Política

En un contexto regional y doméstico particularmente sensible, cualquier evaluación de las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF, por sus siglas en inglés) debe ir más allá de un simple inventario de la ayuda recibida y del equipamiento requerido. El verdadero problema está en examinar los fundamentos políticos, doctrinales y estratégicos de la institución militar en sí misma. La pregunta central no es tanto qué posee el Ejército, sino qué espera el Estado de él, o de qué se niega a hacerse responsable. Desde finales de la década de los 2000, el Ejército libanés se ha beneficiado de una asistencia internacional sostenida, en particular de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros socios europeos. Este apoyo no solo se ha traducido en la entrega de equipamiento y nuevas infraestructuras, sino, sobre todo, en la introducción de un enfoque estructurado de desarrollo de capacidades. El establecimiento de una visión conjunta de capacidades con Estados Unidos marcó un punto de inflexión, al priorizar la optimización de los recursos existentes por encima de la creación de capacidades completamente nuevas. Este enfoque, que dio lugar a la creación de un Plan de Desarrollo de Capacidades, se basa en una distinción fundamental. El general de brigada (retirado) Maroun Hitti señala que una Estrategia Militar Nacional define lo que el Ejército debe ser capaz de hacer en cumplimiento de un mandato establecido por el Estado, mientras que un Plan de Desarrollo de Capacidades se centra en mejorar la eficacia de las capacidades existentes. Este matiz ayuda a explicar tanto los avances logrados como las limitaciones persistentes, en particular en áreas estructurales clave como la incorporación de drones, la inteligencia artificial y, sobre todo, la defensa aérea, que sigue siendo inexistente. Una pregunta deliberadamente evitada: apoyar al Ejército, ¿para qué? En el centro del debate en torno a este plan se encuentra una pregunta aparentemente simple, pero políticamente explosiva: ¿cuál es, exactamente, la misión asignada al Ejército libanés? Desde sus primeros años, pero especialmente en las últimas dos décadas, la asistencia internacional, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, junto con muchos otros países aliados, ha evitado a la institución militar una serie de posibles retrocesos. Sin embargo, ese apoyo nunca ha estado anclado en una política de seguridad y defensa nacional libanesa claramente articulada y respaldada de forma unánime. Oficialmente, las declaraciones de misión, repetidas hasta el cansancio, son conocidas: preservar la estabilidad, combatir el terrorismo, controlar y defender las fronteras y garantizar la seguridad interna. Extraoficialmente, la ambigüedad persiste debido a la existencia de una fuerza armada paralela, Hezbolá, que continúa beneficiándose de una protección política interna sostenida. En este contexto, fortalecer al Ejército sin clarificar su mandato equivale a reforzar una institución mientras, al mismo tiempo, se neutraliza su capacidad de acción. Más inquietante aún es el intento de subordinar al Ejército a Hezbolá, lo que equivale a despojarlo de su esencia y su razón de ser. ¿Cuántas veces se han escuchado discursos grandilocuentes, etiquetados como “estratégicos”, que reducen al Ejército a un rol de policía interna, contra la oposición, por supuesto, mientras la defensa territorial queda en manos de Hezbolá? Tras los recientes reveses de este último, se ha asignado al Ejército una nueva misión: garantizar el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, es decir, desarmar a Hezbolá. La ejecución práctica de esta misión es, precisamente, lo que deberá abordar la conferencia prevista en París en marzo de 2026, anticipando el escenario al que se enfrentaría el Ejército si Hezbolá se negara a desarmarse. El papel del Poder Legislativo resulta central en este punto. El aplazamiento sistemático de los debates sobre defensa nacional, su enredo en procedimientos de comisiones y la invocación constante de un consenso siempre esquivo reflejan menos inercia que una decisión política deliberada. La asistencia internacional corre así el riesgo de convertirse en un delicado ejercicio de equilibrio: apoyar a una institución percibida como creíble, mientras se le niega la cobertura política indispensable para cumplir plenamente su misión. Este es uno de los principales riesgos para el Ejército de cara a la próxima conferencia de apoyo en París. La suspensión de una modernización estratégica clave Esta ambigüedad política ha tenido consecuencias concretas. La iniciativa saudí lanzada en 2013, que incluía una donación de 3 mil millones de dólares, ofrecía una base sólida para una auténtica construcción de capacidades, que abarcaba medios navales y un sistema de defensa aérea que cubría los dos primeros niveles, artillería y MANPADS, hasta una altitud de 6 km, diseñado para contrarrestar drones. Esta ayuda habría representado un salto cualitativo significativo en la seguridad estratégica del Líbano. La protección de los centros de decisión política, estratégica y operativa era el núcleo de esta capacidad. Resulta inevitable estremecerse ante la vulnerabilidad de esos centros de decisión, en todos los niveles, frente a las capacidades que hoy poseen los distintos actores armados que operan en el escenario libanés, mientras el Ejército sigue siendo incapaz de responder. La cancelación abrupta del proyecto saudí, tras la intervención política y mediática de Hassan Nasrallah, evidenció la fragilidad de cualquier planificación militar condicionada por las dinámicas de poder político regional y doméstico. También dejó al Estado y al Ejército expuestos a nuevos tipos de amenazas, en particular el uso de drones, sin los medios adecuados de protección. La transformación de la guerra y el desafío tecnológico Los conflictos recientes han transformado profundamente la naturaleza de la guerra. La inteligencia, la superioridad tecnológica y la integración de capacidades mediante inteligencia artificial se han convertido en factores decisivos. Los conflictos recientes en la región muestran que los actores con un déficit tecnológico estructural quedan en desventaja de forma duradera. Esta transformación ha devuelto a la guerra parte de su capacidad de sorpresa. En este contexto, la cuestión no es solo cómo contener a los actores armados no estatales, sino cómo permitir que el Ejército libanés alcance un nivel tecnológico y doctrinal que garantice credibilidad operativa e iniciativa. Al mismo tiempo, un factor clave debe permanecer en primer plano: el tiempo necesario para convertir los recursos financieros en capacidades reales. Este “factor tiempo” se mide en años. Desarmar hoy a Hezbolá habría requerido comenzar los preparativos en 2015, y nunca depender de Israel, ni de ningún otro país, para hacer el trabajo. La pregunta, por tanto, es qué tipo de Ejército quiere tener el Líbano en 2035. Capacidades, recursos humanos e ilusiones estratégicas Reducir el debate a una simple lista de equipamiento sería un error grave. Un Ejército se construye sobre capacidades coherentes, sostenidas por personal, una doctrina clara, una cadena de mando funcional y un respaldo político constante. Los esfuerzos en desarrollo de capacidades han permitido mantener y mejorar estructuras existentes, pero estas siguen siendo en gran medida obsoletas frente a las rápidas transformaciones de la guerra moderna. El control efectivo de fronteras, la vigilancia de la zona económica exclusiva o el despliegue permanente de fuerzas sobre el terreno requieren personal disponible, formado, debidamente remunerado y sostenido a largo plazo. Cualquier misión ambiciosa, como desarmar a una organización fuertemente armada, exige recursos y voluntad política acordes con los desafíos. Esto implica también un compromiso presupuestario claro del Estado, en particular mediante la asignación de una proporción definida del producto interno bruto a la defensa y la seguridad. Misiones estratégicas claramente definidas En un entorno dominado por la inteligencia, cinco misiones aparecen como clave para el futuro de las LAF: la recolección y análisis de información; la defensa y control de fronteras; la capacidad de operaciones ofensivas internas con alta probabilidad de éxito; la disuasión; y la interoperabilidad con fuerzas armadas aliadas. Ejecutadas de manera eficaz, estas misiones sustentan la credibilidad, la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo de la institución militar. Cobertura política y responsabilidad del Estado En el fondo del problema está la responsabilidad política. Con demasiada frecuencia, el Estado espera que el Ejército cumpla misiones para las que no se han tomado decisiones claras ni responsables. Se percibe una evolución gradual y positiva, marcada por el cuestionamiento de ciertas coberturas políticas implícitas, pero el costo político y de seguridad de esta evolución sigue sin resolverse. Un análisis de las principales bases de poder de Hezbolá, su base social, profundidad estratégica, protección política interna, recursos financieros y comunicación estratégica, muestra que solo una decisión plenamente asumida por el Estado, respaldada por una auténtica coherencia gubernamental y un diálogo concertado dentro de la comunidad correspondiente, puede crear las condiciones para una acción militar eficaz, capaz de alcanzar los objetivos previstos y afirmar la supremacía del Estado. Del equipamiento a la capacidad operativa sostenible Poseer equipamiento no constituye, por sí mismo, una capacidad. Mantener, por ejemplo, una presencia marítima permanente los 365 días del año, en todas las condiciones, exige una organización clara y una división de las zonas marítimas nacionales, medios navales, personal especializado y tecnológicamente capacitado, formación continua, mantenimiento operativo sostenido e infraestructuras que implican un costo anual significativo. La defensa es costosa, pero vital, y la priorización es indispensable: el foco debe estar en consolidar plenamente las capacidades existentes antes de adquirir nuevas. El costo no debería alarmar en exceso a las finanzas públicas; distribuirlo a lo largo de varios años sería viable, siempre que se apruebe una ley que asigne un porcentaje definido del PIB a este fin. Esto devuelve al primer plano el papel esencial del Poder Legislativo. Eficacia militar y coherencia política El análisis de la ayuda, las capacidades y los desafíos del Ejército libanés revela una constante: la eficacia militar es inseparable de la coherencia política. Sin un mandato claro, sin cobertura política y financiera responsable, y sin una estrategia nacional de defensa y militar explícita, las inversiones en equipamiento y personal resultan en gran medida estériles. En este contexto, y según el general Maroun Hitti, el trabajo de base realizado en las últimas dos décadas dentro del Estado Mayor del Ejército merece reconocimiento. Su enfoque riguroso en el desarrollo de capacidades ha permitido preservar la coherencia profesional y operativa de la institución en condiciones políticas y financieras extremadamente restrictivas. Sin embargo, el tiempo juega en contra: la guerra evoluciona más rápido de lo que el Ejército puede adaptarse, y la asistencia internacional debe tenerlo en cuenta. Este reconocimiento a la institución militar no exime al Estado de su responsabilidad principal. Solo él tiene la capacidad no solo de transformar estos esfuerzos técnicos en una verdadera estrategia nacional de defensa, sino también de asumir la responsabilidad de proporcionar a las Fuerzas Armadas Libanesas directrices claras y opciones estratégicas bien definidas para el futuro inmediato.

