Análisis

Un investigador en biofísica escribió alguna vez: «No interpreto el poder únicamente desde la política; también lo interpreto desde la materia. En el laboratorio aprendemos una verdad que cualquier persona reconoce en la vida cotidiana: la presión no afecta a todos los cuerpos de la misma manera. Si se ejerce presión sobre el vidrio, puede romperse. Si se ejerce sobre el caucho, se deforma. Si se ejerce sobre un tejido vivo, puede absorberla, adaptarse a ella y repararse. La misma fuerza puede destruir una estructura o fortalecer otra. La diferencia no radica únicamente en la presión, sino en la estructura interna que la recibe». Es precisamente aquí donde la lectura que Israel y Estados Unidos hacen de Irán, y de Oriente Medio en general, revela sus límites. Israel, como toda potencia convencida de su superioridad tecnológica, parte de la idea de que la historia puede moldearse mediante la presión: golpear más, matar más, endurecer las sanciones, profundizar el aislamiento, y el adversario terminará por replegarse. Sin embargo, esa es una visión mecánica de las sociedades humanas. Imagina a las naciones como objetos inertes que, sometidos a suficiente presión, acabarán por quebrarse. Hay países, sin embargo, que no colapsan bajo la presión, aunque tampoco salen indemnes de ella. La absorben, se adaptan a ella y la redistribuyen, transformando una crisis externa en un frágil equilibrio interno, y una confrontación internacional en un costo social prolongado. Irán, pese a sus sucesivas crisis, no convirtió la presión en un colapso. La transformó en capacidad de adaptación: absorbió la presión, la convirtió en tiempo y, finalmente, hizo del tiempo una herramienta de negociación. Aquí comienzan las preguntas más delicadas. La cuestión ya no consiste en saber si la presión funciona o fracasa, sino hacia dónde se desplazan sus efectos y quién termina pagando su costo. En el caso iraní, resulta difícil negar que el Estado haya logrado, durante largos años, convivir con niveles extraordinariamente altos de presión externa: severas sanciones económicas, aislamiento político, tensiones regionales en materia de seguridad y presiones acumuladas en múltiples frentes. Esa capacidad para perdurar bajo presión suele presentarse como prueba de fortaleza. Pero esa conclusión, por sí sola, no basta para comprender el panorama completo. Junto a la capacidad del Estado para mantenerse, numerosos indicadores dentro de la sociedad iraní revelan un costo profundo: el deterioro de la clase media, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los desequilibrios sociales y una brecha cada vez mayor entre el Estado y la sociedad. No se trata únicamente de indicadores económicos. Son señales de que la presión dejó de concentrarse en el sistema internacional para instalarse en el propio tejido social. En otras palabras, la presión no desapareció; simplemente cambió de lugar. Conviene recordar, además, que el pueblo iraní intentó levantarse contra las políticas de su régimen dictatorial y teocrático, solo para enfrentarse a una represión brutal que trató a la población como si fuera un ejército invasor y no sus propios ciudadanos. Ahí reside el núcleo del problema. Los regímenes dictatoriales que cuentan con poderosos mecanismos de control no eliminan la presión; la redistribuyen. Una parte es absorbida por las instituciones del Estado, otra se traslada a la sociedad a través de la economía y de las condiciones de vida cotidianas, sin consideración alguna por el costo que soporta la población, mientras una tercera se administra más allá de las fronteras mediante la influencia regional y los instrumentos de acción indirecta. Desde esta perspectiva, lo que suele llamarse «resiliencia» adquiere un significado mucho más complejo. No se trata de la resiliencia heroica que la propaganda pretende proyectar, porque implica tanto la capacidad de enfrentar presiones externas como la de administrar sus costos dentro y fuera del país. La verdadera pregunta, entonces, es quién paga ese precio y quién decide cómo se reparte. Por eficaz que este mecanismo pueda parecer a corto plazo, plantea un interrogante político y moral imposible de eludir: ¿la aparente estabilidad refleja la fortaleza del Estado o la capacidad del régimen para perpetuarse distribuyendo el peso de manera profundamente desigual dentro de la sociedad? Esa pregunta cobra aún mayor relevancia cuando dejamos el terreno de la reflexión abstracta para adentrarnos en la realidad geopolítica. Irán ha ido redirigiendo la presión que recibe hacia escenarios regionales vinculados con él, de manera directa o indirecta. Es dentro de ese contexto donde debe entenderse la posición del Líbano. El Líbano nunca ha sido un simple espectador de la evolución regional. Al mismo tiempo, jamás ha contado con los medios suficientes para mantenerse al margen. La fragilidad de su estructura interna, la complejidad de su sistema político y su vulnerabilidad económica lo han convertido en un país especialmente expuesto a presiones que no controla por completo. Irán aprovechó esa realidad para convertir al Líbano en una esfera de influencia utilizada para aliviar parte de sus propias cargas o redistribuirlas. Lo que fuera del Líbano se administra como un enfrentamiento geopolítico o un equilibrio estratégico se traduce, dentro del país, en un enorme costo político, económico y social. En ese contexto, el debate sobre el Acuerdo Marco deja de ser un simple detalle diplomático o un entendimiento circunstancial. Se convierte en una prueba decisiva sobre el lugar que ocupará el propio Líbano: permanecer atrapado en la lógica de reproducir los equilibrios regionales o comenzar, aunque sea gradualmente, a recuperar la condición de un Estado que ejerce plenamente sus propias decisiones políticas. Durante décadas, Irán ha utilizado al Líbano como una esfera de influencia y como un punto de apoyo estratégico sobre el Mediterráneo. Cada vez que se ha sentido amenazado, el Líbano se ha convertido en el escenario predilecto para alejar ese peligro. Hezbollah siempre estuvo dispuesto a responder: desde la guerra del «Si lo hubiera sabido» de 2006, pasando por la defensa del régimen de Bashar al-Assad en 2012, la guerra de apoyo de 2023 y, sobre todo, la guerra de represalia librada en nombre de Ali Khamenei en 2026, que provocó una devastación sin precedentes en el Líbano. Hoy, Hezbollah, respaldado por Nabih Berri, rechaza el Acuerdo Marco para mantener al Líbano como escenario de confrontación y como una carta de negociación que Irán pueda utilizar para reforzar su posición en la mesa de negociaciones. El precio, sin embargo, lo paga el Líbano en su conjunto y, de manera particular, la comunidad chiita, con el fin de que Irán preserve su influencia sobre el país. Recuperar el verdadero sentido de la soberanía implica rechazar esta instrumentalización y reafirmar que las decisiones sobre la paz, la guerra y la gestión de los riesgos nacionales corresponden exclusivamente a las instituciones del Estado, y no a estructuras paralelas que imponen a la sociedad costos que ya no puede soportar. Desde esa perspectiva, el debate sobre el Acuerdo Marco deja de ser un simple asunto técnico para convertirse en una auténtica prueba. O bien se entiende como un paso, aunque todavía incompleto, hacia la restauración del Estado libanés como la única autoridad legítima para tomar las decisiones nacionales, o bien queda frustrado bajo el pretexto de consideraciones regionales, condenando al Líbano a seguir ocupando el papel de siempre: un país donde se administran los intereses ajenos en lugar de un Estado soberano que define su propio rumbo. Lo que ocurre hoy no puede presentarse como un intercambio legítimo de presiones entre actores de fuerza comparable. Se trata de una vulneración directa de la soberanía de un Estado y de los derechos de su sociedad. Utilizar al Líbano como escenario para ajustar cuentas o como instrumento de presión en conflictos regionales no constituye un acto soberano, ni una opción política legítima, ni un derecho inherente de ningún actor, ya sea interno o externo. Significa negar al pueblo libanés su derecho a decidir su propio destino y aceptar implícitamente que el Líbano siga siendo utilizado como un instrumento, y no como un Estado. Las consecuencias distan mucho de ser teóricas. Se manifiestan en un costo humano recurrente, un desgaste económico crónico, el debilitamiento de las instituciones del Estado y una pérdida constante de su capacidad para proteger a la población. Sus efectos van mucho más allá del presente: la infraestructura se deteriora, la educación retrocede y el futuro de generaciones enteras queda sacrificado en función de cálculos en cuya elaboración jamás participaron. Llegados a este punto, ya no basta con describir lo que ocurre como una simple «redistribución de la presión». Lo que realmente sucede es la imposición de un costo profundamente injusto sobre un país frágil, hasta convertirlo de un Estado llamado a defender sus propios intereses en un escenario donde se gestionan los intereses de otros. Todo discurso que presente esta situación como una forma de «resiliencia» elude una pregunta fundamental: ¿quién paga el precio y con qué legitimidad se le impone? Recuperar el verdadero sentido de la soberanía implica rechazar esta instrumentalización y reafirmar que las decisiones sobre la paz, la guerra y la gestión de los riesgos nacionales deben recaer exclusivamente a las instituciones del Estado, y no a estructuras paralelas que imponen a la sociedad costos que no puede soportar. En última instancia, el problema no radica en que algunos Estados resistan la presión mejor que otros. El verdadero problema es que esa capacidad de resistencia, en ocasiones, se construye trasladando el costo hacia los espacios más débiles y vulnerables. A partir de ese momento, cualquier pretensión de legitimidad moral o política pierde todo fundamento. La presión no es únicamente una prueba de fuerza. También es una prueba de justicia. Y, en el caso del Líbano, la injusticia resulta evidente. Un país paga el precio de conflictos que no decidió, mientras a toda una sociedad se le exige soportar cargas que exceden con mucho sus posibilidades y, además, se le niega incluso el derecho a rechazarlas. Ese es un fallo estructural letal que debe terminar.

