Política

En Siria, la pregunta ya no es si el régimen de Bashar al Assad podía sostenerse. Ese capítulo está cerrado. El verdadero interrogante está en otro lugar: ¿puede Siria, tras el colapso del viejo régimen, reconstruir un Estado unificado y viable, o persiste el riesgo de desintegración y partición, aunque adopte nuevas formas? La caída del régimen de Assad a fines de 2024, seguida por el ascenso de Ahmad al Chareh durante el período de transición, marcó un punto de inflexión en el escenario sirio. Aunque esta sacudida no puso fin por sí misma a la crisis, sí redefinió de manera profunda sus contornos políticos. El debate dejó de centrarse en el destino de un régimen para enfocarse en el futuro mismo del Estado. Primero: ¿qué cambió realmente tras Assad? El colapso del viejo régimen no implicó solo un relevo en el liderazgo, sino la caída de todo un sistema construido sobre: un partido único, aparatos de seguridad omnipresentes, una centralización extrema, y sólidas alianzas externas, en particular con Irán y Rusia. La etapa de transición, encabezada por Ahmad al Chareh, ha estado marcada por un mensaje radicalmente distinto: el objetivo ya no es restaurar un régimen, sino reconstruir el Estado. En consecuencia, se derogó la antigua Constitución, se disolvió el partido Baaz, se desmantelaron los antiguos aparatos de seguridad y se puso en marcha la reconstrucción de las instituciones estatales sobre nuevas bases, todavía frágiles. Más significativo aún es que el nuevo liderazgo dejó claro desde el inicio que la unidad de Siria no es negociable. Incluso rechazó cualquier debate sobre la partición o la creación de una federación basada en comunidades. No se trató de un eslogan, sino de una decisión política concreta. Segundo: ¿se eliminó el riesgo de partición? La respuesta precisa es que el peligro se redujo, pero no desapareció. En el punto más alto de la guerra, especialmente entre 2012 y 2016, la partición era una posibilidad muy real. La idea de una “Siria útil”, los mapas de miniestados y las divisiones tajantes entre zonas de influencia convirtieron el desmembramiento del país en un proyecto seriamente considerado a nivel internacional. Hoy el panorama es distinto por varias razones: La existencia de una nueva autoridad central con legitimidad transitoria. Ahmad al Chareh no hereda el viejo régimen. Busca construir una nueva legitimidad, respaldada por un acercamiento cauteloso de Estados Unidos y de países árabes, así como por un reconocimiento internacional condicionado. La ausencia de un consenso internacional a favor de la partición. Actualmente, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni las potencias regionales ven ventajas en dividir Siria. Los costos serían elevados y los riesgos superan con creces cualquier beneficio potencial. El fracaso de la idea de miniestados comunitarios. Ante la negativa de Turquía y el repliegue estadounidense, resulta inviable establecer un miniestado alauita, una entidad sunita unificada, un proyecto druso secesionista o incluso un Estado kurdo. Como resultado, la partición de Siria ya no se percibe como una solución viable, sino como un escenario de colapso en caso de que fracase el nuevo Estado. Tercero: el giro estadounidense y el abandono de los kurdos Uno de los cambios más significativos en la Siria posterior a Assad ha sido el claro viraje de la política estadounidense. Washington, que durante años apoyó a los kurdos como fuerza de facto en el noreste del país, redefinió ahora sus prioridades. El mensaje estadounidense fue explícito: no habrá apoyo a un proyecto kurdo separatista; no se ofrecerá protección permanente a una administración autónoma independiente; la prioridad es la estabilidad de un Estado sirio unificado. Este cambio empujó al liderazgo kurdo hacia una opción antes poco considerada: negociar con el nuevo poder central. Se alcanzaron acuerdos para integrar gradualmente a las Fuerzas Democráticas Sirias en las instituciones del Estado y para administrar recursos y pasos fronterizos, a cambio de garantías sobre derechos culturales y de ciudadanía. Esto no significa que la cuestión kurda esté resuelta, pero sí que pasó de una lógica de separación a otra de integración frágil e incierta. Cuarto: del desmembramiento al retorno de la centralización, ¿a qué costo? Siria transita ahora de una etapa de desintegración efectiva a un intento de restaurar un Estado central. Esta nueva centralización es distinta, o debería serlo, de la que imperó bajo el antiguo régimen. El principal desafío de Ahmad al Chareh no es solo militar, sino político y social: ¿cómo construir un Estado fuerte sin recaer en el despotismo? ¿cómo gestionar la diversidad sin que el centro implosione? ¿cómo afirmar la autoridad estatal sin reproducir la represión? Por ahora, las señales son mixtas: hubo avances en la recuperación del control territorial, pero la economía sigue siendo frágil, las minorías están inquietas, y fuerzas que antes gozaban de amplia autonomía se mantienen recelosas. En otras palabras, el peligro ya no es la fragmentación de Siria en miniestados, sino el fracaso del nuevo Estado central para administrar su diversidad. Quinto: ¿Siria está realmente fuera de peligro? Siria evitó un escenario de partición rápida y caótica, pero aún no ingresó en una fase de estabilidad duradera. La situación puede resumirse así: el país escapó al colapso total; evitó los planes de partición comunitaria; y logró que el desmembramiento no se convierta en una realidad permanente. Sin embargo, todavía no superó: el colapso económico; la fragilidad de la paz civil; el riesgo de un retorno de la violencia bajo nuevas formas; y la prueba de la legitimidad popular del nuevo gobierno. El Estado sirio existe hoy, pero sigue a prueba. Sexto: el escenario más probable En el corto y mediano plazo, el escenario más verosímil es el de: un Estado unificado; una clara centralización política y de seguridad; una descentralización administrativa limitada; la integración gradual de fuerzas locales; y un respaldo internacional condicionado a reformas y estabilidad. Este modelo no se parece a la Siria previa a 2011 ni a los escenarios de partición. Se asemeja más a un Estado que emerge de una guerra prolongada y busca redefinirse. El éxito de este escenario depende de un factor crucial: si la nueva autoridad de transición se convertirá en un Estado integrador o en otra forma de poder fuerte, carente de un verdadero contrato social. La caída del régimen de Assad cerró un capítulo, pero abrió otro aún más complejo. Siria enfrenta hoy una oportunidad histórica poco frecuente: superar la lógica del viejo régimen sin caer en la trampa del desmembramiento. El peligro de la partición ya no es inminente, pero tampoco ha sido eliminado por completo. Reside en el fracaso político, no en la geografía. En definitiva, la pregunta ya no es si Siria se dividirá, sino si logrará convertirse en un Estado unificado tras la caída del régimen que durante años afirmó gobernarla en nombre de la unidad.

