“Dos Libias” y una soberanía esquiva (3/5)

Desde la Primavera Árabe de 2011, Libia no atraviesa una transición inconclusa, sino que se ha instalado en un estado duradero de disolución política. Lejos de abrir el camino a la reconstrucción, la desaparición brutal del régimen de Muammar Gaddafi desencadenó una larga secuencia de fragmentación. En ella, la violencia armada sustituyó progresivamente al Estado como principio organizador del poder, como ocurrió en Sudán.

Esta serie propone una lectura estructural de la guerra libia como un sistema estabilizado y coherente en sí mismo, inserto en rivalidades regionales e internacionales, y hoy capaz de eliminar cualquier alternativa política que no se ajuste a su lógica.

La noción de “dos Libias” aparece con frecuencia en los análisis del caso libio, como metáfora de la fragmentación territorial del país. Sin embargo, la fórmula es engañosamente imprecisa, ya que sugiere una división política aparentemente clara, casi simétrica, entre un Occidente dominado por Trípoli y un Oriente estructurado en torno a Bengasi. Esta representación, no obstante, simplifica peligrosamente una realidad mucho más inquietante: Libia no está dividida entre dos soberanías en competencia, sino despojada de soberanía por completo. Las instituciones que dicen encarnarla no gobiernan en la práctica. Sobreviven por delegación, bajo protección armada, en un estado de dependencia constante de fuerzas que les son externas o que ejercen autoridad sobre ellas.

En el oeste, el Gobierno de Unidad Nacional, encabezado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibeh y reconocido por la comunidad internacional, existe dentro de una suerte de ficción jurídica permanente. Goza de reconocimiento diplomático, acceso formal a los activos libios en el exterior y un asiento en las Naciones Unidas. Pero ese reconocimiento no le otorga ninguna capacidad real para imponer decisiones en el territorio que, en teoría, gobierna. En Trípoli, gobernar significa negociar sin descanso con grupos armados que controlan barrios, carreteras e instituciones clave. El Ejecutivo no decide nada. Sobrevive interpretando a Sherezade, negociando su propia prórroga día a día, operando a través de una coalición laxa de actores civiles y armados que siguen siendo autónomos sobre el terreno: las Fuerzas Especiales de Disuasión, de orientación salafista; el Aparato de Apoyo a la Estabilidad, estructurado en torno a líderes de milicias locales; las facciones de Misrata; las Brigadas de Trípoli; entre otros.

Esta negociación permanente ha reducido al Estado a una cáscara vacía y procedimental. Los ministerios funcionan de manera intermitente. Las políticas públicas existen, en su mayoría, solo sobre el papel. Los presupuestos son absorbidos por mecanismos informales de redistribución destinados a preservar equilibrios armados frágiles. El Banco Central, a menudo presentado como el último pilar del país, se ha convertido también en objeto de disputas por su control y de presiones cruzadas.

En el este, un orden relativo

En el este, la soberanía tampoco es más sólida, pese a la apariencia de jerarquía militar. La autoridad de Khalifa Haftar se apoya en un mosaico de lealtades tribales, estructuras de seguridad y apoyos externos. Impone un cierto orden, pero un orden militar, no institucional. No descansa en una administración autónoma, sino en una cadena de mando y en una economía de guerra. La pretensión de soberanía allí tropieza con una contradicción fundamental: ¿cómo puede ejercer plena soberanía un poder tan estructuralmente dependiente de padrinos externos para su supervivencia? Las decisiones estratégicas, en materia de guerra, economía o diplomacia, están invariablemente moldeadas por las expectativas y las líneas rojas de sus respaldos regionales e internacionales. El este de Libia no gobierna realmente. En el mejor de los casos, gestiona su dependencia.

Como era previsible, la coexistencia de estos dos polos no produce ningún equilibrio estabilizador. Por el contrario, genera un sistema de obstrucción mutua y de desorden contenido, aunque persistente, más agudo porque ninguno de los dos bandos es lo suficientemente fuerte como para imponer una unificación duradera, ni lo bastante débil como para ser marginado. Libia se instala así en una configuración en la que la división se vuelve funcional, permite a los actores locales conservar sus posiciones y a los actores externos proyectar influencia sin asumir el costo de una verdadera reconstrucción del Estado.