A medida que van perfilándose, de forma gradual y cautelosa, los contornos —y quizás también los silencios— del acuerdo marco alcanzado entre Washington y la República Islámica de Irán, emergen de manera cada vez más explícita dos parámetros fundamentales que podrían calificarse de «periféricos» al proceso político global en curso: por un lado, las disensiones internas iraníes dentro del poder y las grietas que afloran ahora públicamente en la estructura del régimen; y por otro, la construcción progresiva por parte de Estados Unidos, con paciencia y meticulosidad, de lo que parece ser un nuevo orden político-militar-securitario en la región, destinado a recortar las alas al régimen de los mulás y reducir su influencia extraterritorial a su mínima expresión. El primero de estos dos parámetros complica, e incluso dificulta, lo que algunos denominan, de manera imprecisa, «el diálogo y las negociaciones» entre Washington y la República Islámica. Varios medios iraníes, así como fuentes fidedignas que siguen de cerca la evolución de la situación interna en Irán, vienen haciéndose eco desde hace varios días de serias fisuras que sacuden el aparato político del régimen de los mulás en sus más altos niveles. En este sentido, se confirma que el ala radical del poder no ha perdido su influencia preponderante, y así lo demuestra a través de sus virulentas críticas públicas contra el llamado campo «moderado» o pragmático, que logró conseguir el visto bueno al acuerdo marco con Estados Unidos. La contestación de los radicales se ha traducido en ataques frontales contra el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, cuya entrevista en la televisión estatal iraní fue interrumpida y cortada abruptamente hace unos días antes de que llegara a su fin. El otro «símbolo» de las negociaciones con Estados Unidos, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, fue abucheado por peregrinos iraníes durante su reciente visita a Karbala, en Irak. Estos contratiempos llevaron a principios de semana al presidente iraní, Massoud Pezechkian, a denunciar públicamente la campaña contra los negociadores iraníes. Sin embargo, las críticas no se limitan a la figura de los negociadores, sino que abarcan de manera más amplia y profunda las orientaciones del presidente iraní y los miembros del Consejo Superior de Seguridad Nacional, quienes dieron luz verde al acuerdo marco firmado con Estados Unidos. Dato significativo: los ataques contra el presidente Pezechkian y los negociadores provienen de instancias radicales de alto rango que representan la columna vertebral del régimen. El sitio libanés al-Janoubiya, que refleja el punto de vista de la oposición chií libanesa y que generalmente está muy bien informado sobre la situación en Irán, señala que 63 de los 84 miembros del «Consejo de Expertos del régimen» publicaron recientemente un comunicado en el que exigen a los negociadores de la República Islámica que se atengan a las «líneas rojas» definidas por el «walih el-faqih», el Guía Supremo. Al-Janoubiya indica además que la «dirección de las escuelas religiosas» (las «hawzat»), dependiente del walih el-faqih, publicó también por su parte un comunicado advirtiendo al presidente iraní, a los negociadores y a los miembros del Consejo Superior de Seguridad Nacional contra cualquier «laxismo» en la aplicación de las «líneas rojas» mencionadas en el documento firmado con Washington. Estas tensiones internas explicarían el hecho de que la delegación iraní presente en Doha, que debía reunirse con los negociadores estadounidenses para conversaciones de carácter técnico, rechazara cualquier negociación directa. Los delegados iraníes dialogaban así con los mediadores pakistaníes, mientras que los representantes estadounidenses intercambiaban posiciones con los responsables qataríes. Estas negociaciones indirectas a través de los mediadores paquistaní y catarí desembocaron en la adopción de una medida simbólica: el desbloqueo de 3.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, cuando Teherán reclamaba inicialmente el desbloqueo de 12.000 millones, para luego conformarse con exigir los 6.000 millones congelados en Catar, algo que tampoco logró obtener. Además, los 3.000 millones desbloqueados el miércoles se destinarán a la compra de productos humanitarios, probablemente en el mercado estadounidense… El nuevo orden estadounidense El segundo elemento que marca esta agitada partida de ajedrez en la región es el nuevo orden estadounidense —político, militar y de seguridad— que parece ir tomando forma progresivamente en el Levante y, de manera más amplia, en el conjunto de la región. Las señales de este dispositivo estadounidense se han hecho claramente visibles en los últimos días y semanas. La sucesión de hechos en este ámbito es especialmente significativa: en vísperas de la firma por parte del Líbano e Israel del acuerdo marco bajo los auspicios de Washington, el Secretario de Estado Marco Rubio se reunía en Baréin con los miembros de la conferencia ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo; al término de dicho encuentro, los estados del Golfo y Rubio publicaron un comunicado conjunto en el que respaldaban sin ambigüedades las orientaciones del gobierno libanés en relación con las negociaciones directas con Israel (la Unión Europea también expresó, de forma independiente a las gestiones estadounidenses, su pleno apoyo a la línea de conducta del gobierno libanés). Con el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y los países del Golfo, el Líbano firmó así su acuerdo marco con Israel, uno de cuyos principales efectos es mantener a Irán al margen del proceso de salida de la crisis y del fin del estado de guerra en el Líbano, consolidando de este modo la opción soberanista adoptada por Beirut. La dinámica impulsada por el presidente Joseph Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y su gobierno podría implicar una participación militar estadounidense, a través de expertos y oficiales de alto rango, en la ejecución del proceso gradual de despliegue del ejército libanés y de retirada de las fuerzas del Estado hebreo del sur del Líbano. Hecho significativo: la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó a principios de semana, con una amplia mayoría, un proyecto de resolución presentado por el Partido Demócrata que imponía al presidente Donald Trump severas restricciones a una posible participación militar estadounidense en el Líbano. Este papel estadounidense fue además abordado con los dirigentes libaneses durante la visita que el comandante del Centcom, el almirante Brad Cooper, realizó a Beirut a comienzos de semana. Otros tres desarrollos significativos ilustraron, por su parte, el proceso estadounidense en marcha: - La oleada de arrestos en Irak de diputados, altos cargos políticos y empresarios cercanos al régimen iraní, así como la decisión adoptada hace 48 horas por el gobierno iraquí de fijar a las milicias pro-iraníes el plazo límite del 30 de septiembre para entregar sus armas al Estado. - La celebración esta semana en Baréin, por parte del comandante del Centcom, de una reunión regional ampliada de seguridad y defensa con altos responsables militares del Líbano, Siria, Baréin, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Catar y Yemen. - El anuncio hace veinticuatro horas por parte del Departamento del Tesoro estadounidense de la decisión adoptada por los estados miembros del Centro de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (TFTC) de imponer medidas contra las fuentes de financiación de Hezbolá (entre ellas Qard el-Hassan). Frente a esta dinámica estadounidense, el régimen iraní intenta aferrarse a dos cartas de triunfo que busca preservar: el mantenimiento de su papel preponderante en el Líbano (seriamente cuestionado por la posición firme del poder libanés al respecto) y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, haciendo caso omiso de las normativas y del Derecho internacional en este ámbito. En este sentido, un alto funcionario estadounidense indicó al sitio Axios que los negociadores de EE. UU. comunicaron a los delegados iraníes presentes en Doha que la obstinación de Irán en imponer un derecho de paso a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz corre el riesgo de hacer naufragar el acuerdo marco entre Washington y Teherán. Asunto(s), por tanto, que habrá que seguir de cerca…

Después de cuarenta días de guerra entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro, y, simultáneamente, entre Israel y Hezbolá en el Líbano, el 8 de abril de 2026 entró en vigor un primer acuerdo marco de alto el fuego entre Washington y Teherán. Unas horas más tarde, una serie de operaciones aéreas israelíes masivas alcanzó más de 30 posiciones de Hezbolá en el Líbano en un lapso de diez minutos, dejando más de 300 muertos y 1150 heridos. Fueron algunos de los ataques más letales del conflicto, con la aviación israelí lanzando exactamente 160 bombas. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, inicialmente previsto para quince días y que no incluía al Líbano, fue prolongado el 21 de abril por tiempo indefinido. Este contemplaba, además del cese de las hostilidades entre ambas partes, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones diplomáticas. Estas conversaciones desembocaron el 17 de junio de 2026 en el memorando de entendimiento, válido por 60 días, que incluía el fin de la guerra en el Líbano y fue firmado por Donald Trump y Masoud Pezeshkian con el objetivo de establecer un cese duradero de las hostilidades. Mientras tanto, y bajo una fuerte presión estadounidense, un acuerdo complementario relacionado con el Líbano entró en vigor el 17 de abril de 2026, nueve días después del inicio del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y del mortal ataque israelí simultáneo. Esta tregua, negociada entre Trump, Netanyahu y Joseph Aoun, establecía el cese de los combates durante diez días. Fue posteriormente prorrogada; finalmente desembocó en el acuerdo marco libanés-israelí firmado en Washington el 26 de junio de 2026. La ilusión del alto el fuego Desde el 17 de abril, e incluso después del acuerdo marco del 26 de junio, el alto el fuego en el Líbano mostró rápidamente sus límites en el terreno. En efecto, las hostilidades no cesaron: entre violaciones repetidas, expansión geográfica de los ataques y desastre económico, el sur del Líbano siguió siendo escenario de una confrontación de alta intensidad hasta el 26 de junio, y posteriormente de intensidad media a baja. En el mismo “puesto” de Hezbolá mencionado en la leyenda anterior, un cartel muestra a un combatiente haciendo el saludo militar, con la bandera libanesa y la de Hezbolá. Una escena extremadamente rara, incluso casi impensable, ya que la bandera nacional suele estar ausente en las manifestaciones de Hezbolá, y mucho menos exhibida frente a la bandera amarilla del grupo proiraní. (AFP) Para ilustrar mejor la postura de la Casa Blanca respecto al alto el fuego entre Israel y Hezbolá, este último no fue incluido directamente en las negociaciones. Donald Trump, consultado a principios de junio de 2026 en el Despacho Oval, afirmó que “un alto el fuego en el Líbano es diferente de un alto el fuego en otros lugares del mundo”. Esta declaración refleja su voluntad de separar la situación libanesa del expediente iraní, aunque los iraníes vinculan ambos conflictos, una conexión más acorde con la realidad y que debilita los acuerdos, a menos que las autoridades libanesas demuestren firmeza y solidaridad. Una asimetría de fuego persistente Hezbolá, así como su base de apoyo incondicional, continúa manifestando una negación patológica de una realidad mucho más sombría que la del imaginario colectivo. Entre el primer alto el fuego entre Líbano e Israel en abril y el 14 de junio de 2026, fecha del anuncio del memorando de entendimiento Washington-Teherán que incluía al Líbano, los datos recopilados demuestran un claro desequilibrio de fuerzas y de actividad militar sobre el terreno. Durante este periodo de 59 días, las fuerzas israelíes realizaron un total de 5056 ataques de todo tipo (principalmente: ataques aéreos, drones, artillería y otros) frente a 947 del movimiento chiita (misiles antitanques con carga tándem, drones, morteros y otros), lo que equivale a 5,34 ataques israelíes por cada ataque de Hezbolá (1). Esta disparidad se traduce en un promedio diario de 94 ataques israelíes, con picos de intensidad alarmantes, especialmente el 26 de mayo de 2026, cuando se registraron 203 ataques del ejército israelí en un solo día. Desde el inicio del conflicto, cifras alarmantes Si se retrocede al inicio del conflicto, no se ha publicado ningún recuento oficial preciso del número bruto de bombas lanzadas sobre el Líbano desde el 2 de marzo de 2026. Sin embargo, los institutos científicos y las autoridades gubernamentales libanesas han realizado registros. Entre el 2 de marzo y el 16 de abril de 2026, antes del primer alto el fuego entre Líbano e Israel, el CNRS libanés registró 8200 ataques israelíes de todo tipo (bombardeos aéreos, disparos de artillería e incursiones), incluidas 306 oleadas masivas de ataques aéreos solo durante las dos primeras semanas de marzo. Si se suma esta cifra a la registrada después del 17 de abril (2), el total desde el 2 de marzo hasta el 14 de junio asciende a 13,256 ataques israelíes. Finalmente, desde mediados de junio de 2026, los bombardeos continúan a un ritmo menor pero diario, entre 10 y más de 160 proyectiles por día, según la FINUL. Paralelamente, no se ha publicado ninguna cifra oficial global y precisa sobre el tonelaje de municiones (masa neta de explosivos o peso de las bombas) desde el inicio del