Tras repasar el nacimiento del Proceso de Barcelona y su evolución hacia la Unión por el Mediterráneo, marcando su ampliación, es conveniente preguntarse por el estado actual de esta Unión. ¿Cuáles son sus logros y dificultades? Este artículo ofrece un estado de la situación y un balance, así como perspectivas para 2026. Entre las tres palabras que designan el Proceso de Barcelona, se encuentran, por supuesto, «proceso», pero también «asociación» y «Med» de Euromed. Son la prueba de que esta iniciativa ha creado una dinámica de cooperación, de diálogo –palabra también empleada– y de encuentro entre los países que forman una comunidad en torno al Mediterráneo, así como aquellos que están estrechamente ligados geográficamente. Se han añadido los países de la vecindad inmediata, sin olvidar las organizaciones que federan y representan subconjuntos, como la UE y la UMA (Unión del Magreb Árabe). Treinta años después, esta iniciativa no ha muerto. Sin embargo, puesta a prueba por el tiempo y los acontecimientos, debía evolucionar e inscribirse en un marco nuevo, menos ambicioso, pero más realista y pragmático. A Euromed correspondía una estrategia a largo plazo, ciertamente ambiciosa, pero determinada por un diálogo político e implicando una cooperación global en torno a tres pilares. La institucionalización fue un éxito, pero los objetivos, especialmente los económicos, quedaron por debajo de las expectativas. Entonces pareció pertinente reorientar los proyectos hacia acciones regionales y, para ello, adoptar una estructura institucional más reactiva y operativa. Si la ambición parecía, aparentemente, perder intensidad, la eficacia aparecía más prometedora, más fácil de implementar y –lo que faltaba hasta entonces– más visible para las poblaciones. La cumbre de Barcelona de 2005 marcó un punto de inflexión político: diez años después del lanzamiento de la asociación, se fijó el objetivo de relanzarla, de reforzar su visibilidad y eficacia, y de definir un programa para los próximos cinco años. El Proceso de Barcelona respondía a la necesidad de asociar a los países del Sur del Mediterráneo a la construcción europea. Sin embargo, el escenario ideal de la asociación, que consistía en iniciar una dinámica virtuosa comparable a la observada en Europa Central y Oriental, donde la apertura comercial exigía reformas institucionales de acompañamiento beneficiosas para el desarrollo global, no se verificó. El diagnóstico fue implacable: el proceso está estancado. A la falta de resultados concretos y visibles se añadían, a mediados de los años 2000, la dificultad de cooperación política para los países que rodean el Mediterráneo, debido al conflicto israelí-palestino y a la aparición de signos de fatiga institucional en el seno de la UE. En 2007, Nicolas Sarkozy, entonces candidato a la presidencia francesa, propuso la creación de una Unión Mediterránea limitada a los países ribereños. Bajo un fuerte impulso alemán, apoyado por la Comisión Europea, el proyecto se amplió para evitar una ruptura con los países no mediterráneos. El proyecto tomó el nombre de Unión por el Mediterráneo (UpM) y fue adoptado en la cumbre de París del 13 de julio de 2008. Su objetivo era relanzar la dinámica iniciada en 1995, que estaba estancada, y reactivar Euromed . Se trató de una transición institucional que prolongaba y reanimaba el Proceso de Barcelona bajo una forma más pragmática y operativa, basada en una gobernanza compartida. Los proyectos, ahora regionales y concretos, conciernen a los sectores del transporte, la energía, el medio ambiente, la educación y la juventud, la igualdad de género. Desde 2010, la UpM, que cuenta con 43 miembros, dispone de una secretaría permanente en Barcelona. Diagnóstico de 2025 Se han logrado avances técnicos y proyectos concretos, como la cartera de inversiones, iniciativas sectoriales y una cooperación universitaria/juventud. Sin embargo, las dificultades de integración económica regional, las recurrentes crisis geopolíticas (conflictos regionales, repercusiones de la guerra en Ucrania, inestabilidad en el Sahel y en Oriente Medio) y las múltiples tensiones constituyen límites políticos (prioridades de seguridad) y estructurales persistentes. En curso, una reactivación política con apoyo financiero: Nuevo Pacto para el Mediterráneo. Este Pacto busca tres ejes: educación, movilidad y empleo; economías más integradas y sostenibles; así como seguridad e inmigración. La OCDE y la UpM informan de los avances realizados, pero subrayan la necesidad de un enfoque más específico y de un proceso de integración reforzado. Algunas voces critican la prioridad otorgada a los intereses europeos y la falta de medios políticos y financieros (falta de inversiones privadas) para concretar la transformación esperada, en particular para los grandes proyectos regionales transfronterizos. El desarrollo de una apropiación local de los proyectos, la participación de la sociedad civil y la garantía de los derechos son indispensables para concretar estos proyectos. Perspectivas y recomendaciones para 2026 Desarrollar grandes programas regionales (energías renovables, corredores logísticos, formación técnica); apoyar la inversión en reformas prácticas (facilitación del comercio, gobernanza portuaria, reconocimiento de cualificaciones); reforzar la participación de la sociedad civil y del sector privado local para legitimar los proyectos y garantizar su impacto social (empleo, derechos); implementar medidas de resiliencia cooperativas en previsión de riesgos climáticos, alimentarios y migratorios. El balance El Proceso de Barcelona ha permitido la creación de un espacio de diálogo entre las dos orillas del Mediterráneo y la elaboración de programas de cooperación. Los proyectos de dimensión social y cultural y la decisión de implicar a la sociedad civil son activos que permitirán afrontar los desafíos. Sin embargo, la zona de libre comercio no se ha realizado plenamente. La financiación sigue siendo un obstáculo, al igual que los conflictos regionales y el contexto general del Mediterráneo, marcado por las migraciones y la inestabilidad. En conclusión, el Proceso de Barcelona sigue existiendo bajo una forma más moderna, que combina pragmatismo, realismo y diálogo regional para la realización de proyectos concretos. La UpM, reencarnación del proceso, agrupa a un mayor número de Estados (43), lo que constituye en sí mismo un éxito. Los esfuerzos a continuar siguen siendo de orden político y financiero, con una atención particular a la selección de las iniciativas sectoriales y a la implementación de una integración regional tangible y real. Próximo y último artículo: el balance para el Líbano desde 1995 y el papel específico que el país podría desempeñar en la Unión: ser un iniciador-federador que asociaría a todas las comunidades libanesas en este proceso. Artículos anteriores 1/5 La Unión Mediterránea… el proyecto efímero de un arco mediterráneo 2/5 De la Unión Mediterránea a la Unión por el Mediterráneo 3/5 Tres nombres para una cooperación rica en promesas: el Proceso de Barcelona

