
Hubo juicios en Núremberg (1945-46) y en Tokio (1946-48), e incluso en Estambul se levantaron horcas en julio de 1919 para ejecutar a Jóvenes Turcos responsables del genocidio armenio. Dicho esto, era legítimo preguntarse por qué el gobierno de Ahmed al-Chareh tardaba en poner en marcha la maquinaria judicial. ¿Acaso dudaba en sancionar los abusos cometidos contra todo un pueblo por la dinastía de los tiranos Al-Ásad y sus camarillas? La cuestión era aún más acuciante dado que más de una veintena de responsables —figuras de primera y segunda línea, si se me permite la expresión— habían sido apresados y se pudrían en las cárceles a la espera de juicio.















