Acuerdo Marco: cuando Irán desplaza la presión hacia el Líbano

Un investigador en biofísica escribió alguna vez:

«No interpreto el poder únicamente desde la política; también lo interpreto desde la materia. En el laboratorio aprendemos una verdad que cualquier persona reconoce en la vida cotidiana: la presión no afecta a todos los cuerpos de la misma manera. Si se ejerce presión sobre el vidrio, puede romperse. Si se ejerce sobre el caucho, se deforma. Si se ejerce sobre un tejido vivo, puede absorberla, adaptarse a ella y repararse. La misma fuerza puede destruir una estructura o fortalecer otra. La diferencia no radica únicamente en la presión, sino en la estructura interna que la recibe».

Es precisamente aquí donde la lectura que Israel y Estados Unidos hacen de Irán, y de Oriente Medio en general, revela sus límites. Israel, como toda potencia convencida de su superioridad tecnológica, parte de la idea de que la historia puede moldearse mediante la presión: golpear más, matar más, endurecer las sanciones, profundizar el aislamiento, y el adversario terminará por replegarse. Sin embargo, esa es una visión mecánica de las sociedades humanas. Imagina a las naciones como objetos inertes que, sometidos a suficiente presión, acabarán por quebrarse.

Hay países, sin embargo, que no colapsan bajo la presión, aunque tampoco salen indemnes de ella. La absorben, se adaptan a ella y la redistribuyen, transformando una crisis externa en un frágil equilibrio interno, y una confrontación internacional en un costo social prolongado.

Irán, pese a sus sucesivas crisis, no convirtió la presión en un colapso. La transformó en capacidad de adaptación: absorbió la presión, la convirtió en tiempo y, finalmente, hizo del tiempo una herramienta de negociación.

Aquí comienzan las preguntas más delicadas. La cuestión ya no consiste en saber si la presión funciona o fracasa, sino hacia dónde se desplazan sus efectos y quién termina pagando su costo.

En el caso iraní, resulta difícil negar que el Estado haya logrado, durante largos años, convivir con niveles extraordinariamente altos de presión externa: severas sanciones económicas, aislamiento político, tensiones regionales en materia de seguridad y presiones acumuladas en múltiples frentes. Esa capacidad para perdurar bajo presión suele presentarse como prueba de fortaleza.

Pero esa conclusión, por sí sola, no basta para comprender el panorama completo.

Junto a la capacidad del Estado para mantenerse, numerosos indicadores dentro de la sociedad iraní revelan un costo profundo: el deterioro de la clase media, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los desequilibrios sociales y una brecha cada vez mayor entre el Estado y la sociedad. No se trata únicamente de indicadores económicos. Son señales de que la presión dejó de concentrarse en el sistema internacional para instalarse en el propio tejido social. En otras palabras, la presión no desapareció; simplemente cambió de lugar. Conviene recordar, además, que el pueblo iraní intentó levantarse contra las políticas de su régimen dictatorial y teocrático, solo para enfrentarse a una represión brutal que trató a la población como si fuera un ejército invasor y no sus propios ciudadanos.

Ahí reside el núcleo del problema. Los regímenes dictatoriales que cuentan con poderosos mecanismos de control no eliminan la presión; la redistribuyen. Una parte es absorbida por las instituciones del Estado, otra se traslada a la sociedad a través de la economía y de las condiciones de vida cotidianas, sin consideración alguna por el costo que soporta la población, mientras una tercera se administra más allá de las fronteras mediante la influencia regional y los instrumentos de acción indirecta.

Desde esta perspectiva, lo que suele llamarse «resiliencia» adquiere un significado mucho más complejo. No se trata de la resiliencia heroica que la propaganda pretende proyectar, porque implica tanto la capacidad de enfrentar presiones externas como la de administrar sus costos dentro y fuera del país. La verdadera pregunta, entonces, es quién paga ese precio y quién decide cómo se reparte.

Por eficaz que este mecanismo pueda parecer a corto plazo, plantea un interrogante político y moral imposible de eludir: ¿la aparente estabilidad refleja la fortaleza del Estado o la capacidad del régimen para perpetuarse distribuyendo el peso de manera profundamente desigual dentro de la sociedad?

Esa pregunta cobra aún mayor relevancia cuando dejamos el terreno de la reflexión abstracta para adentrarnos en la realidad geopolítica.

Irán ha ido redirigiendo la presión que recibe hacia escenarios regionales vinculados con él, de manera directa o indirecta.

Es dentro de ese contexto donde debe entenderse la posición del Líbano.

El Líbano nunca ha sido un simple espectador de la evolución regional. Al mismo tiempo, jamás ha contado con los medios suficientes para mantenerse al margen. La fragilidad de su estructura interna, la complejidad de su sistema político y su vulnerabilidad económica lo han convertido en un país especialmente expuesto a presiones que no controla por completo. Irán aprovechó esa realidad para convertir al Líbano en una esfera de influencia utilizada para aliviar parte de sus propias cargas o redistribuirlas.