París, por Arthur Bassil Desde comienzos de enero, la diáspora iraní en Europa se ha movilizado para condenar a la República Islámica y las masacres perpetradas contra el pueblo iraní. En París, esta concentración se realiza cada domingo. Cerca de las 3 de la tarde, en la Plaza de la Bastilla, este domingo 8 de febrero, bajo un sol radiante en París, alrededor de cinco mil manifestantes se reunieron en torno a la bandera iraní, adornada con el león y el sol, para condenar las masacres cometidas por la República Islámica. Además de este poderoso símbolo, los manifestantes alzaban imágenes de las víctimas. El 8 y 9 de enero de 2026, hace exactamente un mes, el régimen de Jameneí cometió lo impensable: miles de iraníes fueron asesinados a sangre fría. ¿Su crimen? Atreverse a manifestarse contra la crisis socioeconómica y, sobre todo, contra la opresión que ha marcado a Irán durante décadas. Este domingo, los iraníes en Francia no fueron los únicos que salieron a las calles coreando consignas como “Cierren la embajada terrorista de los mulás” o “No queremos la República Islámica, no la queremos”. En la marcha se podían ver con claridad banderas francesas, estadounidenses, cabileñas e incluso israelíes, “el único país del mundo que realmente está presionando al régimen de los mulás”, subrayó Mona Jafarian, cofundadora del colectivo Femme Azadi, que convocó a la participación en esta manifestación. La activista franco-iraní, bajo protección policial, dijo sentirse decepcionada por la disposición de Donald Trump a negociar con la República Islámica, pero considera que las condiciones planteadas por Estados Unidos “no pueden ser cumplidas por Jameneí”. El fin del programa nuclear, de los misiles balísticos y del apoyo a grupos armados aliados en la región serían factores que conducirían al colapso del régimen iraní. Mona Jafarian sostiene que, en cualquier caso, estas negociaciones llegarán a un callejón sin salida y que la única solución pasa por brindar apoyo concreto al pueblo iraní para que pueda liberarse del líder supremo, Alí Jameneí. Elegir entre el pueblo iraní y los mulás Entre los manifestantes también estuvo Saeed Amini, fundador de la asociación Homa, quien tiene prohibido ingresar a Irán desde 2017 debido a sus actividades políticas. Amini no comprende la inacción de los dirigentes de la Unión Europea, que persisten en no adoptar medidas drásticas contra la República Islámica. No obstante, celebra la movilización de los pueblos de Europa y del mundo contra los mulás. “Esperamos decisiones firmes de los Estados europeos, que deben elegir entre el pueblo iraní y el régimen de los mulás”, declaró, antes de exhortarlos a “ponerse del lado correcto de la historia”. Numerosos carteles exhibían el retrato de Reza Pahlavi, quien goza de un amplio respaldo entre los manifestantes. Hijo del sha, exiliado desde 1979, se presenta como el sucesor del régimen. Para Yaël, ciudadana francesa de fe judía presente en la manifestación y fundadora del Colectivo Atlas, un grupo de judíos y cabileños contra el islamismo, “la democracia le debe todo a Medio Oriente, donde existen pueblos ilustrados, como los cabileños, israelíes, libaneses e iraníes”. Considera que Reza Pahlavi cuenta con el apoyo del pueblo iraní y que su programa político es “hiperdemocrático”, por lo que lo respalda plenamente. La manifestación concluyó alrededor de las 7 de la noche en la Plaza de las Pirámides, al pie de la estatua de Juana de Arco. Samuel Davoud, activista que encabezaba la marcha, convocó a los asistentes a sumarse a una gran movilización en apoyo al pueblo iraní prevista para el sábado 14 de febrero, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“Esperar es desafiar al futuro”. Emil Cioran Esta frase, fotografiada por Édouard Elias, fue escrita por el periodista Samir Kassir en un papel dos semanas antes de su asesinato en 2005. Forma parte de los numerosos objetos personales que Elias ha documentado para preservar la memoria de las víctimas de asesinatos políticos en el Líbano desde entonces. Estos retratos y reliquias integran la exposición fotográfica Remaining , presentada con motivo del quinto aniversario del asesinato de Lokman Slim. La muestra se exhibe del 7 de febrero al 3 de marzo en Union Marks, Burj Hammoud, en un horario de 14:00 a 20:00 horas. La inauguración contó con una amplia asistencia y la presencia de diversas figuras públicas, entre ellas los diputados Marwan Hamadé y Michel Moawad, así como la exministra May Chidiac. La exposición es una colaboración entre el fotógrafo y fotoperiodista Édouard Elias y la periodista y cineasta Katia Jarjoura, curadora del proyecto. Es producida por la Fundación Lokman Slim, con el apoyo del Instituto Francés. Un puente entre el pasado y el presente Remaining narra la historia de 21 víctimas de asesinatos, entre ellas figuras políticas, personal de seguridad, escritores, periodistas, testigos y sobrevivientes. Las imágenes abarcan desde retratos de sus seres queridos y objetos que les eran preciados, hasta los lugares y escenas del crimen donde ocurrieron los ataques, creando una atmósfera de nostalgia y empatía. Inspiración y homenaje Katia Jarjoura reflexiona sobre el vínculo personal que dio origen al proyecto: «Esta exposición es, ante todo, un homenaje a mi querido amigo Lokman Slim, asesinado trágicamente en 2021, pero también a otras víctimas de asesinatos políticos en el Líbano que lucharon por un país libre y soberano, y pagaron por ello con sus vidas». El sentido de “Remaining” Édouard Elias explica el significado del título: «Después de la muerte de alguien, siempre hay una sensación de ausencia. Como no se ha hecho justicia, estas personas quedan atrapadas en un estado intermedio. Siguen presentes: no hemos retirado sus recuerdos, no hemos quitado el sombrero del perchero ni guardado el reloj de la mesa de noche». «En un país donde el sistema judicial es débil y la mayoría de los crímenes quedan impunes, el arte puede responder a ese vacío o ayudar a llenarlo», añade Jarjoura. « Remaining es, en esencia, una forma de decir “ellos permanecen” y “nosotros permanecemos con ellos”». Humanidad compartida y propuesta visual Remaining está narrada exclusivamente en blanco y negro. Elias explica esta elección estética: «Elegí el blanco y negro porque las fotografías abordan la ausencia, la memoria y la naturaleza atemporal de quienes han partido. Quise un trabajo sobrio, sin efectos de color ni intervenciones estilísticas, para que cada persona esté situada en el mismo plano». A través de objetos cotidianos y escenarios familiares, Elias invita al público a reconocer la humanidad compartida de estas familias y a reflexionar sobre cuán cercanas son sus vidas a las propias. Desde su independencia en 1943, Líbano ha registrado más de 200 asesinatos políticos, la gran mayoría sin castigo. La guerra civil libanesa (1975-1990) debilitó gravemente las instituciones del Estado, mientras que la ley de amnistía de 1991 consolidó una cultura de impunidad que sigue marcando la vida política. El asesinato del ex primer ministro Rafic Hariri en 2005, seguido por la creación del Tribunal Especial para el Líbano, marcó un punto de inflexión al evidenciar el asesinato político como una herramienta de influencia sirio-iraní y al socavar tanto la soberanía libanesa como el Estado de derecho. ¿Quién fue Lokman Slim? Lokman Slim fue un editor, cineasta y activista político libanés, reconocido por su defensa abierta de los derechos humanos, las libertades civiles y el Estado de derecho. Junto con su esposa, Monika Borgmann, cofundó UMAM Documentation and Research , una organización dedicada a preservar la memoria colectiva del Líbano y fomentar el debate público. Crítico firme del sectarismo y de la violencia política, Slim fue asesinado el 4 de febrero de 2021 en Addousiyeh, al sur del país. Remaining es un llamado urgente a la responsabilidad y a la justicia, para que el futuro del Líbano no quede restringido, sino que pueda ser asumido con esperanza.

