamiento de sus recursos, con consecuencias inciertas. ¿Por qué Teherán no quiere la guerra? Irán tampoco está dispuesto a cometer un suicidio estratégico. Su economía está debilitada por las sanciones y su situación interna es precaria. Una confrontación directa podría dañar gravemente su infraestructura militar y nuclear y potencialmente desencadenar disturbios internos. Por eso, Teherán favorece una política de «represalias indirectas», utilizando a sus aliados regionales como palanca sin involucrarse en un conflicto directo. Así, se mantiene un frágil equilibrio: una escalada controlada con límites cuidadosamente calculados. ¿Cuál es el lugar del Líbano en esta ecuación? Líbano está en el centro de estos cálculos. La presencia de Hezbolá como fuerza militar y política activa lo integra en la red de disuasión iraní en la región. En consecuencia, cualquier evolución de la confrontación estadounidense-iraní tendrá un impacto directo en el Líbano. La pregunta no es si Líbano se verá afectado, sino en qué medida. Escenario 1: Continuación de la guerra en la sombra En este escenario, los ataques localizados y las tensiones mediáticas persisten sin degenerar en un conflicto abierto. Hezbolá mantiene entonces su política de «compromiso calculado»: • Mantener el frente dentro de ciertos límites. • Evitar una guerra a gran escala con Israel. • Utilizar su influencia sin involucrar plenamente al Líbano. Este escenario es el menos costoso a nivel interno, pero mantiene al país en un estado de ansiedad constante y retrasa cualquier verdadera estabilidad económica o política. Las inversiones siguen siendo vacilantes, el turismo es estacional y los bancos están paralizados, atrapados entre la expectativa de un avance y la amenaza de un colapso. Escenario 2: Una confrontación a gran escala Si se toma la decisión de entrar en guerra, toda la región entrará en una nueva era. Habrá ataques de represalia, lanzamientos de misiles transfronterizos y potencialmente ataques contra infraestructuras vitales. En este caso, Hezbolá se enfrentará a un dilema corneliano: 1. Una intervención masiva en apoyo a Irán: esto significaría la apertura de un frente importante con Israel y el riesgo de destrucciones generalizadas en Líbano. 2. Una intervención limitada y calculada: ataques simbólicos para salvar las apariencias y evitar un colapso total. 3. Una neutralización relativa del frente libanés por una decisión estratégica iraní, si la preservación del poder se considera más importante que su uso. La primera opción conlleva riesgos existenciales para Líbano. Su economía, ya en ruinas, no puede soportar una nueva guerra y sus infraestructuras apenas logran recuperarse de las crisis acumuladas. La reconstrucción no será fácil, y la sociedad, exhausta, podría experimentar una nueva ola de emigración. ¿Qué hay de la comunidad chií en Líbano? Cualquier guerra alterará la situación dentro de la propia comunidad chií. Algunos perciben el enfrentamiento como un elemento de un conflicto regional más amplio, mientras que otros temen que Líbano sufra solo las consecuencias. Si la guerra es corta y limitada, podría reforzar el discurso de «disuasión y resistencia». En cambio, si se prolonga y genera destrucciones masivas, corre el riesgo de abrir un debate interno sobre la pertinencia de asociar a Líbano con los desafíos regionales. Pero es demasiado pronto para estar seguros. Los círculos políticos reaccionan a los resultados, no a las previsiones. El factor israelí Cualquier confrontación es inseparable de los cálculos de Israel. Atacar la infraestructura militar de Hezbolá constituye un objetivo estratégico, pero Israel también es consciente de que una guerra contra Líbano estaría lejos de ser un paseo. La experiencia de 2006 permanece viva en la memoria militar. Por eso, Israel prefiere ataques localizados y un desgaste progresivo a una guerra total e incierta. ¿Es posible un nuevo acuerdo? La posibilidad de un entendimiento entre Estados Unidos e Irán persiste. Un acuerdo limitado sobre la cuestión nuclear o un alivio de las sanciones a cambio de ciertas restricciones podrían apaciguar las tensiones. En ese caso, la distensión se reflejaría en la escena regional, incluido Líbano. Las tensiones disminuirían y la atención se centraría en las cuestiones internas. Sin embargo, cualquier acuerdo seguirá siendo frágil si no aborda las causas profundas del conflicto: la influencia regional, la seguridad de Israel y el programa balístico iraní. Líbano: el eslabón débil El problema fundamental es que Líbano no controla plenamente las decisiones relativas a la guerra y la paz. Sufre las consecuencias de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. En un contexto de colapso económico y de vacíos constitucionales recurrentes, el país es aún más vulnerable a los trastornos regionales. Si estalla la guerra, no se tratará solo de un evento militar, sino también de un terremoto político y social. Esto podría plantear cuestiones importantes sobre la posición de Líbano en los conflictos, los límites de su papel y el futuro de las armas de Hezbolá en el contexto internacional. Entre fatalidad y probabilidad En la actualidad, la guerra no parece inevitable. Pero tampoco es imposible. Nos enfrentamos a un peligroso pulso, marcado por demostraciones de fuerza e intercambios de mensajes, pero cada uno es consciente del precio de una explosión mayor. Líbano, como siempre, se encuentra al borde del precipicio. Es incapaz de neutralizarse completamente y no está preparado para un nuevo conflicto. Por lo tanto, la esperanza reside en la racionalidad internacional y en la convicción de que incendiar la región no traerá ninguna victoria decisiva a ninguna parte, sino que sumergirá a todos en una larga espiral de caos. La verdadera pregunta no es solo: ¿estallará la guerra? Más bien: ¿tiene Líbano un plan para protegerse si así fuera? Por ahora, la respuesta es tan dolorosa como evidente: los preparativos se hacen en el exterior. Mientras que, en el interior, se vive con la esperanza de que la puerta no se abra.

Desde la Primavera Árabe de 2011, Libia no atraviesa una transición inacabada cualquiera, sino que se ha instalado en un estado duradero de disolución política. Lejos de abrir el camino a un proceso de reconstrucción, la desaparición brutal del régimen de Muamar Gadafi ha desencadenado, por el contrario, una larga secuencia de fragmentación, donde la violencia armada ha reemplazado progresivamente al Estado como principio de organización del poder, como en Sudán. Esta serie propone una lectura estructural de la guerra libia como un sistema estabilizado y coherente en sí mismo, inserto en rivalidades regionales e internacionales, y ahora capaz de eliminar cualquier alternativa política que no se inscriba en su lógica. Desde el momento en que Libia dejó de ser un Estado soberano efectivo, se convirtió en poco más que un objeto internacional. No en un asunto central, ni mucho menos, sino en un espacio disponible, abierto a estrategias indirectas, inversiones oportunistas y juegos de influencia política de bajo costo. La guerra libia no continúa a pesar del orden internacional, sino a causa de él, o, más precisamente, de su creciente fragmentación. La primera ilusión que hay que disipar es la de una competencia frontal entre grandes potencias por el control de Libia. Ninguna de ellas busca realmente gobernar el país, ni siquiera estabilizar sus instituciones a largo plazo. Lo que está en juego es más sutil: la explotación de un vacío, la normalización de lo excepcional y la aceptación de un conflicto “gestionable” y “estable”. Rusia se inscribe plenamente en esta lógica. En ese sentido, su implicación en Libia no es ideológica ni estructural en el sentido clásico, sino pragmática, modular y reversible. A través de redes paramilitares, asesores y acuerdos de seguridad implícitos, Moscú asegura puntos de apoyo, palancas de desestabilización y una capacidad de influencia desproporcionada respecto a su inversión real. Libia ofrece a Rusia varias ventajas simultáneas: permite proyectar presencia en el Mediterráneo sin un compromiso oficial masivo y funciona como campo de entrenamiento y de prueba de sistemas híbridos. Además, constituye un espacio donde el debilitamiento del marco normativo occidental se vuelve visible y explotable. Cada resolución bloqueada, cada alto el fuego ineficaz, cada proceso político abortado contribuye a consolidar la idea de que el orden internacional liberal ya no es capaz de imponer límites más allá de su esfera inmediata. De hecho, la estrategia rusa no necesita una victoria en sentido estricto. Apunta a la perpetuación de la inestabilidad, una condición ideal para una potencia que busca menos gobernar que influir, como ocurrió, en cierta medida en Siria. Una Libia pacificada sería un espacio regulado, controlado y menos accesible. Una Libia fragmentada, en cambio, es un terreno flexible, un regalo para Moscú. China, por su parte, adopta una postura radicalmente distinta, pero igualmente estructurante. Pekín no interviene de forma visible, ni militar ni políticamente, y se adhiere a su doctrina de no injerencia, evitando posiciones firmes y manteniendo canales abiertos con todos los actores. Pero sería un error confundir esta aparente neutralidad con ausencia de estrategia. Refleja, en realidad, un cálculo