La justicia internacional entre el mito y la realidad

El ataque militar estadounidense en Venezuela, seguido del arresto del presidente Nicolás Maduro y su traslado fuera del país, provocó una fuerte conmoción en la política internacional. El arresto generó una amplia condena internacional; numerosos Estados y organizaciones lo consideraron una violación del derecho internacional y un atentado contra la soberanía nacional de Venezuela.

Expertos en derecho internacional, incluidos análisis publicados en The Guardian, señalan que la operación estadounidense en Venezuela viola la Carta de las Naciones Unidas, en particular la disposición que prohíbe el uso de la fuerza sin justificación de legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad.

Este acontecimiento reescribe algunas de las reglas del juego. No es el arresto en sí lo que altera dichas reglas, sino lo que representa: una transformación profunda en la comprensión de la soberanía, del poder y del tiempo político dentro del sistema internacional.

La diversidad de reacciones — desde condenas firmes hasta reservas prudentes e incluso apoyos condicionados — muestra que el mundo se encuentra en una encrucijada decisiva: ¿seguirá siendo el derecho internacional un marco protegido por instituciones y acuerdos, o retrocederá ante la lógica de los hechos consumados?

Este episodio no es solo un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, sino una prueba para las propias normas internacionales en un momento particularmente sensible de la historia política mundial. Revela una profunda brecha entre el discurso y la práctica en el mundo occidental. Durante mucho tiempo, la justicia internacional ha sido presentada como uno de los pilares del orden mundial moderno y como el fundamento moral de la legitimidad de las instituciones transnacionales, en primer lugar la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, la trayectoria de esta justicia revela una fisura que ya no puede reducirse únicamente a la doble moral occidental, sino que se ha vuelto más compleja con la entrada del mundo en una fase de multipolaridad y el ascenso de potencias que disputan a Occidente no solo la influencia, sino también la definición misma de los valores.

En una primera etapa, la crítica a la justicia internacional se centró en la duplicidad del discurso occidental. Resultaba evidente que la aplicación del derecho internacional nunca estuvo separada de los intereses políticos. Se llevaron a cabo intervenciones militares bajo el argumento de los derechos humanos, mientras se toleraban graves violaciones cuando eran cometidas por aliados estratégicos. Esta selectividad debilitó la credibilidad de la justicia internacional y la convirtió, a ojos de muchos, en un instrumento al servicio de los poderosos más que en un sistema jurídico universal. El problema no residía en los valores proclamados en sí, sino en su instrumentalización selectiva: se invocan cuando sirven a los equilibrios de poder y se ignoran cuando los obstaculizan.

No obstante, el giro más significativo hoy no radica solo en la persistencia de este legado, sino en la exposición de los límites del propio sistema liberal a medida que pierde su capacidad de imponer sus reglas. El mundo ya no es unipolar, y Estados Unidos ya no puede, solo o junto a sus aliados, regular el ritmo de la justicia internacional. La irrupción de China y Rusia como actores decisivos ha reconfigurado el panorama: la pregunta ya no es por qué la justicia se aplica de manera selectiva, sino quién posee realmente la capacidad de aplicarla.

En este contexto, la justicia internacional parece atrapada entre dos fuerzas opuestas: un Occidente que sostiene un discurso de valores — aplicados de forma selectiva — pero que es incapaz de imponerlos sin consenso internacional, y potencias emergentes que rechazan lo que denominan “justicia politizada”, pero que no ofrecen una alternativa jurídica creíble y se limitan a bloquear el proceso existente. Surge así una paradoja llamativa: la crítica a la justicia selectiva no conduce a una justicia más inclusiva, sino a una parálisis total.

Esta parálisis ha permitido la aparición de un discurso de la “resistencia” como respuesta moral alternativa. Sin embargo, puesto a prueba en la práctica, este discurso revela a su vez una duplicidad evidente. La defensa de la soberanía se utiliza para justificar la represión interna, y el rechazo de la injerencia externa no va acompañado de la construcción de instituciones judiciales independientes ni de un respeto efectivo de los derechos humanos. De este modo, se derrumba el mito de la justicia occidental y, al mismo tiempo, el mito de una justicia alternativa reivindicada por sus adversarios.