A medida que se acerca la fecha de la conferencia internacional de apoyo al ejército libanés, prevista para marzo de 2026 en París, el Líbano se encuentra en un momento crítico. Esta reunión, destinada a movilizar a la comunidad internacional en favor de las fuerzas regulares, se produce en un contexto político y regional extremadamente complejo. Cada decisión o falta de decisión del Estado libanés con respecto al monopolio de las armas, en particular, tendrá un impacto directo en la eficacia de la ayuda internacional a las tropas y, más ampliamente, en el futuro mismo del ejército y de la soberanía nacional. La fecha elegida, el 5 de marzo de 2026, sigue siendo condicional. Según el general Maroun Hitti, la conferencia podría aplazarse si el Líbano no da un paso crucial antes de esa fecha. Este paso consiste en una decisión política unánime dentro del gobierno libanés, incluyendo a los ministros de Hezbolá y Nabih Berri, para que el Estado retome el control del asunto de las armas y que Hezbolá se someta a su autoridad, o bien en un evento regional importante. Este podría ser un cataclismo o un conflicto armado que obligara a Irán a cumplir con las exigencias de la comunidad internacional, modificando así el equilibrio de poder en la región. La conferencia de París no se limita, por tanto, a una simple cita técnica o diplomática. Está íntimamente ligada a los equilibrios geopolíticos regionales y a la agenda estratégica de las potencias exteriores. El DDR como objetivo central Para el general Hitti, los objetivos estratégicos de la conferencia son claros: discutir un control de fronteras, que es un tema menos contencioso, y avanzar sobre todo en el DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración de Hezbolá). No se trata simplemente de una iniciativa militar sino de un desafío político y social importante: ¿Cómo reintegrar un partido ideológico como Hezbolá en la sociedad libanesa para que deje de estar alineado con intereses extranjeros y se convierta en un actor plenamente nacional? El general Hitti subraya que el objetivo no es ayudar al ejército a hacer la guerra a Israel ni transformar el Líbano en un teatro de confrontación, sino reedificar el Estado libanés, afirmar su soberanía e integrar a todos los actores en un marco nacional legítimo. Derrota previa Insiste en un punto fundamental: una reintegración solo puede realizarse después de una derrota tangible e incontestable. Como explica, al igual que sucedió con los nazis en Alemania después de 1945, ninguna organización ideológica armada puede ser reintegrada en una sociedad hasta que haya aceptado su derrota. El general Hitti también precisa que hay que distinguir entre el discurso oficial vanidoso de Hezbolá y la realidad sobre el terreno. Según él, Hezbolá está en apuros aunque esto no aparezca en su comunicación pública. Esta dimensión muestra también que la conferencia de París no es una cita destinada a la distribución de recursos o la planificación de la ayuda al ejército, sino una etapa estratégica destinada a crear las condiciones políticas y sociales necesarias para un realineamiento nacional. El factor humano: un soldado mal pagado El ejército libanés desempeña un papel fundamental en este contexto, de ahí la atención prestada a su desarrollo. En el centro de cualquier discusión sobre las fuerzas regulares, el general Hitti sitúa al hombre sobre el terreno. Los soldados libaneses, a menudo mal remunerados, constituyen sin embargo el verdadero pilar de cualquier operación prevista. Insiste en la frustración salarial de estos últimos y considera absurdo pedir a un hombre o una mujer mal pagados que realicen tareas que no les permiten permanecer activos y mantener a sus familias. Para el general Hitti, el factor humano debe preceder a cualquier reflexión sobre el material o las capacidades técnicas y militares, en la medida en que, según él, un soldado desmotivado o ausente debilita el conjunto de la institución. El desafío es, por tanto, doble. Se trata de garantizar un ingreso decente a los militares y un apoyo estructural a las tropas. Según el general Hitti, la primera pregunta candente que deberían hacerse los países donantes es si no es prioritario empezar por asegurar al soldado libanés un salario que le permita dejar a su familia, con la tranquilidad de haberles provisto los medios para vivir honorablemente. ¿O es posible que pase más tiempo en casa, en detrimento de su presencia en el trabajo y con el riesgo de una caída en el grado de preparación operativa, y que los jefes sobre el terreno sigan esforzándose por paliar una perpetua y cruel necesidad de hombres que les falta? Ayuda internacional: ¿estabilización o verdadero fortalecimiento? Desde hace años, el ejército se beneficia de diversas ayudas internacionales: formaciones, equipos, apoyo logístico, e incluso asistencia salarial indirecta, especialmente de Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y otros socios, tras los planes de desarrollo de capacidades elaborados por la Tropa. Sin embargo, a pesar de estos apoyos, el equilibrio de fuerzas entre el ejército y Hezbolá sigue siendo incierto. El general Hitti explica que el ejército libanés es multiconfesional y refleja la diversidad de una sociedad liberal, mientras que Hezbolá es monoconfesional, ideológicamente adoctrinado y beneficia de una fuerte cohesión interna y de una doctrina extralibanesa. Sin embargo, lo que puede considerarse una aparente debilidad del ejército puede transformarse en una fuerza potencialmente considerable a condición de que el Estado afirme su autoridad y tome por unanimidad sus decisiones, que se beneficiarán del apoyo del Parlamento. Según el general Hitti, la ayuda internacional seguirá siendo estéril estratégicamente en este contexto mientras no se resuelva la cuestión del monopolio de la fuerza y la autoridad del Estado. Los medios proporcionados siguen siendo útiles y sirven a las misiones operacionales, pero solo serán eficaces si el Estado asume sus responsabilidades otorgando un mandato claro al ejército. ¿Simbolismo o acciones concretas? El general Hitti subraya que las conferencias internacionales anteriores en favor del ejército, iniciadas por París y Roma y aprobadas por Washington, fueron realmente eficaces táctica y operacionalmente, a la espera de que el Estado libanés retome las decisiones estratégicas y políticas. La conferencia de marzo de 2026 podría reproducir este mismo esquema si no influye en los bloqueos políticos internos. Los donantes aportan medios y recursos, el Estado libanés sigue dudando y siendo ambiguo en sus directrices, y los ciudadanos y soldados, escépticos, seguirán dudando de la eficacia real de cualquier conferencia. El general Hitti añade que ninguna ayuda internacional, por generosa que sea, puede reemplazar el coraje político. Sin un mandato claro, dice, y sin una visión nacional (una política nacional de seguridad y defensa), las fuerzas regulares permanecen expuestas y la soberanía del Estado libanés seguirá siendo un eslogan vacío de sustancia. El general Hitti también insiste en la necesidad de una apropiación política clara de las misiones del ejército. El Estado, señala, debe asumir sus decisiones, incluso frente a las presiones internas y los riesgos que plantea Hezbolá. Esta condición es indispensable para transformar los anuncios de apoyo en resultados concretos y medibles y evitar que la conferencia de marzo de 2026 se convierta en otro ritual diplomático. Un punto de inflexión La conferencia de París aparece más que nunca como un verdadero punto de inflexión potencial para un Líbano que se enfrenta a desafíos políticos, sociales y estratégicos. Su éxito dependerá menos de los medios materiales prometidos por la comunidad internacional que de la capacidad del Estado libanés para afirmar su autoridad, para exigir una rendición de los actores armados sometidos ideológicamente a una potencia externa, para unir sus instancias políticas en torno a un mismo objetivo y para clarificar el papel del ejército en el territorio nacional, dotándolo de los medios para asumirlo. Sin reformas estructurales y sin reconocimiento del valor de quienes sirven en el terreno, incluso la conferencia mejor organizada corre el riesgo de seguir siendo simbólica. En definitiva, la conferencia de París será una prueba de madurez política e institucional para el Estado libanés. Medirá la capacidad del gobierno para traducir sus compromisos internacionales en acciones concretas sobre el terreno, para estabilizar sus fuerzas armadas y para consolidar su soberanía.