conflicto, ni por parte del ejército israelí ni de Hezbolá. Sin embargo, los balances publicados por las Fuerzas de Defensa de Israel indican el uso de bombas guiadas de entre 250 y 900 kg durante los ataques aéreos, lo que representa, en términos aproximados de tonelaje total, 12,500 toneladas de municiones aéreas dirigidas contra el Líbano. Como comparación, durante la guerra de los 33 días de 2006, Israel lanzó sobre el Líbano 7500 toneladas de bombas. Para mayor precisión, los registros de la FINUL indican que, en jornadas de observación habituales, aproximadamente el 97 % de las trayectorias de explosivos y proyectiles observadas provenían de las fuerzas israelíes. Del lado de Hezbolá, el arsenal está constituido por cohetes, misiles antitanques y drones suicidas, más que por bombas aéreas pesadas. Desde el colapso del primer alto el fuego del 17 de abril, el partido proiraní lanzó varios miles de proyectiles, con picos de entre 100 y 200 proyectiles durante los días de mayor intensidad. La carga explosiva individual de estos cohetes (tipo Katyusha/Grad) suele estimarse entre 20 y 50 kg, lo que deja un tonelaje total al menos 18 veces inferior al de las municiones israelíes; esto sitúa la masa de municiones de Hezbolá dirigidas contra los israelíes en unas 700 toneladas. La innovación tecnológica de Hezbolá A finales de abril de 2026, Hezbolá alcanzó un nuevo nivel militar al desplegar masivamente drones kamikaze FPV (First Person View), guiados mediante cables ultrafinos de fibra óptica. Inspirados en las tácticas del conflicto ucraniano y ensamblados a bajo costo (entre 300 y 600 dólares por unidad), estos dispositivos fabricados con materiales no metálicos prescinden completamente de las ondas de radio y de la señal GPS. Esta característica técnica los vuelve estrictamente indetectables para los radares e insensibles a los sistemas israelíes de interferencia electrónica. Gracias a un flujo de video de alta definición ininterrumpido, transmitido mediante cables ultrafinos de fibra óptica que conectan los drones con sus operadores de Hezbolá, estos logran realizar ataques quirúrgicos de una precisión temible contra los vehículos blindados de las Fuerzas de Defensa de Israel, causando las mayores pérdidas humanas israelíes desde el mes de mayo y obligando al Estado Mayor israelí a replantear sus sistemas de protección terrestre. Estos “drones kamikaze” representaban, en efecto, más del 50 % de las operaciones de la milicia proiraní hasta el 26 de junio. Por su parte, la respuesta israelí se basó principalmente en el poder aéreo (60,5 % de los ataques) y en un uso intensivo de la artillería, dirigida prioritariamente contra infraestructuras, pero incapaz de hacer frente a los drones FPV. ¿Y el acuerdo marco libanés-israelí? Desde un punto de vista puramente táctico y técnico, a partir del 26 de junio se observa una reducción relativa de la intensidad de las operaciones militares. Las campañas masivas de ataques aéreos israelíes dieron paso a ataques aéreos y con drones más selectivos, así como a acciones terrestres limitadas que incluyen demoliciones de edificios e infraestructuras. Si Hezbolá parece también haber reducido o detenido sus ataques, el clima sigue siendo de extrema fragilidad, debido al factor iraní, que busca retrasar las negociaciones en curso en Bürgenstock, y al factor israelí, que prioriza la cuestión de seguridad y quiere vaciar de habitantes favorables a la milicia proiraní el sur de la línea amarilla. En conclusión, el “alto el fuego” es extremadamente frágil y Hezbolá está lejos de proclamar una victoria abierta, aunque se haya adaptado a nuevas tácticas y técnicas. Para el Líbano, ya debilitado por una crisis multidimensional, la aplicación de las cláusulas del acuerdo marco representa un verdadero desafío. (1) y (2): Fadi Hajji-Georgiou, investigación y desarrollo.

La importancia del acuerdo marco propuesto entre el Líbano e Israel no radica únicamente en que busca poner fin a una confrontación militar. Su verdadero alcance reside en el profundo cambio que refleja en la naturaleza misma de los acuerdos de posguerra. El documento se aparta de los acuerdos tradicionales de alto al fuego y va mucho más allá de regular las líneas de contacto o las modalidades de retirada. Sienta las bases de un nuevo modelo de resolución de conflictos, en el que la construcción del Estado pasa a formar parte del proceso de construcción de la paz, y en el que la soberanía adquiere un significado renovado, mucho más complejo que la simple protección de las fronteras. Mientras que los Acuerdos de Camp David, el Tratado de Paz entre Israel y Jordania firmado en Wadi Araba, así como el Acuerdo de Taif y los Acuerdos de Dayton surgieron tras grandes guerras con el propósito de reorganizar las relaciones políticas entre antiguos beligerantes, el acuerdo actual va un paso más allá. Busca redefinir la relación entre el propio Estado libanés y los instrumentos de la fuerza existentes dentro de su territorio, al tiempo que reconfigura el entorno de seguridad regional, pese a la oposición de Hezbolá, que pretende apoyarse en su patrocinador iraní para definir los contornos del orden de la posguerra. Resulta igualmente significativo que el documento no parta de la pregunta de por qué estalló la guerra. Plantea una interrogante muy distinta: ¿qué forma debe adoptar el Estado una vez terminada la guerra? Por ello presta mucha menos atención a las conocidas causas históricas del conflicto que al orden político llamado a surgir cuando cesen los combates. Más que escribir el epílogo de la guerra, escribe el prólogo de una nueva etapa política. Una lectura deconstructiva del texto revela que su cuestión central no son las fronteras, sino el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Prácticamente todas sus disposiciones giran en torno a devolver al Estado libanés la facultad exclusiva de decidir sobre la guerra y la paz, desarmar a los grupos armados que operan al margen de las instituciones oficiales y someter la seguridad nacional a la autoridad constitucional. De este modo, el acuerdo refleja una evolución notable del propio concepto de soberanía. Esta deja de limitarse a la protección de las fronteras o al fin de la ocupación y pasa a abarcar también el control exclusivo del Estado sobre el uso de la fuerza dentro de su territorio. La soberanía adquiere así una doble dimensión: se ejerce tanto sobre el territorio como sobre los instrumentos de la fuerza en el ámbito interno. Al mismo tiempo, el documento pone de manifiesto la habilidad negociadora del embajador Simon Karam y de su equipo diplomático. No reabre el expediente de las fronteras internacionales ni las considera un asunto susceptible de una nueva negociación. Parte, por el contrario, de la premisa implícita de que esas fronteras, salvo las cuestiones técnicas ampliamente conocidas, se sustentan en una legitimidad internacional ya consolidada conforme al derecho internacional, derivada del Acuerdo General de Armisticio libanés-israelí de 1949, teniendo además presentes las circunstancias históricas que dieron origen a dicho acuerdo, lo justificaron y le otorgaron legitimidad. De esta manera, los negociadores libaneses lograron separar la cuestión de la soberanía territorial, considerada un asunto jurídicamente resuelto, de las disposiciones de seguridad impuestas por las circunstancias de la guerra. Con ello evitaron que los resultados del conflicto se convirtieran en un pretexto para redefinir las fronteras del Estado libanés, cuyo papel en la estabilidad internacional sigue siendo especialmente relevante, o para reabrir la discusión sobre cualquier acuerdo definitivo que pudiera alcanzarse en el futuro. En ese sentido, este enfoque constituye un modelo internacional para la preservación del conjunto de los instrumentos jurídicos internacionales, cuyo alcance continúa determinado por su contexto histórico integral, es decir, por su entorno geoestratégico regional e internacional. La filosofía que sustenta la aplicación del acuerdo reviste una importancia comparable a la de su propio contenido. El documento no parte de la idea de que la paz surgirá simplemente con la firma del acuerdo. Reconoce implícitamente que las secuelas de la guerra seguirán presentes sobre el terreno y que durante el periodo de transición continuarán existiendo riesgos de violaciones e incidentes. Por ello adopta una lógica gradual, en la que cada retirada corresponde a un paso recíproco y cada avance sobre el terreno va acompañado de mecanismos de verificación y supervisión internacional. El gradualismo deja así de ser un simple procedimiento técnico para convertirse en una auténtica filosofía política que reconoce que el tránsito de la guerra a la paz constituye un proceso acumulativo y no un acontecimiento instantáneo. Se trata menos de proclamar el fin de la guerra que de administrar la transición hacia la paz. La modernidad de este acuerdo también se manifiesta en su propia arquitectura negociadora. La historia diplomática ha estado marcada, por lo general, por acuerdos alcanzados dentro de un único proceso de negociación que reunía directamente a las partes involucradas. En este caso, sin embargo, el acuerdo parece formar parte de una arquitectura regional mucho más amplia, en la que la vía libanesa-israelí avanza paralelamente a otros procesos de negociación que inciden en el entorno estratégico del conflicto. Si los indicios políticos apuntan a la existencia de entendimientos paralelos entre Washington y Teherán sobre asuntos regionales de mayor alcance, el éxito del acuerdo libanés ya no depende únicamente de la voluntad política de Beirut y Tel Aviv, sino también de la solidez de los equilibrios generados por esos entendimientos regionales. El mundo transita así de la lógica del “acuerdo único” a la de los “acuerdos simultáneos”, en la que cada proceso de negociación pasa a formar parte de una red más amplia de entendimientos. Aun así, el presidente Joseph Aoun ha afirmado: “Damos la bienvenida a cualquier ayuda que los Estados puedan brindar para poner fin a la guerra”. Pero existe una diferencia entre ayudarnos e intervenir en nuestros asuntos internos. Nosotros negociamos por nuestra cuenta y no aceptaremos que nadie negocie en nuestro nombre”. El documento también redefine la función de la reconstrucción. Esta deja de presentarse simplemente como una respuesta humanitaria a los estragos de la guerra y pasa a formar parte de una ecuación política y de seguridad más amplia, que vincula la ayuda internacional con avances verificables en el restablecimiento de la autoridad del Estado y en la consolidación de su monopolio sobre las armas. De este modo, la asistencia económica se convierte en un instrumento para consolidar la estabilidad, más que en un simple medio para reparar la destrucción material. Sin embargo, el alcance más profundo del acuerdo trasciende sus disposiciones en materia de seguridad y plantea una cuestión de fondo sobre el futuro del propio sistema político libanés. Al reclamar que el Estado ejerza el control exclusivo sobre el uso de la fuerza, el documento abre implícitamente el camino para que las instituciones constitucionales ejerzan de manera exclusiva la autoridad sobre la toma de las decisiones nacionales. Cuestiones de semejante trascendencia solo pueden alcanzar una estabilidad duradera cuando dejan atrás la lógica de la calle y de las correlaciones de fuerza para trasladarse al ámbito de las instituciones. Por ello, cualquier oposición al acuerdo, independientemente de sus argumentos políticos o relacionados con la soberanía, debería encontrar su cauce natural dentro del Parlamento, como institución constitucional que representa la voluntad nacional y ejerce las funciones de legislación y supervisión. La oposición no constituye el reverso del Estado. Solo se convierte en un peligro para él cuando abandona el marco institucional para recurrir a las relaciones de fuerza sobre el terreno. Si el acuerdo pretende poner fin a la existencia de grupos armados ilegales que operan al margen de la autoridad del Estado, al mismo tiempo pone a prueba la capacidad de los libaneses para consolidar la unidad de la decisión política dentro de sus instituciones legítimas. En última instancia, este documento no puede entenderse simplemente como un acuerdo de seguridad entre dos Estados. Representa un intento por redefinir el propio concepto de soberanía, los mecanismos de construcción de la paz y la naturaleza del Estado en la etapa de la posguerra. Desplaza el debate de las fronteras hacia las instituciones, de la gestión del conflicto hacia la reconstrucción del Estado, y de una paz concebida como un alto al fuego hacia una paz entendida como un proceso político gradual. El éxito de este proyecto depende, en última instancia, de un factor que trasciende el propio texto del acuerdo: la capacidad de los libaneses para trasladar sus diferencias de las calles al terreno de la competencia democrática dentro del Parlamento. Solo entonces el monopolio estatal del uso de la fuerza podrá ir acompañado del monopolio estatal de la decisión política, permitiendo que el fin de la guerra marque verdaderamente la construcción del Estado y no simplemente una nueva tregua en la larga historia de los conflictos libaneses. Solo entonces el fin de la guerra podrá convertirse verdaderamente en el comienzo del Estado. Pero si los libaneses optan por hacer fracasar este proceso fuera del marco de sus instituciones, no solo habrán echado abajo un acuerdo. Tal vez habrán dejado escapar la última oportunidad histórica para reconstruir su Estado, como si, una vez más, el suicidio político terminara prevaleciendo sobre el instinto de supervivencia.

