“Zona económica Trump”: sueño de paz y obsesión por el complot
La propuesta de crear una zona económica en el sur del Líbano, mencionada en agosto de 2025 por el enviado estadounidense Tom Barrack, causó una conmoción. La teoría detrás del proyecto de una “Zona Económica Trump” supone que una zona así atraería inversiones extranjeras, financiaría la reconstrucción, garantizando así una seguridad duradera. Sin embargo, varias voces se han alzado para advertir contra el peligro de una violación de la soberanía del Estado libanés a través de la creación de un “protectorado” israelo-estadounidense en la zona fronteriza.
El proyecto de una “Zona Económica Trump” se inscribe en una iniciativa adoptada por el actual presidente estadounidense para resolver conflictos mediante el desarrollo económico y el comercio.
Este enfoque es uno de los fundamentos del pensamiento liberal en las relaciones internacionales. De hecho, la teoría del «comercio dulce» se basa en la idea de que los intercambios económicos entre Estados constituyen un factor de estabilidad política y de paz. Al tejer vínculos comerciales duraderos, los países se vuelven interdependientes, lo que reduce el incentivo a recurrir a la guerra. Esta teoría fue popularizada en el siglo XVIII por Montesquieu, «El comercio suaviza y pule las costumbres bárbaras», escribía, subrayando que los intercambios económicos transforman las relaciones de poder en relaciones de cooperación.
Trump propuso esta idea para Gaza, a través de “la Riviera Trump”, así como en Ucrania, mediante la transformación del Donbass en una zona franca que beneficiaría tanto a rusos como a ucranianos.
Lógica condicional
Según Phillip Smyth, experto estadounidense en Oriente Medio que trabajó en el Washington Institute y en el Atlantic Council, la zona económica va más allá del simple marco político y se basa en una lógica condicional asumida.
Smyth subraya que su implementación exige un alto nivel de organización, planificación y coordinación sobre el terreno, condiciones indispensables para reducir los riesgos y atraer inversores creíbles. Para él, esta exigencia constituye un factor de seriedad y viabilidad y no un freno al desarrollo.
Barrack indicó en agosto de 2025 que Arabia Saudita y Qatar están dispuestos a invertir miles de millones de dólares en la zona económica, una declaración que no ha sido comentada por los interesados. Una cosa es segura: estas inversiones están condicionadas a ciertas garantías de seguridad, en particular el desarme de Hezbolá. Algunas fuentes incluso mencionan inversiones potenciales de hasta 10 mil millones de dólares para infraestructuras, zonas industriales y proyectos generadores de empleo. Sin embargo, estos montos aún deben ser confirmados por compromisos oficiales. Según Smyth, hasta el momento no existen cifras. Estas indicaciones muestran un interés real en apoyar el desarrollo económico del sur del Líbano y ofrecer oportunidades de empleo a las poblaciones locales.
Romper con la lógica de la ayuda puntual
El sur del Líbano, dotado de una base económica formal limitada, podría beneficiarse de importantes efectos multiplicadores: creación de empleo, desarrollo de infraestructuras, estimulación del comercio y reducción de la dependencia de la ayuda exterior. La zona económica podría así iniciar una dinámica de reconstrucción duradera y restaurar progresivamente la confianza económica en esta región fragilizada, afirma Smyth.
Su objetivo es transformar una región marcada durante mucho tiempo por los conflictos armados en un espacio estructurado, capaz de atraer capitales regionales e internacionales. Esta iniciativa busca romper con la lógica de la ayuda puntual para privilegiar una reconstrucción basada en inversiones a largo plazo.
El objetivo de esta zona es integrar más el sur del Líbano en las dinámicas económicas regionales y reducir la influencia de las lógicas políticas que han dominado durante mucho tiempo la agenda local.
Para el Líbano, el desafío es claro: aprovechar esta oportunidad para emprender una reconstrucción estructurada y duradera, o dejar que los bloqueos internos, acentuados por la oposición de Hezbolá, priven al sur del país de una perspectiva de desarrollo susceptible, a la larga, de rediseñar su futuro económico y de seguridad.