Análisis analítico sobre la guerra de Sudán que, desde 2023, ya se ha traducido en decenas de miles de muertos y millones de desplazados, con un coste humano particularmente devastador en Darfur, donde la violencia masiva, los asedios y los desplazamientos forzados han adquirido una dimensión que muchos actores internacionales califican ahora de genocida. La guerra sudanesa da lugar regularmente a anuncios de mediación, de alto el fuego inminente, de «ventanas diplomáticas». A intervalos casi regulares, un actor internacional «redescubre» así el conflicto, promete una iniciativa o convoca negociaciones. Estas secuencias producen esencialmente ruido político, y a veces una suspensión temporal de los combates en un eje preciso, pero nunca modifican la estructura del conflicto. Pero la repetición del mismo esquema no constituye un fracaso accidental de la diplomacia; es el producto de un malentendido más profundo sobre la naturaleza misma de la guerra en curso. El primer punto muerto se debe a una lectura errónea del conflicto como un enfrentamiento clásico entre dos polos susceptibles de llegar a un compromiso. Sin embargo, ni las Fuerzas Armadas Sudanesas ni las RSF están comprometidas en una lógica de negociación política. Lo que buscan preservar no son cuotas de poder en un futuro Estado, sino capacidades autónomas de daño, redes y territorios explotables. En este marco, cualquier mediación que busque un reparto del poder o una transición institucional parece fuera de lugar. Los ceses del fuego propuestos se basan en la misma ilusión. Suponen que la guerra se ha vuelto demasiado costosa para los actores implicados. Sin embargo, paradójicamente, la prolongación del conflicto sigue siendo racional para ambos bandos. Para el ejército, permite mantener un estatus de representante oficial del Estado, obtener un apoyo internacional mínimo y contener el colapso total del aparato militar. Para las RSF, garantiza la continuación de los flujos económicos, la consolidación de su control territorial en el oeste y la imposibilidad de que un orden centralizado se reconstituya contra ellas. Los acontecimientos difundidos a finales de enero destacan una serie de avances militares atribuidos a las Fuerzas Armadas Sudanesas, especialmente en Kordofán del Sur. El levantamiento de antiguos asedios, la recuperación de localidades secundarias y la reapertura de ejes viarios se presentan como signos de una nueva dinámica, incluso de un cambio progresivo en el equilibrio de poder. Pero esta lectura merece ser contextualizada, ya que corresponde menos a una transformación estructural del conflicto que a una secuencia de comunicación estratégica destinada a varias audiencias distintas: apoyo interno al ejército, movilización de los patrocinadores regionales y restauración de una credibilidad militar dañada por dos años de guerra de desgaste. Sobre el terreno, estos avances siguen siendo costosos, localizados y frágiles. No afectan ni al control de las RSF sobre Darfur, ni a su capacidad de causar daño a distancia, ni a la fragmentación general del país. Sobre todo, confirman un rasgo central de la guerra sudanesa: la creciente disociación entre los acontecimientos militares visibles y las dinámicas estratégicas profundas. En este sentido, la narrativa de la reconquista también forma parte de la guerra. No anuncia necesariamente su fin, sino que se convierte en un instrumento adicional. A esto se añade un segundo punto muerto, aún más estructural: la marginación sistemática de los actores civiles sudaneses. Desde 2019, estos han sido invocados, celebrados y luego progresivamente apartados de todos los procesos reales de decisión. Las iniciativas diplomáticas siguen abogando por un «retorno a la transición civil», pero sin crear nunca las condiciones materiales, de seguridad y políticas para su aparición. Los civiles sirven de justificación moral para procesos concebidos en otros lugares, entre patrocinadores regionales y actores armados… Esta marginación no es solo una injusticia política. Constituye un factor activo de prolongación del conflicto. En ausencia de un polo civil estructurado y protegido, la guerra sigue siendo el único lenguaje audible, y cualquier intento de recomposición política interna es, por tanto, aplastado entre la violencia de los actores armados y la indiferencia estratégica de sus apoyos externos. Los escenarios de salida de la guerra mencionados en los círculos diplomáticos oscilan entonces entre dos extremos igualmente problemáticos. El primero es el de una victoria militar decisiva de uno de los bandos. Sin embargo, este escenario es poco creíble, en la medida en que ningún actor dispone de las capacidades necesarias para imponer una dominación total sobre todo el territorio sin desencadenar una nueva fase de fragmentación o de guerrillas locales. Una victoria del ejército correría el riesgo de reactivar focos de rebelión periféricos; un triunfo de las RSF institucionalizaría una violencia masiva sin Estado, difícilmente estabilizable. El segundo escenario es el de una partición formal del país. Y, de nuevo, los obstáculos son considerables. Una partición oficial supondría un reconocimiento internacional, fronteras estabilizadas, acuerdos económicos y de seguridad duraderos. Sin embargo, la fragmentación actual es funcional precisamente porque sigue siendo informal. Permite a los actores beneficiarse de los ingresos de la guerra sin asumir los costes políticos de un nuevo orden. Entre estos dos extremos se establece, por tanto, un tercer escenario, no formulado pero de facto dominante: el de un conflicto prolongado de intensidad variable y baja, salpicado de picos de violencia extrema, y gestionado por actores regionales que controlan sus parámetros sin buscar resolverlo. Este escenario no es una deriva incontrolada. Es el triste producto de una alineación de intereses. Las potencias regionales encuentran en él un terreno de influencia, las grandes potencias internacionales lo ven como un conflicto periférico manejable, y los actores armados locales encuentran rentas y autonomía estratégica. En cuanto a las poblaciones civiles, pagan el precio. Como siempre. Entonces hay que plantear la pregunta que pocas análisis se atreven a formular explícitamente: ¿cuáles serían las condiciones para un cambio real? Hoy son poco probables, pero no teóricamente imposibles. Implicarían, primero, una convergencia mínima entre los patrocinadores regionales sobre la necesidad de estabilizar la orilla africana del Mar Rojo como espacio de seguridad colectiva, renunciando a la lógica de las zonas de influencia. Pero esto va en contra de la lógica global generada de facto por Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Supondrían, luego, una reactivación creíble del marco internacional, capaz de producir costes tangibles para los actores armados, más allá de las declaraciones y las sanciones simbólicas. Exigirían, finalmente, una inversión masiva y protegida en la reconstrucción de un polo civil sudanés como actor real y no como un simple telón de fondo de negociación. Sin embargo, ninguno de estos elementos se da hoy en día. La rivalidad saudí-emiratí persiste; el orden internacional está más fragmentado que nunca y los actores civiles sudaneses están aislados, agotados y dispersos. En este contexto, la guerra continúa por coherencia estratégica. Es triste constatar que Sudán se ha convertido en nada menos que un brutal laboratorio de las formas contemporáneas de conflictividad: guerras largas, poco visibles, insertadas en rivalidades regionales, posibilitadas por un entorno internacional permisivo. Y mientras el Mar Rojo siga siendo un espacio de competición en lugar de cooperación, mientras la estabilización sea percibida como más costosa que la inestabilidad, mientras la violencia pueda ser externalizada sin consecuencias mayores, la guerra continuará. Inevitablemente, y por mucho tiempo más. Porque, una vez más, no se trata de un caos espontáneo, sino de un orden profundamente inhumano, pero profundamente cínico para quienes se benefician de él. Lea también sobre el mismo tema: El colapso de Sudán: La guerra por la guerra (1/4) Mar Rojo, Golfo y Cuerno de África: La regionalización del conflicto sudanés (2/4) Irán y su guerra indirecta en Sudán (3/4)