El acto diplomático del 26 de junio, en Washington, refleja en sí mismo, de manera indiscutible y cualquiera que sea la evolución de los acontecimientos, un gran coraje político por parte del Líbano. El contenido del acuerdo marco firmado por el Líbano e Israel al término de cinco rondas y dos meses de negociaciones directas llevadas a cabo en Washington, bajo la supervisión del secretario de Estado Marco Rubio, reviste un carácter histórico, en toda la extensión del término. Los términos de este documento constituyen, en efecto, un verdadero “punto de inflexión” en la evolución de la profunda crisis existencial que no deja de socavar los fundamentos mismos del país, de su sistema político, de su estabilidad y de su prosperidad desde hace décadas. Hezbolá quiso manifestar su desaprobación tras la firma del acuerdo marco, pero su reacción se limitó a algunas protestas y a un breve bloqueo de la antigua carretera del aeropuerto. (AFP) Es vital, desde el inicio, actuar con discernimiento. El acuerdo del 26 de junio no tiene como función resolver rápidamente, en el transcurso de algunos días o algunas semanas, la pesada disputa a la que se enfrentan los libaneses y, más específicamente, los habitantes del sur. Su importancia reside en su alcance geopolítico, en el sentido de que define con mucha claridad una hoja de ruta, un proceso que será, ciertamente, largo, difícil y sinuoso, pero que tiene la gran ventaja de colocar, finalmente, al Líbano en el camino correcto: el del restablecimiento de la soberanía del Estado, el del fin de los hechos consumados de los mini Estados milicianos de facto que sabotean desde finales de los años sesenta la autoridad del poder central. La dimensión geopolítica del documento del 26 de junio se encuentra en su objetivo final: por una parte, la aplicación del principio del monopolio de la violencia legítima, es decir, el monopolio de las armas en manos de la autoridad legal; y, por otra parte, al final (y aquí está lo esencial), la consecución de una paz duradera con Israel y el establecimiento de relaciones de buena vecindad entre los dos países. Los postulados de Joseph Aoun El presidente Joseph Aoun resumió bien la situación a este respecto al plantear cuatro postulados para definir claramente la orientación adoptada por el régimen: no más ocupación; no más injerencias extranjeras; no más tutela; la decisión debe corresponder ahora exclusivamente al Estado y a los libaneses. Se trata, hay que reconocerlo, de lugares comunes, y no es en absoluto el primer documento oficial de este tipo que define tales opciones. Ciertamente… Pero la diferencia esta vez es que el camino trazado interviene bajo la sombra de un equilibrio de fuerzas, local, regional e internacional, ampliamente favorable… Por primera vez desde los años ochenta, el país se beneficia así de la acción combinada y simultánea de un presidente de la República, un primer ministro y un gobierno (en su conjunto) que han definido, desde el principio, orientaciones soberanistas que no dejan lugar a ambigüedades. El último gesto, muy simbólico, consistente en sustituir en la carretera del aeropuerto los carteles con la inscripción “Gracias a Irán” por otros con los colores libaneses y el lema “Líbano primero”, no es insignificante. Este gesto simbólico ilustra de manera esquemática y resumida la alternativa ante la cual se encontraba hoy el Líbano: aceptar el hecho consumado de una implicación directa de Irán, sobre el terreno, en los esfuerzos de solución en el sur del Líbano, como había sido acordado durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza, bajo la dirección del vicepresidente estadounidense JD Vance; o mantenerse firme en la voluntad del poder de retomar el control y comprometerse con el proceso de Washington, que permitía al Líbano decidir por sí solo, lejos de toda tutela, las orientaciones que debía tomar para alcanzar la retirada israelí, el desarme de Hezbolá y el restablecimiento de la soberanía. El poder optó claramente por la segunda vía, que en la práctica mantiene a Irán al margen del proceso de solución, a diferencia de la opción acordada durante las conversaciones en Suiza, que colocaba, bajo la supervisión del señor Vance, a los Guardianes de la Revolución en el centro de la dinámica en curso. Esto explica la reacción vehemente del secretario general de Hezbolá, el jeque Naïm Kassem, quien, en un discurso pronunciado el sábado, estigmatizó (evidentemente) el acuerdo firmado con Israel, subrayando, como un indicio significativo, que su partido (y por tanto su patrocinador) apoyaba el acuerdo marco entre Irán y Estados Unidos… Se olvida rápidamente del “Gran Satán” y del lema “Muerte a América”… Una coyuntura favorable En el plano regional e internacional, el proceso puesto en marcha en Washington llega, sin lugar a dudas, en un momento en que el campo iraní desestabilizador, denominado “obstruccionista”, sale profundamente debilitado por los acontecimientos de estos últimos tres años. Tomando distancia y con una visión global del actual contexto geopolítico, es necesario señalar que el régimen de los mulás, verdadera piedra angular y motor de la política de subversión antioccidental, ha perdido numerosas ventajas estratégicas desde 2023: la eliminación del alto mando político y militar de Hezbolá; la caída del régimen de Assad; la eliminación del liderazgo político y de seguridad de la República Islámica; las enormes pérdidas militares, económicas y logísticas sufridas por Teherán tras las dos guerras de junio de 2025 y de marzo-abril de 2026, que además agravaron una profunda crisis socioeconómica y financiera sin precedentes; el debilitamiento generalizado de los aliados iraníes en el Líbano, Irak, Gaza y Yemen… El conjunto de estos parámetros crea, sin duda, una coyuntura favorable para la concreción del acuerdo marco del 26 de junio, especialmente porque la opción estratégica adoptada en este sentido por el poder libanés recibió el claro apoyo de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo, como se desprende del comunicado conjunto publicado el jueves pasado por la conferencia ministerial del CCG y el secretario de Estado Marco Rubio. Este documento, difundido en vísperas de la firma del acuerdo marco, respalda claramente las orientaciones del Líbano respecto al restablecimiento de la soberanía del Estado, el monopolio de las armas y el desmantelamiento del aparato militar y de seguridad de Hezbolá… A este apoyo del CCG se sumó este sábado el respaldo claro de la Unión Europea a las orientaciones del Estado libanés. Y como broche de oro, el presidente Trump se puso en contacto, tarde el sábado por la noche, con el presidente Aoun, a quien felicitó calurosamente por la firma del acuerdo del 26 de junio, precisando que realizarán una evaluación conjunta del proceso en curso durante una próxima reunión que celebrarán próximamente en la Casa Blanca. La capacidad de daño de Irán Esta coyuntura favorable no significa en absoluto que la partida esté ganada de antemano ni que no deban esperarse obstáculos. La verdadera prueba a la que se enfrentará el Estado libanés en los próximos días dependerá de saber hasta qué punto los Guardianes de la Revolución iraníes todavía pueden, o quieren, dar rienda suelta a toda su capacidad de interferencia, que continúa manifestándose, como lo demuestran sus agresiones de las últimas 48 horas contra barcos en el estrecho de Ormuz, lo que provocó durante la noche nuevos ataques estadounidenses en Irán. Al mismo tiempo, ¿hasta qué punto Hezbolá puede también, o quiere, hacer todo lo posible para sabotear el proceso iniciado el 26 de junio? Dos acontecimientos podrían moderar la postura agresiva adoptada por el partido proiraní en este asunto: la actitud del ejército, que publicó el sábado por la noche un comunicado de tono firme, afirmando que no permitirá que el llamado a manifestaciones lanzado al comienzo de la noche del sábado por Hezbolá se traduzca en calles bloqueadas en la capital o en agresiones contra propiedades públicas y privadas; al mismo tiempo, el líder del movimiento Amal, Nabih Berry, llamaba a la calma y destacaba la necesidad de evitar cualquier desbordamiento de carácter de seguridad, al tiempo que condenaba la firma del acuerdo con Israel y las negociaciones directas con el Estado hebreo. Estos dos factores explicarían que el llamado de Hezbolá a realizar grandes manifestaciones el sábado por la noche en Beirut y en las regiones “para lograr la caída del gobierno” no haya recibido inmediatamente el amplio eco esperado. Queda, sin embargo, que la capacidad de daño del campo iraní todavía podría manifestarse a gran escala, pese al amplio apoyo árabe (de los Estados del Golfo), de la Unión Europea y de Estados Unidos del que goza el proceso del 26 de junio. La venganza es un plato que se come frío… La reacción de los Guardianes de la Revolución al acuerdo de Washington constituirá, sin duda, en un futuro muy cercano, un indicador significativo de su verdadera capacidad para llevar a los hechos un dicho semejante.

