ZEE Líbano-Chipre: entre logros jurídicos y pérdidas marítimas

El acuerdo de delimitación de la zona económica exclusiva (ZEE) entre Líbano y Chipre, firmado el 26 de noviembre de 2025 y ratificado por el decreto n°2108 del 16 de diciembre de 2025, marca un hito importante en la política marítima libanesa. Presentado oficialmente como un medio para garantizar la explotación de los recursos marítimos, este acuerdo, sin embargo, suscita profundas reservas en los planos jurídico y estratégico.

El general Khalil Gemayel, experto en delimitación de fronteras marítimas, considera que este acuerdo, a pesar de algunas ventajas, sigue siendo en gran medida desfavorable para Líbano. Ciertamente pone fin a una antigua disputa, ¿pero a qué precio?

Según él, uno de los principales logros reside en la resolución del litigio marítimo que enfrentaba a Líbano y Chipre desde hace casi dos décadas. Esta clarificación jurídica pone fin a una zona gris que obstaculizaba cualquier planificación energética. También destaca que el acuerdo ha permitido prolongar oficialmente la frontera marítima libanesa con Chipre desde el punto n°1 hasta el punto n°23, ahora un punto de unión marítima entre Líbano, Chipre e Israel. Sin embargo, esta prolongación se ha realizado según el método de la línea mediana (Median Line Method), un enfoque que, según el general Gemayel, favorece claramente a Chipre. Considera que la resolución de la disputa, a pesar de su aparente importancia, se ha realizado en detrimento de los intereses libaneses.

Un acuerdo inequitativo

El general Gemayel considera el acuerdo inequitativo para Líbano debido a la metodología adoptada. Explica que la delimitación se basa en una línea mediana trazada entre una isla, Chipre, y un estado costero continental, Líbano. Sin embargo, la jurisprudencia marítima internacional privilegia una metodología en tres etapas: el trazado de una línea mediana provisional, la consideración de las circunstancias pertinentes y, luego, la realización de una prueba final de proporcionalidad (Proportionality Test). Lamenta que este enfoque no se haya aplicado, debido a la ausencia de una prueba de proporcionalidad entre las longitudes de las costas opuestas.

En este contexto, el general Gemayel precisa que la costa libanesa en cuestión se extiende a lo largo de unos 188 kilómetros, frente a los 103 kilómetros de la costa chipriota correspondiente. Esta proporción de 1,82 a favor de Líbano, frente a 1 para Chipre, debería haber llevado a una delimitación más equilibrada. Según su análisis, el incumplimiento de este principio ha provocado la pérdida de aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados de la zona económica exclusiva libanesa en beneficio de Chipre.

Añade que el acuerdo de 2025 retoma esencialmente la misma metodología de trazado que la adoptada en el acuerdo firmado en 2007 entre ambos países. Este texto, que no había sido ratificado ni aplicado debido a sus desequilibrios, había permanecido congelado durante casi 18 años.

Una contradicción institucional

El general Gemayel subraya una contradicción institucional. Recuerda que en 2022 se había constituido una comisión ministerial libanesa conjunta para examinar la cuestión de las fronteras marítimas con Chipre. Esta comisión había recomendado la adopción de la metodología en tres etapas y la consideración de la proporcionalidad entre las costas, reconociendo explícitamente que la línea mediana era perjudicial para Líbano. Sin embargo, en 2025, una nueva comisión ministerial, compuesta por los mismos ministerios, anuló las recomendaciones anteriores y validó la delimitación basada en la línea mediana. Se trata precisamente del método que Líbano había rechazado durante mucho tiempo y que había llevado a la congelación del acuerdo de 2007.

Del acuerdo jurídico a los desafíos de la soberanía

Más allá del análisis técnico del general Gemayel, este acuerdo ilustra una problemática recurrente en las negociaciones internacionales: la búsqueda de una solución rápida y clara puede realizarse en detrimento de los principios técnicos y de los intereses estratégicos a largo plazo. El logro fundamental del acuerdo –la clarificación jurídica de las fronteras marítimas y el fin de la disputa histórica con Chipre– es innegable y ofrece una estabilidad jurídica susceptible de fomentar la inversión en las zonas marítimas.

Sin embargo, la metodología adoptada representa un alejamiento de los estándares técnicos reconocidos internacionalmente, en particular la prueba de proporcionalidad final. El uso de la línea mediana sin un ajuste que tenga en cuenta la longitud de las costas refleja un compromiso político, probablemente motivado por la voluntad de concluir rápidamente un acuerdo tras 18 años de estancamiento. Esta elección deja a Líbano enfrentado a una pérdida tangible de superficies marítimas explotables.

Esta elección estratégica, aunque garantiza fronteras claras, debilita las perspectivas económicas futuras, especialmente en lo que respecta a los recursos de gas y petróleo. Finalmente, la discrepancia entre las recomendaciones de la comisión de 2022 y la aprobación final de 2025 pone de manifiesto un problema persistente de gobernanza en Líbano: la continuidad del enfoque técnico e institucional a veces se sacrifica en favor de decisiones políticas coyunturales. El resultado es un acuerdo que aporta claridad fronteriza, pero que suscita interrogantes legítimos sobre la protección de los intereses nacionales y la capacidad del país para adoptar una estrategia marítima coherente y sostenible.