El conflicto libio: una «milicianización» a ultranza de lo político (2/5)

Desde la Primavera Árabe de 2011, Libia no atraviesa una transición inacabada cualquiera, sino que se ha instalado en un estado duradero de disolución política. Lejos de abrir el camino a un proceso de reconstrucción, la desaparición brutal del régimen de Muamar Gadafi, por el contrario, desencadenó una larga secuencia de fragmentación, donde la violencia armada ha reemplazado progresivamente al Estado como principio de organización del poder, como en Sudán.

Esta serie propone una lectura estructural de la guerra libia como un sistema estabilizado y coherente en sí mismo, inserto en rivalidades regionales e internacionales, y ahora capaz de eliminar cualquier alternativa política que no se inscriba en su lógica.

Considerar la milicianización de Libia como el resultado de una ruptura accidental en el periodo posterior a 2011 es, como mínimo, un punto de partida arriesgado. El proceso de normalización de las milicias se ha convertido en una suerte de lógica estructurante del “sistema” pos-Gaddafi. Desde el momento en que el Estado colapsó sin un mecanismo de sucesión, la violencia armada dejó de ser solo una herramienta más y pasó, gradualmente, a consolidarse como la fuerza motriz central de la política. Y este giro, lejos de producirse por una ruptura súbita, se impuso de manera insidiosa, mediante desplazamientos sucesivos, al ritmo de compromisos tácticos presentados como temporales pero que, en los hechos, se volvieron irreversibles.

Tras la caída de Muamar Gaddafi, las brigadas revolucionarias fueron percibidas inicialmente como fuerzas de seguridad transitorias, encargadas de llenar un vacío mientras se reconstituían las instituciones nacionales. Pero esta ficción de una “transición armada” se sostenía en la premisa errónea de que la violencia desaparecería una vez cumplida su función inicial. Nada más lejos de la realidad. La violencia no fue simplemente instrumentalizada por la esfera política; lenta e inexorablemente, la reemplazó.

Así, las milicias nunca fueron desmovilizadas. Y con razón: ninguna autoridad era capaz de someterlas. Pronto comprendieron que su existencia no dependía ni de la legalidad ni del reconocimiento internacional, sino de su capacidad para controlar territorios, infraestructuras y flujos de personas y mercancías. Esto se hizo, por supuesto, mediante el control militar, pero también a través de palancas económicas, sociales y, en ocasiones, incluso simbólicas. La autoridad de una milicia sobre un territorio ya sea un barrio, un puerto, un ministerio o un banco, es intrínsecamente perniciosa, porque vuelve imposible cualquier forma de gobernanza sin su mediación.

Este proceso transformó profundamente la naturaleza del poder. La pregunta ya no es quién gobierna. El poder se ha vuelto sinónimo de obstrucción y sabotaje, en la medida en que busca impedir que otros gobiernen sin su consentimiento. En este sentido, la política se ha reducido a un juego de vetos armados, donde cada actor relevante posee la capacidad suficiente para bloquear cualquier intento de centralización de la autoridad.

«Emprendedores políticos»

La consecuencia directa de esta configuración ha sido la desvalorización de las instituciones. Los gobiernos sucesivos, ya sea con sede en Trípoli o en otras ciudades, dejaron de ser evaluados por su capacidad de gobernar y pasaron a ser juzgados por su habilidad para negociar con los grupos armados dominantes. El presupuesto estatal se convirtió en un instrumento de cooptación, los cargos ministeriales en fichas de negociación, y la legitimidad se erosionó frente a las realidades brutales de las relaciones de fuerza. Así, las milicias dejaron de ser actores periféricos y se transformaron, en cierto sentido, en “emprendedores políticos”, que desarrollan estrategias racionales, invierten en alianzas y diversifican sus fuentes de ingreso. El control de rutas migratorias, el tráfico, las instalaciones petroleras y los mercados públicos constituye hoy la “esencia” económica de la política libia, construida sobre los restos de un Estado vaciado de recursos y reducido a una ficción jurídica, una “vaca lechera” y un simple pretexto para legitimar relaciones paraestatales con el exterior. Manual puro de milicianismo, en otras palabras. Las milicias no tienen, por tanto, ningún interés en reconstruir plenamente el aparato estatal, ya que un Estado funcional reintroduciría reglas, jerarquías y previsibilidad. Es decir, sentido. Derecho. Por el contrario, un Estado débil, fragmentado y permanentemente negociable maximiza su margen de maniobra. Una bendición para ellas.

Gestionar un equilibrio inestable 

En medio de este orden miliciano instaurado a través del desorden, gobernar en Libia equivale hoy a gestionar un equilibrio precario entre grupos armados rivales, cada uno capaz de inclinar la balanza mediante escaladas selectivas. Es bajo esta lógica que debe explicarse la emergencia de figuras militares cuyo leitmotiv es, supuestamente, “restaurar el orden”. Khalifa Haftar es la expresión más clara de los excesos generados por el caos. Su ascenso se sostiene por completo en la promesa de una pseudo-verticalidad restaurada. Sin embargo, esta promesa se apoya en los mismos mecanismos que dice querer superar: lealtades armadas, apoyos externos, economía de guerra, entre otros. Al no desmontar el sistema de milicias, Haftar busca simplemente centralizarlo bajo su propia autoridad. Este intento fracasa parcialmente porque choca con otras milicias igual de racionales, igual de arraigadas localmente e igual de respaldadas desde el exterior. La guerra de Trípoli de 2019-2020, que no produjo ni un vencedor duradero ni la reconstrucción del Estado, ilustra el callejón sin salida del “enfoque Haftar”, al demostrar el fracaso de la fuerza militar como instrumento para reconstruir el orden político.

El enfoque basado en milicias también tiene un impacto social profundo: redefine jerarquías locales, valoriza la capacidad de ejercer violencia y margina a las élites civiles. Los actores políticos desarmados quedan relegados al papel de mediadores secundarios o figuras simbólicas, y su margen de acción depende por completo de su capacidad de apoyarse en una fuerza armada, incluso a costa de concesiones mayores. En un paisaje tan desolado, la población civil se convierte en una variable de ajuste. Los periodos de calma no corresponden a procesos de pacificación, sino a equilibrios temporales entre grupos armados. La guerra nunca está lejos: está suspendida, no resuelta, y esta suspensión permanente produce una forma de normalización de la violencia, que se vuelve previsible, integrada en los cálculos y aceptada como un horizonte insuperable. El único horizonte de la guerra es la guerra, la guerra y más guerra.

Una variable de ajuste

La milicianización de la política libia no es una patología pasajera, sino el resultado lógico de una secuencia histórica específica: la destrucción del Estado sin sucesión, seguida de una delegación implícita de la coerción a actores locales. Una vez cruzado este umbral, revertir el proceso se vuelve extremadamente costoso. Desarmar a una milicia no significa simplemente quitarle las armas. El ejemplo actual de Hezbolá en el Líbano es la prueba más contundente. También implica despojarla de su rol, de sus ingresos, de su estatus social y, en algunos casos, incluso de su identidad.

Esto explica por qué fracasan todos los intentos de reintegración, desarme o reforma del sector seguridad. La proliferación de milicias ya no es un problema técnico, porque se ha convertido en una realidad plenamente política. Minimizar su importancia equivale a aplazar indefinidamente la solución y prolongar sin fin la agonía de Libia. El problema no es el exceso de milicias en sentido estricto, sino la ausencia de un orden político capaz de volverlas obsoletas, inútiles y risibles. Y mientras ese orden no sea repensado de manera fundamental, la violencia seguirá siendo el eje del sistema por pura autopreservación.