La apuesta energética frente al colapso económico Con la firma del acuerdo de delimitación de fronteras marítimas con Chipre en 2025, la explotación de los recursos offshore se presenta como una palanca potencialmente decisiva para la reactivación de la economía libanesa, en profunda crisis. Aunque este acuerdo ha proporcionado un marco jurídico formal para las fronteras marítimas, no ha disipado todos los desafíos económicos y geopolíticos. Los plazos de explotación, las persistentes disputas regionales y los bloqueos políticos sitúan al Líbano ante una ecuación compleja: aprovechar las oportunidades energéticas sin comprometer sus intereses nacionales. El petróleo primero: del riesgo jurídico a la elección del acuerdo Según el general Khalil Gemayel, experto en delimitación de fronteras marítimas, el Líbano estaba convencido de que recurrir a las jurisdicciones marítimas internacionales para resolver la disputa con Chipre habría transformado los bloques petroleros libaneses adyacentes a ese país —los bloques 1, 3, 5 y 8— en zonas disputadas hasta la emisión de una decisión definitiva. Una situación así habría, de facto, provocado un retraso considerable en las operaciones de exploración, ya que las grandes compañías petroleras internacionales evitan sistemáticamente las zonas litigiosas. Bajo esta lógica, la firma del acuerdo fue percibida como un medio para sacar a estas zonas de la incertidumbre jurídica y hacerlas inmediatamente explotables, sin obstáculos legales. Clarificación jurídica, explotación aplazada Sin embargo, Gemayel matiza fuertemente esta interpretación. Recuerda que la reciente adjudicación del bloque libanés n.º 8 concedió al consorcio liderado por TotalEnergies un plazo de tres años para decidir, a la luz de los resultados de los estudios sísmicos, si procederá o no a la perforación de un pozo. Según él, este período «abierto» podría, en la práctica, resultar mucho más largo que el tiempo que habría requerido una decisión dictada por una jurisdicción internacional competente, decisión que habría garantizado los derechos del Líbano y fijado sus fronteras marítimas con Chipre de manera definitiva, clara y sin ambigüedades, sin dejar lugar a interpretaciones. Logros jurídicos limitados en un entorno diplomático complejo Gemayel no espera que el acuerdo contribuya de manera significativa al fortalecimiento de la estabilidad jurídica o diplomática del Líbano. Estima que el acuerdo se concluyó sin la implicación de un actor clave en la delimitación de las fronteras, a saber, Siria. También subraya que Turquía rechaza cualquier menoscabo a los derechos de los chipriotas turcos en la República Turca del Norte de Chipre. Turquía y Siria: actores ausentes pero determinantes Advierte que Turquía impide concretamente, mediante la presencia de sus buques militares, que cualquier compañía petrolera realice actividades de prospección en las zonas que considera que pertenecen a los derechos de los chipriotas turcos. Esta realidad, combinada con la disputa marítima no resuelta con Siria, podría constituir un riesgo tanto práctico como político para la implementación efectiva del acuerdo. El punto tripartito en suspenso: una bomba fronteriza de relojería Gemayel subraya que el acuerdo dejó en suspenso la cuestión del punto tripartito n.º 7 (Siria – Chipre – Líbano), a la espera de la finalización de la delimitación con Siria. Sin embargo, según él, el problema es mucho más profundo. Damasco considera que la zona marítima en disputa con el Líbano se extiende desde el punto libanés n.º 5 al sur hasta el punto n.º 7 al norte, cubriendo una superficie controvertida estimada en unos mil kilómetros cuadrados. Gemayel advierte que esta situación podría transformarse, a la larga, en un verdadero problema estratégico para el Líbano. La hoja de ruta necesaria: acelerar la delimitación y compensar las pérdidas A la luz de estos elementos, Gemayel estima que el Líbano debe, con prioridad, acelerar la resolución de la disputa marítima con Siria para fijar definitivamente sus fronteras septentrionales. También insta a agilizar la adjudicación y explotación de los bloques petroleros libaneses adyacentes a Chipre, con el fin de compensar una parte de las pérdidas inducidas por un acuerdo que considera, en su esencia, desequilibrado. Lectura estratégica del acuerdo: tres enseñanzas clave Si bien las declaraciones de Gemayel ponen de manifiesto claramente los riesgos jurídicos y geopolíticos, una lectura estratégica destaca tres observaciones principales: Inversiones rápidas, incertidumbre temporal 1. La prioridad económica a corto plazo: el Líbano ha optado por eliminar los obstáculos jurídicos para tranquilizar a los inversores y atraer rápidamente a las compañías petroleras. Sin embargo, este enfoque no ha permitido una explotación inmediata de los recursos, especialmente debido al largo plazo concedido para el bloque 8. Los conflictos regionales resurgen en el mar 2. La persistencia de las amenazas regionales: las disputas con Siria y la negativa de Turquía a reconocer los derechos de los chipriotas turcos exponen al Líbano a riesgos recurrentes susceptibles de obstaculizar la exploración y la producción. El acuerdo proporciona un marco jurídico, pero no ofrece una protección real contra las tensiones políticas o militares. Fronteras definidas, soberanía frágil 3. Un equilibrio interno frágil: el acuerdo refleja una decisión política rápida, pero deja al Líbano con fronteras jurídicamente definidas, aunque vulnerables a futuras impugnaciones. Esta situación reduce el margen de maniobra del país en futuras negociaciones y afecta a las repercusiones económicas esperadas. Conclusión: un acuerdo jurídico sin garantías estratégicas En definitiva, el acuerdo con Chipre ofrece al Líbano una estabilidad formal y un marco jurídico de referencia, pero lo expone a desafíos estratégicos importantes. El éxito de este acuerdo como herramienta de soberanía económica y seguridad energética dependerá de la capacidad del Líbano para resolver rápidamente la disputa con Siria, acelerar las operaciones de exploración y gestionar con prudencia sus relaciones regionales, con el fin de transformar un simple texto jurídico en una verdadera oportunidad para la economía nacional y el sector energético. Artículo anterior: ZEE Líbano-Chipre: entre logros jurídicos y pérdidas marítimas