de largo plazo, en la más pura tradición del dragón chino: atento, paciente y resiliente. Para China, Libia es un espacio de interés potencial, sin ser un teatro de proyección inmediata de poder. Los recursos, la infraestructura y la posición geográfica importan más que la configuración política actual. Pekín puede darse el lujo de esperar. Mientras el conflicto no afecte sus intereses centrales, el statu quo es aceptable. La fragmentación, en este sentido, no es un problema, sino un estado transitorio compatible con una futura integración económica, cuando se den las condiciones. Esta postura tiene un efecto indirecto importante, ya que neutraliza cualquier dinámica de coerción internacional. En ausencia de un consenso entre potencias capaces de imponer costos reales, las declaraciones, las sanciones simbólicas y los procesos de la ONU pierden su capacidad disuasoria, como ocurre en todos los territorios convertidos en focos de conflicto. Aquí, como en otros escenarios de la configuración global actual, el derecho internacional naufraga al margen de sus principios fundamentales. Sin ser un actor central en el conflicto libio, Irán también se ha beneficiado de esta situación, como ocurrió en Sudán, ya que cada conflicto periférico prolongado contribuye a dispersar la atención de Occidente, a erosionar su capacidad de presión y a normalizar el empantanamiento. Libia, como otros teatros de operación, forma parte de un entorno internacional en el que la proliferación de crisis hace que cada una sea más difícil de resolver de manera decisiva. Irán ni siquiera necesita estar presente para beneficiarse de esta dinámica, basta con que el orden internacional esté distraído, fragmentado e incapaz de priorizar. Libia se convierte así en un conflicto satélite, cuya existencia alimenta una confusión estratégica global. “Crear varios Vietnam propios”, decía Guevara. Teherán ni siquiera necesita hacerlo. El régimen de los mulás observa y se frotan las manos. Frente a este escenario, Occidente aparece desunido, vacilante y debilitado en sus propias estructuras. Estados Unidos oscila entre el repliegue y la intervención mínima. Tras la intervención de 2011, no hubo una inversión política proporcional a sus consecuencias. Libia se convirtió así en un asunto secundario, gestionado de forma intermitente y sin visión de largo plazo. Las prioridades cambiaron. Ucrania, Medio Oriente, Israel y el tema nuclear iraní, el Indo-Pacífico y América Latina relegan a Libia a un segundo plano. Europa, por su parte, nunca ha hablado con una sola voz. Los desacuerdos crónicos entre Estados miembros, los intereses energéticos y las preocupaciones migratorias han impedido articular una estrategia coherente. La estabilización de Libia se invoca con frecuencia, pero rara vez se traduce en un proyecto político exigente. La “desdicha europea”, con su diplomacia a distintas velocidades, en todo su esplendor. Esta combinación de retirada occidental e implicación oportunista de potencias no occidentales produce un efecto acumulativo: Libia se convierte en un punto ciego estratégico, demasiado inestable para integrarse, pero lo suficientemente “manejable” como para no ser tratada como una emergencia absoluta. En este contexto, los procesos diplomáticos se suceden sin alterar los parámetros de fondo: las conferencias internacionales producen comunicados, y nada más; los altos el fuego se encadenan como pausas tácticas, sin perspectivas de una solución duradera. Los gobiernos de unidad, por su parte, son arreglos temporales, sin mecanismos coercitivos y, por tanto, ideales para gestionar la continuidad del conflicto, ya que nadie tiene interés real en ponerle fin. Es evidente que Libia no sufre por un exceso de interferencias contradictorias, sino por una convergencia tácita hacia la aceptación de la inestabilidad. Cada actor encuentra beneficios suficientes, a corto o mediano plazo, para evitar una transformación radical. Libia se desangra, sí, pero con la bendición, si no con cierta satisfacción cínica, de todas las partes implicadas. Saif al-Islam: el asesinato que cierra el campo de lo posible El asesinato de Saif al-Islam Gadafi, el 3 de febrero de 2026, marca, sin embargo, una ruptura silenciosa pero decisiva en el conflicto sangriento. Hasta su muerte, Saif al-Islam ocupaba una posición paradójica: neutralizado políticamente, cuestionado legalmente, desprovisto de un aparato militar propio, pero simbólicamente disponible. Su sola existencia sostenía la hipótesis, por frágil que fuera, de una tercera vía: ni la prolongación del sistema de milicias ni una restauración autoritaria basada en equilibrios regionales de poder, sino una forma de continuidad reinterpretada, capaz de movilizar una memoria social aún viva. Esta opción no era mayoritaria ni probablemente viable, pero existía como variable latente dentro del “sistema” libio, obligando a actores armados, patrocinadores regionales y potencias externas a lidiar con una incertidumbre adicional: la de un resurgimiento político a través del pasado. El hijo mantenía vivo el espectro del retorno al “orden” del padre. La eliminación de Saif al-Islam cierra esa brecha. En este contexto, no es solo un hombre el asesinado. Es la ilusión del eterno retorno a una “edad dorada mítica”, propia de todas las dinastías dictatoriales. Pero este asesinato también revela algo más profundo sobre la Libia contemporánea: confirma que la esfera política ya no está simplemente condicionada por la violencia, sino definida en torno a la violencia. Cualquier figura capaz de introducir una recomposición simbólica que escape al equilibrio armado existente se vuelve, por definición, incompatible con el “sistema”. Saif al-Islam no representaba una amenaza militar directa para ningún bando. La amenaza que encarnaba era más profunda: introducía disonancia y abría la posibilidad de una ruptura, incluso regresiva, frente a un orden fundado en la fragmentación controlada. Su muerte no provoca un vuelco inmediato ni redistribuye las correlaciones de fuerza. Pero sí produce algo más duradero: confirma que la Libia posterior a 2011 ya no puede entenderse como un espacio de transición abierto. Es un territorio cerrado, donde solo se toleran configuraciones basadas en la fuerza, las alianzas regionales y los intereses externos. Con la eliminación de Saif, el pasado deja de ser un recurso político y el futuro deja de ser negociable fuera del marco de las luchas armadas por el poder. En este sentido, su asesinato actúa como una revelación final: confirma que la guerra libia no es solo un conflicto prolongado, sino un sistema estabilizado, capaz de eliminar cualquier alternativa que no se ajuste a su lógica. Aquí se cierra el ciclo maldito iniciado en 2011. Lejos de abrir el camino al florecimiento de la tan esperada primavera, la caída de Muamar Gadafi inauguró una era en la que la soberanía misma se volvió imposible con la desaparición del Leviatán y, de forma irónica, la confirmación última de esta realidad reside en la eliminación de su hijo. En lugar de avanzar hacia la reconstrucción y la democracia, Libia se ha convertido en un territorio administrado por defecto y sostenido en un equilibrio conflictivo pero consensuado. La paz no es imposible, pero, de manera más cínica, es incompatible con las racionalidades actuales. Es víctima del frío cinismo de la realpolitik. Mientras nadie tenga interés en ella, Libia seguirá siendo otro laboratorio brutal del conflicto contemporáneo. ¿Y los libios en todo esto? “¿Los libios? ¡Pues mala suerte para ellos!”. Leer sobre el mismo tema: 2011 o Libia en la era post-estatal (1/5) El conflicto libio: una «milicianización» excesiva de la política (2/5) «Dos Libias» y una soberanía inhallable (3/5) Libia, absceso de fijación regional (4/5)

El proyecto de descentralización administrativa está previsto en el acuerdo de Taëf (1989) pero aún no se ha implementado. Sin embargo, se han realizado numerosos estudios con este fin, sin que hayan tenido éxito. Un repaso a una reforma pendiente. La implementación concreta de la descentralización administrativa en el Líbano se basa en el fortalecimiento de los consejos locales, en particular a nivel de los cazas que constituyen el segundo nivel después de los municipios. Según Rayanne Assaf, doctora en derecho y encargada de asuntos jurídicos en la presidencia entre 2008 y 2014, «el proyecto de descentralización prevé que, dentro de cada caza, los ciudadanos elijan, siguiendo un sistema mayoritario, un comité general compuesto por representantes de todas las localidades, incluso aquellas sin municipios (para asegurar la mejor representación geográfica). Este comité elige luego el consejo de administración del caza según un sistema proporcional». Cada consejo de administración estaría compuesto por doce miembros, dotados de amplias competencias para asegurar el desarrollo local y la gestión de los recursos. Esta arquitectura administrativa permitiría a la población controlar directamente la acción de sus representantes, reforzando así la rendición de cuentas y limitando las prácticas de clientelismo y feudalismo que han caracterizado durante mucho tiempo la vida política libanesa. Autonomía administrativa y criterios de competencia La Sra. Assaf subraya la importancia de establecer condiciones específicas para garantizar la