Economía

Desde hace más de siete décadas, la Reserva Federal de Estados Unidos ocupa un lugar central en la arquitectura económica del país. Guardiana de la moneda de reserva mundial, es la institución a la que los mercados han confiado la estabilidad financiera y la credibilidad monetaria de Estados Unidos. En su calidad de prestamista de última instancia, y dotada de un doble mandato – combatir la inflación y, al mismo tiempo, sostener el crecimiento – la política monetaria estadounidense fue durante mucho tiempo confiada a responsables independientes, formalmente protegidos de la influencia directa de los poderes ejecutivo y legislativo. Esa independencia, sin embargo, nunca fue de rango constitucional. Es el resultado de un equilibrio institucional cuidadosamente construido, que los mercados fueron considerando progresivamente como un hecho adquirido. Un supuesto que hoy empieza a tambalearse. Por qué la independencia de un banco central importa más que el nivel de las tasas Los mercados suelen concentrarse en lo que hacen los bancos centrales – subir o bajar las tasas — más que en las razones por las cuales sus decisiones son creídas y aceptadas. Sin embargo, la política monetaria solo funciona si es creíble. Esa credibilidad permite a un banco central influir en las expectativas de largo plazo mediante decisiones de corto plazo. Se apoya en un principio fundamental: la capacidad de actuar en contra de las conveniencias políticas inmediatas. En Estados Unidos, este principio está protegido desde el Acuerdo Tesoro–Fed de 1951 y reforzado por disposiciones legales que establecen que los gobernadores de la Reserva Federal solo pueden ser removidos “por causa justificada”. En la práctica, la Fed ha funcionado como una fortaleza tecnocrática – no porque fuera intocable, sino porque atacarla implicaba un costo político y jurídico elevado. Los mercados, sin embargo, no solo valoran decisiones de política monetaria. También evalúan la solidez de la institución que las adopta. Y esa solidez está hoy en entredicho. El control político de la Fed, una prioridad presidencial Desde su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato, Donald Trump ha expresado sin ambigüedades su deseo de que la Reserva Federal adopte una postura más expansiva: tasas de interés más bajas para aliviar una economía fuertemente endeudada y una política monetaria más alineada con las prioridades del Poder Ejecutivo. Las tensiones con Jerome Powell eran previsibles y durante mucho tiempo fueron interpretadas por los mercados como simple ruido político. Enero de 2026 marcó un punto de inflexión. El Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra el presidente de la Fed, mientras que la Corte Suprema aceptó examinar un caso susceptible de redefinir – o incluso debilitar – las protecciones legales de las que gozan los gobernadores frente al poder presidencial. La investigación contra Jerome Powell – oficialmente vinculada a obras inmobiliarias, pero ampliamente percibida como políticamente motivada – constituye una escalada sin precedentes. Nunca antes un presidente de la Fed en ejercicio había enfrentado un riesgo penal relacionado con sus decisiones de política monetaria. El mensaje es claro: una política monetaria restrictiva puede ahora tener un costo personal. Ya no se trata de una presión dirigida a un solo individuo, sino de una señal enviada a todos los actuales y futuros dirigentes de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, en el caso Trump vs. Cook, la Corte Suprema está llamada a revisar la doctrina jurídica que sustenta la independencia de la Fed. Una decisión que permita la destitución discrecional de los gobernadores alteraría profundamente el funcionamiento de la institución – no por una opción ideológica, sino por un simple cambio en los incentivos. Un banquero central consciente de que un desacuerdo político puede poner fin a su carrera actuará de manera distinta. No por debilidad, sino por lógica institucional. El riesgo de la sucesión: la tentación de un presidente “dovish” Un tercer factor de fragilidad se impone ahora: la sucesión. El mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal expira a mediados de mayo de 2026, y la búsqueda – muy mediática – de su sucesor se ha convertido en una señal en sí misma para los mercados. En materia monetaria, las personas hacen la política. Entre los nombres que circulan figura Rick Rieder, director de inversiones en renta fija global de BlackRock, conocido por su pragmatismo, su profundo conocimiento de los mercados y su inclinación por una flexibilización monetaria más rápida. La designación de un presidente más acomodaticio no es, en sí misma, una mala noticia para la Fed. Rick Rieder ha supervisado cerca de 2,4 billones de dólares en estrategias de renta fija y probablemente sería el presidente de la Fed con mayor experiencia directa en los mercados financieros. Su dominio de los mecanismos obligacionarios y de la infraestructura financiera es ampliamente reconocido. Sus posiciones, además, parecen compatibles con la preferencia presidencial por tasas más bajas. Declaraciones pasadas sugieren que podría abogar por una política menos restrictiva y por un uso más específico del balance de la Fed — por ejemplo, orientando las reinversiones hacia títulos respaldados por hipotecas para apoyar el acceso a la vivienda. Sin embargo, estas mismas cualidades entrañan riesgos. Un presidente con una fuerte sensibilidad de “trading floor” podría reaccionar con mayor frecuencia a la volatilidad de los mercados, con el riesgo de volver la política monetaria excesivamente reactiva. Asimismo, un uso sectorial del balance podría difuminar la frontera entre política monetaria y política fiscal – precisamente la frontera que la independencia del banco central buscaba preservar. Por último, la confirmación en el Senado representaría un obstáculo significativo: los demócratas podrían plantear preocupaciones sobre posibles conflictos de interés con BlackRock o subrayar la falta de experiencia directa en el sector público. Mercados tranquilos… quizá demasiado Por ahora, los mercados financieros muestran una calma notable. La volatilidad en el mercado de bonos sigue siendo baja. Las bolsas continúan apostando por un ciclo de flexibilización ordenado. El dólar se comporta como si la arquitectura institucional de la Fed permaneciera intacta. Esta serenidad es engañosa. El riesgo de credibilidad sigue ampliamente subestimado – y podría materializarse de forma abrupta. El peligro no es solo el retorno de la inflación, aunque el alza de los precios de la energía y de las materias primas ya apunta en esa dirección. El riesgo más profundo reside en la fragilización del mecanismo que ancla las expectativas inflacionarias: la independencia percibida del banco central. Cuando ese ancla se rompe, el ajuste rara vez es gradual. Las tasas de corto plazo pueden bajar impulsadas por promesas de flexibilización, mientras que las tasas largas se disparan, a medida que los inversores exigen una prima mayor para mantener activos denominados en dólares en un contexto de politización de la política monetaria. La depreciación estructural del dólar – visible en el fuerte avance del oro y la plata – podría entonces acelerarse. La reciente caída del 5 % del índice del dólar en apenas dos semanas podría ser solo una señal temprana. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo se encuentran atrapados en una configuración técnica especialmente tensa en torno al nivel del 4,90 %. Una ruptura clara al alza abriría el camino hacia un rápido ajuste en dirección al 6 %-6,5 %, con repercusiones significativas en los mercados globales de bonos, acciones y divisas. Conclusión La Reserva Federal y su futuro presidente podrían reducir las tasas de referencia – y aun así provocar una brusca revalorización del dólar y del mercado de bonos – si los inversores concluyen que la institución ha perdido su escudo institucional. El principal riesgo al que se enfrentan hoy los mercados no es la inflación de corto plazo ni una decisión aislada de política monetaria. Es la erosión del mecanismo que, desde hace más de setenta y cinco años, ancla las expectativas inflacionarias: la credibilidad de un banco central independiente. Una credibilidad que, una vez puesta en duda, resulta extraordinariamente difícil de reconstruir.