La guerra en Sudán, activa desde 2023, ha provocado decenas de miles de muertes y millones de desplazados, con un costo humano particularmente devastador en Darfur, donde la violencia masiva, los asedios y los desplazamientos forzados ya son descritos como de carácter genocida por actores internacionales. Resulta necesario analizar de forma específica el papel de Irán en el conflicto sudanés, aunque este no se manifieste bajo las formas clásicas de un padrino identificado, un respaldo político explícito o una alianza declarada. Su intervención es más difusa, más indirecta, pero, en muchos sentidos, más estructurante. Teherán no es un actor central del escenario sudanés; funciona más bien como un amplificador estratégico, integrando el conflicto en una arquitectura regional más amplia, dominada por el mar Rojo y por las nuevas formas de la guerra asimétrica. Desde hace varios años, la estrategia iraní se apoya en un principio constante: ampliar su profundidad estratégica sin exponerse de forma frontal. Esta lógica ya se probó en el Líbano con Hezbolá, en Siria a través del régimen alauita, en Irak mediante las milicias chiíes y en Yemen gracias a las ambiciones hutíes. Se basa, por tanto, en redes, intermediarios locales y transferencias de capacidades más que en despliegues visibles. Sudán, durante mucho tiempo periférico en la cartografía estratégica iraní, va recuperando progresivamente una función dentro de este entramado. Este regreso se explica, en primer lugar, por la creciente centralidad del mar Rojo. Desde el estallido de la guerra en Gaza y el ascenso de los hutíes en Yemen, el mar Rojo se ha convertido en un espacio de confrontación indirecta entre el eje iraní y las potencias occidentales, así como en un punto de fricción mayor con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Los ataques contra la navegación comercial, las amenazas sobre las rutas energéticas, los bombardeos con drones y misiles han transformado este espacio marítimo en una prolongación directa de los conflictos de Medio Oriente. En este contexto, Sudán aparece más como un espacio de profundidad estratégica que como un frente de combate. Su litoral, sus puertos y sus zonas grises de seguridad ofrecen un trasfondo funcional, sin necesidad de una implicación política explícita. Irán no necesita controlar Sudán, ni siquiera contar con un aliado oficial en el país. Le basta con que el Estado permanezca inestable, fragmentado e incapaz de asegurar de forma duradera sus costas y sus infraestructuras. Desde 2024 se han multiplicado los indicios de un acercamiento táctico entre Teherán y el ejército sudanés. Las acusaciones de entregas de drones iraníes a las Fuerzas Armadas de Sudán, aunque sistemáticamente desmentidas, se inscriben en una lógica ya observada en otros escenarios: la transferencia de capacidades más que la presencia directa. Los drones, por su bajo costo, su flexibilidad y su impacto psicológico, constituyen la herramienta ideal de esta estrategia. Permiten compensar debilidades estructurales sin alterar el equilibrio político interno. Sin embargo, sería reduccionista interpretar la implicación iraní como un simple apoyo militar puntual al ejército sudanés. Irán no busca salvar al Estado sudanés ni se inscribe en una lógica de estabilización. Lo que le interesa es la desorganización controlada de un espacio marítimo estratégico, que obliga a sus adversarios a dispersar recursos y a multiplicar los frentes de atención. Es una estrategia de subversión que, por lo demás, se ha convertido en una marca distintiva de Teherán en buena parte de Medio Oriente. Desde esta perspectiva, la guerra en Sudán funciona como un conflicto de saturación. No es un objetivo en sí mismo, sino un elemento dentro de un paisaje conflictivo ampliado, donde cada crisis periférica debilita la capacidad de respuesta global de las potencias occidentales y de sus aliados regionales. Sudán, al igual que Somalia o Yemen, se convierte en un espacio donde la conflictividad resulta tolerable precisamente porque está alejada de los centros de decisión. Esta estrategia encuentra un eco particular en la transformación contemporánea de la guerra. Los drones, los ataques a distancia y las redes logísticas transfronterizas permiten conducir conflictos de baja intensidad política, pero de altísima intensidad humana. Así, los ataques contra Port Sudan y los bombardeos selectivos sobre infraestructuras sensibles demuestran que incluso las zonas supuestamente seguras siguen siendo vulnerables. Y esa vulnerabilidad es, en sí misma, un mensaje estratégico. Para Arabia Saudita, esta evolución es especialmente preocupante, en la medida en que la seguridad del mar Rojo constituye un pilar de sus ambiciones económicas, turísticas y geopolíticas. Cualquier inestabilidad prolongada en la ribera africana debilita esa proyección. Irán no necesita desafiar directamente a Riad; le basta con contribuir a un entorno donde la estabilización sea costosa, incierta y políticamente riesgosa. Para los Emiratos Árabes Unidos, la situación es más ambivalente. Su aproximación indirecta a Sudán, basada en redes y actores no estatales, a veces entra en resonancia con la lógica iraní, sin que exista coordinación alguna. No se trata de una alianza, sino de una convergencia objetiva de métodos: privilegiar la flexibilidad, evitar la exposición directa y aceptar la inestabilidad como un parámetro duradero. Irán también se beneficia del debilitamiento del marco normativo internacional. En un sistema donde la calificación de genocidio, las sanciones y las condenas ya no producen rupturas estratégicas, los márgenes de maniobra se amplían. La guerra sudanesa se convierte así en un ejemplo más de la normalización de la violencia extrema en la periferia, que beneficia de manera objetiva a los actores interesados en deslegitimar el orden internacional liberal. Finalmente, es clave subrayar un punto esencial: Irán no tiene ningún interés en una victoria rápida de ninguno de los bandos sudaneses. Una victoria clara del ejército, respaldado por Riad y El Cairo, fortalecería un eje hostil. Una dominación total de las RSF, apoyada en redes emiratíes, produciría otro tipo de consolidación regional. El interés iraní reside en la zona intermedia, en la prolongación de un conflicto que impide cualquier recomposición estable. Jugar con las contradicciones de los demás garantiza, por defecto, una victoria para Teherán. Así, el papel iraní en la guerra sudanesa no se mide en kilómetros cuadrados conquistados ni en declaraciones oficiales. Se lee en la duración del conflicto, en su capacidad de inscribirse en un continuo regional de crisis y en la forma en que contribuye a transformar el mar Rojo en un espacio de tensión permanente. Sudán, en esta lectura, no es ni un aliado ni un enemigo. Es solo un vector; un espacio donde la guerra, despojada de toda finalidad política, se convierte en un instrumento más de la rivalidad estratégica global. El cinismo de la realpolitik llevado al extremo. Leer también sobre el mismo tema: Colapso de Sudán: la guerra por la guerra (1/4) Mar Rojo, Golfo y Cuerno de África: la regionalización del conflicto sudanés (2/4) Próximo artículo: Guerra en Sudán: escenarios, falsos acuerdos y callejones estratégicos sin salida (4/4)

Tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como superpotencia y dio forma al rumbo del mundo occidental. Su vasto aparato industrial fue clave para asegurar la derrota militar del fascismo. En la primera parte de este análisis examinamos cómo Washington estableció su modelo, no solo mediante el poder militar, sino también a través de la creación de un nuevo orden económico, financiero e institucional a escala global. En una segunda parte, que se publicará próximamente, abordaremos los riesgos que hoy enfrenta Estados Unidos. Muchos economistas y analistas sostienen que el país ha entrado en las primeras etapas de un declive secular. Como planteó el economista ruso Nikolái Kondrátiev en la década de 1930, la historia global se desarrolla a través de largos ciclos económicos y geopolíticos. Estas etapas, que suelen durar entre 60 y 80 años, están dominadas por una potencia líder y acompañadas por grandes revoluciones tecnológicas y transferencias del liderazgo mundial. Desde China alrededor del año 900, pasando por las ciudades estado italianas del Renacimiento, hasta el Imperio británico bajo Isabel I, los sucesivos ciclos de predominio económico mundial han seguido este patrón. La era del liderazgo global estadounidense comenzó, en términos generales, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que presenciamos hoy, tanto dentro como fuera del país, podría ser una señal temprana de que ese liderazgo empieza a deshilacharse en la próxima década. El ascenso de Estados Unidos, de “mercado emergente” a “superpotencia” Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aún no era el centro indiscutido del poder global. En muchos sentidos se parecía a una economía emergente, impulsada por una nueva fuente de energía, el petróleo, y por innovaciones transformadoras como el automóvil y el teléfono. Era una tierra de oportunidades, impulsada por un espíritu empresarial más libre que el del entonces dominante Imperio británico y el de las democracias europeas ya consolidadas. El modelo estadounidense combinaba una mentalidad de “sí se puede”, una rápida expansión industrial, altas tasas de crecimiento, dinamismo especulativo y una postura de inversión típicamente arriesgada, propia de los mercados emergentes. Como muestra la historia de manera recurrente, los excesos de las economías emergentes suelen contener las semillas de sus propias crisis. Esa trayectoria culminó en el colapso de 1929 y la Gran Depresión de los años treinta. En ese momento, la concentración real de capital y el peso geopolítico aún residían en Europa. El Reino Unido seguía siendo el ancla del orden global y la libra esterlina la moneda del comercio y las finanzas internacionales. Segunda Guerra Mundial: la gran transferencia de poder La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Europa quedó