Un estado de indigencia económica
La profundidad de la crisis libanesa confiere una resonancia particular a este proyecto. Desde 2019, el PIB del Líbano se ha contraído aproximadamente un 40 %, según el Banco Mundial. Esta caída se suma a una depreciación de la libra libanesa superior al 98 % respecto al dólar, lo que ha provocado una hiperinflación y una pérdida masiva del poder adquisitivo. En 2022, el 44 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, es decir, cerca de 2,6 millones de personas de una población de aproximadamente 5,8 millones. El desempleo global se estimaba en un 11,5 %, pero supera el 23,6 % entre los jóvenes de 15 a 24 años, afectando particularmente al sur del país. Esta acumulación de pérdidas financieras, destrucción de infraestructuras y retirada de la inversión pública ha golpeado duramente esta región, subrayando la urgencia de perspectivas económicas estructurantes.
Prueba política
Según Smyth, la oposición de Hezbolá podría impedir la concreción del proyecto. Este bloqueo afecta directamente la atractividad económica de la región al aumentar el costo del riesgo para los potenciales inversores. Se supone que la zona modificaría esta ecuación, introduciendo intereses económicos concretos capaces de transformar la estabilidad en una ventaja compartida en lugar de una restricción impuesta desde el exterior.
La ausencia de un mandato libanés claramente afirmado es tanto una debilidad estructural como un revelador de los límites del Estado. Smyth señala que el proyecto actúa como una prueba política para las autoridades libanesas. Una implicación más activa del Estado podría transformar esta iniciativa exterior en un proyecto nacional, reforzar la gobernanza económica y reafirmar la autoridad institucional en una región ampliamente dominada por lógicas paralelas.
La oposición de Hezbolá sigue siendo, por lo tanto, el principal obstáculo. Su presencia armada y su peso político dificultan la seguridad de la zona y disuaden las inversiones extranjeras. La condición impuesta por los inversores del Golfo —reducir la influencia militar de Hezbolá— subraya hasta qué punto el éxito del proyecto dependerá de la evolución de la relación de fuerzas local y de la voluntad de la milicia proiraní de adaptarse a una dinámica económica que podría, a la larga, reducir su influencia en el sur del país.
Temores
Al otro lado de la frontera, Israel se beneficia de la creación de esta zona. Al transformar la región fronteriza en un polo económico, el proyecto podría reducir las tensiones y la presencia militar de Hezbolá y crear oportunidades de cooperación indirecta. Aunque el comité del mecanismo de supervisión del alto el fuego aún no ha examinado el proyecto en profundidad, estas consultas iniciales sugieren que el enfoque económico podría abrir nuevos canales de diálogo entre Beirut y Tel Aviv.
Varias voces críticas señalan la supuesta voluntad de Israel de establecer una zona de seguridad tampón, desmilitarizada y deshabitada, según un modelo comparable al que buscaría implementar a lo largo de sus fronteras siria y palestina. Información no confirmada oficialmente evoca así la creación de amplios perímetros de seguridad.
En el Líbano, estas perspectivas alimentan el temor a una transferencia demográfica indirecta, en la que las poblaciones locales serían progresivamente expulsadas en favor de una actividad económica pilotada desde el exterior.
Según estas mismas fuentes, la preocupación central reside en el riesgo de que este dispositivo institucionalice un desplazamiento forzado duradero, mientras el éxodo continúa desde octubre de 2023, en ausencia de cualquier estrategia claramente definida para el retorno de los desplazados y la reconstrucción de los pueblos destruidos.
Por el momento, el proyecto de Trump se reduce a una simple declaración, oficial ciertamente, pero vaga y temporal. La importancia concedida a las declaraciones de Barrack refleja la situación de angustia económica del país y, por ende, evoca la tradicional expectativa de los libaneses de una ayuda venida del exterior.