El acuerdo de delimitación de la zona económica exclusiva (ZEE) entre Líbano y Chipre, firmado el 26 de noviembre de 2025 y ratificado por el decreto n°2108 del 16 de diciembre de 2025, marca un hito importante en la política marítima libanesa. Presentado oficialmente como un medio para garantizar la explotación de los recursos marítimos, este acuerdo, sin embargo, suscita profundas reservas en los planos jurídico y estratégico. El general Khalil Gemayel, experto en delimitación de fronteras marítimas, considera que este acuerdo, a pesar de algunas ventajas, sigue siendo en gran medida desfavorable para Líbano. Ciertamente pone fin a una antigua disputa, ¿pero a qué precio? Según él, uno de los principales logros reside en la resolución del litigio marítimo que enfrentaba a Líbano y Chipre desde hace casi dos décadas. Esta clarificación jurídica pone fin a una zona gris que obstaculizaba cualquier planificación energética. También destaca que el acuerdo ha permitido prolongar oficialmente la frontera marítima libanesa con Chipre desde el punto n°1 hasta el punto n°23, ahora un punto de unión marítima entre Líbano, Chipre e Israel. Sin embargo, esta prolongación se ha realizado según el método de la línea mediana (Median Line Method), un enfoque que, según el general Gemayel, favorece claramente a Chipre. Considera que la resolución de la disputa, a pesar de su aparente importancia, se ha realizado en detrimento de los intereses libaneses. Un acuerdo inequitativo El general Gemayel considera el acuerdo inequitativo para Líbano debido a la metodología adoptada. Explica que la delimitación se basa en una línea mediana trazada entre una isla, Chipre, y un estado costero continental, Líbano. Sin embargo, la jurisprudencia marítima internacional privilegia una metodología en tres etapas: el trazado de una línea mediana provisional, la consideración de las circunstancias pertinentes y, luego, la realización de una prueba final de proporcionalidad (Proportionality Test). Lamenta que este enfoque no se haya aplicado, debido a la ausencia de una prueba de proporcionalidad entre las longitudes de las costas opuestas. En este contexto, el general Gemayel precisa que la costa libanesa en cuestión se extiende a lo largo de unos 188 kilómetros, frente a los 103 kilómetros de la costa chipriota correspondiente. Esta proporción de 1,82 a favor de Líbano, frente a 1 para Chipre, debería haber llevado a una delimitación más equilibrada. Según su análisis, el incumplimiento de este principio ha provocado la pérdida de aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados de la zona económica exclusiva libanesa en beneficio de Chipre. Añade que el acuerdo de 2025 retoma esencialmente la misma metodología de trazado que la adoptada en el acuerdo firmado en 2007 entre ambos países. Este texto, que no había sido ratificado ni aplicado debido a sus desequilibrios, había permanecido congelado durante casi 18 años. Una contradicción institucional El general Gemayel subraya una contradicción institucional. Recuerda que en 2022 se había constituido una comisión ministerial libanesa conjunta para examinar la cuestión de las fronteras marítimas con Chipre. Esta comisión había recomendado la adopción de la metodología en tres etapas y la consideración de la proporcionalidad entre las costas, reconociendo explícitamente que la línea mediana era perjudicial para Líbano. Sin embargo, en 2025, una nueva comisión ministerial, compuesta por los mismos ministerios, anuló las recomendaciones anteriores y validó la delimitación basada en la línea mediana. Se trata precisamente del método que Líbano había rechazado durante mucho tiempo y que había llevado a la congelación del acuerdo de 2007. Del acuerdo jurídico a los desafíos de la soberanía Más allá del análisis técnico del general Gemayel, este acuerdo ilustra una problemática recurrente en las negociaciones internacionales: la búsqueda de una solución rápida y clara puede realizarse en detrimento de los principios técnicos y de los intereses estratégicos a largo plazo. El logro fundamental del acuerdo –la clarificación jurídica de las fronteras marítimas y el fin de la disputa histórica con Chipre– es innegable y ofrece una estabilidad jurídica susceptible de fomentar la inversión en las zonas marítimas. Sin embargo, la metodología adoptada representa un alejamiento de los estándares técnicos reconocidos internacionalmente, en particular la prueba de proporcionalidad final. El uso de la línea mediana sin un ajuste que tenga en cuenta la longitud de las costas refleja un compromiso político, probablemente motivado por la voluntad de concluir rápidamente un acuerdo tras 18 años de estancamiento. Esta elección deja a Líbano enfrentado a una pérdida tangible de superficies marítimas explotables. Esta elección estratégica, aunque garantiza fronteras claras, debilita las perspectivas económicas futuras, especialmente en lo que respecta a los recursos de gas y petróleo. Finalmente, la discrepancia entre las recomendaciones de la comisión de 2022 y la aprobación final de 2025 pone de manifiesto un problema persistente de gobernanza en Líbano: la continuidad del enfoque técnico e institucional a veces se sacrifica en favor de decisiones políticas coyunturales. El resultado es un acuerdo que aporta claridad fronteriza, pero que suscita interrogantes legítimos sobre la protección de los intereses nacionales y la capacidad del país para adoptar una estrategia marítima coherente y sostenible.

Durante gran parte de los últimos cuatro años, los mercados energéticos mundiales han dado la impresión de una calma engañosa. Los precios del petróleo han caído más de la mitad desde su máximo de 2022. Los precios del gas natural se han normalizado tras el shock provocado por la guerra en Ucrania. Las energías renovables dominan los titulares, reforzando la idea de que los combustibles fósiles están siendo progresivamente relegados al pasado. A primera vista, el mundo parece bien abastecido. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad se esconde una realidad mucho más inestable, marcada por el subinversión crónica, el agotamiento físico de los yacimientos, la concentración geopolítica de la oferta y un repunte silencioso de la demanda estructural. El sistema energético mundial no es resiliente. Hoy se encuentra en un equilibrio precario. La ilusión de la sobreoferta En torno a los 60 dólares por barril, los precios del petróleo transmiten una sensación de abundancia. La Agencia Internacional de la Energía prevé un crecimiento de la oferta mundial de 3,1 millones de barriles diarios en 2025, claramente superior al crecimiento del consumo. El consenso de los analistas refuerza esta lectura, alimentando la idea de que la escasez energética pertenece al pasado. Pero estos niveles de precios tienen un costo. Cuando el petróleo cotiza por debajo del costo marginal de nueva producción, la inversión se desacelera. No de forma inmediata ni abrupta, sino de manera persistente. Con el tiempo, esta dinámica erosiona la capacidad del sistema para absorber choques. En Estados Unidos, el petróleo de esquisto —principal motor del crecimiento de la oferta mundial en la última década— ya muestra señales de tensión. Fue, sin embargo, el factor clave que permitió a Estados Unidos pasar de ser el mayor importador de petróleo del mundo a alcanzar la autosuficiencia y convertirse en exportador neto. Hoy, el esquisto representa aproximadamente dos tercios de la producción estadounidense, impulsado por avances tecnológicos como la fracturación hidráulica y la perforación horizontal, con la cuenca del Pérmico como principal pilar. No obstante, cuando el WTI se sitúa por debajo del costo marginal de nuevas capacidades —estimado en torno a 70 dólares por barril por Enverus Intelligence Research, y con un umbral de rentabilidad