eficacia de los consejos locales. «Los miembros del consejo del caza deben poseer un título universitario», precisa, para asegurar que los responsables dispongan de las competencias necesarias para gestionar presupuestos, coordinar proyectos y supervisar el desarrollo regional. Esta exigencia técnica busca profesionalizar la administración local e instaurar un estándar de competencia para todos los consejos, reduciendo así los riesgos de mala gestión. Este enfoque contribuye a crear un vínculo directo entre la competencia de los elegidos y la satisfacción de los ciudadanos. La población podrá constatar concretamente el impacto del trabajo del consejo del caza, lo que favorece un control ciudadano más estrecho y una mejor transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Los recursos financieros Uno de los puntos más críticos de la descentralización concierne a los recursos financieros. La Sra. Assaf insiste en que no existe una «descentralización financiera» en el Líbano. «Hablamos más bien de autonomía financiera, porque es imposible transferir competencias sin proporcionar los medios necesarios para su ejercicio», explica. Actualmente, los municipios disponen de ingresos, en particular de los impuestos sobre las telecomunicaciones, así como de otras fuentes. Los fondos se depositan en la caja autónoma de los municipios, pero no les permiten ejercer plenamente sus misiones. Los municipios disponen legalmente de amplias competencias, pero no están en condiciones de ejercerlas de manera satisfactoria y adecuada debido a la insuficiencia de los medios financieros. El proyecto de descentralización prevé reemplazar la caja autónoma de los municipios por una caja descentralizada, diseñada para asegurar un desarrollo equilibrado entre las regiones. Esta se basará en criterios e indicadores precisos, un total de cuatro con coeficientes específicos, con el fin de corregir las desigualdades y apoyar las zonas menos desarrolladas. Al ampliar el marco geográfico de la recaudación y redistribución de recursos, el proyecto busca aumentar los medios financieros de las localidades marginadas. Los municipios, que disponen de poderes pero hoy carecen de recursos suficientes, podrían así ejercer mejor sus competencias y contribuir al desarrollo regional. El proyecto de descentralización prevé también la creación de un ministerio de Descentralización, encargado de coordinar las políticas locales y asegurar la coherencia de las acciones en todo el territorio. Según la Sra. Assaf, esta institución sería esencial para enmarcar el funcionamiento de los consejos y garantizar un equilibrio entre autonomía local y cohesión nacional. Transversalidad y control La reforma prevista por Taëf también hace hincapié en el fortalecimiento del control y la transparencia. Un comité ejerce una vigilancia continua sobre el consejo de administración, garantizando la conformidad de su acción con las normas vigentes y la buena utilización de los fondos. Esta estructura de control busca tranquilizar tanto a los ciudadanos como a los donantes internacionales, que exigen garantías sobre la gestión y distribución de los recursos. Además, el Consejo está obligado a publicar un boletín periódico y a crear un sitio web en los que se publicarán obligatoriamente las decisiones de carácter general, así como los informes de auditoría de las cuentas de la justicia. La Sra. Assaf recuerda que estas medidas permiten no solo profesionalizar la administración local, sino también preparar el terreno para una cultura duradera de rendición de cuentas a escala nacional. «La descentralización técnica puede servir de modelo para difundir la transparencia y la responsabilidad en todo el país, incluso en ausencia de una reforma política más global», precisa. Impactos prácticos para los ciudadanos Para los habitantes, la descentralización significa una mayor proximidad con los centros de decisión. Los contribuyentes estarían más informados de las necesidades reales de sus respectivos cazas y de cómo se utilizan sus recursos. Según la Sra. Assaf, «al acercar la gobernanza a los ciudadanos, estos pueden pedir más cuentas, lo que animará a los consejos locales a trabajar para responder eficazmente a las expectativas de la población». Para ella, la descentralización es la respuesta adecuada para quienes no creen que se pueda encontrar una solución a muchos problemas relacionados con la gestión de los asuntos públicos. «Es el único mecanismo que permite acercar la gobernanza a la población y asegurar que los recursos y los poderes se utilicen eficazmente a nivel local». Este enfoque permite a los habitantes ver concretamente los resultados del trabajo de sus representantes, pedir cuentas e implicarse más en la gestión de su caza. De carácter principalmente desarrollista, la descentralización administrativa podría contribuir a reducir las tensiones y los desacuerdos políticos locales. Sus principales ventajas siguen siendo la coordinación entre los municipios y los consejos de cazas, así como la creación de oportunidades de empleo y el desarrollo regional, limitando el éxodo rural y la concentración excesiva de actividades en Beirut o en algunos centros urbanos. Cronología y bloqueos Ella señala que el retraso en la implementación de esta reforma se debe principalmente a la falta de consenso político, ya que las fuerzas establecidas son reacias a perder ciertas prerrogativas y competencias en favor de las autoridades locales. Ella descarta los temores de que una descentralización administrativa fragmente el Líbano. Al contrario, reforzará el desarrollo de los cazas, máxime cuando estos son multiconfesionales. La Sra. Assaf da la voz de alarma: «Hoy, el Estado libanés dispone de medios financieros muy limitados. La descentralización aparece como un medio pragmático para movilizar recursos, reforzar la gobernanza y mejorar la rendición de cuentas».

«La primera reforma deberá ser una descentralización inteligente», Jules Payot La descentralización es un modo de organización del Estado que consiste en transferir competencias, responsabilidades y recursos del poder central hacia autoridades locales elegidas, jurídicamente autónomas, con el fin de acercar la toma de decisiones a los ciudadanos y mejorar la eficacia de la acción pública. Permite al Líbano transferir parte de los poderes, competencias y recursos del Estado hacia colectividades territoriales elegidas y autónomas – especialmente las municipalidades y las entidades descentralizadas – manteniendo la unidad del Estado. El objetivo es fortalecer y activar la gobernanza local, la participación ciudadana y el desarrollo equilibrado de las regiones. Según la Sra. Rayanne Assaf, doctora en derecho y encargada de asuntos jurídicos en la presidencia de la República entre 2008 y 2014, «en política, no existe una solución milagrosa». «El cambio se produce progresivamente, paso a paso, y esta realidad es particularmente cierta para los países pluralistas, subraya. Líbano, con su complejo mosaico confesional y político, no dispone, al igual que todos los países pluralistas, de ninguna receta universal ni solución milagrosa capaz de resolver los desequilibrios institucionales o de garantizar la cohesión nacional». Para la Sra. Assaf, quien fue miembro de la comisión especial creada en 2012 por el Primer Ministro con miras a la elaboración del proyecto de ley sobre la descentralización administrativa, «la descentralización constituye un paso esencial en el camino del progreso». «Es una herramienta pragmática para fortalecer el Estado y mejorar la gobernanza y acercar la toma de decisiones a los ciudadanos», precisa. Si se tuviera que hablar de «milagro» en la política libanesa, añade, podría identificarse en la parte del acuerdo de Taif relativa a la descentralización. En un contexto donde los partidos apenas logran ponerse de acuerdo sobre reformas estructurales, alcanzar un compromiso en este punto constituye un acontecimiento histórico. En aquella época, algunas facciones eran favorables a la descentralización, mientras que otras se oponían. A pesar de estas divergencias, se alcanzó un acuerdo, consagrando la descentralización como reforma fundamental. Taif y el bloqueo de la implementación Después del acuerdo de Taif y hasta el mandato del presidente Michel Sleiman, no se adoptó ningún proyecto de ley concreto sobre la descentralización. Los textos disponibles se referían más a la desconcentración que a la descentralización propiamente dicha. La Sra. Assaf insiste en esta distinción: «La desconcentración consiste en representar las administraciones del Estado central en las regiones, sin transferir verdaderos poderes. La descentralización, en cambio, implica consejos elegidos directamente por los ciudadanos, que disponen de competencias propias y de una autonomía administrativa y financiera real». Algunas iniciativas, como el proyecto de ley presentado por el difunto diputado Robert Ghanem, fueron calificadas de descentralización, pero no preveían la elección de los consejos locales. Sin embargo, la ausencia de elecciones va en contra del espíritu mismo de la descentralización. Hoy en día, el Líbano conoce un primer grado de descentralización a través de las municipalidades . Estas entidades disponen de poderes, pero carecen de medios financieros adecuados para ejercerlos plenamente. El ejemplo de