En una primera parte de este análisis, comenzamos a oponer las dos visiones de Europa tal como las veían sus fundadores, al salir de la Segunda Guerra Mundial, en particular Robert Schuman, y tal como existe hoy, privada de su impulso fundador y ocultando sus raíces cristianas y grecorromanas. He aquí la segunda parte, que se basa en un análisis de la filósofa Chantal Delsol, quien acaba de publicar una obra sobre el «Viejo continente». En La insurrección de las particularidades, Chantal Delsol constata severamente un alejamiento progresivo de este espíritu fundador. Según ella, la Europa contemporánea ha sustituido el legado por una ideología de la neutralidad, la cultura por una administración, y la antropología cristiana por un individualismo abstracto. Al pretender fundarse exclusivamente en normas universales desvinculadas de toda tradición, ha deslegitimado progresivamente las pertenencias concretas –naciones, culturas, religiones, modos de vida– que, sin embargo, estructuraban el espacio europeo. De esta evolución nace lo que Delsol llama una «insurrección de las particularidades». Los pueblos y las identidades se rebelan contra una Europa percibida como lejana, normativa e indiferente a las particularidades. Donde Schuman veía en las naciones mediaciones necesarias para la paz, la Europa contemporánea tiende a considerarlas como supervivencias a superar. Este rechazo produce una paradoja: al querer abolir las diferencias en nombre de lo universal, provoca su regreso en forma de tensiones, repliegues identitarios y fracturas. Esta crisis cultural se suma hoy a una importante crisis geopolítica, revelada brutalmente por la guerra en Ucrania. El regreso de un conflicto de alta intensidad al suelo europeo actúa como un revelador: la Europa que se había construido en el rechazo de la guerra descubre que también ha desaprendido a pensar la potencia, la defensa y la conflictividad. La ilusión de un continente definitivamente pacificado, regido únicamente por el derecho y el comercio, se derrumba frente a la realidad de la historia. El conflicto ucraniano pone de manifiesto los límites de las capacidades militares europeas, largamente descuidadas en nombre de un pacifismo que se ha vuelto estructural. Dependiente de la OTAN y, en última instancia, de Estados Unidos para su seguridad, Europa lucha por concebirse como un actor estratégico autónomo. Esta debilidad militar no es solo técnica: es el síntoma de un desarme más profundo, cultural y político. Un continente que ya no sabe lo que es, ni lo que quiere defender, lógicamente le cuesta aceptar la idea de la fuerza. Esta fragilidad también se manifiesta en otros asuntos geopolíticos, como los debates suscitados por las veleidades americanas respecto a Groenlandia. El «Viejo Continente», antaño centro de gravedad del mundo, a veces parece volver a ser un objeto de codicia más que un sujeto soberano de la historia. Una vez más, el debilitamiento estratégico refleja la erosión de la conciencia civilizacional. Para Chantal Delsol, Europa ha olvidado lo que la hacía singular: la capacidad de articular lo universal y lo particular. Al romper con el cristianismo como base cultural —no como religión de Estado, sino como visión del hombre y del mundo—, ha perdido su principio de unidad interna. La insurrección de las particularidades no es, por tanto, una deriva accidental, sino la consecuencia lógica de esta amnesia. La confrontación entre Schuman y Delsol revela así una alternativa decisiva. Donde la democracia cristiana de la posguerra hacía de la memoria —del «Nunca más»— un motor de construcción, la Europa contemporánea parece querer fundarse en el olvido. Pero un continente que ya no sabe de dónde viene, ni lo que quería evitar, se encuentra vulnerable, tanto a nivel interno como frente a las relaciones de poder externas. Quizás la guerra en Ucrania invita, trágicamente, a redescubrir la intuición fundacional de Schuman: una Europa consciente de sus límites, fiel a sus herencias, capaz de unir sin borrar, de defenderse sin renegar del alma que la hizo nacer y de la historia que la moldeó. Artículo anterior: El "Viejo continente" entre memoria fundacional y desarme civilizatorio

Tercer artículo de nuestra serie de artículos sobre la asociación euromediterránea: el Proceso de Barcelona, sus evoluciones, su financiación y su posterior sustitución a partir de 2008 por la Unión Mediterránea, que se convirtió en la Unión por el Mediterráneo. El Mediterráneo, rico en culturas, espacio de interconexión, encrucijada de civilizaciones, es un conjunto de países que comparten un patrimonio en el que sus diferentes culturas se han enriquecido mutuamente. Las relaciones se han extendido a intercambios económicos y científicos. Esta identidad única ha favorecido la creación de redes que perduran sobre un sentimiento de unidad regional. La Unión Europea propuso un marco de cooperación multilateral con todos los países de la cuenca mediterránea, iniciando una nueva fase en sus relaciones, abordando por primera vez los aspectos económicos, sociales, humanos, culturales y las cuestiones de seguridad común. Esta asociación se concretó con la adopción de una declaración en la Conferencia de Barcelona (27 y 28 de noviembre de 1995) por los Estados miembros de la UE y los doce terceros países mediterráneos (TPM): Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria (suspendida desde mayo de 2011), Túnez, Turquía, la Autoridad Palestina y, en calidad de observador, Mauritania. La Liga de Estados Árabes y la Unión del Magreb Árabe (UMA) fueron invitados. La declaración final de la Conferencia Euromediterránea fue el inicio de lo que se denominó el «Proceso de Barcelona» o «Asociación Euromediterránea» (PEM), también conocida como «Euromed». Sus objetivos y modalidades se articulan en torno a tres pilares estructurantes: cooperación política y de seguridad con el fin de definir un espacio común de paz y estabilidad, cooperación económica y financiera para la construcción de una zona de prosperidad compartida, cooperación cultural y social para fomentar la comprensión entre las culturas y los intercambios entre las sociedades civiles. El objetivo final era, por tanto, crear una zona de prosperidad compartida en una Zona de Libre Comercio Euromediterránea (ZLEC), lo que se inició en el marco de la UpM en 2010. El instrumento financiero de esta política euromediterránea fue el programa MEDA (Medidas de Acompañamiento