global cercano a 62,5 dólaressegún Rystad Energy— la inversión se contrae de forma inevitable. La actividad de perforación ya ha comenzado a disminuir. Dado que los pozos de esquisto presentan tasas de declive muy pronunciadas, con pérdidas de hasta 50 % de su producción en el primer año, el mantenimiento de la producción exige una perforación constante. La debilidad actual se traducirá, de forma mecánica, en una menor producción futura. A escala global, los campos petroleros convencionales registran declives del 4 al 6 % anual. Mantener la producción actual requiere reemplazar varios millones de barriles diarios cada año. Cuando la inversión no alcanza, las escaseces no aparecen de inmediato: se acumulan silenciosamente. Así es como los mercados energéticos pasan de un aparente excedente a un déficit real. Y cuando ese giro se produce, el ajuste de precios rara vez es gradual. Gas natural: la falla logística Si los precios del petróleo reflejan complacencia, el mercado del gas natural revela tensiones estructurales más profundas. El sistema energético mundial se sostiene sobre una ecuación de cuatro elementos: El petróleo, columna vertebral del sistema, aporta cerca del 30 % de la energía mundial Las energías renovables ofrecen una producción intermitente La energía nuclear proporciona carga base, pero a un ritmo lento El gas natural aporta flexibilidad, rapidez y fiabilidad El gas natural se ha vuelto central en los sistemas eléctricos modernos. Compensa las limitaciones de las renovables y garantiza la estabilidad de las redes. Su demanda es especialmente sensible a las condiciones climáticas —no por especulación, sino porque la calefacción y la refrigeración son ineludibles. Inviernos fríos en Europa, América del Norte o el noreste asiático tensan de inmediato los equilibrios. Los veranos extremos generan el mismo efecto a través de la demanda eléctrica. El gas cubre ese vacío. La producción de gas tampoco está exenta de declive. Los bajos precios de los últimos dos años han reducido la perforación en cuencas de gas seco, han provocado una reasignación de capital hacia zonas más ricas en petróleo y han retrasado inversiones en infraestructura. A diferencia del petróleo, la principal restricción del gas no es la producción, sino la distribución: gasoductos, terminales de licuefacción, flotas de buques metaneros, instalaciones de almacenamiento altamente especializadas y puertos adecuados. El desarrollo del gas natural licuado (GNL) ha globalizado el mercado. Europa, tras reducir drásticamente su dependencia del gas ruso por gasoducto, depende ahora en gran medida del GNL. La demanda asiática continúa creciendo. Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador mundial, vinculando estrechamente su mercado interno a la dinámica global y a la infraestructura logística. En este contexto, las disrupciones ya no son regionales. Son sistémicas. La demanda energética vuelve a crecer, en silencio Mientras la atención pública sigue centrada en la reducción esperada de la demanda de combustibles fósiles por el avance de los vehículos eléctricos y el crecimiento espectacular de la energía solar, emerge un nuevo motor de consumo: la inteligencia artificial. La revolución de la IA no se limita a los chips y al software. Es, ante todo, una revolución energética. Para 2030, el consumo eléctrico de los centros de datos podría situarse entre 950 y 1.600 teravatios-hora, impulsado principalmente por las cargas de trabajo de IA. A modo de referencia, la producción total de electricidad de Estados Unidos en 2024 fue de aproximadamente 4.400 teravatios-hora. La IA podría, por sí sola, incrementar la demanda eléctrica estadounidense en más de un 20 % en cinco años. Esa energía deberá producirse. Las centrales nucleares requieren plazos de construcción muy largos. La energía solar, pese a su rápido crecimiento, representa todavía cerca del 5 % de la generación eléctrica mundial y se espera que alcance alrededor del 20 % en 2050. Las infraestructuras de gas son complejas y lentas de desarrollar. En el corto plazo, el petróleo sigue siendo la fuente de energía más disponible y flexible. De este modo surge una paradoja: a medida que la transición energética se acelera, la demanda se vuelve más rígida, no más flexible. La concentración de la oferta marginal: la verdadera línea de fractura Estados Unidos es a la vez el mayor consumidor y el mayor productor mundial de petróleo. Es, en gran medida, autosuficiente. China, en cambio, es el segundo mayor consumidor, con unos 16 millones de barriles diarios, y el mayor importador mundial. Depende de un conjunto diversificado de proveedores: países del Golfo, Rusia, Irán, Venezuela y, en menor medida, productores asiáticos como Indonesia, Brunéi o Myanmar. Hasta hace poco, China importaba alrededor de 400.000 barriles diarios desde Venezuela, cerca del 4 % de su consumo, un flujo que se interrumpió abruptamente el 3 de enero de 2026. En 2025, Irán fue su segundo mayor proveedor, con 1,61 millones de barriles diarios, casi el 20 % de las importaciones chinas. La principal vulnerabilidad del sistema energético mundial no reside en la demanda, sino en la concentración de la oferta marginal. Fuera de Estados Unidos, la capacidad excedentaria de producción está extremadamente concentrada. A finales de 2025, la capacidad de reserva de la OPEP+ se situaba en torno a 4 millones de barriles diarios, aproximadamente el 4 % del consumo mundial. En apariencia, la cifra parece tranquilizadora. En realidad, no lo es. Arabia Saudita controla alrededor de 2,4 millones de barriles diarios Emiratos Árabes Unidos cerca de 850.000 Irak aproximadamente 320.000 En conjunto, estos tres países concentran cerca del 70 % de la capacidad disponible. La mayoría de los demás productores ya operan a plena capacidad. Esta configuración transforma la capacidad excedentaria de amortiguador en un punto potencial de ruptura. La concentración logística: el riesgo geopolítico En ningún lugar esta fragilidad es más evidente que en Oriente Medio. Cerca del 20 % del consumo mundial de petróleo y una parte crítica de las exportaciones globales de GNL transitan por el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo estrecho entre Irán y Omán, sin alternativa creíble. Cualquier interrupción, incluso temporal, revelaría de inmediato lo limitado de los márgenes de seguridad. Con el régimen iraní sometido a las presiones internas y externas más intensas de las últimas décadas, el riesgo de una escalada asimétrica no puede descartarse. Entre los escenarios más graves figura un intento de interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho. Un acontecimiento de este tipo constituiría un auténtico cisne negro para los mercados energéticos mundiales, provocando una revalorización abrupta del petróleo y del gas natural, especialmente durante los picos de demanda invernal en el hemisferio norte. Un sistema valorado para la calma, no para el choque El relato dominante descansa sobre una hipótesis de estabilidad: oferta controlada, geopolítica contenida y una transición energética fluida. La historia invita a la cautela. Los mercados energéticos no colapsan de forma gradual. Fallan en el margen: cuando el subinversión restringe la oferta de largo plazo, cuando nuevas tecnologías generan aumentos inesperados de la demanda y cuando la concentración productiva y logística vuelve al sistema vulnerable. En esas condiciones, los choques tienen efectos desproporcionados. Hoy, ese margen es peligrosamente estrecho. El interés renovado de Donald Trump por el petróleo venezolano —y potencialmente mañana por el petróleo iraní— también puede interpretarse a través del prisma de la dependencia estratégica de China de las importaciones energéticas. El mundo aún no carece de energía. Pero carece peligrosamente de resiliencia.