El petróleo, motor de la fragmentación

Esta ausencia de soberanía real se hace aún más evidente en la gestión de los recursos. En lugar de fomentar la cohesión nacional, el petróleo se ha convertido en uno de los principales motores de la fragmentación. Terminales, campos y oleoductos son controlados o bloqueados según cálculos locales, y la producción puede detenerse en cualquier momento como palanca política.

En cuanto a los ingresos, cuando circulan, sirven para sostener redes de clientelismo más que cualquier proyecto nacional. La paradoja libia es que el país posee recursos suficientes para financiar su propia reconstrucción, pero sigue siendo estructuralmente incapaz de convertirlos en soberanía. En este esquema, la renta no fortalece al Estado; de manera paradójica, perpetúa su dispersión, una dinámica reforzada por la propia arquitectura institucional.

Los gobiernos se suceden, los acuerdos se acumulan, los procesos de diálogo se multiplican, cada uno presentado como un paso decisivo hacia la reunificación, pero en la práctica ninguno altera la correlación de fuerzas sobre el terreno. Las instituciones libias no son más que puntos de tránsito fantasmales y vacíos, donde las promesas hechas por todos los bandos nunca se cumplen.

En este paisaje de desolación, la propia noción de legitimidad ha perdido todo sentido operativo. La legitimidad electoral se invoca solo para ser neutralizada; la legitimidad revolucionaria está agotada; la legitimidad basada en la seguridad es impugnada. Lo que queda, en la práctica, son reclamos parciales, locales y provisionales de autoridad, anclados sobre todo en capacidades de coerción. Su correlato, la soberanía, entendida como la capacidad de decidir y obligar dentro de un territorio, se disuelve en esta proliferación de fuentes de poder en competencia. En Libia, la autoridad ya no se articula: se fragmenta, se negocia y resiste, pero rara vez gobierna.

Un estancamiento enquistado

La fragmentación territorial no está congelada. Es fluida, adaptable, quizá incluso reversible a corto plazo, pero, como la dinámica general, persistente en su lógica. Las zonas pasan de una autoridad a otra sin alterar la estructura global del conflicto. Las ciudades cambian de manos, las alianzas se reconfiguran, pero la ausencia de un centro unificador sigue siendo la constante. Es precisamente esta fluidez la que hace que la situación libia sea tan resistente a los intentos de resolución.

No existe una línea de frente estable sobre la cual pueda imponerse un alto el fuego duradero, ni un solo actor capaz de arrastrar a todo el país a un proceso político vinculante. Cada iniciativa choca con una realidad simple: nadie puede comprometer a todos, y todos pueden bloquear a cualquiera.

Por su puesto, a los actores externos se les acusa de alimentar la división. Pero en realidad solo explotan una configuración ya existente, apoyando a un bando y luego a otro, ajustando su nivel de implicación, sin intentar seriamente restaurar una soberanía que consideran irrealista a corto plazo. Libia se convierte así en un espacio que hay que gestionar y, en efecto, en otra herida abierta en esta región de África. En cuanto a las soluciones…

La población civil queda atrapada en una doble trampa. Por un lado, depende de instituciones débiles para los servicios esenciales. Por otro lado, vive bajo la presión constante de los grupos armados. En un contexto donde la política se ha marchitado como horizonte colectivo, no sorprende que el exilio se convierta en una estrategia personal de supervivencia.

Hablar de “dos Libias” es perder por completo el punto central. Una descripción más precisa sería la de un país administrado por partes, donde el Estado es poco más que cartón, la soberanía una pretensión vacía y la guerra una maldición inexorable. No se trata de una situación temporal ni accidental, sino del producto de una década de compromisos, arreglos improvisados y cálculos racionales mal orientados.

Mientras esta arquitectura no sea cuestionada, cualquier reunificación será puramente formal. Libia podrá cambiar de gobierno, firmar nuevos acuerdos o convocar otra conferencia más, pero no recuperará una soberanía real mientras la violencia siga siendo la puerta de entrada al poder y la dependencia de actores externos su principal modo de funcionamiento.

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