Lo que impide hoy la realización de la justicia internacional no es un solo factor, sino tres obstáculos fundamentales: la ausencia de una autoridad ejecutiva internacional independiente de las relaciones de poder; la erosión del consenso global de valores en un contexto de confrontación entre modelos civilizatorios y políticos opuestos; y el uso de la justicia, por todas las partes, como herramienta retórica más que como compromiso institucional.

En este escenario, la Corte Penal Internacional aparece más como un espejo de la crisis que como su causa. Es una corte sin policía, sin ejército y sin un consenso político que respalde la ejecución de sus decisiones. Su capacidad de acción depende de la cooperación de los Estados, una cooperación hoy rehén de la polarización global. El problema no es solo que la justicia internacional sea “injusta”, sino que ya no es capaz de ser justicia en absoluto.

Todo ello evidencia una brecha creciente entre el discurso moral occidental y los mecanismos reales de su aplicación. El estancamiento en la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre la “situación en Venezuela”, frente a la relativa rapidez en la persecución de otros dirigentes, debilita la narrativa de una “justicia universal y neutral” y alimenta el discurso de las fuerzas antioccidentales que consideran la justicia internacional como una herramienta selectiva y no como un sistema jurídico integral. Así, no solo se derrumba el “mito de la justicia occidental”, sino que se cruza con el derrumbe del “mito de la resistencia” opuesta, que también pretende monopolizar la superioridad moral mientras actúa según la lógica del poder y la necesidad, y no del derecho. En ambos casos, asistimos a la erosión del marco simbólico de los valores, reemplazado progresivamente por la ley de la fuerza, en una escena que recuerda más al retorno de los imperios que a un orden internacional basado en reglas compartidas.

Esta realidad no significa el fin de la necesidad de justicia, sino el fin de la ilusión de que puede separarse de la política sin una reconstrucción profunda del sistema internacional.

Desde la perspectiva de Durkheim, vivimos un momento de anomia — no en el sentido de caos, sino de pérdida de normas compartidas. Desde la perspectiva de Lévi-Strauss, es un momento de descomposición del mito, cuando este ya no logra resolver las contradicciones que estaba destinado a encubrir.

El derecho, como señalan los sociólogos, no existe en el vacío; es el producto de un equilibrio social y moral. Cuando ese equilibrio se derrumba, el derecho se convierte en un texto sin fuerza.

Entre la antigua duplicidad occidental y la duplicidad actual de los “resistentes”, la justicia internacional se pierde entre dos discursos opuestos que, sin embargo, coinciden en un punto esencial: la subordinación de los valores a la lógica del poder. Mientras no se replantee de manera radical la relación entre soberanía, derecho y justicia, esta última seguirá siendo una promesa aplazada, invocada en los discursos… y ausente en los hechos.

Sobre el caso Netanyahu

El relativo éxito de la Corte Penal Internacional al avanzar en su decisión contra Benjamin Netanyahu — a diferencia de lo ocurrido en casos similares anteriores — se explica más por la convergencia inédita de factores políticos y morales que por una independencia jurídica absoluta. La magnitud de las violaciones cometidas en Gaza, su extensión, su intensidad temporal y su visibilidad mediática dificultaron su contención dentro del discurso tradicional de la “legítima defensa”, que durante mucho tiempo brindó cobertura política a Israel y a sus aliados.

Asimismo, el profundo cambio en la opinión pública occidental, especialmente dentro de los propios Estados Unidos, desempeñó un papel decisivo. Las generaciones emergentes muestran una mayor sensibilidad hacia los estándares de derechos humanos y un menor apego a las narrativas geopolíticas tradicionales. Este cambio redujo el margen de maniobra política, incluso para los gobiernos más favorables a Israel.

Por último, la intervención jurídica metódica de Sudáfrica marcó un punto de inflexión al trasladar el debate del terreno político al jurídico y otorgar al caso una legitimidad moral procedente de un Estado con un legado histórico ligado al apartheid, lo que dificultó cuestionar sus motivaciones. Así, la decisión de la Corte no fue el resultado de un acto aislado de valentía institucional, sino el fruto de una fractura en el sistema tradicional de protección política y de una exposición inédita de la brecha entre poder y discurso, que hizo que la impunidad resultara más costosa que la rendición de cuentas.