devastada. Asia, arrasada. Decenas de millones murieron. Naciones enteras, entre ellas Alemania y Japón, quedaron destruidas física, industrial e institucionalmente. El propio Imperio británico salió gravemente debilitado y el equilibrio de poder se desplazó de manera irreversible. El aislacionismo inicial de Estados Unidos, sumado a su extraordinaria capacidad industrial y a su protección geográfica, le permitió convertirse en el arsenal del mundo aliado. Proveyó desde granos hasta cañones, desde municiones hasta barcos y aeronaves. El punto de inflexión llegó el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor. Estados Unidos entró en la guerra, primero en el Pacífico y luego en Europa. Las victorias aliadas del 8 de mayo de 1945 en Europa y del 2 de septiembre de 1945 en Asia no solo pusieron fin al conflicto. Impulsaron a Estados Unidos al papel de potencia global dominante, en reemplazo de un Imperio británico en declive. El orden de posguerra: Estados Unidos construye el sistema del que dependerá El economista británico John Maynard Keynes dirigiéndose a la conferencia de Bretton Woods, en julio de 1944, que fundó el sistema financiero mundial con la creación del FMI y el Banco Mundial. (Staff/FMI/AFP) A través del Plan Marshall en Europa y de una década de supervisión en Japón, Washington se posicionó como proveedor de capital, arquitecto de la reconstrucción y modelo de referencia de la modernidad occidental, el capitalismo y la gobernanza. Pero el acto más decisivo de Estados Unidos no fue solo reconstruir economías. Fue reconstruir las reglas. Washington edificó un orden internacional basado en el multilateralismo, el Estado de derecho y una arquitectura institucional diseñada para promover la paz, la seguridad y la cooperación económica. Estados Unidos desempeñó un papel central en la creación de las instituciones que definieron el mundo de posguerra: la ONU; el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; la OTAN; y marcos regionales como la Organización de Estados Americanos. Con el tiempo, esta arquitectura se amplió para incluir organismos como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el G7 y el G20. Esta arquitectura no era simbolismo moral. Era infraestructura estratégica, y se convirtió en el andamiaje del poder estadounidense. La caída del comunismo consolida el liderazgo mundial de Estados Unidos El colapso de las economías comunistas de planificación central reforzó aún más la dominación estadounidense. La apertura de China en 1978 y la caída del bloque soviético en 1989 parecieron confirmar el triunfo del modelo estadounidense. Francis Fukuyama capturó ese momento en El fin de la historia y el último hombre , al describirlo como la forma final de organización política y económica. El presidente de EE. UU. Ronald Reagan y el líder soviético Mijaíl Gorbachov durante una reunión en 1985. (Ann Ronan Picture Library/Photo12 via AFP) Durante un tiempo, la supremacía de Estados Unidos pareció indefinida. A menudo se atribuye ese dominio a la democracia. La realidad es menos reconfortante. Estados Unidos no prevaleció principalmente por su modelo de gobernanza democrática. Prevaleció por la mayor eficiencia de su ecosistema capitalista, la productividad de la empresa privada y el sistema de gobernanza corporativa con múltiples partes interesadas desarrollado en Europa occidental desde 1602 con la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, un sistema que en esencia no es democrático. La eficiencia económica estadounidense ganó la Segunda Guerra Mundial. A la inversa, la ineficiencia de las economías planificadas condenó a la ideología comunista mucho antes de que colapsara su legitimidad política. La democracia, como sistema político, es estructuralmente ineficiente para la planificación de largo plazo, las reformas estructurales y los compromisos estratégicos, ya sea en Estados Unidos, Europa o muchos países en desarrollo. Los ejemplos abundan: el abandono de la energía nuclear en Alemania; los reiterados fracasos de Francia y el Reino Unido para reformar pensiones y sistemas de salud; o el rezago de Estados Unidos en infraestructura. El argumento más contundente es otro: el ascenso extraordinario de países como China y Emiratos Árabes Unidos en las últimas cinco décadas se explica casi por completo por su capacidad de funcionar no como democracias, sino como corporaciones estratégicas. Ambos adoptaron la gobernanza corporativa privada occidental como modelo de gobernanza pública: En China, el pueblo es el “cliente” y el Partido Comunista actúa como “accionista” de la empresa nacional. Para mantenerse en el poder, los accionistas deben satisfacer a los clientes, del mismo modo que una empresa privada necesita hacerlo para prosperar, crecer y seguir siendo rentable. En Emiratos Árabes Unidos, los nacionales y residentes son los clientes, y las tribus gobernantes emiratíes actúan como los propietarios estratégicos del sistema. En ambos casos, el poder último de decisión no reside en los clientes o votantes, en una relación de consumo. Reside en tomadores de decisiones altamente calificados que definen una visión y pueden implementarla sin quedar paralizados por grupos de presión permanentes o negociaciones políticas poco calificadas, bajo el control de sus accionistas. El salto de China en tecnología, infraestructura, comunicaciones, investigación, minerales críticos, energía solar, vehículos eléctricos o trenes de alta velocidad se explica por la capacidad del Estado para fijar prioridades industriales y financiar objetivos nacionales de largo plazo, a gran escala, en investigación, tecnología e infraestructura. Del mismo modo, el ascenso de Emiratos Árabes Unidos como plataforma global, donde confluyen capital, emprendimiento y talento para vivir, invertir y construir, se debe a políticas proactivas orientadas a crear un entorno estable, seguro y favorable en impuestos para emprendedores, personas con alto patrimonio, trabajadores calificados e investigadores de más de 200 países. Cuando la democracia elige a sus propios destructores Existe otro defecto, más oscuro, dentro de los sistemas democráticos. La democracia puede habilitar el autoritarismo, no por la fuerza, sino por consentimiento. Permite que demagogos lleguen al poder mediante elecciones, a menudo avivando emociones, miedo, identidades y resentimientos. Luego, ya en el gobierno, retuercen las instituciones y debilitan los contrapesos hasta que la democracia se convierte en un teatro procedimental. De Hitler a Mussolini y Franco; de Erdoğan a Putin, la historia es clara. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿se acerca Estados Unidos a un momento así? Cada vez hay más señales de que la democracia estadounidense enfrenta su prueba más dura desde su creación en 1776. Cuando Estados Unidos se vuelve contra el orden que construyó El poder de Estados Unidos nunca fue solo militar o económico. Fue institucional. Washington incrustó su fortaleza en un orden mundial que construyó mediante reglas, alianzas, tratados y credibilidad. Ese sistema sostuvo al dólar, a los mercados de capitales estadounidenses y al liderazgo global del país. Pero en el momento en que Estados Unidos empieza a tratar ese orden como opcional, o peor aún, como un obstáculo a desmantelar, no está debilitando a sus rivales. Se está debilitando a sí mismo. La doctrina de Donald Trump, “Make America Great Again”, abraza el aislacionismo y la coerción: aranceles unilaterales, retiradas de decenas de acuerdos internacionales y fuertes restricciones a la inmigración. Estas políticas están reconfigurando no solo a Estados Unidos, sino al sistema internacional en su conjunto. Aquí se encuentra la principal línea de fractura de la geopolítica contemporánea. El renovado debate sobre las pretensiones estadounidenses sobre Groenlandia es emblemático. Groenlandia no es solo una masa de tierra ártica. Está vinculada a Dinamarca, un aliado de la OTAN, e integrada en el marco de la alianza occidental. El problema no es el territorio. Es la credibilidad. Plantea una pregunta mucho más trascendente: ¿se ha colocado Estados Unidos por encima del orden basado en reglas? Cuando esa percepción se extiende, las consecuencias no se limitan al Ártico. Resuenan en cada frontera en disputa, en cada tratado frágil, en cada compromiso de alianza y en cada régimen monetario. Le dice a Rusia que las esferas de influencia vuelven a ser legítimas. Le dice a China que la coerción es simplemente la expresión natural del poder, y que si Washington se permite usarla contra sus propios aliados por Groenlandia, pierde la autoridad moral para negarle a Pekín la misma lógica sobre Taiwán. Le dice a las potencias intermedias que la soberanía legal es cuestionable, más una conveniencia que un principio, como han demostrado acontecimientos recientes en Venezuela. Y, de manera aún más decisiva, les dice a los propios aliados de Estados Unidos que su seguridad, sus economías y su comercio dependen en última instancia no del derecho, sino de la sola voluntad de Washington. Davos 2026: el punto de quiebre Lejos de adoptar las tácticas negociadoras de Donald Trump, los líderes mundiales comprendieron finalmente que ya no podían considerar a Estados Unidos un socio confiable, en lo económico, lo militar y lo tecnológico. Y la respuesta fue inmediata. El 27 de enero de 2026, la Unión Europea y la India firmaron el Acuerdo de Libre Comercio India-Unión Europea, que reúne a dos mil millones de personas en un esquema comercial que abarca cerca de una cuarta parte del PIB mundial. Líderes de Canadá, Australia y Europa acuden en masa a China para asegurar acceso al mayor mercado de consumo del planeta, mientras los países europeos replantean su arquitectura militar para reducir su dependencia de Estados Unidos y de la OTAN. Así colapsan los órdenes internacionales: mediante una erosión constante y acumulativa de la legitimidad, en la que el poder de coerción permanece, pero el fundamento moral se evapora. El dominio estadounidense nunca fue indestructible. Dependía de un activo crítico que no puede fabricarse con gasto militar ni déficits fiscales: la credibilidad. Y la credibilidad, una vez quebrada, no se reconstruye con consignas. Puede que hayamos llegado al punto de no retorno… Próximo artículo: ¿Ha comenzado ya el declive secular de EE. UU.? (2/2) La fragilidad de la economía, un peligro real