La hoja de ruta estadounidense-iraní de 60 días debe situarse en el contexto de los ciclos de ultimátums que marcan el ritmo de la estrategia de Oriente Medio del presidente Donald Trump, cuyo método se basa en una alternancia entre la amenaza de destrucción total y la aplicación de una diplomacia puramente transaccional. En abril de 2025, un primer ultimátum unilateral de sesenta días que exigía a Teherán el desmantelamiento de su programa nuclear se saldó con un rechazo categórico del Guía Supremo Alí Jamenei, lo que desencadenó los masivos bombardeos de junio de 2025 por parte de los B2 estadounidenses contra los emplazamientos nucleares iraníes. Un año después, en abril de 2026, ante el asfixiante bloqueo del estrecho de Ormuz, la Casa Blanca volvió a la carga amenazando con devastar las infraestructuras vitales iraníes «en menos de cuatro horas», una amenaza que esta vez obligó a Teherán a aceptar in extremis el principio de una tregua, abriendo así el camino al protocolo firmado en Versalles por el presidente Trump. La seguridad marítima en las negociaciones En el plano operativo, Estados Unidos e Irán establecieron en Bürgenstock una «línea de comunicación directa» destinada a evitar cualquier incidente marítimo en el estrecho de Ormuz, principal vía de paso del petróleo iraní y árabe. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro estadounidense concedió una exención de sanciones hasta el 21 de agosto de 2026, que abarca el petróleo y los productos petroquímicos iraníes. Estas medidas son significativas tanto para Washington como para Teherán: responden a la demanda iraní de un alivio económico inmediato y reducen, a corto plazo, el riesgo de una escalada en los precios del petróleo. También ponen de manifiesto la lógica de trueque que subyace a las negociaciones —seguridad a cambio de acceso a los mercados— y la fragilidad de soluciones basadas en exenciones temporales en lugar de garantías duraderas. El Líbano y la desconflicción: ¿es viable un mecanismo sin Israel? La creación de una «célula de desconflicción» destinada a imponer el alto el fuego en el Líbano es un mecanismo que agrupa a Estados Unidos, Irán, Qatar, el Líbano y Pakistán, pero excluye a Israel, algo sin precedentes en cuatro décadas, a diferencia del «mecanismo» actual y de las comisiones establecidas en los acuerdos de julio de 1993 y abril de 1996. La omisión de Tel Aviv es políticamente explosiva. Para Israel, que considera a Hezbolá una amenaza existencial, quedar al margen de esta célula que gobernará su propio frente es inaceptable, y Benjamin Netanyahu lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, ya que limita su margen de maniobra militar y operativo en el sur del Líbano. Para Washington, esta configuración genera un dilema: estabilizar el Líbano sin alienar a Israel, o arriesgarse a perder el apoyo de un aliado estratégico frente a Irán imponiéndole restricciones que considera peligrosas. A largo plazo, la eficacia de esta célula de desconflicción está en entredicho, y el alto el fuego en el Líbano sigue siendo frágil. Lo nuclear: intenciones declaradas pero sin compromisos vinculantes En el expediente nuclear, los avances son cuestionables. JD Vance mencionó el regreso de los inspectores del OIEA, generando cierto optimismo, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní aclaró que Teherán no había firmado «ningún nuevo compromiso nuclear» durante la sesión. En otras palabras, la puerta está abierta al control y a la transparencia, pero sin ningún compromiso por parte de Irán de entregar el uranio enriquecido al 60 % a China o a Rusia, ni de proceder a su dilución, ni de detener las actividades de enriquecimiento. En la etapa actual, el programa nuclear iraní está ciertamente deteriorado y no funciona a raíz de los bombardeos estadounidenses e israelíes. Irán espera, a cambio de la supervisión del OIEA, garantías económicas y de seguridad tangibles y duraderas, algo que por el momento no se vislumbra en absoluto. Sin un calendario vinculante para el desmantelamiento de las capacidades nucleares iraníes, el núcleo del problema permanece intacto. Esta ambigüedad hace difícil alcanzar un acuerdo duradero sin cláusulas técnicas sólidas, verificables y acompañadas de sanciones automáticas en caso de incumplimiento. Las ganancias económicas: un alivio puntual además de los circuitos que eluden las sanciones El anuncio oficial de Teherán sobre la conclusión satisfactoria de las negociaciones técnicas, sellado por un acuerdo de la Casa Blanca para liberar 12.000 millones de dólares iraníes congelados, ilustra una lógica meramente transaccional. Sin embargo, este importante desbloqueo financiero desencadenó de inmediato un pulso a distancia, revelador de la fragilidad del proceso: mientras Donald Trump se apresuraba a afirmar en sus redes sociales que esos fondos deberían destinarse obligatoriamente a la compra de productos agrícolas estadounidenses, el gobierno iraní rechazaba categóricamente dicha imposición. Si la administración estadounidense busca presentar un conveniente acuerdo comercial como una concesión geopolítica, Irán pretende consagrar ese triunfo financiero como una restitución soberana, sin contraprestación comercial unilateral alguna. Por otra parte, la dependencia de Irán del mercado chino sigue siendo un factor determinante, aunque Pekín no esté directamente en el centro de las conversaciones. China sigue siendo, por tanto, un socio energético esencial para Teherán, y sus intereses contribuyen en parte a moderar la postura iraní, concretamente en lo que respecta a mantener abierto el estrecho de Ormuz. Por último, la sombra de los circuitos de exportación que continúan eludiendo las sanciones vigentes complica la capacidad de la diplomacia occidental para ejercer una presión sostenida. Resumen de riesgos y escenarios En términos generales, tras el optimismo de fachada exhibido en Suiza, la tregua de sesenta días se ve constantemente amenazada por cuatro detonadores geopolíticos. El primero es el desfase fundamental entre las expectativas de Washington —que exige la renuncia nuclear de Teherán— y la posición iraní, que no ve en ello más que una pausa económica sin contrapartida estratégica. El segundo radica en la exclusión de Israel de la célula de desconflicto libanesa, lo que deja al gobierno de Netanyahu en libertad de sabotear militarmente la tregua en el Líbano para neutralizar a Hezbolá, forzando así a Irán a responder. El tercero es la silenciosa reactivación por parte de Hezbolá de la reorganización de sus filas y del redepliegue encubierto de su dispositivo de combate frente a Israel, algo que ya supo hacer con gran maestría tras la retirada israelí de 2000, luego tras la resolución 1701 de 2006 y, finalmente, tras el alto el fuego del 27 de noviembre de 2024. Si Hezbolá reitera este tipo de actividades, volvería a dar a Israel un pretexto para reanudar los combates y desatender las directrices de Washington. Por último, el cuarto detonador de carácter geopolítico que amenaza la tregua es la imprevisibilidad intrínseca de Donald Trump, sometido a presiones internas tanto desde su derecha como desde su izquierda, lo que podría llevarlo a romper unilateralmente el proceso de Bürgenstock. Si uno de estos seguros salta, la cadena de consecuencias se activará de inmediato: el restablecimiento instantáneo del bloqueo estadounidense provocará, como respuesta simétrica, un nuevo cierre iraní del estrecho de Ormuz, sumiendo al Golfo y al Oriente Próximo en una nueva crisis. Conclusión: apaciguamiento condicional, no paz garantizada Los próximos 60 días determinarán si la hoja de ruta es el preludio a una pacificación gradual, o simplemente el marco de una táctica dilatoria que no hará sino aplazar el enfrentamiento. Por ahora, asistimos a un alivio frágil que quizás permitiría construir pacientemente garantías verificables y llegar a un acuerdo formal a finales del verano de 2026, no sin el riesgo potencial de un retorno a la guerra en el Líbano y en el Golfo. Una estabilización exitosa transformaría así una guerra caliente en una guerra fría regional altamente militarizada, suspendida de varios factores de ruptura a medio y largo plazo. Leer sobre el mismo tema: EE.UU.-Irán: una hoja de ruta bajo presión del tiempo (1/2)

Tras 48 horas caóticas marcadas por amenazas de ruptura, la primera sesión de alto nivel entre las delegaciones estadounidense e iraní concluyó bajo la mediación conjunta de Catar y Pakistán. El protocolo firmado en Versalles el 17 de junio había parecido hasta ahora un frágil alto el fuego; pero ahora se ha transformado en un verdadero ejercicio diplomático tras el respaldo formal a una hoja de ruta de 60 días. Se espera que esta conduzca ya sea a un acuerdo final, siguiendo la línea de los arreglos que han moldeado Medio Oriente desde 1948, o a una nueva crisis abierta. Los riesgos políticos y militares entre ambas partes siguen plenamente vigentes, dentro de un plazo extremadamente reducido. El papel de Catar El papel central de Catar en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos ilustra, por un lado, que las tácticas de presión iraníes, mediante el bombardeo contra el emirato, han dado resultados, y por otro, el fuerte retorno de una diplomacia transaccional, en la que la geopolítica cede el paso a lo que parece más un acuerdo comercial. Ya como antiguo custodio de canales financieros secretos entre Washington y Teherán, Doha aprovechó su poder blando en Suiza para consolidarse como garante de cierto nivel de estabilidad regional. Al compartir con Irán el mayor yacimiento de gas natural del mundo y, al mismo tiempo, albergar la principal base militar estadounidense en Medio Oriente, Catar maniobró con habilidad para orquestar primero la congelación de activos iraníes bajo presión de Washington y luego su descongelamiento, permitiendo así la reapertura del estrecho de Ormuz. Pero la fortaleza de la mediación catarí también reside en la cercanía de sus redes económicas con el círculo íntimo de Donald Trump. Ya sea el yerno de Trump, Jared Kushner, o el enviado especial Steve Witkoff, ambos presentes en Suiza junto a JD Vance, las dos figuras clave de la delegación estadounidense mantienen estrechos vínculos financieros con los fondos soberanos del emirato. Esta conexión sin precedentes entre intereses privados y asuntos de Estado ha permitido transformar un conflicto ideológico altamente explosivo en una mesa de negociación comercial, aunque no sin riesgos. Al integrar aún más a Catar en el centro de la célula de desescalada en el frente libanés, Washington está validando el surgimiento de un patrocinio catarí que está redefiniendo el equilibrio de poder en Medio Oriente. Para Líbano, el peor desenlace de este episodio sería un nuevo Acuerdo de Doha, como el alcanzado en 2008. La principal novedad surgida de las conversaciones en Suiza es precisamente esta hoja de ruta, que activa una verdadera carrera contra el reloj de 60 días, con negociaciones técnicas prolongadas destinadas a implementar el memorando de entendimiento. Los equipos permanecen en el lugar, en Bürgenstock, y se espera que las sesiones técnicas de trabajo se multipliquen. Este calendario ajustado encierra a Washington y Teherán en una trampa política, donde el tiempo necesario para realizar concesiones se convierte en una cuenta regresiva volátil bajo una creciente presión interna en ambos países. ¿Podría extenderse el plazo de 60 días? La administración estadounidense no puede permitirse esperar: la Casa Blanca enfrenta una presión urgente para obtener resultados rápidos con el fin de estabilizar los mercados energéticos y validar su doctrina de diplomacia transaccional. Un estancamiento técnico en Suiza, acompañado de una posible extensión de la tregua, ofrecería a Irán el escenario ideal: seguir acumulando petrodólares gracias al levantamiento temporal de las sanciones sobre sus ventas de petróleo, mientras mantiene su programa nuclear envuelto en ambigüedad. Frente al avance del reloj iraní, el Ejecutivo estadounidense quedaría atrapado por su propia opinión pública de derecha, especialmente por el senador Roger Wicker, republicano