Financiero y Técnico) de la UE para la implementación de la asociación euromediterránea y sus actividades. A partir del 1 de enero de 2007, el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) tomará el relevo. Diez países socios de la UE se benefician, a través del programa MEDA, de fondos del Banco Europeo de Inversiones. Esta conferencia y la declaración adoptada sentaron las bases de un proceso destinado a lograr un marco multilateral de diálogo y cooperación entre la UE y los terceros países mediterráneos, permitiendo además definir un programa de trabajo: En el marco de la asociación política y de seguridad, los miembros se comprometen a apoyar una solución justa, global y duradera de los conflictos en Oriente Medio, basándose en particular en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el marco de la asociación económica y financiera, la creación de la ZLEC euromediterránea se enmarca en los acuerdos de asociación euromediterráneos y los acuerdos de libre comercio entre los TPM. Estos acuerdos se celebran respetando las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los socios definen prioridades para facilitar la creación de la ZLEC y también deben establecer prioridades de cooperación en materia de infraestructuras de transporte, desarrollo de las tecnologías de la información y modernización de las telecomunicaciones. En cuanto a la asociación social, cultural y humana, los miembros cooperan con el fin de desarrollar los recursos humanos y fomentar la comprensión entre las culturas y los intercambios entre las sociedades civiles. En 2005, con el objetivo de reforzar y estrechar los lazos de la asociación, reafirmando y desarrollando sus objetivos que así cobran mayor profundidad, se afirmó el objetivo de establecer una zona de libre comercio entre todos los países de Euromed. Esta asociación, fundada en las relaciones de paz entre todos los Estados miembros que tienen intereses comunes y un largo pasado de intercambios mutuos, se extiende a la inmigración y la lucha contra el terrorismo, que se convierten en ámbitos prioritarios. El Proceso de Barcelona, lanzado en 1995, es una iniciativa única y ambiciosa que sentó las bases de una nueva asociación regional en el marco de la cooperación euromediterránea. La asociación se implementó en 2008 con la creación de la Unión por el Mediterráneo. Noviembre de 2025 fue el 30 aniversario del proceso de Barcelona, iniciativa histórica de cooperación euromediterránea lanzada en 1995 con la esperanza de una paz compartida en Oriente Medio. Esta iniciativa reunió a países de ambas orillas del Mediterráneo para reforzar sus lazos y abordar desafíos comunes en los ámbitos político, económico, cultural, social y ambiental. El proceso de Barcelona allanó el camino para la creación de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en 2008, consolidando un espíritu de cooperación regional que perdura hasta hoy. El conflicto en Oriente Medio ha demostrado que la estabilidad de la región es crucial para la seguridad mundial, y cualquier crisis en su seno o alrededor de ella se repercute inevitablemente en todo el mundo. Además, la región se enfrenta a crecientes disparidades económicas, a una emergencia climática cada vez mayor, a una fragilidad social y presenta una vulnerabilidad acuciante. En un contexto tan crítico, es importante preguntarse si se han realizado suficientes esfuerzos en los últimos treinta años para reforzar los marcos de cooperación regional y multilateral con el fin de abordar los desafíos comunes. Próximo artículo: la Unión por el Mediterráneo, balance general desde 1995 y, sin ocultar los frenos, ofrecerá perspectivas para 2026 Artículos anteriores: 1/5 Unión Mediterránea: ¿qué fue del proceso de Barcelona? 2/5 La idea mediterránea a prueba de los equilibrios europeos

La noción de “Viejo Continente” remite a una Europa moldeada por una historia extensa, una pluralidad de pueblos y una profundidad espiritual singular. Sin embargo, esta Europa no es una realidad estática: ha sido concebida, reconstruida y reinterpretada a lo largo del tiempo. Dos visiones permiten medir su evolución y las tensiones contemporáneas: la elaborada en la inmediata posguerra por Robert Schuman y los demócratas cristianos, y la que describe hoy Chantal Delsol en La insurrección de las particularidades . Entre ambos momentos, Europa pasó de un proyecto civilizatorio fundado en la reconciliación a una crisis de identidad marcada por la fragmentación y la impotencia estratégica. En la posguerra inmediata, el pensamiento de Robert Schuman se ancló en una experiencia histórica traumática. Europa emergía ensangrentada y exhausta tras dos guerras mundiales originadas en su propio territorio. El grito implícito que entonces atravesaba las conciencias era simple, radical, casi existencial: “Nunca más”. Nunca más guerras fratricidas, nunca más nacionalismos asesinos, nunca más la negación de la dignidad humana. Ese rechazo absoluto al retorno de la barbarie constituyó el fundamento moral del proyecto europeo tal como lo concibieron Schuman, Adenauer y De Gasperi, todos formados en la tradición demócrata cristiana. Para Schuman, Europa no era ante todo un espacio económico o tecnocrático, sino una comunidad de destino compartido fundada en una determinada idea de humanidad. Esa antropología provenía del cristianismo, no como dogma impuesto, sino como matriz cultural que dio forma a la concepción europea de la persona, el derecho y el poder. En ese sentido, declaró célebremente: “La democracia será cristiana o no será” (1). Lejos de confundir fe y política, la frase expresa la convicción de que la democracia no puede subsistir sin un fundamento moral que reconozca la dignidad de la persona humana, la responsabilidad, la solidaridad y los límites del poder. La Declaración del 9 de mayo de 1950 encarna de manera concreta esta visión. Europa no se construirá por decreto, sino mediante realizaciones concretas que creen solidaridades de hecho. No se trata de abolir las naciones, sino de inscribirlas en un marco superior capaz de neutralizar sus impulsos destructivos. El “Viejo Continente” es concebido así como una civilización consciente de sus raíces grecorromanas, cristianas y humanistas, y decidida a transformar su memoria trágica en un principio de paz duradera. La democracia cristiana ofrece, por tanto, una síntesis original: unidad sin uniformidad, pluralidad sin confrontación, memoria sin resentimiento. Próximo artículo: La insurrección de las particularidades. Una Europa desarmada frente a la historia (1) René Lejeune, Robert Schuman, padre de Europa , Fayard, p. 169.