Mientras los diplomáticos debaten el futuro político de Libia en salas de conferencias con aire acondicionado, la persistente fragilidad de la vasta región sur del país plantea riesgos significativos no solo para Libia, sino también para los Estados vecinos, en particular los del Sahel africano. La región del Fezán, que abarca un tercio del territorio libio, se ha convertido en un agujero negro de gobernanza, donde la autoridad del Estado se ha derrumbado, proliferan los grupos armados y las redes de crimen transnacional operan con total impunidad. Las cifras dibujan un panorama devastador. En el Fezán, el 67% de los hogares requiere asistencia humanitaria, la tasa más alta de Libia. Casi la mitad recurre a estrategias de supervivencia en nivel de crisis, como vender activos productivos o renunciar a la atención médica. El desempleo juvenil alcanza el 52% en algunas zonas, creando una generación sin incentivos para la estabilidad. Los cortes crónicos de electricidad duran hasta 20 horas diarias. Las tasas de mortalidad materna se disparan, ya que el 73% de los centros de salud opera solo de manera parcial, obligando a las mujeres a dar a luz en casa o a viajar 150 kilómetros para recibir atención básica. Pero no se trata solo de estadísticas: representan la realidad cotidiana de 600.000 personas cuyo sufrimiento ha sido sistemáticamente ignorado. Las comunidades tebu y tuareg enfrentan una discriminación arraigada, al ser privadas de ciudadanía y documentación, lo que las excluye de la vida política y de las oportunidades económicas. La región que produce hasta el 30% del petróleo libio recibe apenas una fracción de la inversión, alimentando un resentimiento que los grupos armados explotan con rapidez. Desestimar al Fezán como un problema remoto sería un error catastrófico. Esta región es crucial para la supervivencia de Libia y un nodo clave en una red de crisis que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Cuerno de África. Los campos de Sharara y El Feel, por sí solos, aportan de manera significativa al presupuesto nacional. Si se interrumpen los acuíferos del Gran Río Artificial bajo el desierto del sur, se corta el suministro de agua y electricidad a Trípoli y Bengasi. Lo que está en juego no podría ser mayor. Más allá de las fronteras libias, el Fezán se ha convertido en una superautopista para todo tipo de amenazas. Las armas que atraviesan sus 2,700 kilómetros de fronteras porosas alimentan conflictos que matan a miles de personas en todo el Sahel. Las redes de contrabando de combustible, valoradas en miles de millones, fortalecen a grupos yihadistas en Níger y Malí. La guerra en curso en Sudán ha transformado el sureste de Libia en un corredor para la movilización de mercenarios, con combatientes y armas que fluyen hacia conflictos en Etiopía y Somalia. Para Europa, el Fezán funciona como un centro neurálgico y punto de tránsito clave para la migración irregular. Las dinámicas migratorias en la región están marcadas por una compleja interacción de factores locales, regionales e internacionales, y aunque su papel es central, debe entenderse dentro de una red más amplia de rutas e influencias migratorias. En particular, el Fezán sigue siendo el principal punto de entrada de redes de trata de personas que contribuyen a crisis humanitarias a lo largo de las rutas migratorias del Mediterráneo. Desde la perspectiva de la Unión Africana, el Fezán representa la intersección entre la inestabilidad del Sahel y la fragilidad del norte de África, con el riesgo de detonar una crisis capaz de superar los conflictos regionales actuales. La buena noticia es que la estabilización es posible. La mala noticia es que exige abandonar enfoques fallidos y adoptar soluciones integrales impulsadas desde lo local. En primer lugar, la gobernanza debe restablecerse mediante acciones legislativas concretas. Libia necesita una Ley de Desarrollo del Sur que establezca una Autoridad de Estabilización del Fezán con presupuestos reales y mandatos claros. Los consejos locales requieren autonomía fiscal y garantías constitucionales de representación, incluidos escaños parlamentarios y cargos ministeriales reservados para la región. Las comunidades tebu y tuareg deben recibir, por fin, la ciudadanía y la documentación que se les ha negado de manera sistemática. En segundo lugar, la reforma del sector de la seguridad no puede esperar. Un programa escalonado de desarme y reintegración debe ofrecer a los miembros de los grupos armados alternativas reales: formación profesional, oportunidades económicas y futuros dignos. La seguridad fronteriza requiere un número suficiente de guardias reclutados localmente y equipados con tecnología moderna, no puestos de control corruptos que facilitan el mismo tráfico que deberían detener. De manera crucial, Libia necesita acuerdos fronterizos tripartitos con Níger y Chad para patrullajes conjuntos y el intercambio de inteligencia. En tercer lugar, la revitalización económica debe desmantelar la economía de guerra. Una ley de reparto de ingresos de los recursos debería garantizar que entre el 20% y el 25% de los ingresos petroleros del sur se reinviertan localmente mediante fórmulas transparentes. Zonas económicas libres en Sabha y Kufra pueden formalizar el comercio transfronterizo y eliminar los incentivos al contrabando. Las inversiones en infraestructura, carreteras, plantas solares y agroindustria deben crear de inmediato 5,000 empleos, con apoyo específico para mujeres y comunidades minoritarias. En cuarto lugar, los servicios básicos deben restablecerse para reconstruir la confianza en el Estado. Proyectos de impacto rápido pueden rehabilitar carreteras, modernizar sistemas de agua y garantizar que el 25% del presupuesto nacional de salud llegue a los centros del sur. Cada día de retraso afianza el ciclo de violencia y depredación. Los combatientes extranjeros consolidan su control. Las redes criminales amplían sus operaciones. Los jóvenes pierden la esperanza y se suman a las milicias. La comunidad internacional enfrenta una decisión estratégica crítica: invertir en una estabilización integral mediante el compromiso político, más que mediante ayuda financiera dada la condición de país de altos ingresos de Libia, o asumir los costos exponencialmente mayores de un colapso estatal futuro. No actuar abre la puerta a la explotación de vacíos de poder por actores criminales, con el potencial de generar crisis humanitarias, intervenciones militares y la proliferación de conflictos regionales. Por ello, es imperativo que la Unión Europea, la Unión Africana, Estados Unidos y las Naciones Unidas eleven al Fezán de una preocupación periférica a una prioridad de seguridad colectiva que requiera acción coordinada. Los socios internacionales deben alinear sus esfuerzos con marcos liderados por Libia, ofreciendo apoyo técnico y respaldo diplomático para reformas complejas. Esta transición exige pasar de intervenciones fragmentadas a programas de desarrollo integrales que aborden las causas estructurales de la fragilidad. Si bien los desafíos que enfrenta el Fezán son significativos, no son insuperables. Con voluntad política sostenida y un compromiso con una gobernanza inclusiva, la región puede transformarse de un pasivo de seguridad en un pilar de una Libia estable y próspera. Sin embargo, esta transformación requiere abandonar las ilusiones de soluciones rápidas o enfoques centrados exclusivamente en lo militar. La estabilidad duradera depende del trabajo riguroso de construir instituciones legítimas y fomentar oportunidades económicas. Los habitantes del Fezán han soportado históricamente la extracción de recursos y la violencia sistémica, mientras permanecen excluidos de los procesos de toma de decisiones que definen su futuro. En última instancia, lo que está en juego trasciende a la región: la recuperación del Estado libio, la seguridad del Mediterráneo y la estabilidad del Sahel están intrínsecamente ligadas al rumbo que tome el Fezán.