La propuesta de crear una zona económica en el sur del Líbano, mencionada en agosto de 2025 por el enviado estadounidense Tom Barrack, causó una conmoción. La teoría detrás del proyecto de una “Zona Económica Trump” supone que una zona así atraería inversiones extranjeras, financiaría la reconstrucción, garantizando así una seguridad duradera. Sin embargo, varias voces se han alzado para advertir contra el peligro de una violación de la soberanía del Estado libanés a través de la creación de un “protectorado” israelo-estadounidense en la zona fronteriza. El proyecto de una “Zona Económica Trump” se inscribe en una iniciativa adoptada por el actual presidente estadounidense para resolver conflictos mediante el desarrollo económico y el comercio.  Este enfoque es uno de los fundamentos del pensamiento liberal en las relaciones internacionales. De hecho, la teoría del «comercio dulce» se basa en la idea de que los intercambios económicos entre Estados constituyen un factor de estabilidad política y de paz. Al tejer vínculos comerciales duraderos, los países se vuelven interdependientes, lo que reduce el incentivo a recurrir a la guerra. Esta teoría fue popularizada en el siglo XVIII por Montesquieu, «El comercio suaviza y pule las costumbres bárbaras», escribía, subrayando que los intercambios económicos transforman las relaciones de poder en relaciones de cooperación.  Trump propuso esta idea para Gaza, a través de “la Riviera Trump”, así como en Ucrania, mediante la transformación del Donbass en una zona franca que beneficiaría tanto a rusos como a ucranianos. Lógica condicional Según Phillip Smyth, experto estadounidense en Oriente Medio que trabajó en el Washington Institute y en el Atlantic Council, la zona económica va más allá del simple marco político y se basa en una lógica condicional asumida.  Smyth subraya que su implementación exige un alto nivel de organización, planificación y coordinación sobre el terreno, condiciones indispensables para reducir los riesgos y atraer inversores creíbles. Para él, esta exigencia constituye un factor de seriedad y viabilidad y no un freno al desarrollo. Barrack indicó en agosto de 2025 que Arabia Saudita y Qatar están dispuestos a invertir miles de millones de dólares en la zona económica, una declaración que no ha sido comentada por los interesados. Una cosa es segura: estas inversiones están condicionadas a ciertas garantías de seguridad, en particular el desarme de Hezbolá. Algunas fuentes incluso mencionan inversiones potenciales de hasta 10 mil millones de dólares para infraestructuras, zonas industriales y proyectos generadores de empleo. Sin embargo, estos montos aún deben ser confirmados por compromisos oficiales. Según Smyth, hasta el momento no existen cifras. Estas indicaciones muestran un interés real en apoyar el desarrollo económico del sur del Líbano y ofrecer oportunidades de empleo a las poblaciones locales. Romper con la lógica de la ayuda puntual El sur del Líbano, dotado de una base económica formal limitada, podría beneficiarse de importantes efectos multiplicadores: creación de empleo, desarrollo de infraestructuras, estimulación del comercio y reducción de la dependencia de la ayuda exterior. La zona económica podría así iniciar una dinámica de reconstrucción duradera y restaurar progresivamente la confianza económica en esta región fragilizada, afirma Smyth. Su objetivo es transformar una región marcada durante mucho tiempo por los conflictos armados en un espacio estructurado, capaz de atraer capitales regionales e internacionales. Esta iniciativa busca romper con la lógica de la ayuda puntual para privilegiar una reconstrucción basada en inversiones a largo plazo. El objetivo de esta zona es integrar más el sur del Líbano en las dinámicas económicas regionales y reducir la influencia de las lógicas políticas que han dominado durante mucho tiempo la agenda local. Para el Líbano, el desafío es claro: aprovechar esta oportunidad para emprender una reconstrucción estructurada y duradera, o dejar que los bloqueos internos, acentuados por la oposición de Hezbolá, priven al sur del país de una perspectiva de desarrollo susceptible, a la larga, de rediseñar su futuro económico y de seguridad. Un estado de indigencia económica La profundidad de la crisis libanesa confiere una resonancia particular a este proyecto. Desde 2019, el PIB del Líbano se ha contraído aproximadamente un 40 %, según el Banco Mundial. Esta caída se suma a una depreciación de la libra libanesa superior al 98 % respecto al dólar, lo que ha provocado una hiperinflación y una pérdida masiva del poder adquisitivo. En 2022, el 44 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, es decir, cerca de 2,6 millones de personas de una población de aproximadamente 5,8 millones. El desempleo global se estimaba en un 11,5 %, pero supera el 23,6 % entre los jóvenes de 15 a 24 años, afectando particularmente al sur del país. Esta acumulación de pérdidas financieras, destrucción de infraestructuras y retirada de la inversión pública ha golpeado duramente esta región, subrayando la urgencia de perspectivas económicas estructurantes. Prueba política Según Smyth, la oposición de Hezbolá podría impedir la concreción del proyecto. Este bloqueo afecta directamente la atractividad económica de la región al aumentar el costo del riesgo para los potenciales inversores. Se supone que la zona modificaría esta ecuación, introduciendo intereses económicos concretos capaces de transformar la estabilidad en una ventaja compartida en lugar de una restricción impuesta desde el exterior. La ausencia de un mandato libanés claramente afirmado es tanto una debilidad estructural como un revelador de los límites del Estado. Smyth señala que el proyecto actúa como una prueba política para las autoridades libanesas. Una implicación más activa del Estado podría transformar esta iniciativa exterior en un proyecto nacional, reforzar la gobernanza económica y reafirmar la autoridad institucional en una región ampliamente dominada por lógicas paralelas. La oposición de Hezbolá sigue siendo, por lo tanto, el principal obstáculo. Su presencia armada y su peso político dificultan la seguridad de la zona y disuaden las inversiones extranjeras. La condición impuesta por los inversores del Golfo —reducir la influencia militar de Hezbolá— subraya hasta qué punto el éxito del proyecto dependerá de la evolución de la relación de fuerzas local y de la voluntad de la milicia proiraní de adaptarse a una dinámica económica que podría, a la larga, reducir su influencia en el sur del país. Temores Al otro lado de la frontera, Israel se beneficia de la creación de esta zona. Al transformar la región fronteriza en un polo económico, el proyecto podría reducir las tensiones y la presencia militar de Hezbolá y crear oportunidades de cooperación indirecta. Aunque el comité del mecanismo de supervisión del alto el fuego aún no ha examinado el proyecto en profundidad, estas consultas iniciales sugieren que el enfoque económico podría abrir nuevos canales de diálogo entre Beirut y Tel Aviv. Varias voces críticas señalan la supuesta voluntad de Israel de establecer una zona de seguridad tampón, desmilitarizada y deshabitada, según un modelo comparable al que buscaría implementar a lo largo de sus fronteras siria y palestina. Información no confirmada oficialmente evoca así la creación de amplios perímetros de seguridad. En el Líbano, estas perspectivas alimentan el temor a una transferencia demográfica indirecta, en la que las poblaciones locales serían progresivamente expulsadas en favor de una actividad económica pilotada desde el exterior. Según estas mismas fuentes, la preocupación central reside en el riesgo de que este dispositivo institucionalice un desplazamiento forzado duradero, mientras el éxodo continúa desde octubre de 2023, en ausencia de cualquier estrategia claramente definida para el retorno de los desplazados y la reconstrucción de los pueblos destruidos. Por el momento, el proyecto de Trump se reduce a una simple declaración, oficial ciertamente, pero vaga y temporal. La importancia concedida a las declaraciones de Barrack refleja la situación de angustia económica del país y, por ende, evoca la tradicional expectativa de los libaneses de una ayuda venida del exterior.

Al-Qard Al-Hassan se presenta como una asociación con vocación social. Sin embargo, se ha ido inscribiendo progresivamente en un panorama financiero paralelo, a medida que la crisis desatada en otoño de 2019 se agravaba. El colapso del sector bancario y la pérdida de confianza de los depositantes crearon un vacío institucional que la asociación supo explotar. Esta dinámica, aunque responde a una necesidad real en un contexto de fracaso generalizado, no disipa en absoluto las numerosas interrogantes jurídicas que plantea. Pone de manifiesto los límites del marco legal libanés y los riesgos sistémicos que pesan tanto sobre los depositantes como sobre la economía nacional. Recordemos en este contexto que Al-Qard Al-Hassan fue creada en el marco de la invasión israelí de 1982. En 1987, obtuvo un aviso de registro ante el Ministerio del Interior con el número 218 A.D. Originalmente, su vocación era estrictamente social y solidaria. Jurídicamente, sigue sujeta a la ley otomana sobre asociaciones de 1909, que limita las actividades a las organizaciones sin ánimo de lucro y prohíbe cualquier operación financiera que exceda el objeto declarado. Sin embargo, la concesión regular de créditos y la gestión de garantías en oro exceden claramente este marco, creando una contradicción estructural entre el estatus legal de la entidad y la realidad de sus actividades. Préstamos garantizados con oro: un modelo jurídico complejo La asociación concede principalmente préstamos en dólares garantizados por depósitos en oro cuyo valor se estima de antemano, con un margen que cubre los riesgos. Desde 2020, los cajeros automáticos permiten retiros en libras libanesas o en divisas extranjeras. Estas prácticas escapan a las normas prudenciales aplicables a los bancos y plantean cuestiones relativas a la legislación cambiaria y a las restricciones que rigen la circulación de divisas fuera de la supervisión oficial. El Código Monetario y Crediticio de 1963 regula estrictamente la actividad bancaria. Los artículos 70 y 71 reservan la recepción de fondos, la concesión de créditos y la gestión de los medios de pago a las entidades autorizadas por el Banco del Líbano. Los artículos 2 y 4 definen la moneda legal y las modalidades de pago. Al recaudar fondos y conceder préstamos, Al-Qard Al-Hassan ejerce de facto funciones bancarias sin autorización, en violación directa del marco legal vigente. Esta situación llevó al Banco del Líbano a publicar la circular n.