algunas de ellas, dotadas de considerables medios financieros, contrasta fuertemente con otras municipalidades menos favorecidas. El papel de la descentralización La descentralización permite crear un verdadero control democrático. Según la Sra. Assaf, «gracias a una descentralización, los ciudadanos están más capacitados para exigir cuentas y controlar la acción pública». La reforma en cuestión también contribuye a identificar mejor las necesidades regionales, a reducir los atascos, crear oportunidades de empleo locales, favorecer el desarrollo regional y mitigar las diferencias políticas. Sin embargo, estos beneficios no pueden materializarse sin una autoridad central fuerte, capaz de garantizar la coherencia y la unidad del Estado. La descentralización no es un medio para fragilizar el Estado, sino una herramienta para fortalecer la gobernanza y mejorar la eficacia de la acción pública. Para la Sra. Assaf, la descentralización podría desempeñar un papel catalizador en la rendición de cuentas a nivel nacional. Cronología de las iniciativas Conforme al acuerdo de Taif, durante el mandato presidencial 2008-2014, a iniciativa del presidente de la República y de acuerdo con el Primer Ministro, se creó en 2012 un comité presidido por el exministro Ziad Baroud para elaborar un proyecto de ley sobre la descentralización. Este comité reunía a expertos y especialistas de diversos ámbitos, ya que la descentralización implica aspectos administrativos, financieros, políticos, culturales, sociales… En 2014, el proyecto final fue avalado por la presidencia. Respeta el acuerdo de Taif y comprende normas avanzadas para la gobernanza local. En 2015, una conferencia de diálogo apoyó el principio de la descentralización. El diputado Samy Gemayel retomó dicho proyecto y lo presentó como propuesta de ley al Parlamento. Desde entonces, el texto es examinado por las comisiones parlamentarias sin ser adoptado. La Sra. Assaf subraya que su aprobación depende de una voluntad política que aún falta. Añade que la descentralización es una reforma de carácter técnico y que sería ilógico, incluso absurdo, vincular su aprobación a la implementación de otras reformas políticas por excelencia, como la creación de un Senado o la abolición del confesionalismo, lo que requerirá años de esfuerzos. Autonomía financiera y equilibrio regional Según la Sra. Assaf, en aplicación del principio 'a transferencia de competencias, transferencia de recursos', la descentralización no puede realizarse sin recursos financieros. El término «descentralización financiera» se emplea a menudo erróneamente en Líbano, explica. Según ella, la descentralización se basa en dos pilares indisociables: la autonomía administrativa y la autonomía financiera. El proyecto preconiza la asignación de recursos financieros en beneficio de los consejos locales elegidos (por ejemplo, una parte del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre bienes inmuebles percibidos a nivel del caza…). También prevé la creación de una caja descentralizada, que reemplazará a la actual caja municipal autónoma. Esta nueva caja tiene como objetivo asegurar un desarrollo equilibrado y reducir las desigualdades entre regiones, basándose en los indicadores del estado de desarrollo, la recaudación anual de impuestos, el censo de la población registrada en la colectividad y la superficie del caza. La descentralización permite a los ciudadanos elegir responsables locales capaces de gestionar eficazmente los recursos de su caza. Contribuye a limitar el clientelismo y el feudalismo, al tiempo que instaura una cultura de rendición de cuentas. Cabe destacar que el marco histórico e institucional resalta el hecho de que la descentralización en Líbano es a la vez un imperativo democrático y una palanca de resiliencia institucional. La cronología de las iniciativas revela una voluntad política constante sobre el papel, pero frenada por los intereses partidistas y la falta de consenso. La adopción efectiva de esta reforma sería una prueba importante para la clase política.

La guerra en Libia deja de ser inteligible cuando se la observa únicamente a través de sus actores internos. Desde 2014, y con mayor intensidad a partir de 2019, el conflicto se ha transformado en un escenario de proyección regional, donde las dinámicas locales funcionan como base de estrategias que las superan ampliamente. Libia se ha convertido así en un territorio fragmentado, explotado, utilizado y manipulado desde el exterior como un espacio maleable, desprovisto de soberanía efectiva y, por lo tanto, ideal para guerras por delegación. Ciertamente, la rivalidad entre las potencias regionales no explica por sí sola el colapso libio, pero sí consolida sus contornos, bloquea cualquier salida endógena y transforma cada avance local en una variable de un juego de mayor escala. En esta fase, la guerra ya no enfrenta a libios entre sí, sino a visiones contrapuestas del orden regional, proyectadas sobre un territorio incapaz de absorberlas. Un epicentro de tensiones, como lo fue Siria después de 2011 o, antes, el Líbano entre 1975 y 1990. El primer eje de confrontación opone dos concepciones de la estabilización. Por un lado, un enfoque autoritario, securitario y vertical, respaldado por Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Por el otro, una lógica intervencionista, oportunista y transaccional, impulsada por Turquía, basada en una interpretación distinta de las dinámicas de poder regional. Para El Cairo, Libia representa un enclave estratégico central. La extensa y porosa frontera occidental de Egipto ha sido percibida durante años como una amenaza directa a la seguridad nacional, especialmente después de 2011. El fantasma del flujo de armas, combatientes e ideologías hostiles ha moldeado su postura. En ese marco, apoyar a una fuerza capaz de imponer un orden militar en Cirenaica aparece como una necesidad defensiva. Desde esta perspectiva, Khalifa Haftar encarna menos un proyecto libio que un instrumento de estabilización por delegación. Los Emiratos, por su parte, conciben su implicación como parte de una estrategia más amplia de proyección de influencia. Libia es un eslabón dentro de una política regional orientada a contener el islam político, estructurar redes de seguridad aliadas y controlar puntos clave de los flujos comerciales y energéticos. El apoyo al este libio responde a una lógica ideológica, pero, sobre todo, a un enfoque pragmático basado en la anticipación de las correlaciones de poder a largo plazo. Frente a este eje, Turquía interviene con una lógica distinta. Su implicación masiva desde 2019 marca un punto de inflexión decisivo en el conflicto. Para Ankara no se trata solo de salvar a Trípoli de una ofensiva militar inminente, sino de reconfigurar la ecuación regional. La intervención turca combina asistencia militar directa, despliegue de drones, asesores, mercenarios sirios y, sobre todo, un acuerdo marítimo que redefine las fronteras en el Mediterráneo oriental. Este acuerdo no es un detalle técnico: sitúa a Libia en el centro de una rivalidad energética y geopolítica que desborda ampliamente sus fronteras. Al alinearse con el gobierno de Trípoli, Ankara obtiene legitimidad jurídica para impugnar proyectos rivales en el Mediterráneo, debilitar el eje Grecia-Chipre-Egipto y consolidarse como actor clave en el Mediterráneo oriental. Libia deja de existir como entidad en sí misma y como fin en sí mismo. Se convierte en algo más: una plataforma estratégica. Esta regionalización del conflicto produce un efecto acumulativo, ya que cada facción libia va siendo progresivamente despojada de su autonomía estratégica. Las grandes decisiones militares ya no se toman en Trípoli o Bengasi, sino que se calculan en función de las líneas rojas y los intereses de los patrocinadores externos. La guerra se transforma así en un espacio de negociación indirecta entre potencias regionales, donde la escalada es controlada, calibrada, a veces suspendida, pero rara vez resuelta. La Conferencia de Berlín, impulsada por Alemania y la ONU en enero de 2020, así como las múltiples iniciativas diplomáticas posteriores, ilustran este bloqueo. Buscaron restablecer un marco multilateral, pero chocaron con una realidad contundente: los actores regionales presentes en Libia no tienen un interés inmediato en la unificación soberana del país. Una Libia débil, fragmentada y negociable ofrece más oportunidades que un Estado central fuerte capaz de imponer sus propias reglas. La guerra de Trípoli, entre 2019 y 2020, fue particularmente reveladora en este sentido, al demostrar que la intervención externa puede alterar el equilibrio de fuerzas sin producir una solución política. El fracaso de la ofensiva de Haftar contra el gobierno reconocido no abrió el camino a la reconstrucción del Estado; por el contrario, ratificó el sistema existente. Libia se ha transformado en una zona de equilibrio conflictivo, donde ningún actor puede imponerse sin desencadenar una escalada regional incontrolable. A partir de aquí, el conflicto entra en una fase de gestión más que de resolución. Los altos al fuego se respetan mientras sirven a los intereses de los patrocinadores. Las violaciones se toleran siempre que no crucen ciertos umbrales. Libia se convierte en un espacio donde la guerra se contiene, pero nunca se desactiva. Esta