Enfoque analítico sobre la guerra de Sudán que, desde 2023, ya se ha traducido en decenas de miles de muertos y millones de desplazados, con un coste humano particularmente abrumador en Darfur, donde la violencia masiva, los asedios y los desplazamientos forzados han adquirido una dimensión que muchos actores internacionales califican ahora de genocida. Analizar la guerra sudanesa según los parámetros de una guerra confinada al espacio territorial nacional sería una aberración, ya que la geografía del país se impone como un factor estructurante. Estado ribereño del mar Rojo, apoyado en el Cuerno de África y situado en las inmediaciones de la península Arábiga, Sudán ocupa una posición estratégica que lo hace particularmente vulnerable a las proyecciones de poder regionales. Desde hace una década, el mar Rojo ha vuelto a ser un espacio de competición activa. Rutas comerciales, seguridad marítima, control de los flujos migratorios, puertos, bases militares y logísticas se superponen en él. El conflicto de Yemen, por ejemplo, es una de sus expresiones más manifiestas. La crisis de Sudán también. En este espacio estrecho pero decisivo, la creciente rivalidad entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, largamente enmascarada por una retórica de coordinación estratégica, se ha cristalizado progresivamente. Sudán es uno de los escenarios donde esta rivalidad toma una forma particularmente brutal. Los Emiratos han privilegiado un enfoque indirecto, basado en redes, actores armados no estatales, circuitos económicos paralelos y centros logísticos. Las repetidas acusaciones de apoyo a las RSF, que Abu Dhabi niega oficialmente, se inscriben en esta lógica. El comercio de oro sudanés, las rutas que pasan por Chad y el este de Libia, el acceso a los mercados e infraestructuras del Golfo forman un conjunto coherente que permite a las RSF mantener su esfuerzo de guerra a pesar de las sanciones y la condena internacional. Este enfoque no busca necesariamente la victoria militar de las RSF, sino su capacidad para perdurar, para seguir siendo un actor ineludible y para impedir cualquier estabilización que no pase por sus redes. La guerra se convierte, por tanto, en una palanca de influencia y un medio para incidir en la arquitectura regional sin exponerse frontalmente. Por el contrario, Riad privilegia una lógica más clásica de estabilización estatal. El apoyo al ejército sudanés, a menudo coordinado con Egipto, busca contener el colapso de un Estado ribereño del mar Rojo, asegurar las vías marítimas, limitar los flujos migratorios incontrolados e impedir que se instale un espacio de caos duradero frente a las costas saudíes —porque El Cairo también apoya a las FAS con el objetivo de mantener en el sur un cerrojo estatal frente a las dinámicas de fragmentación armada y las injerencias concurrentes —especialmente emiratíes e iraníes— susceptibles de cuestionar la seguridad del Nilo y el equilibrio estratégico regional. Un foco de conflicto regional Pero si bien este enfoque es menos flexible y más institucional, también es más costoso políticamente. La divergencia entre estas dos doctrinas alimenta directamente el estancamiento del conflicto. Cada bando sudanés se convierte en el relevo local de una racionalidad regional distinta, sin que ninguno de los patrocinadores tenga interés en una victoria clara susceptible de reconfigurar el equilibrio general. El conflicto sudanés se convierte entonces en un asunto de gestión, no en un problema a resolver. Una especie de foco de conflicto regional. A esta rivalidad regional se añade una capa más discreta pero decisiva: la de Rusia y China. Ciertamente, ni Moscú ni Pekín desempeñan un papel de patrocinador directo del conflicto sudanés. Su influencia se ejerce en otro lugar, en el trasfondo del sistema internacional, creando las condiciones para un estancamiento duradero. Rusia adopta una postura oportunista. Sin comprometerse frontalmente, se beneficia de un debilitamiento del marco normativo internacional. Cada bloqueo en el Consejo de Seguridad, cada sanción diluida, cada debate jurídico sin traducción operativa contribuye a establecer el precedente de un orden internacional incapaz de producir efectos vinculantes. China, por su parte, privilegia un enfoque silencioso y económico. Sudán sigue siendo para Pekín un espacio de interés a largo plazo, tanto por sus recursos como por su posición en las rutas marítimas que conectan Asia, África y Europa. Fiel a su doctrina de no injerencia, China evita cualquier condena política fuerte y se acomoda a un statu quo conflictivo siempre que sus intereses esenciales no se vean directamente amenazados. Este posicionamiento ruso-chino neutraliza cualquier perspectiva de coacción internacional real. Las calificaciones jurídicas, incluida la de genocidio reconocida por Estados Unidos, quedan así sin traducción operativa. El derecho internacional existe, pero ya no produce una ruptura estratégica. Bienvenidos al desorden mundial del siglo XXI. Lea también sobre el mismo tema: Colapso de Sudán: la guerra por la guerra (1/4) Próximo artículo - Irán y su guerra indirecta en Sudán (3/4)

Lokman Slim no fue un opositor en el sentido convencional, ni un activista partidista en busca de poder o cargos. En el centro de su trayectoria estuvo, ante todo, un intelectual que decidió pagar el precio completo de sus convicciones, enfrentando el sistema de opresión no desde fuera, sino desde dentro de su propio entorno social, a través de los relatos dominantes y de la retórica que ese sistema buscaba apropiarse. Por ello, su asesinato apareció desde el primer momento como un crimen simbólico antes que un hecho criminal clásico, un mensaje político antes que una eliminación personal. Lokman Slim nació en un entorno chiita del que nunca se desligó. Sin embargo, se negó a permitir que se convirtiera en una prisión ideológica o en una identidad reductora. Desde temprano comprendió que el verdadero peligro para una comunidad no proviene tanto del exterior como de la supresión de su derecho a la crítica, y de su transformación en un bloque cerrado, gobernado por el miedo y la lealtad impuesta. Su conflicto con Hezbolá, por tanto, no fue un simple desacuerdo político, sino un choque existencial entre quienes conciben la política como un espacio abierto al debate y la rendición de cuentas, y quienes la entienden como una doctrina cerrada, protegida por las armas. Junto con su hermana Rasha, Lokman Slim fundó la editorial Dar al-Jadid, y con su esposa Monika Borgman, la asociación UMAM Documentation and Research, colocando la memoria en el centro de su lucha. Había comprendido desde hace tiempo que la dominación no se ejerce solo mediante la fuerza militar, sino también a través del control de los relatos, la neutralización de hechos incómodos y la reescritura de la historia para servir a un presente autoritario. Por ello se dedicó a documentar la guerra civil, las violaciones y los asesinatos, no para desenterrar el pasado, sino para proteger el futuro de la repetición de la misma violencia bajo nuevos nombres, en particular bajo la apariencia de una reconciliación con la memoria. Lokman Slim destacó como una excepción en la escena cultural libanesa, acostumbrada a la ambigüedad. No se escondía detrás de un discurso pulido, no seguía la opinión dominante ni buscaba compromisos semánticos. Afirmó con claridad que las armas fuera del control del Estado eran un desastre nacional, que vincular el destino del Líbano a un proyecto regional liderado por Irán era un suicidio político, y que transformar a la comunidad chiita en un bloque de “resistencia” violaba el derecho de sus miembros a disentir. En un entorno dominado por acusaciones de traición y herejía política, estas posturas lo convirtieron en un blanco permanente de amenazas y difamación, hasta desembocar finalmente en su asesinato. En este contexto, su compromiso con una acción política estructurada no fue un lujo ni una desviación de su papel cultural. Surgió de su comprensión de los límites de las palabras por sí solas y de la necesidad de inscribirlas en un marco colectivo capaz de protegerlas y convertirlas en acción concreta. De ahí nació la Coalición de Demócratas Libaneses, un intento por establecer una oposición democrática, soberanista y transversal a las confesiones, que rechaza tanto la lógica de las armas como la del clientelismo, y que vincula la idea de Estado con la justicia y la rendición de cuentas, y no con el reparto sectario del poder. Tras su asesinato, la coalición no se redujo a una memoria simbólica. Desde que asumí su liderazgo, entró en una fase exigente de consolidación de su acción política. Se hicieron esfuerzos para arraigar esta opción como una práctica organizada, y no como un simple lema moral. Como presidente, he buscado traducir el legado intelectual de Lokman Slim en un programa político claro, con un discurso soberanista y democrático, sin concesiones en la cuestión de las armas, rechazando el populismo y abordando el colapso del Líbano con la mira puesta en la reconstrucción del Estado, y no en la mera gestión del desastre. El asesinato de Lokman Slim no marcó el final de un proceso, sino un momento de verdad. Puso en evidencia la magnitud de la violencia inherente al sistema informal que gobierna el Líbano, así como la fragilidad del Estado y su incapacidad para proteger a sus ciudadanos en toda su diversidad. También demostró que los intentos de silenciar una voz no borran la idea que esta porta, sino que imponen a quienes la defienden la responsabilidad de garantizar su continuidad por otros medios, esta vez políticos y organizativos, como la coalición ha buscado hacerlo desde el asesinato. En su lucha, Lokman Slim nunca fue una voz aislada o elitista. Buscó constantemente tender puentes entre el pensamiento y la política, entre la cultura y la sociedad. No se dirigía a Occidente en busca de legitimidad, ni adoptaba un tono condescendiente hacia su propia comunidad. Por el contrario, la confrontaba desde dentro, afirmando su derecho a ser algo más que un simple reservorio humano para los proyectos de otros. Esto fue lo que hizo su lucha tan dolorosa para sus adversarios, los despojó de su pretensión de representación exclusiva y expuso la fragilidad de su discurso cuando se enfrentaba a argumentos y no a consignas. Años después de su asesinato, Lokman Slim no puede reducirse a la imagen de una víctima o un mártir. Su verdadero valor reside en el modelo que encarnó, el del intelectual intransigente que se negó a separar la ética de la política y que no permaneció pasivo ante el colapso de su país. Nos dejó un legado pesado, no solo en sus libros y archivos, sino también en las preguntas que siguen abiertas: ¿puede construirse un Estado bajo la amenaza de armas que no controla?, ¿puede preservarse el pluralismo en un clima de miedo?, ¿y puede la memoria misma constituir una forma de resistencia? Puede que Lokman Slim no haya alcanzado la victoria en vida, pero su lucha hizo más difícil la derrota y volvió imposible el silencio. Abrió una grieta en el relato del poder, una grieta que ningún intento de negación podrá cerrar jamás. En sí misma, esa es una forma de victoria.