de Misisipi y presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, quien declaró públicamente que este acuerdo “negocia y desperdicia” las victorias militares de las fuerzas armadas estadounidenses. El senador Ted Cruz, republicano de Texas, ha lanzado una ofensiva total contra el descongelamiento de 12,000 millones de dólares en activos iraníes, argumentando que enviar miles de millones a los ayatolás equivale a financiar directamente el terrorismo antiestadounidense y a formalizar el control iraní sobre el estrecho de Ormuz. El senador John Cornyn, republicano de Texas, ha condenado el acuerdo por permitir que Irán venda libremente su petróleo y vuelva a llenar sus arcas para reconstruir su arsenal de misiles balísticos, sin ningún compromiso recíproco sobre el desmantelamiento nuclear. El senador Rick Scott, republicano de Florida, ha expresado su negativa categórica a confiar en el régimen de Teherán. Pero el más significativo de todos es el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur y uno de los aliados más cercanos de Donald Trump, quien ha adoptado una posición cautelosa pero firme: insiste en que cualquier acuerdo final debe ser sometido a la aprobación y votación del Congreso, rechazando que el Poder Ejecutivo pueda validar por sí solo el descongelamiento de fondos. Por lo tanto, si la tregua de 60 días pretende convertirse en un tratado, Donald Trump tendrá que enfrentarse a una coalición de halcones republicanos que denuncian una traición y demócratas que critican un cheque en blanco. Esta oposición representa el primer gran obstáculo interno para el éxito de la hoja de ruta suiza. Cuando el Capitolio llega a Bürgenstock Donald Trump también enfrenta presión de su izquierda. El 23 de junio, el Senado estadounidense aprobó, por 50 votos contra 48, una resolución que limita los poderes de guerra del presidente. Esta moción constitucional no tiene la fuerza legal suficiente para paralizar a la Casa Blanca, pero su momento político resulta incómodo. Al unirse a los demócratas, cuatro senadores republicanos rompieron filas con su partido para cuestionar el monopolio de Donald Trump en la toma de decisiones militares frente a Teherán, exigiéndole que obtuviera la aprobación del Congreso para cualquier acto de guerra. Esta postura legislativa debilita a los negociadores estadounidenses en Bürgenstock: Irán sabe ahora que la amenaza de Donald Trump de reanudar los bombardeos ante el menor tropiezo está políticamente limitada por un Congreso que podría bloquear el financiamiento que necesita. Además, esto empuja al presidente estadounidense, furioso por lo que califica como una “traición patriótica”, a endurecer su discurso para reafirmar su autoridad, incluso con el riesgo de socavar las propias sesiones técnicas de trabajo mediante publicaciones incendiarias en redes sociales. Atrapada entre las exigencias de Mojtaba Khamenei, la furia de un aliado israelí marginado y de sus aliados dentro de la administración estadounidense, y la resistencia constitucional de su propio Congreso, la hoja de ruta de 60 días parece más que nunca una tregua precaria, en la que cada parte espera el primer error de la otra. La imprevisibilidad estadounidense y la diplomacia de doble vía Las negociaciones estuvieron a punto de colapsar cuando, el 21 de junio, Donald Trump amenazó en directo por Fox News con reanudar los ataques contra Irán e intervenir en el estrecho de Ormuz si no se alcanzaba un acuerdo en un plazo de 60 días. La delegación iraní suspendió entonces su participación, y fueron necesarios intensos esfuerzos de mediación por parte de Catar y Pakistán para devolver a los negociadores a la mesa. Este tipo de intervención pública pone de relieve una tensión persistente entre la diplomacia sobre el terreno llevada a cabo por JD Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff, y un estilo de comunicación presidencial que recuerda dónde reside la autoridad de decisión, con el riesgo de deshacer los avances logrados tras bambalinas. Ahí se encuentra la paradoja estratégica central: la combinación de amenazas verbales máximas y una práctica diplomática pragmática. Esta paradoja podría permitir obtener concesiones, pero también genera crisis de confianza del lado iraní, pakistaní y catarí. (Continuará)

Un ciudadano del sur comentó así el regreso de los desplazados: “Si regresan… regresen con un silencio digno de lo que ocurrió, y no con un estruendo que hiera lo que queda de vida.” “No levanten los signos de la victoria sobre una tierra cuyas lágrimas todavía no se han secado, y no agiten banderas allí donde el polvo sigue ocultando los rostros de quienes aún no han sido retirados de los escombros.” “Regresen… pero quiten de sus hombros la arrogancia de los eslóganes, porque aquí no se trata de tribunas de celebración, sino de tumbas abiertas…” Si se siguen las declaraciones de Naim Qassem, quien ahora aparece más de una vez por semana, habría logrado la victoria, derrotado a Israel y liberado al Líbano. Por ello, se permite acusar al presidente de la República y al primer ministro de traición y colaboración, y exigir la caída de un gobierno cuyos propios representantes, sin embargo, se niegan a retirarse. Mientras tanto, Israel ha llegado a las afueras de Nabatieh, ha bombardeado las aldeas de Zahrani e intenta ocupar una de las colinas estratégicas más importantes, Ali al-Taher. Los muertos superan los 4000, los heridos ascienden a 11 000, las casas están destruidas y pueblos enteros han sido borrados del mapa. A pesar de todo, todo esto no sería más que “victorias divinas”. Cuando los responsables libaneses hablan con los estadounidenses, son calificados de traidores. Pero esos mismos sectores se enorgullecen cuando Donald Trump afirma haber encontrado al Hezbollah. Cuando el Líbano alcanza un acuerdo de alto el fuego, lo denuncian en nombre del Estado y se niegan a reconocerlo; pero aceptan un alto el fuego iraní. ¿Cómo llamar a semejante mentalidad, a semejante lógica o, más bien, a esta ausencia de mentalidad y de lógica? Se trata de una manifestación de la separación entre la realidad del terreno y el discurso movilizador. Cuando Naim Qassem afirma que “la victoria se ha logrado”, no se refiere a los criterios habituales a los que la gente suele recurrir: pérdidas humanas, destrucción, control territorial. Razona según otra lógica, que puede resumirse de la siguiente manera: Primero, la redefinición de la victoria. Esta ya no significa derrotar militarmente al enemigo ni proteger la tierra y a la población, sino “resistir”, es decir, impedir el colapso total del partido y conservar la capacidad de combatir y responder, incluso de manera intermitente e ineficaz. Con una definición así, casi cualquier resultado puede transformarse en una “victoria”, incluso a costa de pérdidas considerables. También existe el desplazamiento de la batalla desde la realidad al relato. Cuando los hechos se vuelven demasiado difíciles de soportar, la destrucción, las muertes y los retrocesos en el terreno son compensados mediante un relato mediático poderoso: la amplificación de los logros simbólicos, la ocultación o justificación de las pérdidas, la demonización y la acusación de traición contra cualquier voz interna disidente. Quien cuestiona este relato se convierte entonces en un “traidor”, porque la batalla ya no es únicamente militar: se convierte en una batalla por el propio relato. Luego aparece la lógica del “monopolio del patriotismo”. Los responsables del Estado (el presidente de la República, el primer ministro) son acusados de traición. Entramos entonces en una lógica según la cual la legitimidad ya no pertenece al Estado, sino a “la resistencia”. Cualquier negociación con el extranjero, especialmente con Estados Unidos, se convierte en traición, mientras que ese mismo contacto se vuelve aceptable si pasa por sus propios canales o si sirve a su discurso, como lo han practicado en varias ocasiones. ¿Cómo explicar esta lógica? Puede explicarse a través de varios conceptos conocidos en las ciencias políticas y sociales: el doble rasero; el pensamiento ideológico cerrado, que rechaza los hechos cuando contradicen la doctrina; la propaganda de movilización, que busca preservar el apoyo popular a su alrededor; y, por encima de todo, la negación de la realidad cada vez que las crisis se agravan. Más precisamente, se trata de una “lógica movilizadora que escapa a toda rendición de cuentas”, porque no permite ni medir los resultados ni cuestionar las decisiones. Todo en ella es sagrado y divino. El verdadero peligro de esta política impuesta no reside únicamente en sus contradicciones, sino en sus consecuencias catastróficas: la paralización del Estado y de sus instituciones; la destrucción misma de la noción de verdad, ya que todo se vuelve interpretable; la transformación de la sociedad en dos bandos, el de los “creyentes” y el de los “traidores”. Precisamente eso es lo que hace casi imposible cualquier discusión racional. El problema, por lo tanto, no se limita a la propaganda ni a la contradicción; reside en las propias herramientas del pensamiento. Estas herramientas se han convertido en ídolos que se veneran. Paul Valéry advertía contra el momento en que el ser humano deja de utilizar sus herramientas de pensamiento para convertirse en su servidor. Estamos ante conceptos antiguos, victoria/derrota y resistencia/traición, reutilizados constantemente; ante fórmulas prefabricadas de interpretación de las que nunca se apartan; ante moldes lingüísticos rígidos. Todo esto se transforma de herramientas en referencias sagradas. Pero no ven que son antiguas. Entonces, la pregunta supera la simple cuestión: ¿este razonamiento es correcto? Se convierte en: ¿pertenece al léxico aceptado dentro del grupo? Después, el pensamiento “pasadista” no es ignorancia, sino una estructura. Es un pensamiento orientado al pasado, que se adapta al presente. No está fuera del presente; vive en él, pero con herramientas provenientes de otro tiempo. ¿Cómo funciona este pensamiento? Proyecta el pasado sobre el presente. Cada acontecimiento es entendido como la repetición de una batalla anterior, como la continuación de un antiguo relato: resistencia, liberación, complot. Ignora completamente que las condiciones han cambiado, que la relación de fuerzas ha cambiado, que la naturaleza de la guerra ha cambiado y que la propia sociedad ha cambiado. Sin embargo, la herramienta sigue siendo la misma. Esto ocurre porque protegen la identidad mediante el inmovilismo. Todo cambio es percibido como una amenaza existencial y no como una necesidad. Los conceptos de Durkheim pueden ayudarnos a comprender esta lógica a pesar de sus contradicciones. Él habla de los “hechos sociales” que se imponen al individuo. La opinión, en este caso, no es una opinión individual: es el discurso colectivo, la “verdad colectiva impuesta”. El individuo se vuelve incapaz de ver la contradicción, o bien no puede romper con ella aunque la vea, porque romperla significa salir del grupo. También podemos encontrar una explicación de este comportamiento en la manera en que Claude Lévi-Strauss concibe el funcionamiento de la mente humana a través de estructuras, a menudo basadas en oposiciones binarias: victoria/derrota, traición/resistencia, nosotros/ellos. Así, la realidad deja de ser importante. Lo que importa es hacer que encaje dentro de esta oposición binaria. Esto es lo que ocurre ante nuestros ojos cada día: la derrota en el terreno es reformulada como victoria; la negociación llevada a cabo por el Estado es calificada de traición; pero la negociación realizada por “la resistencia” se convierte en táctica y proyecto. No porque no vean, sino porque su estructura mental no les permite ver de otra manera. Esto es más peligroso que una simple ausencia de lógica o que la irracionalidad. Es una razón que funciona dentro de un sistema cerrado. No puede corregirse ni mediante los hechos, ni mediante los argumentos, ni siquiera mediante las pérdidas. Toda información nueva es “digerida” dentro de la antigua estructura. Es todo un sistema de percepción que vive de herramientas muertas… pero que resucita cada día.