dinámica también tiene una dimensión marítima y migratoria. Las rutas de migración, los puertos y los puntos de salida hacia Europa se han convertido en fichas implícitas de negociación con las potencias europeas, a menudo políticamente ausentes, pero presentes a través de sus preocupaciones de seguridad. Libia funciona, así como una zona tapón, al costo de una brutal externalización del control migratorio y de la invisibilización de la violencia que lo acompaña. Lo que se desarrolla en Libia, por tanto, no tiene nada que ver con una guerra civil clásica. Es una guerra regional de desgaste librada en suelo libio, en un espacio donde las líneas de frente son tan diplomáticas como militares. Bienvenidos al terreno de la manipulación abierta. “La guerra de los otros”, habría dicho Ghassan Tuéni… con carne de cañón local. En este contexto, no nos engañemos: cualquier intento de resolver la crisis exclusivamente dentro de Libia está condenado al fracaso. Mientras los equilibrios regionales sigan estructurados por la rivalidad, y mientras el Mediterráneo oriental continúe siendo un escenario de competencia energética y estratégica, Libia seguirá siendo un campo de batalla. La frase es cínica, sin duda, pero describe con precisión la realidad. La guerra se mantiene porque cumple una función en un orden regional inestable, como ocurre, por cierto, en Sudán. Y mientras esa función no sea cuestionada, no habrá solución ni paz duradera posible. Próximo artículo: Libia en el orden internacional fragmentado (5/5) Leer sobre el mismo tema: 2011 o Libia en la era post-estatal (1/5) El conflicto libio: una «milicianización» excesiva de la política (2/5) «Dos Libias» y una soberanía inencontrable (3/5)

Desde la Primavera Árabe de 2011, Libia no atraviesa una transición inconclusa, sino que se ha instalado en un estado duradero de disolución política. Lejos de abrir el camino a la reconstrucción, la desaparición brutal del régimen de Muammar Gaddafi desencadenó una larga secuencia de fragmentación. En ella, la violencia armada sustituyó progresivamente al Estado como principio organizador del poder, como ocurrió en Sudán. Esta serie propone una lectura estructural de la guerra libia como un sistema estabilizado y coherente en sí mismo, inserto en rivalidades regionales e internacionales, y hoy capaz de eliminar cualquier alternativa política que no se ajuste a su lógica. La noción de “dos Libias” aparece con frecuencia en los análisis del caso libio, como metáfora de la fragmentación territorial del país. Sin embargo, la fórmula es engañosamente imprecisa, ya que sugiere una división política aparentemente clara, casi simétrica, entre un Occidente dominado por Trípoli y un Oriente estructurado en torno a Bengasi. Esta representación, no obstante, simplifica peligrosamente una realidad mucho más inquietante: Libia no está dividida entre dos soberanías en competencia, sino despojada de soberanía por completo. Las instituciones que dicen encarnarla no gobiernan en la práctica. Sobreviven por delegación, bajo protección armada, en un estado de dependencia constante de fuerzas que les son externas o que ejercen autoridad sobre ellas. En el oeste, el Gobierno de Unidad Nacional, encabezado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibeh y reconocido por la comunidad internacional, existe dentro de una suerte de ficción jurídica permanente. Goza de reconocimiento diplomático, acceso formal a los activos libios en el exterior y un asiento en las Naciones Unidas. Pero ese reconocimiento no le otorga ninguna capacidad real para imponer decisiones en el territorio que, en teoría, gobierna. En Trípoli, gobernar significa negociar sin descanso con grupos armados que controlan barrios, carreteras e instituciones clave. El Ejecutivo no decide nada. Sobrevive interpretando a Sherezade, negociando su propia prórroga día a día, operando a través de una coalición laxa de actores civiles y armados que siguen siendo autónomos sobre el terreno: las Fuerzas Especiales de Disuasión, de orientación salafista; el Aparato de Apoyo a la Estabilidad, estructurado en torno a líderes de milicias locales; las facciones de Misrata; las Brigadas de Trípoli; entre otros. Esta negociación permanente ha reducido al Estado a una cáscara vacía y procedimental. Los ministerios funcionan de manera intermitente. Las políticas públicas existen, en su mayoría, solo sobre el papel. Los presupuestos son absorbidos por mecanismos informales de redistribución destinados a preservar equilibrios armados frágiles. El Banco Central, a menudo presentado como el último pilar del país, se ha convertido también en objeto de disputas por su control y de presiones cruzadas. En el este, un orden relativo En el este, la soberanía tampoco es más sólida, pese a la apariencia de jerarquía militar. La autoridad de Khalifa Haftar se apoya en un mosaico de lealtades tribales, estructuras de seguridad y apoyos externos. Impone un cierto orden, pero un orden militar, no institucional. No descansa en una administración autónoma, sino en una cadena de mando y en una economía de guerra. La pretensión de soberanía allí tropieza con una contradicción fundamental: ¿cómo puede ejercer plena soberanía un poder tan estructuralmente dependiente de padrinos externos para su supervivencia? Las decisiones estratégicas, en materia de guerra, economía o diplomacia, están invariablemente moldeadas por las expectativas y las líneas rojas de sus respaldos regionales e internacionales. El este de Libia no gobierna realmente. En el mejor de los casos, gestiona su dependencia. Como era previsible, la coexistencia de estos dos polos no produce ningún equilibrio estabilizador. Por el contrario, genera un sistema de obstrucción mutua y de desorden contenido, aunque persistente, más agudo porque ninguno de los dos bandos es lo suficientemente fuerte como para imponer una unificación duradera, ni lo bastante débil como para ser marginado. Libia se instala así en una configuración en la que la división se vuelve funcional, permite a los actores locales conservar sus posiciones y a los actores externos proyectar influencia sin asumir el costo de una verdadera reconstrucción del Estado. El petróleo, motor de la fragmentación Esta ausencia de soberanía real se hace aún más evidente en la gestión de los recursos. En lugar de fomentar la cohesión nacional, el petróleo se ha convertido en uno de los principales motores de la fragmentación. Terminales, campos y oleoductos son controlados o bloqueados según cálculos locales, y la producción puede detenerse en cualquier momento como palanca política. En cuanto a los ingresos, cuando circulan, sirven para sostener redes de clientelismo más que cualquier proyecto nacional. La paradoja libia es que el país posee recursos suficientes para financiar su propia reconstrucción, pero sigue siendo estructuralmente incapaz de convertirlos en soberanía. En este esquema, la renta no fortalece al Estado; de manera paradójica, perpetúa su dispersión, una dinámica reforzada por la propia arquitectura institucional. Los gobiernos se suceden, los acuerdos se acumulan, los procesos de diálogo se multiplican, cada uno presentado como un paso decisivo hacia la reunificación, pero en la práctica ninguno altera la correlación de fuerzas sobre el terreno. Las instituciones libias no son más que puntos de tránsito fantasmales y vacíos, donde las promesas hechas por todos los bandos nunca se cumplen. En este paisaje de desolación, la propia noción de legitimidad ha perdido todo sentido operativo. La legitimidad electoral se invoca solo para ser neutralizada; la legitimidad revolucionaria está agotada; la legitimidad basada en la seguridad es impugnada. Lo que queda, en la práctica, son reclamos parciales, locales y provisionales de autoridad, anclados sobre todo en capacidades de coerción. Su correlato, la soberanía, entendida como la capacidad de decidir y obligar dentro de un territorio, se disuelve en esta proliferación de fuentes de poder en competencia. En Libia, la autoridad ya no se articula: se fragmenta, se negocia y resiste, pero rara vez gobierna. Un estancamiento enquistado La fragmentación territorial no está congelada. Es fluida, adaptable, quizá incluso reversible a corto plazo, pero, como la dinámica general, persistente en su lógica. Las zonas pasan de una autoridad a otra sin alterar la estructura global del conflicto. Las ciudades cambian de manos, las alianzas se reconfiguran, pero la ausencia de un centro unificador sigue siendo la constante. Es precisamente esta fluidez la que hace que la situación libia sea tan resistente a los intentos de resolución. No existe una línea de frente estable sobre la cual pueda imponerse un alto el fuego duradero, ni un solo actor capaz de arrastrar a todo el país a un proceso político vinculante. Cada iniciativa choca con una realidad simple: nadie puede comprometer a todos, y todos pueden bloquear a cualquiera. Por su puesto, a los actores externos se les acusa de alimentar la división. Pero en realidad solo explotan una configuración ya existente, apoyando a un bando y luego a otro, ajustando su nivel de implicación, sin intentar seriamente restaurar una soberanía que consideran irrealista a corto plazo. Libia se convierte así en un espacio que hay que gestionar y, en efecto, en otra herida abierta en esta región de África. En cuanto a las soluciones… La población civil queda atrapada en una doble trampa. Por un lado, depende de instituciones débiles para los servicios esenciales. Por otro lado, vive bajo la presión constante de los grupos armados. En un contexto donde la política se ha marchitado como horizonte colectivo, no sorprende que el exilio se convierta en una estrategia personal de supervivencia. Hablar de “dos Libias” es perder por completo el punto central. Una descripción más precisa sería la de un país administrado por partes, donde el Estado es poco más que cartón, la soberanía una pretensión vacía y la guerra una maldición inexorable. No se trata de una situación temporal ni accidental, sino del producto de una década de compromisos, arreglos improvisados y cálculos racionales mal orientados. Mientras esta arquitectura no sea cuestionada, cualquier reunificación será puramente formal. Libia podrá cambiar de gobierno, firmar nuevos acuerdos o convocar otra conferencia más, pero no recuperará una soberanía real mientras la violencia siga siendo la puerta de entrada al poder y la dependencia de actores externos su principal modo de funcionamiento. Próximo artículo: Libia como una herida regional abierta Artículos relacionados: – 2011, Libia en la era post-estatal (1/5) – El conflicto libio: una «milicianización» a ultranza de lo político (2/5)