Después de haber definido el espacio geográfico de la Unión Mediterránea y expuesto las razones por las cuales los mares adyacentes, así como los países ribereños no vinculados al Mediterráneo, fueron excluidos, se presentarán los Consejos Báltico y Nórdico, así como sus objetivos, para identificar sus similitudes con esta Unión y las diferencias de objetivos que los caracterizan. Los límites geográficos de la Unión Mediterránea estaban precisamente determinados: el mar Mediterráneo, delimitado por los estrechos de Gibraltar y de los Dardanelos, así como por el canal de Suez. Los países afectados, es decir, aquellos que pueden designarse como el arco mediterráneo de Europa (incluyendo, por su idioma, historia y cultura, Portugal), así como los países ribereños del Sur y del Este, en número de dieciséis: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Palestina, Siria, Turquía; para el Adriático: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Albania y Montenegro; finalmente, Mauritania, por una razón similar –aunque no idéntica– a la que justifica la presencia de Portugal. El iniciador quería que el Mediterráneo no apareciera como una simple sucesión continua de países que rodean un conjunto vacío, sino como un espacio de vida, producción e intercambios humanos, comerciales y culturales, compuesto por el mar Mediterráneo y los países ribereños que lo rodean. Se trataba de un conjunto indisoluble: unión de países, de tierras, por lo tanto, pero también unión de estas tierras con el mar, espacio central que las conecta. Sin embargo, parece que los objetivos asignados son esencialmente terrestres. Ninguno concierne directamente al mar. La entonces canciller alemana, Angela Merkel, exigió que este proyecto abarcara los veintisiete países de la Unión Europea. Para evitar cualquier enfrentamiento, el presidente francés Nicolas Sarkozy tuvo que modificar el proyecto de unión, integrando en él a todos los países de la UE y adaptando su denominación para eliminar cualquier ambigüedad. Sin embargo, a veces es útil revivir las diferentes fases de la creación de un proceso para comprender las razones de sus éxitos o fracasos y, por lo tanto, las dificultades encontradas por la Unión por el Mediterráneo (UpM) para avanzar al ritmo deseado. Veremos que no constituye un fracaso, pero quizás –en parte– una víctima de las inercias asociadas a su macroestructura, como Europa sabe producir. Aquí se presentan dos organismos: el Consejo de los Estados del Mar Báltico, que se asemeja –de lejos, por sus ambiciones y objetivos– a la Unión Mediterránea (o a la UpM), y, para que conste, el Consejo Nórdico. Este último se tratará muy brevemente, ya que no se centra en y alrededor del Báltico en su vocación. El Consejo de los Estados del Mar Báltico Este Consejo** fue creado en 1992 por iniciativa de Alemania y Dinamarca para fomentar la cooperación en la región del mar Báltico, especialmente en materia de seguridad y medio ambiente. Desempeña un papel de plataforma regional de cooperación en asuntos civiles, medioambientales, marítimos y sociales. Se trata de un foro regional que agrupa a diez Estados –Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia y Suecia– que se han adherido a la Unión Europea, con la excepción de Islandia y Noruega. Países como Francia, además, tienen un estatus de observador a título nacional. Su secretaría está establecida en Estocolmo. La invasión rusa de Ucrania ha modificado algunos componentes de este Consejo con la suspensión de Moscú. Sus objetivos son: * promover la identidad y la cooperación regional en torno al mar Báltico; * fomentar un desarrollo sostenible y próspero de la región; * asegurar una región segura (seguridad civil, protección de las personas, cooperación transfronteriza); * garantizar la protección del medio ambiente y la resiliencia democrática; * fomentar los contactos humanos y un crecimiento económico equilibrado. Los ámbitos de acción incluyen la protección marítima, la economía marítima sostenible, la lucha contra la trata de seres humanos y el crimen organizado, así como la educación, la juventud y la cultura, con un papel reforzado en la cooperación regional europea del Nordeste. El Consejo Nórdico Creado en 1952, el Consejo Nórdico, y su homólogo ministerial establecido en 1971, tienen como objetivo reforzar la cooperación entre los países nórdicos en numerosos ámbitos (movilidad, medio ambiente, cultura, sociedad). Su visión está claramente orientada hacia una cooperación e integración políticas, económicas, sociales y culturales. Constituye un modelo de unión regional democrática. Este Consejo agrupa a Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, así como a sus territorios autónomos (Groenlandia, Islas Feroe, Åland). Su sede está en Copenhague. Sus objetivos esenciales son fomentar un espacio nórdico integrado –libre circulación, igualdad, sostenibilidad e innovación– y promover los valores democráticos y la solidaridad regional. El Consejo Nórdico no incluye ni a Alemania ni a los otros países de la Unión Europea. Sin embargo, se menciona para mostrar que existen y operan activamente instancias geográficamente constituidas, que agrupan a algunos países de la UE en torno a proyectos comunes con países no miembros de la Unión en un área geográfica definida. Funcionan, sin duda, más fácilmente que la UpM, vasta y quizás demasiado pesada para soportar y hacer funcionar de manera dinámica. Solo el Consejo de los Estados del Mar Báltico puede compararse con la Unión Mediterránea, ya que ambos están estructurados en torno a un conjunto marítimo a partir de países ribereños. Sin embargo, los objetivos de este Consejo no tienen la amplitud de los de la Unión Mediterránea. No obstante, esta última, aunque rodea el mar Mediterráneo –con una vertiente adriática y una apertura atlántica– carece de objetivos verdaderamente marítimos. La Unión Mediterránea fue efímera. Dio paso a la Unión por el Mediterráneo, que existe hoy. Esto es esencial para los pueblos mediterráneos. Líbano tiene todo su lugar en ella. Próximo artículo: La transmutación del Proceso de Barcelona en Unión por el Mediterráneo (3/5) Artículo anterior: Unión mediterránea: ¿qué ha sido del proceso de Barcelona? (1/5)