El discurso político contemporáneo ya no se mide únicamente por lo que dice el líder, sino por los significados y símbolos que generan sus palabras, sus movimientos y sus imágenes. Desde esta perspectiva, la actuación del presidente estadounidense Donald Trump constituye uno de los modelos semióticos más destacados de la política contemporánea, en el que el lenguaje, el cuerpo y la imagen se convierten en herramientas integradas para la producción del poder y la influencia. El discurso político de Donald Trump representa un caso excepcional en la literatura política contemporánea, debido a sus características lingüísticas y semióticas que lo han convertido en objeto de estudio para las ciencias políticas, las ciencias de la comunicación y la psicología política. Su impacto no se limita al contenido del discurso, sino que se extiende a un sistema integrado de signos verbales, visuales y corporales. Este sistema reconfigura la relación entre el líder y el público, y otorga a su actuación política un carácter único basado en la construcción de la presencia, más que en la mera transmisión de mensajes. Según los teóricos del análisis del discurso y de la semiótica, como Roland Barthes, Umberto Eco y Teun A. van Dijk, esta semiótica ya no es un simple marco teórico para analizar a una personalidad política, sino que se ha convertido en un enfoque indispensable para comprender la manera en que Estados Unidos gestiona sus relaciones internacionales en la etapa actual. Los resultados de la última cumbre del G7 demostraron precisamente que la presencia estadounidense no estuvo determinada por los comunicados finales, sino por la presencia del propio presidente. Los gestos, la forma de conducir los encuentros bilaterales, las declaraciones escuetas e incluso la ambigüedad deliberada de ciertas posiciones se transformaron en mensajes políticos paralelos a las decisiones oficiales. En este contexto, la imagen y el símbolo ya no son menos influyentes que los textos diplomáticos; forman ahora parte integral del proceso de negociación y de la construcción de los equilibrios internacionales. Esto refleja el tránsito de la política contemporánea desde una lógica de diplomacia clásica hacia una lógica de «gestión de las impresiones», en la que el signo político produce un efecto que puede superar al de la propia decisión. Trump emplea un lenguaje simple y directo en comparación con sus predecesores, recurriendo a frases cortas, verbos en presente y una repetición intensiva de eslóganes, lo que amplía la base de receptores y confiere a su discurso un carácter inmediato y dinámico. Esta estructura lingüística se integra con una actuación corporal basada en un tono de voz elevado, gestos repetitivos, expresiones faciales exageradas y una postura que transmite confianza y determinación, conformando así un sistema semiótico deliberado que refuerza la imagen del líder decidido. La semiótica ha vuelto al primer plano del análisis con su segundo mandato, no solo a causa de sus polémicas decisiones —como la imposición de aranceles o la redefinición de las prioridades de política exterior—, sino también por su estilo para gestionar las crisis y fabricar la ambigüedad política. Sus decisiones y declaraciones generan con frecuencia un estado de incertidumbre tanto dentro como fuera de Estados Unidos, convirtiendo la ambigüedad en sí misma en una herramienta política utilizada en la negociación y la gestión de conflictos. Este enfoque se manifiesta en sus posturas tanto hacia sus aliados como hacia sus adversarios: desde sus críticas a las instituciones internacionales, sus posiciones sobre la guerra en Gaza, sus declaraciones sobre Groenlandia y el canal de Panamá, su relación con el presidente ruso Vladímir Putin, su discurso intransigente sobre la inmigración, hasta sus ataques reiterados contra las élites políticas y los medios de comunicación, presentándose así como el salvador frente al «Estado profundo» (Deep State). Este estilo se repite también en sus enfrentamientos con sus rivales políticos y en su manera de dirigirse a los líderes extranjeros, convirtiendo la provocación en un componente esencial de sus herramientas de comunicación política. El análisis lingüístico-semiótico revela que el discurso de Trump se sustenta en una dualidad rígida entre el «Yo» y el «Otro», en la que monopoliza para sí mismo y sus seguidores los atributos de la fuerza y la legitimidad, mientras retrata a los opositores como la fuente del peligro y la corrupción. Además, su inclinación por las frases cortas y las estructuras directas no es señal de simplicidad, sino que representa una elección comunicacional deliberada orientada a facilitar la difusión mediática de sus mensajes y a reforzar su presencia en el imaginario colectivo. La repetición emerge como una de sus herramientas retóricas más poderosas. Lemas como «America First» (América primero), «Build the Wall» (Construir el muro fronterizo con México), «Drain the Swamp» (Drenar el pantano), o su afirmación reiterada de que «Irán nunca tendrá un arma nuclear», se convierten en símbolos políticos que condensan programas enteros en fórmulas breves y fáciles de propagar. De este modo, la repetición se convierte en un mecanismo para arraigar ideas y cerrar el debate antes incluso de que comience, mucho más que un simple recurso estilístico. Trump utiliza también el lenguaje para generar polarización política, construyendo una identidad colectiva para sus seguidores como «verdaderos americanos», contrapuesta a los «medios de comunicación falsos» (Fake News), las «élites corruptas» y los «enemigos del pueblo». No duda en emplear calificativos duros y polémicos contra sus rivales o incluso sus aliados (como Benjamín Netanyahu), convirtiendo el discurso político en una batalla simbólica cuyo objetivo es reforzar la lealtad interna más que persuadir a los opositores. Esta performance va más allá de los límites del lenguaje para incorporar el cuerpo como herramienta de comunicación política. Los gestos, las miradas, los movimientos de manos, la postura en el estrado e incluso el baile que ejecuta a veces al final de sus mítines populares constituyen signos semióticos que confirman la imagen del líder seguro de sí mismo que rompe con los códigos políticos tradicionales. Cuando sus frases contundentes se acompañan de señales corporales enérgicas, la fuerza del mensaje se multiplica y el discurso se transforma en una performance visual integral. El léxico político de Trump pertenece a tres campos semánticos principales: la guerra y el enfrentamiento, la superioridad y el excepcionalismo, y la encarnación del mal. Abusa de términos como «hemos destruido», «el más grande», «el más fuerte» o «el maligno», lo cual encaja a la perfección con una visión populista que percibe el mundo a través del prisma de un conflicto permanente entre el bien y el mal, entre la nación y sus enemigos. Este estilo ha influido en varios líderes populistas de todo el mundo, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro o el primer ministro húngaro Viktor Orbán, reflejando una tendencia política que desafía numerosos fundamentos de la democracia liberal tradicional al priorizar el liderazgo personal en detrimento de las instituciones, el pluralismo democrático y los contrapesos constitucionales. Otra dimensión emerge en el discurso trumpiano: la explotación de símbolos vinculados a la «masculinidad política». En este plano, el conflicto no se limita a programas y políticas, sino que se extiende a las representaciones de fuerza y hegemonía dentro del espacio público. En sus enfrentamientos con Hillary Clinton y luego con Kamala Harris, el discurso adoptó con frecuencia un tono que va más allá del simple desacuerdo político para reproducir la dualidad fuerza/debilidad y líder/adversario, mediante el sarcasmo, la desacreditación de las capacidades y la presentación del rival como alguien carente de firmeza o de liderazgo. En este contexto, la masculinidad no funciona únicamente como un rasgo de personalidad, sino como una herramienta semiótica que construye la imagen del líder capaz de imponer su voluntad, y refuerza en el público populista el modelo del «hombre fuerte» frente a las élites tradicionales. Incluso en su trato con figuras conservadoras o aliadas, como Giorgia Meloni, su estilo basado en el humor incisivo o el sarcasmo pasajero refleja una tendencia a monopolizar el centro del liderazgo simbólico, manteniendo a los demás en un espacio que gravita en torno a su presencia personal, convirtiendo así la personalidad política en sí misma en un instrumento de producción del poder. Desde una perspectiva semiótica, la masculinidad en el discurso de Trump no se lee como una postura hacia las mujeres en sí misma, sino como un signo político orientado a construir la imagen del líder hegemónico, donde la actuación lingüística y corporal se convierte en un medio para producir superioridad simbólica y afianzar las relaciones de poder dentro del campo político. No obstante, sigue siendo necesario distinguir entre el análisis del estilo político y la emisión de juicios preconcebidos. Una lectura científica exige examinar los hechos y los discursos en su contexto, al margen de sesgos políticos o preferencias personales. En última instancia, toda visión política del mundo parte de una determinada concepción de la naturaleza humana y del comportamiento humano, lo que explica el creciente interés de los investigadores por las neurociencias y la psicología política para comprender los mecanismos de toma de decisiones y la construcción del liderazgo. La experiencia de Trump no presenta únicamente un modelo diferente de discurso político; revela una transformación más profunda en la naturaleza misma del liderazgo contemporáneo. La imagen, el gesto y el símbolo son ahora elementos activos en la producción del poder político, al mismo nivel que la decisión y la institución. Por ello, la semiótica política se perfila hoy como una herramienta explicativa indispensable para comprender las transformaciones que atraviesa el sistema internacional, en una época en la que el conflicto ya no versa únicamente sobre las políticas, sino sobre los significados que produce el liderazgo, así como sobre la manera en que estos son percibidos y difundidos a escala mundial.