Desde la Primavera Árabe de 2011, Libia no atraviesa una transición inacabada cualquiera, sino que se ha instalado en un estado duradero de disolución política. Lejos de abrir el camino a un proceso de reconstrucción, la desaparición brutal del régimen de Muamar Gadafi, por el contrario, desencadenó una larga secuencia de fragmentación, donde la violencia armada ha reemplazado progresivamente al Estado como principio de organización del poder, como en Sudán. Esta serie propone una lectura estructural de la guerra libia como un sistema estabilizado y coherente en sí mismo, inserto en rivalidades regionales e internacionales, y ahora capaz de eliminar cualquier alternativa política que no se inscriba en su lógica. Considerar la milicianización de Libia como el resultado de una ruptura accidental en el periodo posterior a 2011 es, como mínimo, un punto de partida arriesgado. El proceso de normalización de las milicias se ha convertido en una suerte de lógica estructurante del “sistema” pos-Gaddafi. Desde el momento en que el Estado colapsó sin un mecanismo de sucesión, la violencia armada dejó de ser solo una herramienta más y pasó, gradualmente, a consolidarse como la fuerza motriz central de la política. Y este giro, lejos de producirse por una ruptura súbita, se impuso de manera insidiosa, mediante desplazamientos sucesivos, al ritmo de compromisos tácticos presentados como temporales pero que, en los hechos, se volvieron irreversibles. Tras la caída de Muamar Gaddafi, las brigadas revolucionarias fueron percibidas inicialmente como fuerzas de seguridad transitorias, encargadas de llenar un vacío mientras se reconstituían las instituciones nacionales. Pero esta ficción de una “transición armada” se sostenía en la premisa errónea de que la violencia desaparecería una vez cumplida su función inicial. Nada más lejos de la realidad. La violencia no fue simplemente instrumentalizada por la esfera política; lenta e inexorablemente, la reemplazó. Así, las milicias nunca fueron desmovilizadas. Y con razón: ninguna autoridad era capaz de someterlas. Pronto comprendieron que su existencia no dependía ni de la legalidad ni del reconocimiento internacional, sino de su capacidad para controlar territorios, infraestructuras y flujos de personas y mercancías. Esto se hizo, por supuesto, mediante el control militar, pero también a través de palancas económicas, sociales y, en ocasiones, incluso simbólicas. La autoridad de una milicia sobre un territorio ya sea un barrio, un puerto, un ministerio o un banco, es intrínsecamente perniciosa, porque vuelve imposible cualquier forma de gobernanza sin su mediación. Este proceso transformó profundamente la naturaleza del poder. La pregunta ya no es quién gobierna. El poder se ha vuelto sinónimo de obstrucción y sabotaje, en la medida en que busca impedir que otros gobiernen sin su consentimiento. En este sentido, la política se ha reducido a un juego de vetos armados, donde cada actor relevante posee la capacidad suficiente para bloquear cualquier intento de centralización de la autoridad. «Emprendedores políticos» La consecuencia directa de esta configuración ha sido la desvalorización de las instituciones. Los gobiernos sucesivos, ya sea con sede en Trípoli o en otras ciudades, dejaron de ser evaluados por su capacidad de gobernar y pasaron a ser juzgados por su habilidad para negociar con los grupos armados dominantes. El presupuesto estatal se convirtió en un instrumento de cooptación, los cargos ministeriales en fichas de negociación, y la legitimidad se erosionó frente a las realidades brutales de las relaciones de fuerza. Así, las milicias dejaron de ser actores periféricos y se transformaron, en cierto sentido, en “emprendedores políticos”, que desarrollan estrategias racionales, invierten en alianzas y diversifican sus fuentes de ingreso. El control de rutas migratorias, el tráfico, las instalaciones petroleras y los mercados públicos constituye hoy la “esencia” económica de la política libia, construida sobre los restos de un Estado vaciado de recursos y reducido a una ficción jurídica, una “vaca lechera” y un simple pretexto para legitimar relaciones paraestatales con el exterior. Manual puro de milicianismo, en otras palabras. Las milicias no tienen, por tanto, ningún interés en reconstruir plenamente el aparato estatal, ya que un Estado funcional reintroduciría reglas, jerarquías y previsibilidad. Es decir, sentido. Derecho. Por el contrario, un Estado débil, fragmentado y permanentemente negociable maximiza su margen de maniobra. Una bendición para ellas. Gestionar un equilibrio inestable En medio de este orden miliciano instaurado a través del desorden, gobernar en Libia equivale hoy a gestionar un equilibrio precario entre grupos armados rivales, cada uno capaz de inclinar la balanza mediante escaladas selectivas. Es bajo esta lógica que debe explicarse la emergencia de figuras militares cuyo leitmotiv es, supuestamente, “restaurar el orden”. Khalifa Haftar es la expresión más clara de los excesos generados por el caos. Su ascenso se sostiene por completo en la promesa de una pseudo-verticalidad restaurada. Sin embargo, esta promesa se apoya en los mismos mecanismos que dice querer superar: lealtades armadas, apoyos externos, economía de guerra, entre otros. Al no desmontar el sistema de milicias, Haftar busca simplemente centralizarlo bajo su propia autoridad. Este intento fracasa parcialmente porque choca con otras milicias igual de racionales, igual de arraigadas localmente e igual de respaldadas desde el exterior. La guerra de Trípoli de 2019-2020, que no produjo ni un vencedor duradero ni la reconstrucción del Estado, ilustra el callejón sin salida del “enfoque Haftar”, al demostrar el fracaso de la fuerza militar como instrumento para reconstruir el orden político. El enfoque basado en milicias también tiene un impacto social profundo: redefine jerarquías locales, valoriza la capacidad de ejercer violencia y margina a las élites civiles. Los actores políticos desarmados quedan relegados al papel de mediadores secundarios o figuras simbólicas, y su margen de acción depende por completo de su capacidad de apoyarse en una fuerza armada, incluso a costa de concesiones mayores. En un paisaje tan desolado, la población civil se convierte en una variable de ajuste. Los periodos de calma no corresponden a procesos de pacificación, sino a equilibrios temporales entre grupos armados. La guerra nunca está lejos: está suspendida, no resuelta, y esta suspensión permanente produce una forma de normalización de la violencia, que se vuelve previsible, integrada en los cálculos y aceptada como un horizonte insuperable. El único horizonte de la guerra es la guerra, la guerra y más guerra. Una variable de ajuste La milicianización de la política libia no es una patología pasajera, sino el resultado lógico de una secuencia histórica específica: la destrucción del Estado sin sucesión, seguida de una delegación implícita de la coerción a actores locales. Una vez cruzado este umbral, revertir el proceso se vuelve extremadamente costoso. Desarmar a una milicia no significa simplemente quitarle las armas. El ejemplo actual de Hezbolá en el Líbano es la prueba más contundente. También implica despojarla de su rol, de sus ingresos, de su estatus social y, en algunos casos, incluso de su identidad. Esto explica por qué fracasan todos los intentos de reintegración, desarme o reforma del sector seguridad. La proliferación de milicias ya no es un problema técnico, porque se ha convertido en una realidad plenamente política. Minimizar su importancia equivale a aplazar indefinidamente la solución y prolongar sin fin la agonía de Libia. El problema no es el exceso de milicias en sentido estricto, sino la ausencia de un orden político capaz de volverlas obsoletas, inútiles y risibles. Y mientras ese orden no sea repensado de manera fundamental, la violencia seguirá siendo el eje del sistema por pura autopreservación.