El régimen de Teherán no ha caído; e incluso si estuviera fragilizado, no vacila. Si las manifestaciones y los disturbios desatados en las ciudades de Irán honran a universitarios, mujeres, bazaríes y otras capas de la sociedad, cabe preguntarse si han superado en magnitud a las que derrocaron al Shah en 1979. Pero estas convulsiones y protestas pueden alcanzar de repente una gravedad insospechada, y no sería ilusorio apostar por su éxito, como no duda en declarar el canciller alemán. ¡E incluso en caso de ataque israelí o estadounidense! Sin embargo, no seremos testigos de la desbandada de la élite político-clerical iraní en breve, ni de la de sus mamelucos que son los pasdarans y los bassidjis *. No son personas que huyan ante manifestantes desarmados. Y además, el ayatolá Jamenei, incluso disminuido por la enfermedad, no es el Primer Ministro Mohammad Mossadegh, a quien un golpe de estado fomentado en 1953 por la CIA estadounidense y el MI6 británico había derrocado fácilmente para reinstaurar a Mohammad Reza Pahlavi. Así que, a menos que el régimen se vuelva contra sí mismo, el futuro del país se decidirá en las barricadas. Los pesos pesados del régimen no van a renunciar a su ascendencia y los Guardianes de la Revolución solo tienen un deseo: el de enfrentarse al enemigo interior. Toda esta gente tiene demasiado que perder con una alternancia en el poder. Y habiendo incurrido en la corrupción y la represión, ¿dónde encontrarían refugio los barones y pilares del Estado? ¿En China o en la Federación Rusa, si Venezuela les está supuestamente prohibido? Sin embargo, bajo la amenaza exterior, la clase dirigente puede ceder. Puede llegar a reducir la autoridad del Guía Supremo, o incluso ceder en el tema nuclear, pero no por ello abandonará el poder. Seamos claros, un ciberataque malicioso o incluso un bombardeo estadounidense, sin despliegue de tropas terrestres, no son capaces de derribar el régimen odiado. Así que, una vez más, será el pueblo que ha salido a las calles quien se llevará la victoria por la fuerza. Una guerra civil asimétrica al principio, como fue el caso en Siria, es por lo tanto probable. Y en ese caso, no habría que descartar una intervención rusa y/o china, aunque solo sea para contrarrestar la injerencia israelí y estadounidense. ¿Y Líbano entonces? Dicho esto, no hemos salido del apuro: si se debe derramar sangre en las provincias de la República Islámica, es de esperar una deflagración en Líbano. Porque si alguna vez se ve amenazado en su propia sede, el régimen de los mulás no dudará en prender fuego a todo el Próximo Oriente. Sí, una decisión suicida no debe descartarse por parte de quienes han caído en picada en menos de dos años y que viven en un asombroso estado de negación. ¡De ahí el llamado a velar y a permanecer vigilante! *Si su potencial actual alcanza los 200.000 soldados, no hay que perder de vista « que al menos 2 millones de pasdaran, y otros tantos bassidji, han conocido la terrible experiencia del frente. Esta fraternidad de armas explica la influencia posterior de sus redes de solidaridad de veteranos desmovilizados en el conjunto del cuerpo social ». Jean-Paul Burdy, « Irán: Una militarización del régimen por los Guardianes de la Revolución », Revista Oriente Medio, 10 de enero de 2024

En esta serie de artículos, Levant Time rastrea la génesis, la creación y el funcionamiento actual de la Unión por el Mediterráneo (UpM), de la cual Líbano es miembro. Un enfoque prospectivo sobre lo que el país del Cedro podría emprender, y el papel que puede tener en el marco de esta Unión, cerrará la serie. La Unión por el Mediterráneo (UpM) es la heredera directa del Proceso de Barcelona, y posteriormente del proyecto lanzado en 2008 por el presidente francés Nicolas Sarkozy bajo el título de «Unión Mediterránea». Esta iniciativa, aprobada por un gran número de actores pero rechazada, e incluso criticada, por otros —especialmente los países del norte de Europa, bajo el liderazgo de la canciller alemana Angela Merkel, desconfiados de sus contornos e implicaciones—, sin embargo, presentó dos méritos esenciales. El primero fue permitir la culminación de un proyecto, ciertamente bajo otro nombre y de otra forma, pero concretando la creación de una «Unión por el Mediterráneo». El segundo fue reavivar, sustituyéndolo, un Proceso de Barcelona que entonces estaba perdiendo impulso, pero invirtiendo su lógica de construcción. El postulado inicial se basaba en la idea de que el codesarrollo —tanto Norte-Sur como Sur-Sur— permitiría crear una zona de libre comercio de bienes y conocimientos. Los intercambios Sur-Sur, en particular, debían contribuir a hacer de este conjunto un espacio de paz, desarrollo cultural y progreso social. Se presuponía que lo político vendría después. Fue precisamente ahí donde residió la novedad y el intento de relanzamiento, bajo otra forma, del Proceso de Barcelona. Si bien este puede jactarse de algunos éxitos en el ámbito económico, sus aspectos político y social fracasaron por una razón principal: la dificultad de lograr el diálogo entre todos los países implicados, debido en particular a la imposibilidad de resolver el conflicto israelí-palestino, a lo que se sumaban desconfianzas subyacentes, especialmente en torno a temas sensibles como la inmigración. El presidente Sarkozy estimaba, no sin razón, que el desarrollo coordinado de las economías a través de proyectos comunes permitiría reabrir el diálogo a todos los demás niveles: político, social y cultural. Este enfoque descartaba de entrada lo que algunos deseaban, sin duda para marginar esta nueva idea, una multiplicación de microproyectos. El impulso dado a proyectos estructurantes debía ofrecer una nueva oportunidad a toda la zona y, más allá, revestir un valor ejemplar. La Unión Mediterránea fue concebida como la asociación de países miembros de la Unión Europea, esencialmente los estados ribereños, y los países que bordean el Mediterráneo, con el fin de diseñar e implementar proyectos comunes que promuevan el desarrollo económico de la región y la transformación de este espacio en una zona de paz. En 2008, la Unión Europea acababa de expandirse hacia el Este con la adhesión de sus miembros 26º y 27º, Bulgaria y Rumanía. Su integración estaba en curso y debía completarse a medio plazo. Esta ampliación, deseable en algunos aspectos, aparecía sin embargo como potencialmente excesiva, con el riesgo de llevar a Europa a reconfigurarse en círculos concéntricos, para permitir que un núcleo duro avanzara y arrastrara a los demás conjuntos a un ritmo sostenible. Desde esta perspectiva, no se debía considerar a estos dos países como pertenecientes al espacio del Mar Negro, sino como las fronteras orientales de la Unión Europea. Las problemáticas propias del Mar Negro ya eran muy reales y su resolución no dependía, a corto plazo, de la Unión Europea, sino esencialmente de Rusia. Dependían sobre todo de la capacidad de cada Estado ribereño para resolver sus dificultades internas, heredadas de la implosión de la ex-URSS, así como las relacionadas con la presencia, a veces determinante, de minorías. Estos desafíos dependían ante todo de la capacidad de estos países para establecer prácticas democráticas y dialogar entre sí, sin ignorar por ello sus limitaciones geopolíticas y su entorno regional inmediato. Dado que el análisis de la Unión por el Mediterráneo se abordará posteriormente, conviene no integrar el conjunto de problemas latentes o comprobados en la perspectiva de la creación de una Unión, ya sea primero «mediterránea» y luego «por el Mediterráneo». Los países ribereños del Mediterráneo ya tenían mucho que hacer con sus propias dificultades, sin añadir problemáticas más lejanas, pero cuya importancia se revelará en el futuro. Estos elementos, entre otros, eran suficientes para excluir los mares Negro y de Mármara del perímetro previsto. El Mediterráneo elegido será, por tanto, el de los manuales de geografía. Próximo artículo: Nacimiento de la Unión Mediterránea, proyecto efímero convertido en Unión por el Mediterráneo.