Mientras Irán se encuentra prácticamente en ruinas, el memorándum de entendimiento firmado entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio deja soplar un viento de incertidumbre sobre Oriente Medio. Mientras el régimen iraní siga en pie y sus grupos proxy regionales sobrevivan, aunque debilitados, la dinámica previsible no diferirá en absoluto de la que ha predominado en la región desde la revolución islámica de 1979 en Teherán. Irán seguiría recurriendo a una combinación de ideología y pragmatismo para garantizar primero su supervivencia y luego reafirmarse a nivel regional, manteniendo al mismo tiempo las tensiones. La operación «Epic Fury» es, sin duda, una obra maestra en su ejecución táctica, pero hasta ahora sin un beneficio estratégico claro, mientras Irán intenta demostrar mediante falsa propaganda, manipulación mediática y piratería de Estado que es el gran «ganador». El analista geopolítico George Friedman describe la situación actual como una «paradoja del poder en Oriente Medio»; es decir, un mundo en el que Estados Unidos e Israel han alcanzado un nivel de dominio militar convencional sin precedentes desde principios de siglo, aunque sin lograr plenamente todos sus objetivos estratégicos. Conviene recordar constantemente, frente a la propaganda iraní, que la magnitud de la destrucción infligida a Irán durante 40 días es colosal. Estados Unidos e Israel llevaron a cabo aproximadamente 18 500 salidas aéreas y golpearon 130 000 objetivos iraníes con una notable precisión quirúrgica, según Foreign Affairs, destruyendo el 85 % de las instalaciones de producción de misiles y drones y eliminando el 70 % de las infraestructuras de lanzamiento de misiles. Por otro lado, el ataque inicial de decapitación, que eliminó a cerca de 40 de los más altos dirigentes políticos y militares iraníes, incluido el propio Ali Jamenei, permitió que estos fueran reemplazados por una nueva generación de oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), más pragmáticos y menos ideologizados, quienes reaccionaron con rapidez para evitar el colapso del régimen. Un memorándum de entendimiento frágil El memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio por Donald Trump y Massoud Pezechkian se parece menos a un tratado de paz que a una fase marcada por una tregua. Los factores que lo impulsaron tienen un origen político interno, propio de cada uno de los tres beligerantes, más que relacionado con la situación militar. En efecto, las tensiones internas en Estados Unidos se han convertido, como ocurrió en cada guerra desde 1917, en una prioridad frente a los desafíos geopolíticos. El presidente Donald Trump está bajo presión desde todos los frentes, en particular por parte de un ala de su propio partido, hastiada de la guerra, que considera el conflicto como un incumplimiento de sus promesas electorales, aunque las bajas estadounidenses en vidas humanas sean mínimas. Sus opositores en las filas de ambos partidos explotan las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz como arma contra su administración. Por último, el partido demócrata no escatima esfuerzos para desacreditarlo, haga lo que haga. Por otra parte, existe una divergencia creciente entre Washington y Jerusalén: mientras Estados Unidos considera el cese de las hostilidades como una pausa necesaria para reponer ciertos componentes de su arsenal que han alcanzado niveles muy bajos y para hacer frente al disparado precio del petróleo, Israel permanece en una postura existencial. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu se enfrenta a una tormenta política y a presiones iniciadas, en su flanco derecho, por los ultraortodoxos a causa del reclutamiento militar. Estos ultraortodoxos organizan sentadas frente a las prisiones donde están detenidos quienes se niegan a incorporarse a los cuarteles. Por su izquierda, se enfrenta a quienes exigen su salida inmediata, a golpe de manifestaciones y cierres de carreteras. Y por si fuera poco, queda atrapado entre disgustar a Trump y continuar la guerra con intensidad en el Líbano, o disgustar a su aparato de seguridad, decidido a obtener una «victoria total» que incluya el desmantelamiento completo de Hezbolá y el fin definitivo del programa nuclear iraní. Por su parte, en Irán la nueva generación de los CGRI se enfrenta desde el verano de 2025 a una crisis económica sin precedentes, agravada en gran medida por la guerra, y se encuentra dramáticamente sin los recursos necesarios para gestionarla. Una parte de los nuevos dirigentes iraníes teme el colapso del régimen si la guerra continúa, mientras que la otra quiere seguir utilizando el estrecho de Ormuz y explotarlo como palanca de presión constante sobre la economía mundial. Washington, Teherán y Jerusalén se encuentran, pues, demasiado absorbidos por sus desafíos internos y menos pendientes de las consideraciones geoestratégicas. Al final, aceptaron el memorando de entendimiento, cuyas cláusulas pueden interpretarse «a la carta» según los deseos de cada parte, percibiéndolo como una pausa necesaria. La reconstitución de los arsenales El arsenal pesado iraní está prácticamente destruido. A Teherán solo le quedan medios asimétricos modestos, pero suficientes para bloquear el estrecho de Ormuz y hostigar a los países del Golfo: en concreto, una decena de minisubmarinos Ghadir, miles de drones Shahed 136, centenares de embarcaciones rápidas de pequeño tamaño y minas marítimas. Por su parte, la operación «Epic Fury» puso de manifiesto una «tasa de consumo» (burn rate) de munición enorme. En pocas semanas, la US Navy disparó más de 1.000 misiles de crucero Tomahawk, cuando la capacidad de producción anual actual de Estados Unidos es de 90 a 100 unidades, sabiendo que el presupuesto militar estadounidense de 2027 contempla la compra de 950 misiles de este tipo y de una generación más avanzada, lo que implica la financiación de la cadena de producción para acelerar su fabricación. Además, el ejército estadounidense utilizó el 53 % de sus interceptores antimisiles THAAD —únicos en el mundo— de los que disponía antes de la guerra, y el 46 % de sus misiles Patriot para hacer frente a enjambres de misiles y drones iraníes de bajo coste. Dicho esto, el Departamento de Defensa estadounidense está llevando a cabo un programa de desarrollo de armas antidrones y antimisiles asequibles y de mayor eficacia, con el fin de preservar las municiones sofisticadas y costosas. El Pentágono era consciente de que estaba ganando la guerra en el aire, pero perdiendo en el balance contable. En definitiva, una pausa para reponer las existencias resultó necesaria tanto para Washington como para Teherán. ¿Una nueva doctrina estadounidense para la región? Un análisis publicado en el último número de Foreign Affairs propone una reformulación fundamental del poder estadounidense a raíz de esta guerra de 40 días. Estados Unidos aprovecharía la tregua generada por el memorando de entendimiento para reorganizarse en la región, de la que ya no puede permitirse ser el único garante de seguridad, dado que los países árabes han demostrado una voluntad inquebrantable de defenderse frente a los ataques iraníes. Algunos de estos países, entre ellos Qatar y Arabia Saudí, activaron los canales diplomáticos de manera simultánea. El desarrollo de un acceso militar estadounidense hacia el Golfo Pérsico desde el oeste —concretamente desde Israel, Jordania y el oeste de Arabia Saudí—, denominado «Western Access Network» o «red de acceso occidental», se puso en marcha durante la fase de preparación de la guerra de los 40 días, ya que las dieciséis bases estadounidenses en torno al Golfo Pérsico (Kuwait, Baréin, Qatar, EAU) eran vulnerables a los drones iraníes. Las fuerzas estadounidenses las habían evacuado en previsión del conflicto. El mismo análisis de Foreign Affairs también sugiere una «coproducción» de municiones con los aliados de la región (ya iniciada), en particular Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, lo que transforma el papel de Washington de garante de la seguridad en integrador de seguridad. Sin embargo, esto requiere una mayor solidaridad entre los países árabes y una activación de los Acuerdos de Abraham. Según el autor del artículo, se trata de una doctrina de necesidad, no de elección. Es un reconocimiento de que la era de las soluciones militares unipolares ha llegado a su fin. Para afrontar la próxima década, Estados Unidos debe facilitar una arquitectura de seguridad regional que incluya a Turquía, Arabia Saudita y Egipto, al mismo tiempo que intenta resolver el «no tema» del Estado palestino, un nudo gordiano que ha desafiado a cada administración estadounidense durante los últimos setenta y cinco años. Memorando de entendimiento… ¿y el Líbano? Las negociaciones israelí-libanesas en Washington parecen quedar eclipsadas por el memorando de entendimiento. En ellas se había propuesto un modelo de «zonas piloto» cuyo objetivo era poner a prueba la capacidad del Estado libanés para reafirmarse y dotar al ejército libanés de los medios necesarios para asegurar dichas zonas e impedir el regreso de Hezbolá. ¿Continuarán estas negociaciones ante el rechazo de Hezbolá y Nabih Berri a dichas zonas piloto y su voluntad de remitirse a Mohammed Bagher Ghalibaf? La «Línea Amarilla» y la demolición de viviendas que impiden el regreso de los residentes ha convertido de hecho el sur del Líbano en un no man's land permanente. Esto le da a Hezbolá el margen para elevar el tono, reivindicar de nuevo la retórica de resistencia y negarse a entregar sus armas al Estado libanés. A todo esto se suma la doctrina de autodefensa de Israel, que autoriza a sus fuerzas a disparar contra cualquier «fuente de sospecha», lo que implica que el riesgo de colapso del alto el fuego en el Líbano es elevado. Este alto el fuego del 17 de junio de 2026 corre el riesgo de correr la misma suerte que los de 1993, 1996, 2006 y 2024. Una sola esperanza frente a esta situación: el resurgimiento del Estado libanés, que se hace esperar desde el nuevo mandato presidencial. ¿Quizás algún día?