Lo que fuera del Líbano se administra como un enfrentamiento geopolítico o un equilibrio estratégico se traduce, dentro del país, en un enorme costo político, económico y social.

En ese contexto, el debate sobre el Acuerdo Marco deja de ser un simple detalle diplomático o un entendimiento circunstancial. Se convierte en una prueba decisiva sobre el lugar que ocupará el propio Líbano: permanecer atrapado en la lógica de reproducir los equilibrios regionales o comenzar, aunque sea gradualmente, a recuperar la condición de un Estado que ejerce plenamente sus propias decisiones políticas.

Durante décadas, Irán ha utilizado al Líbano como una esfera de influencia y como un punto de apoyo estratégico sobre el Mediterráneo. Cada vez que se ha sentido amenazado, el Líbano se ha convertido en el escenario predilecto para alejar ese peligro. Hezbollah siempre estuvo dispuesto a responder: desde la guerra del «Si lo hubiera sabido» de 2006, pasando por la defensa del régimen de Bashar al-Assad en 2012, la guerra de apoyo de 2023 y, sobre todo, la guerra de represalia librada en nombre de Ali Khamenei en 2026, que provocó una devastación sin precedentes en el Líbano.

Hoy, Hezbollah, respaldado por Nabih Berri, rechaza el Acuerdo Marco para mantener al Líbano como escenario de confrontación y como una carta de negociación que Irán pueda utilizar para reforzar su posición en la mesa de negociaciones. El precio, sin embargo, lo paga el Líbano en su conjunto y, de manera particular, la comunidad chiita, con el fin de que Irán preserve su influencia sobre el país.

Recuperar el verdadero sentido de la soberanía implica rechazar esta instrumentalización y reafirmar que las decisiones sobre la paz, la guerra y la gestión de los riesgos nacionales corresponden exclusivamente a las instituciones del Estado, y no a estructuras paralelas que imponen a la sociedad costos que ya no puede soportar.

Desde esa perspectiva, el debate sobre el Acuerdo Marco deja de ser un simple asunto técnico para convertirse en una auténtica prueba. O bien se entiende como un paso, aunque todavía incompleto, hacia la restauración del Estado libanés como la única autoridad legítima para tomar las decisiones nacionales, o bien queda frustrado bajo el pretexto de consideraciones regionales, condenando al Líbano a seguir ocupando el papel de siempre: un país donde se administran los intereses ajenos en lugar de un Estado soberano que define su propio rumbo.

Lo que ocurre hoy no puede presentarse como un intercambio legítimo de presiones entre actores de fuerza comparable. Se trata de una vulneración directa de la soberanía de un Estado y de los derechos de su sociedad. Utilizar al Líbano como escenario para ajustar cuentas o como instrumento de presión en conflictos regionales no constituye un acto soberano, ni una opción política legítima, ni un derecho inherente de ningún actor, ya sea interno o externo. Significa negar al pueblo libanés su derecho a decidir su propio destino y aceptar implícitamente que el Líbano siga siendo utilizado como un instrumento, y no como un Estado.

Las consecuencias distan mucho de ser teóricas. Se manifiestan en un costo humano recurrente, un desgaste económico crónico, el debilitamiento de las instituciones del Estado y una pérdida constante de su capacidad para proteger a la población. Sus efectos van mucho más allá del presente: la infraestructura se deteriora, la educación retrocede y el futuro de generaciones enteras queda sacrificado en función de cálculos en cuya elaboración jamás participaron.

Llegados a este punto, ya no basta con describir lo que ocurre como una simple «redistribución de la presión». Lo que realmente sucede es la imposición de un costo profundamente injusto sobre un país frágil, hasta convertirlo de un Estado llamado a defender sus propios intereses en un escenario donde se gestionan los intereses de otros. Todo discurso que presente esta situación como una forma de «resiliencia» elude una pregunta fundamental: ¿quién paga el precio y con qué legitimidad se le impone?

Recuperar el verdadero sentido de la soberanía implica rechazar esta instrumentalización y reafirmar que las decisiones sobre la paz, la guerra y la gestión de los riesgos nacionales deben recaer exclusivamente a las instituciones del Estado, y no a estructuras paralelas que imponen a la sociedad costos que no puede soportar.

En última instancia, el problema no radica en que algunos Estados resistan la presión mejor que otros. El verdadero problema es que esa capacidad de resistencia, en ocasiones, se construye trasladando el costo hacia los espacios más débiles y vulnerables. A partir de ese momento, cualquier pretensión de legitimidad moral o política pierde todo fundamento.

La presión no es únicamente una prueba de fuerza.

También es una prueba de justicia.

Y, en el caso del Líbano, la injusticia resulta evidente.

Un país paga el precio de conflictos que no decidió, mientras a toda una sociedad se le exige soportar cargas que exceden con mucho sus posibilidades y, además, se le niega incluso el derecho a rechazarlas.

Ese es un fallo estructural letal que debe terminar.