Desde la Primavera Árabe de 2011, Libia no atraviesa una transición inacabada cualquiera, sino que se ha instalado en un estado duradero de disolución política. Lejos de abrir el camino a un proceso de reconstrucción, la desaparición brutal del régimen de Muamar Gadafi, por el contrario, desencadenó una larga secuencia de fragmentación, donde la violencia armada ha, como en Sudán, reemplazado progresivamente al Estado como principio de organización del poder. Esta serie propone una lectura estructural de la guerra libia como un sistema estabilizado y coherente en sí mismo, inserto en rivalidades regionales e internacionales, y ahora capaz de eliminar cualquier alternativa política que no se inscriba en su lógica. La caída de Muamar Gadafi, en octubre de 2011, es erróneamente presentada como un evento fundador del cual Libia nunca habría logrado recuperarse. Sin embargo, esta lectura es simplista, incluso engañosa, en la medida en que supone que el colapso del orden gadafista habría hecho posible una transición frustrada, impedida por factores exógenos o por la inmadurez de los actores locales. Pero la realidad es más radical: Libia no fracasó en reconstruirse después de 2011, porque ninguna reconstrucción realmente comenzó. En lugar de ser reformado, el Estado fue disuelto, sin mecanismo de sucesión, arquitectura de reemplazo o principio de arbitraje duradero. Para ello, hay que volver a las especificidades del régimen instaurado por Gadafi, que no funcionaba en absoluto como un Estado clásico. Gadafi había fundado su poder en una concentración extrema de la decisión, acompañada de una neutralización sistemática de las instituciones y de la implementación de un equilibrio inestable entre tribus, aparatos de seguridad y redistribución de la renta petrolera. Un modelo de tiranía, al fin y al cabo, bastante común en el mundo árabe, que, a pesar de su carácter inicuo, producía un cierto orden. Al destruirlo sin la menor reflexión sobre una continuidad mínima, la intervención de 2011 suprimió, paradójicamente, el último centro de gravedad capaz de organizar el campo político. Así, la caída del tirano no liberó el espacio político libio como lógicamente debería haber sido el caso. Por el contrario, creó un vacío de soberanía. Y ningún actor pudo imponerse como sucesor legítimo al orden establecido por Gadafi. Las oposiciones históricas, largamente fragmentadas o neutralizadas, apenas disponían de una implantación territorial homogénea o de un proyecto institucional común capaz de constituir una alternativa eficaz y duradera. Las estructuras del Estado, ya frágiles, se derrumbaron con el régimen que las contenía. A partir de entonces, la violencia, hasta entonces monopolizada y contenida por el dictador, se dispersó. El linchamiento de Gadafi, en lugar de purgar a Libia de sus demonios, abrió la caja de Pandora. Libia entró en una fase nueva, desarticulada a causa de este vacío “institucional” dejado tras de sí por el coronel-Leviatán. Fiel a la fórmula de Gramsci, este entre-dos, que no era ni una guerra civil clásica ni una transición post-autoritaria inacabada, creó monstruos. Dentro de este espacio post-estatal, la autoridad ya no se transmite verticalmente. Se ha fragmentado horizontalmente, según las relaciones de fuerza locales y regionales. Una recomposición armada de la política Los primeros años que siguieron a 2011 a menudo fueron descritos como un período de caos incipiente. Pero, de nuevo, el término es inapropiado, en la medida en que lo que se estableció, a mil leguas de un desorden espontáneo, es una recomposición armada de la política. Las brigadas surgidas de la insurrección no desaparecieron tras la caída del régimen. Se institucionalizaron, sustituyendo de facto la estructura estatal al capturar territorios, establecer su control sobre infraestructuras y negociar con autoridades centrales ya privadas de toda capacidad coercitiva. Organizado a partir de 2012, el proceso electoral no logró invertir esta dinámica. Las asambleas elegidas existen formalmente, pero no disponen de ningún monopolio de la fuerza. La legitimidad jurídica se muestra impotente frente a la realidad militar. El voto ha dejado de ser un instrumento de regulación del conflicto para convertirse en un asunto secundario, instrumentalizado por actores armados que no dependen de él para ejercer el poder real. El resultado es que, como en todos los países abandonados a la ley de la selva, la política depende ahora de las relaciones de fuerza, y los actores estatales deben lidiar con quienes controlan el terreno. Desprovisto de su función de estructura organizadora, el Estado “etiqueta” se desustancializa y se reduce a un espacio donde toda perspectiva de relevo es consciente y continuamente torpedeada por las organizaciones militares paraestatales. Este ascenso de las milicias estuvo acompañado de un fenómeno igualmente estructurante: la captura de la renta. Lejos de unificar el país, el petróleo se convirtió así en uno de los motores de su fragmentación. Las instalaciones, los puertos, los oleoductos se transformaron en palancas de presión, partiendo de la lógica según la cual quien controla una terminal o una ruta estratégica ya no necesita gobernar todo el país. Su poder de facto se basa en su capacidad de neutralización, bloqueo, negociación y extorsión. En esta etapa, Libia no ha caído, sin embargo, en una guerra total. Se encontró en un conflicto de baja intensidad, salpicado de crisis agudas, pero estructurado por equilibrios locales. Esta situación, a menudo descrita como transitoria, sin embargo, se ha solidificado progresivamente. Los actores armados se han adaptado, las redes de financiación se han consolidado, y las alianzas se hacen y deshacen, ya que ninguna autoridad central puede arbitrarlas. El caso de Khalifa Haftar Es en este contexto que emergió la figura de Khalifa Haftar. El ascenso de Haftar no obedece a ningún proyecto ideológico coherente. Se puede definir como un intento de recomponer una verticalidad militar en un paisaje fragmentado. La restauración del Estado no es su preocupación. Haftar propone una alternativa autoritaria a la anomia, respaldada por apoyos regionales y una promesa de orden. Esta promesa, sin embargo, se basa menos en una reconstrucción institucional que en una dominación de seguridad. La desgracia árabe. La aparición de Haftar confirma que la Libia post-2011 ya no puede ser entendida como un espacio nacional unificado. Se ha convertido en nada más que un campo de fuerzas donde los proyectos políticos están subordinados a las capacidades militares y los apoyos exteriores. A partir de ahí, la trayectoria libia está en gran parte determinada. La ausencia de sucesión estatal en 2011 no es un accidente corregible a posteriori . Constituye el acto fundador de una configuración duradera. Más allá de los esquemas clásicos, se puede considerar que la guerra ya ni siquiera tiene como objetivo conquistar el Estado, sino organizar su ausencia. Libia no se encuentra, por lo tanto, en una guerra clásica entre facciones por el poder stricto sensu. Los protagonistas del conflicto libran en realidad una guerra contra la posibilidad misma de un poder central. Y es precisamente este dato el que condiciona todo lo que seguirá: la “miliciarización”, la regionalización del conflicto, la intervención de las potencias exteriores, y esta estabilización inaudita, esperpéntica, en la inestabilidad. Próximo artículo: Una “miliciarización” a ultranza de la política

¿De qué serviría un ataque ordenado por Trump? ¿Creeríamos que pondría fin a la represión que sufren los manifestantes iraníes? De hecho, nadie puede detener las represalias que los Guardianes de la Revolución infligen a sus conciudadanos. E incluso si se llegara a un acuerdo en Omán para esquivar una operación militar estadounidense, nada indica que la paz civil se instauraría de inmediato. En un caso como en el otro, ya sea que los mulás lleguen a un acuerdo a la baja con Estados Unidos o no, el movimiento de protesta iraní será entregado a la ferocidad de una «pacificación» que dispara con balas reales y a quemarropa contra los manifestantes y otros opositores. «Brinkmanship» y «misreading» En Omán, y a partir del viernes 6 de febrero, se reunieron los representantes de Donald Trump y los de Massoud Pezechkian, dos maestros de la fanfarronería y la impostura: el primero, que alardea y duda en ejecutar sus amenazas, y el segundo, que, adoptando posiciones maximalistas, exigió trasladar el lugar de la conferencia de Turquía a Omán, la cual decidirá el destino del Golfo Pérsico. Si el presidente de Estados Unidos ya no sorprende a nadie con su conducta errática, ¿qué decir del régimen de los mulás que, reducido a la última extremidad, sin embargo, sigue pavoneándose? Su programa nuclear ha sido «eviscerado», como dice Patrick Wintour en el Guardian , y treinta de sus comandantes de alto rango han sido liquidados después de 160 ataques masivos, y con eso, ¿los iraníes creen que pueden imponer a los emisarios estadounidenses los parámetros de los intercambios y el orden del día de la negociación? Este brinkmanship que practican a la perfección es una estrategia al borde del abismo que consiste en seguir una acción peligrosa para hacer retroceder al adversario y obtener ventajas. Si recurren a ella, es porque están diabólicamente convencidos de que Trump nunca pasará a la acción. Esta convicción arraigada corre el riesgo de llevarlos a la perdición, y es aún más peligroso jugarse el todo por el todo, ya que los barcos de la flota estadounidense convergen hacia el estrecho de Ormuz, ese punto de estrangulamiento del tránsito de petróleo. Los mulás, seguros de su derecho y curtidos en arduas negociaciones, deberían temer sobre todo el misreading , es decir, una grave subestimación de los datos y los intereses en juego. Responsables a un nivel muy alto, no estarían lejos de caer víctimas de su propia fatuidad, tanto creen que Trump es un fanfarrón que se desinfla rápidamente. El resultado incierto El inquilino de la Casa Blanca haría bien en desengañar a sus antagonistas, ¡él que empieza a impacientarse! Porque según los círculos dirigentes de Israel, como informa el Haaretz , la República Islámica torpedeará dichas negociaciones, dado que solo las ha entablado para ganar tiempo y otorgar un respiro a su programa nuclear. Ahora bien, desmantelar este último o «diluir» el uranio altamente enriquecido equivaldría para los ayatolás a pegarse un tiro en el pie. En resumen, las sesiones de negociaciones que se celebran en Omán pueden prolongarse, así como pueden ser interrumpidas para luego ser reanudadas. El asunto se anuncia largo y terminará en nada o, en el mejor de los casos, con un bloqueo marítimo. ¡A menos que haya un golpe de Jarnac israelí! Vae victis Pero los grandes olvidados y los grandes vencidos de los conciliábulos de Omán seguirán siendo los disidentes, su destino no figura en el orden del día. Se ha hablado de 30000 víctimas. Paz a sus almas, pero ¿qué destino se reservaría a los 50000 detenidos que languidecen en las cárceles? Para Gholamhossein Mohseni Ejei, quien está al frente del poder judicial, las personas implicadas en las manifestaciones no deberían esperar «ninguna indulgencia» .