º 170 en 2021, prohibiendo explícitamente a las instituciones financieras y bancos que operan en el Líbano cualquier interacción directa o indirecta con Al-Qard Al-Hassan, incluyendo la apertura de cuentas, la ejecución de transferencias, la prestación de servicios de pago o cualquier operación similar. Mediante esta circular, el Banco Central reconoce de facto la existencia de un actor financiero paralelo que presenta riesgos sistémicos, sin conferirle ningún estatus bancario oficial. Este enfoque traduce una estrategia prudente pero jurídicamente ambivalente: la institución es considerada suficientemente activa para justificar una medida específica, pero permanece fuera del ámbito de supervisión y regulación. Para anularla completamente, el Ministerio del Interior debe retirar la licencia de Al-Qard Al-Hassan en aplicación de la ley de paralelismo de las formas. La aparición de la entidad «Joud» se inscribe directamente en esta zona gris creada por la circular 170. Al fragmentar jurídicamente las estructuras y multiplicar las denominaciones, esta reconfiguración complica la aplicación práctica de la circular y refuerza los riesgos para los depositantes. Una actividad que escapa a toda supervisión institucional El Banco del Líbano posee una competencia exclusiva en materia de regulación monetaria y financiera. El artículo 13 del Código Monetario y Crediticio le confiere esta potestad, mientras que los artículos 174 a 178 organizan los mecanismos de control y sanción. Estos dispositivos no se aplican a Al-Qard Al-Hassan ni a «Joud», que también escapan a las circulares y directivas del Banco Central relativas a los créditos y las operaciones en divisas. Esta ausencia de supervisión expone a los depositantes a riesgos significativos y fragiliza el orden monetario nacional. En este contexto de vacío normativo, la reciente evolución de Al-Qard Al-Hassan acentúa las interrogantes jurídicas. Tras la llamada guerra de «apoyo», la asociación optó por una reconfiguración de su fachada jurídica para protegerse de cualquier intento de control o rendición de cuentas. Esta estrategia se materializó con la adopción de una nueva denominación, «Joud», que permite la continuación de las mismas actividades financieras bajo una entidad distinta, fuera de toda supervisión bancaria efectiva y bajo un régimen de limitaciones jurídicas potencialmente atenuado. «Joud» es el resultado de una reflexión interna llevada a cabo por empleados de Al-Qard Al-Hassan a partir del 7 de abril de 2025. La elección de este nombre, con connotación árabe-islámica, se inscribe en una lógica de continuidad simbólica al tiempo que opera una ruptura formal en el plano jurídico. La entidad fue registrada en el registro mercantil de Baabda bajo el número 2078233, con una primera implantación en el extrarradio sur de Beirut, y luego en el registro mercantil de Nabatiyé bajo el número 6007003 como segundo establecimiento, en el mes de noviembre. Esta reestructuración no modifica ni la naturaleza de las actividades realizadas ni los riesgos incurridos por los usuarios, pero tiende a fragmentar la responsabilidad jurídica y a complicar cualquier acción judicial dirigida a la entidad inicial. El cambio de denominación aparece así como una medida de protección preventiva, anticipando posibles demandas contra Al-Qard Al-Hassan al tiempo que mantiene operativo un dispositivo financiero paralelo. Además, las cuentas bancarias de esta nueva entidad estarían abiertas en el banco Saderat Irán en el Líbano. Exigencias del Código Monetario y Crediticio El Código Monetario y Crediticio impone a las instituciones financieras obligaciones estrictas. Los artículos 121 y 125 exigen, en particular, la forma de sociedad anónima y un capital mínimo, mientras que los artículos 178 y 181 prevén una autorización previa y una supervisión continua por parte del Banco del Líbano. Al-Qard Al-Hassan, al igual que su variante bajo la denominación «Joud», no cumple ninguna de estas exigencias, lo que hace que su estatuto jurídico sea fundamentalmente incompatible con la actividad ejercida. La ausencia de licencia excluye a estas entidades del ámbito de aplicación de la ley n.º 318/2001, modificada por la ley n.º 44/2015, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las obligaciones de diligencia debida, identificación de clientes y declaración de operaciones sospechosas, bajo la supervisión de la Comisión Especial de Investigación, no se aplican a ellas, creando un preocupante vacío regulatorio. Una constatación clara y técnica A modo de conclusión de carácter jurídico, la constatación es inapelable: no se respeta el monopolio bancario; la supervisión del Banco del Líbano es deficiente; el estatus asociativo es inadecuado; las obligaciones de transparencia y lucha contra el blanqueo no se aplican; la protección de los depositantes es inexistente. Este análisis, estrictamente jurídico y técnico, independiente de cualquier lectura política, ilustra cómo un actor financiero paralelo puede desarrollarse en un contexto institucional frágil y subraya la urgencia de reforzar el marco legal para proteger el ahorro y preservar la estabilidad del sistema financiero libanés.

Si la inteligencia artificial proporcionó el combustible narrativo del extraordinario desempeño de los mercados en 2025, la liquidez proporcionó el oxígeno. Y si bien la atención se centró en gran medida en las políticas de los bancos centrales occidentales, la fuente más persistente —y, en última instancia, la más desestabilizadora— de liquidez global provino de otro lugar: de Japón. Durante décadas, Japón fue percibido como una anomalía: una economía atrapada en la deflación, que operaba según su propia lógica monetaria y en gran medida desconectada de los ciclos globales. En 2025, esta percepción resultó peligrosamente obsoleta. Japón no se mantuvo simplemente acomodaticio; se convirtió en uno de los principales facilitadores de la toma de riesgos global. Durante años, el Banco de Japón acumuló billones de dólares en bonos y acciones en su balance, mientras mantenía las tasas de interés cerca de cero. Las tasas ultrabajas japonesas y un yen en constante depreciación reavivaron y amplificaron el carry trade global. Capitales prestados a bajo costo en yenes fluyeron hacia activos de mayor rendimiento en todo el mundo —acciones, crédito, mercados privados e inversiones especulativas—, reforzando el apetito por el riesgo mucho más allá de las fronteras japonesas. De hecho, Japón exportó liquidez al sistema financiero global en un momento en que otros bancos centrales intentaban, cautelosa e inconsistentemente, retirarla. El carry trade en yenes se convirtió en uno de los vectores más poderosos del aumento de los precios de los activos en 2025, impulsando simultáneamente valoraciones bursátiles más altas y un mayor apalancamiento en todo el sistema financiero. Pero Japón entró en 2025 limitado por sus propias realidades estructurales. Con una deuda pública que superaba el 235% del PIB, un sistema financiero dependiente de tasas ultrabajas y un mercado de bonos doméstico frágil, el regreso de la inflación y la perspectiva de un crecimiento económico sostenible impusieron un cambio estratégico. En septiembre de 2025, el Banco de Japón formalizó su decisión de cesar sus compras de activos y se convirtió en vendedor neto de bonos y acciones. En diciembre, volvió a subir sus tasas de interés, impulsando los rendimientos de los bonos de muy largo plazo a niveles récord. Las implicaciones fueron inmediatas y globales: el carry trade en yenes se encontró en grave peligro —y, por extensión, los activos de riesgo en todo el mundo. Mientras la liquidez continuaba inflando los mercados financieros, la economía real enviaba una señal muy diferente. Las materias primas —la expresión más tangible de la oferta, la escasez y las tensiones geopolíticas— se dispararon en todo el espectro. Energía, metales industriales y recursos estratégicos registraron fuertes avances, reflejando años de subinversión, la fragmentación de las cadenas de suministro y los crecientes costos de la desglobalización. Este aumento de las materias primas no es una exuberancia cíclica; es una tensión estructural. A diferencia de los activos financieros, las materias primas responden a limitaciones físicas. Integran la geología, la geopolítica, la intensidad energética y el tiempo. El mundo entró en 2025 con inventarios agotados, cadenas de suministro fragmentadas y una mayor competencia estratégica por los recursos —desde los metales críticos hasta la alimentación y la energía. En este entorno, la liquidez persistente chocó con una oferta limitada. La implicación es crucial: el riesgo inflacionario no ha desaparecido —está aumentando. Sin embargo, a lo largo de 2025, los mercados descontaron en gran medida un retorno a la desinflación y al alivio de las políticas, incluso mientras aumentaban los costos de los insumos, los precios de las materias primas y las presiones sobre los recursos estratégicos. Esta contradicción —un alivio de las condiciones financieras frente a crecientes limitaciones en la economía real— es intrínsecamente inestable. Coloca a los bancos centrales en una posición imposible: tolerar la inflación o arriesgarse a desestabilizar mercados que se han vuelto dependientes de la liquidez. Los mercados de bonos bien podrían imponer esta elección en 2026. El papel de Japón amplifica este riesgo. Un mayor debilitamiento del yen reforzaría la inflación a través del aumento de los precios de las importaciones y las materias primas. Por el contrario, cualquier apreciación significativa podría provocar un desenlace abrupto de los carry trades, desestabilizando los precios de los activos globales. Ambos escenarios conllevan consecuencias que los mercados aún no han integrado plenamente. La inteligencia artificial y la liquidez sustentaron el rally de 2025. Las materias primas ahora cuestionan su sostenibilidad. La esfera cripto —la expresión más pura del exceso especulativo— ya ha iniciado un giro, con Bitcoin cayendo más del 35% desde su pico de octubre. La historia ofrece pocos ejemplos en los que una distorsión monetaria prolongada, un apalancamiento creciente y un endurecimiento de las limitaciones físicas se resuelvan sin volatilidad. La trayectoria extraordinaria de los mercados financieros en 2025 podría finalmente revelar menos el nacimiento de una nueva era disruptiva que el optimismo excesivo que caracteriza las burbujas de inversión.