Irónicamente, el golpe estadounidense en Venezuela en la noche del 3 al 4 de enero marcó el inicio de un nuevo episodio de “desestabilización global”, contra el cual el papa León XIV había advertido apenas unos días antes, en su Mensaje para la 59ª Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero de 2026. “En las relaciones entre ciudadanos y gobiernos”, afirmó el Pontífice, “estamos llegando a considerar un error no estar suficientemente preparados para la guerra, no reaccionar a los ataques, no responder a la violencia. Mucho más allá del principio de la legítima defensa, esta lógica antagonista es, desde el punto de vista político, el factor más actual de una desestabilización global que se vuelve cada día más dramática e imprevisible”. En términos de “desestabilización” e “imprevisibilidad”, Estados Unidos no pudo haberlo hecho mejor. Ciertamente, Venezuela había estado “marcada durante tantos años por el narcotráfico y la corrupción”, según el padre Georges Engel, sacerdote misionero citado por Olivier Bonnel en Vatican News . Por ello, nadie llorará realmente a Nicolás Maduro, elegido el 10 de enero de 2025 para un tercer mandato considerado ilegítimo por la mayoría de la comunidad internacional. Sin embargo, las acciones de Estados Unidos no se justifican. De hecho, al reaccionar al golpe, durante el Ángelus del 4 de enero, el Papa evitó cuidadosamente tomar partido en el conflicto y se limitó a señalar que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”. Esta postura mesurada es característica de la diplomacia vaticana, que siempre se sitúa por encima de las partes en conflicto para defender lo que considera esencial, incluso a riesgo de ser acusada de equiparar al agresor con la víctima. Lo esencial y lo subsidiario Lo “esencial” al que se refiere aparece más adelante en el mensaje del Papa. Se trata de “superar la violencia y emprender el camino de la justicia y la paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho consagrado en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todas y cada una de las personas, y trabajando juntos para construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y armonía, con especial atención a los más pobres que sufren la difícil situación económica”. Esta forma de diplomacia, en la que la soberanía de los Estados, las normas constitucionales y los derechos humanos siguen teniendo peso, es la de la “neutralidad activa”, un distanciamiento de los “ejes” geopolíticos similar al enfoque que el patriarca maronita desea para el Líbano. Este camino diplomático también es denominado en el lenguaje vaticano como “diplomacia para el bien común”. Sus medios son los del diálogo, medios “desarmados y desarmantes”, para retomar una imagen de León XIV, lo que la distingue, por ejemplo, de la diplomacia de la ONU, cuyos resortes son de un orden completamente distinto. Neutralidad activa, no pasiva La “neutralidad activa” significa que la Santa Sede no toma partido, pero tampoco permanece pasiva o “neutral” cuando se violan derechos fundamentales. Así, en octubre de 2023, en una declaración pública, el cardenal Parolin expresó una profunda preocupación por la escalada del conflicto israelí palestino, describiendo las acciones en curso como potencialmente constitutivas de “genocidio”. Al no tener intereses económicos ni militares, la Santa Sede puede evaluar una situación a partir de principios éticos, al tiempo que promueve el diálogo y propone soluciones no violentas a los conflictos siempre que sea posible. A menudo, de manera paralela, el Vaticano actúa entre bastidores, de forma discreta y constante, en favor de la no violencia. De lo particular a lo general Esto no impide que la diplomacia vaticana, en sus reflexiones de fondo, pase de lo particular a lo general. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Vaticano lanza un llamado contra la proliferación de armas y la industria armamentista. Este llamado tiene en cuenta este año la introducción de algoritmos y la disuasión nuclear en los conflictos, para mostrar que este nuevo desarrollo, cuyos efectos devastadores son evidentes en Medio Oriente y Europa, socava los propios cimientos de toda civilización y conduce a la humanidad al borde del desastre. “Estamos incluso presenciando”, añade el documento, “un proceso de absolución de la responsabilidad de los dirigentes políticos y militares, debido a la creciente ‘delegación’ de decisiones sobre la vida y la muerte de los seres humanos a las máquinas. Se trata de una espiral destructiva sin precedentes del humanismo jurídico y filosófico sobre el que se asienta toda civilización y por el cual toda civilización es protegida”. Humanismo filosófico y jurídico ¿Qué es exactamente este “humanismo jurídico y filosófico” al que alude León XIV? Desde el punto de vista filosófico, afirma que los seres humanos poseen una dignidad inherente, independiente de su utilidad, riqueza o fuerza; también sostiene que la persona humana está dotada de razón y libertad y, por tanto, es responsable de sus actos; finalmente, afirma que la sociedad, la política y la ciencia deben estar al servicio de la humanidad, y no a la inversa. Estos conceptos, profundamente arraigados en la antropología cristiana, corresponden a la afirmación de fe de que todo ser humano es creado a imagen de Dios y que la dignidad humana es, por ello, inalienable, incluso en situaciones de debilidad como la enfermedad, la pobreza, la vejez o el delito. Desde el punto de vista jurídico, el humanismo significa que el derecho existe para proteger a la persona humana, y no solo para organizar el poder. Esto implica, en particular, el rechazo de leyes que tratan a los seres humanos como meros objetos, ya sean mercancías, herramientas o datos, especialmente en las relaciones de producción. Constituye también una crítica a los sistemas jurídicos puramente técnicos o utilitaristas, así como a la idea de que “todo lo legal es justo”. Como puede verse, la Iglesia fundamenta sus juicios en principios muy claros. Algunos consideran nuestra época como “apocalíptica” y ven en lo que ocurre un signo del “fin de los tiempos”. Pero no es necesario llegar tan lejos para juzgarla. Como afirmaba san Agustín, mentor intelectual del papa León XIV, las personas son libres, responsables y deben rendir cuentas por sus actos. Serán juzgadas por ellos. Esto no impide, sin embargo, reconocer que nuestra época es verdaderamente inquietante.