A pocas semanas de la Conferencia Internacional de París, prevista para marzo de 2026, cuyo objetivo es movilizar el apoyo internacional al ejército libanés, el comandante en jefe del ejército se encuentra en un punto de inflexión estratégico crítico. En un Líbano atravesado por incertidumbres políticas y regionales, cada decisión tomada sobre el terreno o dentro del estado mayor puede tener repercusiones mucho más allá de las fronteras e influir no solo en la supervivencia de la institución militar, sino también en la percepción internacional de su papel como estabilizador a nivel nacional. Según el general Maroun Hitti, el ejército no solo se enfrenta a amenazas externas e internas: está sometido a una presión acumulativa, donde múltiples mandatos, decisiones políticas ambiguas y expectativas populares se combinan para poner a prueba su resistencia, cohesión y credibilidad. El desafío es doble: mantener su credibilidad en un contexto interno volátil y convencer a la comunidad internacional de que el ejército sigue siendo un pilar indispensable de la estabilidad del Líbano. Estiramiento estratégico y frentes múltiples El general Maroun Hitti destaca el «estiramiento estratégico y operacional» del ejército. Este está hoy llamado a vigilar los sectores del sur del Líbano, controlar las fronteras, garantizar la seguridad interior, luchar contra el terrorismo y limitar –implícita o explícitamente– las acciones de Hezbolá, todo ello mientras anticipa un posible enfrentamiento con las fuerzas sirias hostiles al partido chií. Este «estiramiento» traduce una profunda tensión: tener que gestionar actores con estrategias contradictorias sin un mandato político claro y unánime ni medios adaptados. La consecuencia, si este riesgo no se controla, podría ser la dilución de las misiones, el agotamiento de la fuerza y el debilitamiento de la imagen del ejército; un escenario que comprometería la credibilidad de la tropa ante los donantes internacionales convocados en París. Para el general Hitti, la solución pasa por tres ejes: un mandato claro y unánime del Consejo de Ministros, la determinación de una prioridad estricta en el nivel de las misiones y una alineación del apoyo internacional con las prioridades esenciales. Cuando el ejército se convierte en sustituto El ejército también se enfrenta al riesgo de instrumentalización política. Con demasiada frecuencia, fue utilizado como sustituto de decisiones no tomadas en relación con la soberanía nacional, la gestión de armas fuera del control del Estado o la política de defensa. Este papel ambiguo amenaza directamente la neutralidad institucional, fragiliza la cohesión interna y puede erosionar la confianza del público. En el contexto de la Conferencia de París, este riesgo adquiere una dimensión adicional: la institución debe mostrar a los socios internacionales que su acción es profesional, neutral y eficaz, y no el reflejo de intereses políticos internos. Una comunicación estratégica clara se convierte entonces en un imperativo para evitar cualquier interpretación errónea de su papel. Elecciones imposibles Los riesgos externos persisten. Ataques israelíes limitados podrían degenerar en una confrontación abierta, obligando al ejército a reaccionar precipitadamente. El escenario temido es aquel en el que el ejército se convierte en chivo expiatorio si el ejército israelí no logra resultados rápidos contra Hezbolá. El ejemplo de 2006 permanece vivo en las mentes: 43 soldados muertos por una guerra no deseada por el pueblo libanés. Pero más allá de las amenazas directas, el ejército debe hacer frente a una degradación invisible pero formidable, alimentada por la presión regional e internacional. La escalada que involucra a Hezbolá e Irán constituye un factor potencialmente explosivo. Cualquier conflicto regional podría desbordarse y arrastrar a Hezbolá a una confrontación existencial, desestabilizando el equilibrio político interno y forzando al ejército a tomar decisiones imposibles: permanecer neutral mientras protege el territorio, o intervenir en un escenario donde su legitimidad y seguridad se verían comprometidas. Esta escalada no es solo militar: es política y psicológica, con el riesgo de fragmentar la institución si las decisiones estratégicas carecen de claridad. Paralelamente, el ejército debe lidiar con un posible cansancio de los donantes internacionales, lo que amenazaría directamente sus capacidades operativas. Una reducción o suspensión del apoyo podría afectar el mantenimiento del equipo en condiciones operativas, las infraestructuras y la formación, generando fallas críticas en materia de protección y movilidad, y contribuyendo a una degradación moral dentro de las tropas. En este contexto, la celebración de la conferencia de París constituye un factor clave: no es solo una oportunidad para reforzar el apoyo material, sino que también representa una prueba de confianza política y estratégica. Un ejército bajo presión interna Además de estas amenazas externas, el ejército se enfrenta a otras presiones heredadas desde su nacimiento: La centralización excesiva del mando, que ralentiza la toma de decisiones en situaciones de crisis. La sobrecarga de responsabilidades en la seguridad interior, en particular ante tensiones sociales y económicas. Las insuficiencias de inteligencia y equipamiento, que limitan la reactividad y la seguridad de las fuerzas. La pérdida de control sobre el relato público, que expone a la institución a críticas internas e internacionales. Todas estas presiones acumulativas pueden resultar más peligrosas que una derrota militar clásica, ya que erosionan la cohesión, la disciplina y la credibilidad del ejército incluso antes de que ocurra un conflicto. Preservar el ejército antes de combatir Para el general Hitti, la supervivencia del ejército depende hoy menos de una victoria en el campo de batalla que de la capacidad de resistir el desgaste institucional y político. El comandante en jefe debe anticipar las crisis, proteger la cohesión de sus tropas, mantener la moral y la credibilidad de la institución, al mismo tiempo que rechaza mandatos no financiados o políticamente ambiguos. Cada decisión, plan o comunicación se convierte así en una palanca estratégica, crucial para convencer a los socios internacionales de la eficacia y fiabilidad de la institución. Entre 2026 y 2030, el desafío para el ejército libanés no será solo vencer a un adversario, sino preservar la institución misma. Tres condiciones son esenciales: 1.    Una claridad política total con un mandato decidido por unanimidad, condición sine qua non para actuar. 2.    Una definición de las prioridades a nivel de las misiones para evitar el «estiramiento» estratégico y operacional. 3.    Una comunicación estratégica bien definida para dominar la retórica tanto a nivel interno como externo. Sin estas condiciones, el ejército corre el riesgo de perder su papel de estabilizador nacional y de ver su unidad y credibilidad erosionarse bajo el peso del desgaste institucional y la ambigüedad política —un riesgo que la conferencia de París 2026 deberá tener en consideración. Un desafío existencial De lo anterior se desprende que el análisis de los dilemas del comandante del ejército pone de manifiesto una realidad esencial: la amenaza más grave no es una derrota militar, sino la erosión progresiva de la institución. Cada conflicto, cada incidente o presión política actúan como un pequeño «terremoto», revelando las profundas grietas que amenazan la cohesión y la credibilidad de la institución militar. Entre misiones extendidas sin un mandato claro, instrumentalización política, riesgos de escalada regional y el cansancio de los donantes internacionales, el ejército está condenado a una gimnasia estratégica permanente: mantener su neutralidad mientras permanece preparado, preservar la unidad anticipando posibles fracturas, convencer al público y a los socios internacionales mientras gestiona presiones internas. Esta complejidad supera con creces el marco clásico de la guerra convencional: es un desafío institucional y existencial. La conferencia de París 2026 encarna un momento decisivo. Es a la vez una oportunidad y una prueba. La confianza internacional se basa en la percepción de que la institución puede dominar sus misiones sin convertirse en instrumento de fracturas políticas internas o de maniobras regionales. Este es uno de los mayores desafíos a los que deberá enfrentarse su jefe. Para ello, habrá que darle todas las oportunidades de éxito. Entre 2026 y 2030, el ejército libanés no solo tendrá que defender el territorio nacional: deberá defender su propia razón de ser. Su supervivencia y su papel de estabilizador dependen de elecciones políticas claras, de la disciplina institucional y de una visión estratégica —parámetros que solo una dirección resuelta y un apoyo unánime , tanto interno como internacional, podrán garantizar. En este contexto, la conferencia de París no será una simple reunión diplomática, sino que revelará la capacidad del Líbano para mantener su último pilar de estabilidad frente a la incertidumbre y las crisis multidimensionales.