Ninguna fuerza ha moldeado la trayectoria de los mercados financieros en 2025 de manera tan decisiva como la inteligencia artificial. La IA se ha convertido en la narrativa dominante que permite a los inversores justificar valoraciones elevadas, una concentración extrema y una asunción de riesgos creciente. Ha ofrecido una visión del futuro lo suficientemente poderosa como para neutralizar las preocupaciones relacionadas con la desaceleración del crecimiento, el aumento del endeudamiento y la fragmentación geopolítica. Fundamentalmente, la IA constituye una verdadera revolución tecnológica —un salto de productividad comparable a la electrificación o a Internet— y ya está transformando sectores enteros. Pero los mercados financieros no valoran los beneficios sociales a largo plazo; valoran realidades microeconómicas: flujos de caja de las empresas, intensidad de capital y sostenibilidad. Es a este nivel donde ha surgido una creciente disparidad. En 2025, el ecosistema de la IA estaba mucho más definido por los gastos de inversión que por los beneficios. El entrenamiento de modelos a gran escala, la construcción de centros de datos, la adquisición de chips avanzados y la alimentación de infraestructuras de alto consumo energético exigieron inversiones de una magnitud rara vez vista fuera de la industria pesada o los programas de infraestructuras nacionales. El resultado fue una explosión sin precedentes en el gasto de capital entre los hiperescaladores y los proveedores de plataformas de IA. El meteórico ascenso de NVIDIA —columna vertebral de hardware indiscutible del auge de la IA— hacia una valoración cercana a los 5 billones de dólares reflejó no solo un liderazgo tecnológico, sino también una carrera global por la inversión. Empresas y gobiernos se apresuraron a asegurar capacidades de computación, a menudo comprometiendo capital mucho antes de que se demostrara la demanda final. Para muchos, estas inversiones eran menos una cuestión de retornos inmediatos que de posicionamiento estratégico: comprar hoy para no quedarse atrás mañana. A medida que avanzaba el año, los mercados comenzaron a cuestionar la sostenibilidad de este ciclo de inversión —y, más aún, la naturaleza circular de su financiación. Lo que, en cambio, se pasó por alto en gran medida fue la cuestión de la rentabilidad final. Las valoraciones integraban cada vez más un futuro de crecimiento hipersostenido, sin una preocupación real por el retorno del capital invertido ni por el riesgo de saturación. Los primeros datos sugieren ahora que solo una pequeña fracción de los proyectos relacionados con la IA alcanzará una rentabilidad significativa, lo que plantea la perspectiva de que casi 1,5 billones de dólares de inversiones previstas puedan ser finalmente depreciadas. El perfil financiero del sector ilustró claramente este desequilibrio. OpenAI, ampliamente percibida como la vanguardia tecnológica de la revolución de la IA, se espera que genere aproximadamente 19 mil millones de dólares en ingresos, mientras registra casi 13 mil millones de dólares en pérdidas, una ilustración sorprendente del retraso de la monetización con respecto a la inversión. En este sentido, la IA en 2025 funcionó más como un sistema de creencias que como un motor de crecimiento tradicional. Permitió a los inversores racionalizar valoraciones extremas y una concentración histórica. A finales de año, solo diez acciones fuertemente sobrevaloradas representaban aproximadamente el 45% de la capitalización del Nasdaq-100 y el 34% del S&P 500, una configuración precaria si las expectativas de crecimiento no se materializaran.

Mientras Papá Noel se prepara para descender, como cada año, por las chimeneas de todo el mundo y 2025 llega a su fin, los mercados financieros globales ofrecen un panorama que habría parecido inverosímil —o incluso totalmente imposible— a principios de año. La mayoría de los principales índices bursátiles terminan el año en niveles récord, o cerca de sus máximos históricos, marcando un tercer año consecutivo de rendimientos excepcionales. En Estados Unidos, el índice de referencia S&P 500 muestra un aumento de aproximadamente el 17 % en el momento de la redacción, después de ganancias del 23 % en 2024 y del 24 % en 2023. Esto representa un progreso acumulado de aproximadamente el 77 % en tres años — y un aumento extraordinario de más del 1 000 % desde el inicio del mercado alcista estructural de marzo de 2009. Los mercados europeos, a pesar de un crecimiento estancado, inestabilidad política y crecientes tensiones geopolíticas, han seguido la misma trayectoria. En Alemania, el índice DAX ha subido un 22 % desde principios de 2025. El FTSE 100 británico ha avanzado casi un 30 %, registrando una de sus mejores actuaciones anuales. El IBEX 35 español muestra un espectacular aumento del 48 % este año, desafiando tanto las restricciones presupuestarias como la incertidumbre política. En Japón, el Nikkei 225 continúa «flotando» en máximos históricos, con un avance del 26 % en 2025. Las acciones chinas también han sorprendido al alza: los mercados domésticos suben aproximadamente un 17 %, mientras que los títulos cotizados en Hong Kong ganan más del 23 %. Incluso los mercados emergentes —considerados durante mucho tiempo los más vulnerables al aumento de las tasas de interés y al endurecimiento de la liquidez global— han mostrado un entusiasmo que pocos anticipaban. El KOSPI surcoreano, por ejemplo, ha subido un asombroso 71 % desde principios de año. Al mismo tiempo, los activos tradicionalmente percibidos como coberturas contra la inestabilidad han alcanzado máximos históricos. El oro ha superado decisivamente niveles que antes se consideraban psicológica y estructuralmente infranqueables, registrando una notable ganancia del 71 % este año. La plata lo ha hecho aún mejor, con un aumento de aproximadamente el 149 % desde principios de año. Una amplia gama de materias primas —desde la energía hasta los metales industriales— también ha registrado fuertes avances, reflejando tanto el fervor especulativo como tensiones estructurales más profundas. El sector inmobiliario cuenta una historia similar. En Estados Unidos, Japón y gran parte de Europa, los precios de la vivienda alcanzan niveles récord, a menudo muy superiores a sus máximos de antes de 2007. Estas valoraciones suponen un entorno de tasas de interés sostenidamente bajas y liquidez abundante —una hipótesis cada vez más desfasada con la realidad. En muchas grandes ciudades del mundo, los precios siguen siendo muy superiores a sus niveles anteriores a la pandemia, a pesar de los mayores costos de endeudamiento, la menor asequibilidad y el debilitamiento de los balances de los hogares. En resumen, 2025 ha sido un año excepcional para los tomadores de riesgos, terminando con casi todo a precios altos —a menudo extraordinariamente altos. Y, sin embargo, según la mayoría de los criterios económicos tradicionales, el contexto global no es nada tranquilizador. El mundo ha atravesado uno de los entornos geopolíticos más tensos en décadas. El crecimiento se ha desacelerado en gran parte del mundo desarrollado. Los niveles de deuda pública y privada han alcanzado máximos históricos. Los riesgos geopolíticos se han multiplicado en lugar de retroceder —desde Oriente Medio hasta Europa del Este, desde la rivalidad estratégica entre grandes potencias hasta el regreso de las tensiones en el continente americano. La política monetaria, antes una fuerza estabilizadora de la era post-2008, ahora está limitada por las realidades políticas y los excesos presupuestarios. Esta es la paradoja central de 2025: un año en el que los mercados financieros prosperaron mientras que las bases económicas, políticas y sociales subyacentes parecían cada vez más frágiles. No ha sido un año marcado por avances de productividad, un crecimiento generalizado de los ingresos o una nueva expansión del comercio mundial. Más bien, ha sido moldeado por la liquidez, las narrativas y la concentración —un año en el que el capital no se dirigió hacia la seguridad o el valor, sino hacia los activos que parecían más desconectados de la realidad. Todo lo que no debería haber funcionado, funcionó La extraordinaria trayectoria de los mercados financieros en 2025 no es fruto del azar. Es el producto de un optimismo colectivo, de promesas tecnológicas y de esperanzas renovadas de renacimiento económico. A medida que las señales económicas se debilitaban y los riesgos geopolíticos se intensificaban, los mercados no reevaluaron el riesgo de manera tradicional. Se proyectaron en narrativas —aquellas, seductoras, de la inteligencia artificial, la robótica humanoide y tecnologías transformadoras aún en gran medida no probadas a gran escala. Paralelamente, los inversores se anclaron en la convicción de que los bancos centrales siempre protegerían los mercados de caídas significativas, relajando las condiciones monetarias tan pronto como surgieran tensiones. Esta potente combinación de convicción narrativa y reafirmación política permitió que la toma de riesgos prosperara, incluso cuando los fundamentos se deterioraban. La prudencia cedió progresivamente el paso a la especulación, y los mercados se volvieron menos atentos a la realidad económica y más dependientes de las anticipaciones y las creencias. Nunca en la historia la participación de los inversores particulares ha sido tan alta, nunca la concentración en un pequeño número de valores ha sido tan fuerte, nunca el apalancamiento ha sido tan importante, nunca las valoraciones han sido tan elevadas, y nunca la brecha entre los «ricos» y los «desfavorecidos» ha sido tan extrema. La historia sugiere que tales momentos señalan una transición —de la expansión a la fragilidad, del entusiasmo a la vulnerabilidad.

Bajo el efecto de las sanciones estadounidenses, las restricciones impuestas por el Banco del Líbano y las pérdidas sufridas durante la última guerra con Israel, Hezbolá ha buscado reconfigurar su principal brazo financiero, Al-Qard Al-Hassan. Este «reposicionamiento», presentado como «legal», tiene como objetivo preservar su control sobre la economía paralela y su base social. Fundada en 1982, la asociación Qard Al-Hassan opera fuera del marco legal bancario. Los fondos iraníes contribuyeron inicialmente al capital de la asociación. Estos se complementaron con capital libanés, especialmente de empresarios en África, a lo largo de varios años. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., que incluyó a Qard Al-Hassan en 2007 en la lista de entidades sancionadas y luego reforzó estas sanciones en 2021, esta asociación gestiona volúmenes financieros comparables a los de un banco de tamaño mediano, eludiendo al mismo tiempo toda supervisión oficial. Las autoridades estadounidenses estiman que la red sirve a varios cientos de miles de beneficiarios en todo el Líbano, apoyándose en importantes activos tangibles, incluidos depósitos de oro utilizados como garantías, sin control por parte de las autoridades financieras libanesas. Desde el colapso del sistema bancario en 2019, Al-Qard Al-Hassan se ha establecido como un sustituto de un sector calificado de «profundamente insolvente» por las instituciones internacionales, reforzando así la dependencia económica de la base social de Hezbolá y consolidando su poder financiero y político fuera de cualquier estructura estatal. Una legitimidad simbólica La política de severas restricciones impuestas desde 2019 por el Banco del Líbano –limitaciones a los retiros, control de las transferencias al extranjero y regulación de las operaciones de cambio– ha creado un entorno propicio para el auge de estructuras financieras no reguladas. En este contexto, Al-Qard Al-Hassan ha surgido para algunos como una alternativa al Estado y al sector bancario, debido a su quiebra. El principio de Qard Al-Hassan, basado en el préstamo sin intereses, confiere a esta asociación una fuerte legitimidad simbólica dentro de la comunidad chiita. Hezbolá se apoya en esta referencia para presentar la asociación como una obra social. Según el politólogo Ali Hamadé, esta simbología es también estratégica para la influencia política del partido: ha permitido penetrar en capas sociales más allá de la comunidad chiita, extendiendo así su control económico y social. Pero en realidad, Al-Qard Al-Hassan funciona como una red bancaria paralela, manipulando importantes liquidez fuera de todo control estatal y al margen de la supervisión oficial del Banco del Líbano o de la Comisión de Control Bancario. Ali Hamadé señala en este marco que la asociación ha iniciado una fase denominada de «post-liquidación», redistribuyendo ciertas actividades a otras entidades afiliadas a Hezbolá, particularmente en el sector del oro. Las operaciones de compra, venta y empeño de oro se realizan ahora a través de Joud, una sociedad comercial con número de identificación fiscal y licencia, cuyo director general de la familia Karnib está sancionado por Estados Unidos. Las actividades de carácter bancario se transfieren progresivamente a otras estructuras legales, presentándose las operaciones como simples ventas de mercancías, eludiendo así la vigilancia financiera. El cierre sería inevitable Ali Hamadé subraya además que el momento del cierre o control de Al-Qard Al-Hassan corresponde a la Presidencia de la República y no al Ministerio del Interior. Esta responsabilidad explica la prudencia en el examen del expediente, con el objetivo de evitar perturbaciones financieras a nivel de los depositantes y gestionar el impacto simbólico de tal acto en la comunidad chiita y más allá. Ante la presión internacional y estadounidense, el cierre de la asociación parece ahora inevitable, aunque otras estructuras sigan asumiendo algunas de sus actividades. Este posible cierre ha sido desmentido por la asociación, que afirma que «sigue operando bajo su nombre habitual, en todas sus agencias en el Líbano». Precisa que las operaciones de compraventa de oro, en efectivo o a plazos, se realizan exclusivamente a través de sociedades comerciales legales. Esta aclaración ilustra la complejidad de la transferencia progresiva de las funciones de Al-Qard Al-Hassan a entidades como Joud, lo que permite distinguir legalmente las operaciones comerciales de las actividades casi bancarias.

Desde hace casi dos años, los inversores observan el avance espectacular del oro y la plata, a veces con incredulidad. Desde diciembre de 2023, el oro ha más que duplicado su precio, pasando de alrededor de 2.000 dólares la onza a cerca de 4.300 dólares, mientras que la plata se disparó de 26 a 63 dólares, con una aceleración marcada durante el segundo semestre de 2025. Si los niveles actuales se mantienen hasta fin de año, ambos metales podrían registrar su mejor desempeño anual desde 1979, en el inicio del anterior gran ciclo de metales preciosos. El oro y la plata no son los únicos protagonistas. El platino y el paladio también han subido con fuerza, el cobre acumula un alza cercana al 50%, y un amplio conjunto de minerales estratégicos vive un año excepcional. Mientras los inversores minoristas se lanzan a estos mercados por temor a “quedarse afuera”, y flujos masivos se dirigen hacia fondos indexados vinculados al oro y la plata, surgen dos preguntas inevitables: ¿Qué explica estas alzas espectaculares? ¿Y este ciclo es realmente diferente de los anteriores? Cualquier observador de materias primas que haya atravesado varios ciclos dirá que ya vio este guion. Desde los shocks estanflacionarios de los años setenta hasta el superciclo impulsado por China en los 2000, que culminó en 2011, las materias primas han obedecido durante décadas a una dinámica conocida: la demanda se acelera, la oferta responde con rezago, los precios se recalientan y el ciclo termina girando. En esa lectura, las materias primas quedan cautivas del contexto macroeconómico y de las leyes clásicas de oferta y demanda. El ciclo 2024–2025 se sale de ese libreto. Lo que distingue la fase actual es la convergencia simultánea de fuerzas estructurales que nunca habían operado juntas a esta escala. No son fuerzas coyunturales: son políticas, financieras y sistémicas, y están reconfigurando los cimientos mismos de los mercados de materias primas. Desdolarización y deterioro de las finanzas públicas de Estados Unidos El primer pilar de esta nueva arquitectura es al mismo tiempo monetario y geopolítico. El giro estratégico de Estados Unidos — cuestionando la globalización para privilegiar una lógica más proteccionista — ha modificado profundamente la percepción global del liderazgo económico estadounidense. Un enfoque cada vez más transaccional — y en ocasiones abiertamente confrontativo — de las relaciones internacionales ha debilitado alianzas de larga data e incentivado a numerosos Estados a reconsiderar su dependencia de Estados Unidos, tanto como pilar geopolítico como contraparte financiera. En paralelo, la persistencia de déficits fiscales elevados y el fuerte aumento de la deuda pública reavivaron las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas estadounidenses a largo plazo. Para muchas bancas centrales, la combinación de mayor incertidumbre geopolítica y deterioro fiscal plantea interrogantes inéditos sobre la solidez de los bonos del Tesoro y el rol del dólar como activo de reserva incuestionable. La reacción ha sido clara: una diversificación acelerada fuera del dólar, a favor del oro. Según el World Gold Council, los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas de oro en 2023, 1.044 toneladas en 2024 y podrían alcanzar entre 750 y 900 toneladas en 2025, niveles muy superiores al promedio anual de 400 a 500 toneladas observado antes de 2022. No se trata de compras tácticas. Se trata de una recomposición estructural de los balances soberanos. Esta dinámica constituye la primera base de un ciclo de materias primas impulsado ya no solo por el crecimiento, sino por una erosión de la confianza en la arquitectura financiera que estructuró la economía global durante las últimas cuatro décadas. La militarización de las cadenas de suministro Durante décadas, la globalización se apoyó en una hipótesis simple: la interdependencia económica reducía el riesgo de conflicto y mejoraba la eficiencia. Las cadenas de suministro se optimizaban por costo y escala, no por resiliencia o soberanía. Esa hipótesis ya no se sostiene. Tras las guerras comerciales, las sanciones, las prohibiciones de exportación y el congelamiento de activos soberanos, los Estados llegaron a una conclusión sobria: el control de los recursos físicos es un instrumento de poder. Las materias primas — en particular los metales esenciales para energía, tecnología y defensa — han pasado del terreno de la economía de mercado al de la seguridad nacional. China ha sido la más explícita en esta estrategia, utilizando controles a la exportación sobre minerales críticos y tecnologías de procesamiento para convertir su dominio industrial en palanca geopolítica. Estas medidas no buscan maximizar ingresos de corto plazo, sino preservar un margen de maniobra estratégico. La consecuencia es mayor: el precio dejó de ser el único mecanismo de equilibrio. Incluso cuando la oferta existe, el acceso ya no está garantizado. Los mercados globales, antes integrados, se fragmentan en bloques regionales y políticos. En este contexto, la escasez no siempre se refleja en inventarios visibles, sino en la capacidad — o no — de comprar en el momento y bajo las condiciones deseadas. Los mecanismos de arbitraje que antes unificaban los mercados globales comienzan a trabarse. Los límites físicos de la sustitución En ciclos anteriores, el aumento de precios favorecía sustituciones, ganancias de eficiencia y optimización de materiales, lo que terminaba conteniendo las tensiones. Hoy, en numerosos metales críticos, esos márgenes se están agotando. En el sector solar fotovoltaico, las cargas de plata ya rozan límites físicos, y las nuevas tecnologías de alto rendimiento incluso aumentan la intensidad de plata por panel. En los catalizadores automotrices, la sustitución entre platino y paladio está en gran medida madura y choca con restricciones químicas y regulatorias. En baterías, las intensidades de materiales se acercan a mínimos teóricos, dejando poco espacio para nuevas reducciones sin comprometer desempeño. A la vez, la oferta minera pierde elasticidad. Las leyes de los yacimientos disminuyen, los plazos de permisos se estiran por décadas y las restricciones ambientales frenan la expansión rápida de capacidades. El resultado es un sistema en el cual la demanda puede crecer más rápido de lo que la oferta puede ajustarse, cualquiera sea el precio. No se trata de un cuello de botella temporal. Es un techo estructural. La combinación de estas tres fuerzas — realineamiento monetario, fragmentación geopolítica y restricciones físicas — configura una nueva arquitectura de los mercados de materias primas. En un mundo donde las cadenas de suministro se instrumentalizan, donde las monedas se cuestionan y donde la sustitución llega a su límite, las materias primas dejan de comportarse como activos puramente cíclicos. Se convierten en activos estratégicos. Las reglas del juego cambiaron. Este superciclo — selectivo, desigual y profundamente político — es de una naturaleza radicalmente distinta. ¿Qué viene ahora? El oro, metal de inversión por excelencia El oro ocupa un lugar singular entre las materias primas. Su demanda es ante todo financiera, ya sea por parte de bancos centrales o de carteras de inversión. A diferencia de los metales industriales, el oro no depende del crecimiento económico para justificar su rol: depende de la confianza — o, más precisamente, de su desaparición. La demanda de inversión es potencialmente ilimitada, mientras que la oferta está estructuralmente acotada. En este contexto, fijar objetivos de precio precisos suele ser más un ejercicio de ilusión que de análisis, especialmente cuando el apetito del inversor minorista chino agrega una capa adicional de demanda global. La historia, sin embargo, ofrece referencias. Entre 2001 y 2011, el oro pasó de aproximadamente 250 dólares la onza a 1.921 dólares, un alza de 768%. En los años setenta, subió de 100 a 873 dólares en menos de cuatro años, es decir +873%. En el ciclo actual, el oro pasó de un mínimo cercano a 1.046 dólares en 2015 a alrededor de 4.300 dólares, una suba del orden de 411%. Un movimiento considerable, aunque no necesariamente excepcional frente a precedentes históricos. La pregunta central, por tanto, no es si el oro “se pasó”, sino si las fuerzas estructurales que sostienen la demanda están agotadas. Los desequilibrios fiscales persisten, la fragmentación geopolítica se acentúa y la credibilidad de las monedas fiduciarias se pone a prueba como pocas veces. Incluso si los mercados financieros siguen siendo notoriamente impredecibles, el conjunto de estos elementos sugiere que el ciclo alcista del oro está lejos de haber terminado. La plata, un “oro” industrial Si el oro es el ancla del sistema, la plata es su acelerador. Al combinar demanda monetaria con usos industriales, la plata es estructuralmente más volátil — e históricamente más explosiva — en fases avanzadas del ciclo. Su oferta está especialmente limitada: cerca del 70% de la producción mundial proviene como subproducto de otros metales, lo que restringe su capacidad de respuesta a señales de precio. Además, la plata es clave para la electrificación, el solar y la electrónica avanzada, sectores activamente respaldados por políticas públicas. El mercado físico, por ello, registra déficit desde hace cuatro años consecutivos. Cuando la demanda financiera y la demanda industrial crecen al mismo tiempo, la plata no se ajusta gradualmente. Se mueve de forma abrupta. En los años setenta, su precio pasó de 1,50 dólares la onza a casi 50 dólares, un aumento superior al 3.000%. Entre 2001 y 2011, saltó de 4 a casi 50 dólares, con un desempeño mayor al 1.100%, muy por encima del oro. En el ciclo actual, la plata pasó de 13,60 dólares en 2016 a cerca de 63 dólares, una suba cercana al 460%. A la luz de la historia, la fase actual parece temprana más que tardía. Conclusión Un cambio de régimen estructural, no un ciclo económico El mercado de metales a fines de 2025 ya no es simplemente cíclico. Se ha vuelto estructural. Durante cuarenta años, los inversores razonaron bajo la premisa de comercio abierto, oferta elástica, arbitrajes eficientes y sustituciones tecnológicas. Hoy, esas cuatro hipótesis se desmoronan — simultáneamente. La geografía comienza a imponerse sobre la geología. La política prevalece sobre los niveles de precio. La disponibilidad física pesa más que los contratos “de papel”.